Con la visita del enviado especial de Estados Unidos a El Salvador, Ricardo Zúñiga y otras voces de la comunidad internacional -a la cual se suma últimamente la voz del embajador de la UE en el país- se logra comprender que “allá afuera”, nuestros socios y cooperantes no consideran legal lo sucedido el 1 de mayo, en donde sin seguir las reglas correspondientes de una democracia, la Asamblea Legislativa servil al presidente Nayib Bukele, suprimió el último contrapeso al poder acaparado por el oficialismo. Sin embargo, en el discurso oficial, parece que todo el mundo está “equivocado”, menos la presidencia de la República, lo cual deja en evidencia lo poco abierto al diálogo y tolerancia que pueda tener esta administración. 

Pero algunos a esta altura aún se preguntan, ¿qué riesgo representa para el país lo sucedido el 1 de mayo? El principal riesgo radica en que, desde ese día, la mayoría de nuestros derechos humanos y derechos constitucionales se encuentra en peligro. Y es que las Leyes y Constituciones no surgen como adornos en una democracia, surgen con la intención de ser una barrera que proteja a la población frente al exceso de poder que un político o partido pueda tener. Así, hoy por hoy, debemos ser conscientes de algo: nada ni nadie puede impedir que los actuales políticos de un día para otro decidan subir impuestos como el IVA o tomar el dinero de nuestras pensiones de manera arbitraria, incluso, bien podrían sin limitantes permitir que la Policía solo por el hecho de verlo como “esquinero sospechoso” sea arrestado o que su casa sea allanada sin alguna orden judicial.

Ante esos panoramas extremos ¿a quién acudir? No queda absolutamente nadie en este país que pueda ofrecer un control a estas acciones, puesto que la actual Sala constituida de manera ilegal responde a intereses de una persona, el Fiscal responde a los intereses también de una persona, la Policía también responde a los intereses de una persona y esa persona, en todos los casos, es el presidente de la República. En Estados Unidos, una de las principales preocupaciones posindependencia era cómo evitar la concentración de poder que llevase a una tiranía que terminase por dañar a unos y a otros. Jefferson propuso adoptar la separación de poderes, para así garantizar la independencia entre el judicial, legislativo y ejecutivo con la finalidad de protegerse de un “super poder tiránico” mediante el clásico checks and balances, o pesos y contrapesos. 

Así Jefferson sostuvo: “La concentración de todos los poderes del gobierno en las mismas manos es precisamente la definición de gobierno despótico (…) los poderes del gobierno estarían tan divididos y balanceados entre varios cuerpos de magistratura… que ninguno podría sobrepasar sus límites legales sin ser efectivamente controlado y limitado por los otros. Por esa razón, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben ser distintos y estar separados, para que ninguna persona ejerza los poderes de más de uno de ellos al mismo tiempo”. Es precisamente ante el despotismo y la tiranía ante la cual los salvadoreños nos estamos enfrentando. Y, como sostiene Chomsky:  “La población en general no sabe lo que está sucediendo y ni siquiera sabe que no sabe” con el agravante de estar embelesados por la propaganda oficialista. Si lo que sucedió el 1 de mayo no se revierte, no nos sorprendan las consecuencias a futuro: un Estado dominado por un solo hombre, un solo partido, al viejo estilo de los años setenta.