El fracaso de la regulación en el funcionamiento de los mercados y la inexistencia del llamado “efecto derrame”, produce que tenga que ser la política fiscal, la encargada de promover la reducción de las desigualdades económicas y por supuesto del combate de muchos otros problemas sociales.   En este sentido, la tarea de la política fiscal responde a una aspiración de las sociedades centroamericanas, plasmada en el  Arto. 50 de la Constitución costarricense que señala que se debe buscar el adecuado reparto de la riqueza; lo mismo hace la nicaragüense (art. 98); en la de El Salvador (art. 101) y en la de Guatemala (art. 118) se plantea que el orden económico debe responder a principios de justicia social, mientras que en Honduras (art. 329) y en Panamá (art. 282) se resalta el rol del Estado, no solo para lograr crecimiento económico, sino para asegurar que se traduzca en mejorar las condiciones de la población.

La política fiscal debe verificar que los habitantes disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los beneficios que causa el funcionamiento óptimo del mercado, por lo que, debe crear las condiciones que reduzcan la asimetría causada.  Así el proceso lógico de la política fiscal, en este campo,  pasa por crear un sistema fiscal globalmente progresivo que descanse en el financiamiento por medio de tributos aplicados a los agentes económicos con mayores ingresos y riqueza,  y sistemas de gasto hacia los menos beneficiados en dicho campo.

En consecuencia, el sistema tributario debe avanzar hacia la construcción de regímenes en donde los individuos con mayores niveles de ingreso y de riqueza acumulada (producto de muchos años de ingreso en condiciones asimétricas) tengan una contribución efectiva mayor. La contraparte debe ser el financiamiento hacia los programas que fortalezcan el acceso a la tecnología tanto a los trabajadores como a los emprendedores con interés en la producción.

Sobre este particular es pertinente comentar dos cosas. La primera gira en torno a las supuestas condiciones de Óptimo de Pareto que defienden algunos pensadores y que sugieren que es inapropiada la redistribución pública, atendiendo a que puede producirse un empeoramiento social;   al respecto, debe recordarse que la distribución es óptima si y solo si, el funcionamiento del mercado es competitivo, lo que obviamente no sucede en las sociedades centroamericanas y por ello, la remuneración de los factores está tan polarizada a favor de los grupos empresariales.  El segundo aspecto está relacionado con la discusión en torno a que los programas de redistribución  no son bienes universales,  dado a que están dirigidos a ciertos segmentos específicos; el fundamento teórico gira en torno al supuesto de que el Estado solo debe realizar actividades de beneficio colectivo y no individualizable.     Este aspecto es parcialmente cierto, sin embargo, también lo es que los bienes públicos tienen como propósito primario mejorar el bienestar de largo plazo de la sociedad, por lo que aun cuando estos programas no son universales, si son de interés público, porque contribuyen a la mejora del bienestar general de la sociedad en el mediano y largo plazo, por lo que la redistribución fiscal debe tener una visión intertemporal.

La tarea de mejorar la distribución de la riqueza es urgente para la región y contempla la supervisión del Estado para  que los mercados de trabajo funcionen bien, pero también que se fortalezca el acceso al bienestar por parte de los pobladores por medio de la política fiscal.  Solo así,  al  final, se podrá pensar en que los habitantes de Centroamérica tengan el futuro que les puede dar una nación desarrollada, desmotivando el flujo migratorio que hoy es una vergüenza para nuestros países.