Como describía Jorge Luis Borges, el futuro es una construcción de nuestra esperanza, mientras el presente es la agonía del momento presente desintegrándose en el pasado. El tiempo fluye del pasado hacia el futuro. Pero, en contra del sentido común, en Centroamérica parece que vamos para atrás. La creencia común es que se avanza hacia adelante, que con el tiempo la situación de las personas mejora y se alcanza el desarrollo, que las instituciones se fortalecen y se dan ciclos virtuosos de democracia, desarrollo/crecimiento y participación. Pero desde el 2020 no. El tiempo va avanzando, pero nosotros no, nosotros aceleramos hacia atrás. 

La pandemia del COVID-19 generó un retroceso sin precedentes en las libertades democráticas y las democracias en sí mismas, además de un impacto desfavorable también en los derechos humanos a nivel mundial.

La pandemia no fue solo una emergencia de salud pública, sino mucho más: es una crisis económica, social,  que se convirtió pronto también en una crisis de derechos humanos. Si bien esto aplica para todo el mundo, en Centroamérica la situación se agravó por el simple hecho que desde antes de la pandemia los países ya se encontraban en situaciones bastante desfavorable en términos sociales,  económicos y fiscales.

Sin embargo, los retrocesos aún no se detienen. Los  guatemaltecos se levantaron el martes con una portada de periódico con solo algunas de las catástrofes que resonaron el día anterior: el lento y desesperanzador avance  del plan de vacunación, el asesinato y decapitación de 6 reos dentro de una granja penal, también el debilitamiento del sistema de justicia y electoral que  retira cargos a expresidente por caso de corrupción y que facilita el financiamiento ilícito de partidos políticos, a la vez  que detienen de forma arbitraria y anómala a dos ex fiscales que atacaron la corrupción y han sido críticos de las estructuras de poder del país.

Aunque se ha incrementado recientemente de forma estrepitosa, el deterioro de la democracia y las libertades individuales no es reciente, sino que ha estado debilitándose desde el 2006 y de forma más precipitada desde el 2016, según el índice de democracia (gráfica 1). Además, en los últimos años han encarcelado y asesinado a muchos campesinos y defensores del medio ambiente, además del cada vez mayor hostigamiento de periodistas críticos. Pero no es el único país  en esta situación. 

Por su lado,  aunque un diputado de El Salvador crea que al país se le ve como el más “cool” de Latinoamérica, sobra la preocupación por los cambios abruptos y antidemocráticos recientes. Desde el año pasado, se encendieron las alarmas con la desobediencia a los dictámenes de la Sala Constitucional y la militarización de la Asamblea Legislativa para presionar aprobación de préstamos, que se tradujo en una caída del 4% en el índice de democracia. Ahora incluso crecen las preocupaciones con el hecho que en los últimos meses, el presidente tiene el control de los tres poderes del estado con la mayoría en la Asamblea Legislativa obtenida en elecciones y, los magistrados de la sala constitucional y del fiscal general obtenidos por medio de destituciones. Y aunque en El Salvador, hasta el 19 de mayo, se calculaba que ya se ha aplicado al menos la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a más del 15% de la población, el plan de vacunación y sus costos aún se desconocen. Y ni hablar de las iniciativas legislativas, que serían valiosas para los salvadoreños, que la aplanadora cyan condenó a no ver la luz del sol. 

El deterioro de estos dos países está en línea con una tendencia de retroceso democrático en Latinoamérica durante la última década, resaltando el aumento de las prácticas antidemocráticas en la mayor parte de Centroamérica hasta el creciente autoritarismo en Nicaragua. La mayor debilidad en la gobernanza ha producido una política caótica, políticas públicas mediocres, malos resultados sociales y económicos (el épico fracaso para controlar COVID-19 es solo el último ejemplo) y ciudadanos cada vez más frustrados. Desde el 2008 al 2018, la grandísima mayoría de la población centroamericana coincide en su descontento en cómo funcionan en  su país la democracia, y en la mayoría ha ido en ascenso, como lo denota la evolución del en gráfica 2.

El problema de estos retrocesos no es solo por afectar negativamente la vocación democrática, sino también porque hay evidencia de que la evolución de la democracia ha sido un factor nada despreciable para el desarrollo económico; y que incluso una  proporción importante del incremento en los ingresos per cápita desde 1820 al 2000 fue impulsado por la democratización. En ese sentido, un país podría mejorar sus ingresos en un 125-224% si pasa de una autocracia completa a una democracia completa. Asimismo, también se ha vinculado la democracia y tasas de mortalidad más bajas en la niñez y con una mayor esperanza de vida al nacer. Esto sugiere que reformas democráticas sólidas sí pueden mejorar sustancialmente los niveles de vida; probablemente relacionado con que las decisiones en regímenes menos democráticos suelen ser discrecionales o incluso arbitrarias, sin estar sujetas a fuertes controles, y los mayores incentivos de los líderes para llevar a cabo políticas que los beneficiarán a sí mismos y a un pequeño número de allegados o de élites.

Lo cierto, es que las democracias suelen dar un incentivo mayor que las autocracias y los regímenes menos democráticos para proporcionar recursos y servicios básicos como de salud y educación a la gran mayoría de la población en general. Desde hace años la calidad democrática de la mayoría de países en Centroamérica está en descomposición y preocupa que con ella se deterioren todavía más las condiciones de vida de la población. La crisis y la pandemia han demandado sacrificios, pero no podemos ceder en que los derechos humanos sean secundarios nunca, mucho menos en tiempos de crisis. Es más, es el propio fortalecimiento de estos, su garantía, protección y promoción, es  lo que incrementa la resiliencia a largo plazo. En este momento, los Gobiernos también están llamados a ser más transparentes, receptivos y responsables: el espacio cívico y la libertad de prensa son fundamentales, no opcionales. Como ciudadanos, no debemos dejar el paso libre a prácticas que no responden a la visión de un estado democrático, a costas del bienestar de la gente. No permitamos que sigan acelerando hacia atrás.