Opinión

La función pública de redistribución

Abelardo Medina

Abelardo Medina

Coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es economista guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado en tributación de la universidad Galileo y maestría en finanzas de la Universidad Rafael Landívar; también dispone de especializaciones en política y técnica tributaria; estimaciones tributarias y aspectos internacionales de las administraciones tributarias con énfasis en precios de transferencia.

El sistema tributario debe avanzar hacia la construcción de regímenes en donde los individuos con mayores niveles de ingreso y de riqueza acumulada (producto de muchos años de ingreso en condiciones asimétricas) tengan una contribución efectiva mayor.

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Por Abelardo Medina*

La distribución de los ingresos que derivan del proceso de producción se origina en la determinación de la contribución marginal de cada factor al proceso.   Así, por ejemplo si del 100% del valor agregado en  un producto, la contribución a la formación del mismo fue del 60% de los trabajadores, 25% de los empresarios, 5% de los prestamistas de capital y 10% por  otros factores, la remuneración se debe realizar en esa proporción, dando lugar a la famosa equivalencia entre la productividad de los factores y la remuneración a los mismos. Cuando la equivalencia mencionada no se da, se debe inequívocamente a un mayor peso de alguno de los sectores en el mercado, por lo que se crean condiciones que les favorece y, por ende, esa asimetría hace que los beneficios del mercado no lleguen a la población como corresponde.   

En los países desarrollados, en donde el mercado funciona de mejor manera, especialmente porque el Estado ha creado un conjunto de reglas que permite una supervisión oportuna de sus mecanismos,  la remuneración de los participantes en el proceso de producción resulta ser más acorde a su contribución en el proceso.    Así, en países como Estados Unidos, Francia y Australia, todos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el peso relativo de la remuneración de los empleados en la distribución del ingreso nacional es alta, en comparación con lo que sucede en los países centroamericanos, e incluso en México que aunque pertenece a la OCDE no dispone de mercados eficientes.

Por ello, la tarea inicial de verificación de la distribución del ingreso por parte del Estado,  no está en el ámbito fiscal, sino en la protección al funcionamiento de los mercados,  en donde los ministerios correspondientes (los llamados de trabajo y de economía en nuestras regiones) deben tener como tarea verificar que la remuneración a los participantes esté acorde a su contribución.

Gráfica 1. Distribución del Ingreso Nacional Disponible, países seleccionados.

Fuente: Bases de datos de la OECD, Cepal, Bea.gov, bancos centrales de Centroamérica e Instituto Nacional de Estadística y Censos, Panamá.

La falta de convergencia de las condiciones que optimizan el mercado en la región,  como puede fácilmente  demostrarse a partir del estudio de  Araujo et al.  (2014) para Cepal, produce una separación abundante entre el porcentaje del ingreso nacional que reciben los trabajadores y los empresarios en un país –como lo muestra la gráfica anterior – y su contribución a la productividad nacional;  y si a eso se le adiciona que dentro de los sectores también existe un alto grado de dispersión en su productividad, producto de diferentes niveles de acceso a la tecnología, entonces es obvio que la desigualdad económica tiende a profundizarse, como muestran las mediciones realizadas con el  índice de Gini y la relación entre los ingresos que perciben los más ricos de la región y los grupos menos favorecidos.

Gráfica 2. Centroamérica: índice de Gini y relación de ingresos que percibe el 10% más rico de la población y el 40% más pobre.

El fracaso de la regulación en el funcionamiento de los mercados y la inexistencia del llamado “efecto derrame”, produce que tenga que ser la política fiscal, la encargada de promover la reducción de las desigualdades económicas y por supuesto del combate de muchos otros problemas sociales.   En este sentido, la tarea de la política fiscal responde a una aspiración de las sociedades centroamericanas, plasmada en el  Arto. 50 de la Constitución costarricense que señala que se debe buscar el adecuado reparto de la riqueza; lo mismo hace la nicaragüense (art. 98); en la de El Salvador (art. 101) y en la de Guatemala (art. 118) se plantea que el orden económico debe responder a principios de justicia social, mientras que en Honduras (art. 329) y en Panamá (art. 282) se resalta el rol del Estado, no solo para lograr crecimiento económico, sino para asegurar que se traduzca en mejorar las condiciones de la población.

La política fiscal debe verificar que los habitantes disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los beneficios que causa el funcionamiento óptimo del mercado, por lo que, debe crear las condiciones que reduzcan la asimetría causada.  Así el proceso lógico de la política fiscal, en este campo,  pasa por crear un sistema fiscal globalmente progresivo que descanse en el financiamiento por medio de tributos aplicados a los agentes económicos con mayores ingresos y riqueza,  y sistemas de gasto hacia los menos beneficiados en dicho campo.

En consecuencia, el sistema tributario debe avanzar hacia la construcción de regímenes en donde los individuos con mayores niveles de ingreso y de riqueza acumulada (producto de muchos años de ingreso en condiciones asimétricas) tengan una contribución efectiva mayor. La contraparte debe ser el financiamiento hacia los programas que fortalezcan el acceso a la tecnología tanto a los trabajadores como a los emprendedores con interés en la producción.

Sobre este particular es pertinente comentar dos cosas. La primera gira en torno a las supuestas condiciones de Óptimo de Pareto que defienden algunos pensadores y que sugieren que es inapropiada la redistribución pública, atendiendo a que puede producirse un empeoramiento social;   al respecto, debe recordarse que la distribución es óptima si y solo si, el funcionamiento del mercado es competitivo, lo que obviamente no sucede en las sociedades centroamericanas y por ello, la remuneración de los factores está tan polarizada a favor de los grupos empresariales.  El segundo aspecto está relacionado con la discusión en torno a que los programas de redistribución  no son bienes universales,  dado a que están dirigidos a ciertos segmentos específicos; el fundamento teórico gira en torno al supuesto de que el Estado solo debe realizar actividades de beneficio colectivo y no individualizable.     Este aspecto es parcialmente cierto, sin embargo, también lo es que los bienes públicos tienen como propósito primario mejorar el bienestar de largo plazo de la sociedad, por lo que aun cuando estos programas no son universales, si son de interés público, porque contribuyen a la mejora del bienestar general de la sociedad en el mediano y largo plazo, por lo que la redistribución fiscal debe tener una visión intertemporal.

La tarea de mejorar la distribución de la riqueza es urgente para la región y contempla la supervisión del Estado para  que los mercados de trabajo funcionen bien, pero también que se fortalezca el acceso al bienestar por parte de los pobladores por medio de la política fiscal.  Solo así,  al  final, se podrá pensar en que los habitantes de Centroamérica tengan el futuro que les puede dar una nación desarrollada, desmotivando el flujo migratorio que hoy es una vergüenza para nuestros países.

 

Abelardo Medina

Abelardo Medina

Coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es economista guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado en tributación de la universidad Galileo y maestría en finanzas de la Universidad Rafael Landívar; también dispone de especializaciones en política y técnica tributaria; estimaciones tributarias y aspectos internacionales de las administraciones tributarias con énfasis en precios de transferencia.

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