Foto/Emerson Flores

Presidente de la Asamblea elige a sindicato afín a Gana para negociar condiciones laborales

Ernesto Castro recibió el aval de la junta directiva de la Asamblea Legislativa para que tome todas las decisiones sobre el recurso humano que esa institución necesita. Los cuestionamientos por los primeros despidos de parte del más antiguo de los sindicatos del congreso (Sitral) provocó que el presidente de ese órgano los excluyera de las discusiones sobre condiciones laborales. Castro ha mostrado que el proceso de limpieza interna de "plazas fantasmas" lo realizará de la mano de empleados de otro sindicato (Seal) que siempre se ha identificado con el partido Gana. Además, según indicó, tomará en cuenta los informes que arrojen cuatro auditorías que realizarán empresas privadas en la Asamblea.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Por Beatriz Benítez

Por Beatriz Benítez

Cuando los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) comenzaron a protestar en contra de la decisión de la nueva legislatura de cesar "arbitrariamente" 1,019 contratos y después de que el secretario de ese sindicato, Luis Ortega, advirtió que de no ser escuchados tendrían que recurrir a otras acciones como cerrar las instalaciones del recinto legislativo, el nuevo presidente de la Asamblea decidió marcar distancia y excluir a ese sindicato de la mesa de diálogo sobre condiciones laborales que instaló con otro sindicato que es afín al partido Gana y aliado del oficialista Nuevas Ideas.

 “Estamos para dialogar, pero con bochincheros o con amenazas no vamos a funcionar así”, dijo el presidente Ernesto Castro, la tarde del pasado 14 mayo. Con esa frase coloquial, que describe a personas que hacen desorden, dejó fuera de las negociaciones al Sitral, que fue creado en 2010. En su lugar, Castro se sentó con el Sindicato de Empleados y Empleadas de la Asamblea Legislativa (Seal), que fue fundado en 2014. 

Desde la toma de posesión de la nueva Asamblea el 1 de mayo, empleados han comentado a esta revista que viven en una situación de incertidumbre laboral. De hecho, siete empleados decidieron iniciar, el pasado 17 de mayo, una huelga de hambre en el pasillo que conduce hacia la entrada del Salón Azul, donde se desarrollan las sesiones plenarias.

El Sitral, que actualmente ha sido excluido de las negociaciones sobre condiciones laborales, es el mismo sindicato que dos meses antes del cambio de legislatura denunció la existencia de 1,200 “plazas fantasmas”, información que fue retomada por el presidente de la República Nayib Bukele para pronunciarse. El partido Nuevas Ideas y otros funcionarios del Ejecutivo se sumaron a las críticas no solo contra la Asamblea, sino también contra la Corte de Cuentas que es la institución encargada de auditar el buen uso de los fondos. 

La denuncia no era nueva. Cuando Norman Quijano asumió la presidencia, en mayo de 2018, habló de la existencia de “plazas fantasmas” y denunció que su antecesor, Guillermo Gallegos, de Gana, contrató más personal y pasó empleados al área institucional en sus últimos meses en la presidencia. Esa fue una práctica que Quijano también realizó al final de su periodo. Sin embargo, fue hasta este año cuando, por la denuncia del Sitral y tras las críticas de Bukele y sus funcionarios, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación y allanó las gerencias de recursos humanos y de administración financiera de la Asamblea para recabar pruebas de la supuesta existencia de personas que cobran y no llegan a trabajar. 

El Ministerio de Trabajo también se sumó a realizar una inspección en el congreso. El titular de esa institución, Rolando Castro, dijo el 18 de mayo en una entrevista de televisión que cinco empleados, entre ellos Francisco Rivera, Erik Contreras y Selim Alabi, todos de Arena, laboraban en tres lugares distintos y a ninguno de esos puestos se presentaban a trabajar. También dijo que tres empleados denunciaron, de manera anónima, que diputados de Arena les quitaban parte del salario.

Los preferidos de Castro 

La decisión de Ernesto Castro de elegir a un grupo de sindicalistas y excluir a otros ha marcado una disputa entre los dos sindicatos de la Asamblea, incluso de intentar quitarse afiliados. El Sitral asegura que la mayoría de empleados están afiliados a ese sindicato; mientras que el Seal no había aparecido públicamente defendiendo los derechos laborales hasta que asumió la actual legislatura 2021-2024.

En abril pasado, el Sitral informaba que, solo en este año, su membresía había aumentado de 700 a 1,000 miembros. Una de las explicaciones de ese aumento de afiliaciones era la incertidumbre laboral ante los resultados electorales del pasado 28 de febrero.

Carlos Alemán, uno de los voceros de Seal, alegó que el sindicato tiene alrededor de 300 afiliados y que la baja cantidad se debe a que solo afilian a empleados institucionales y no admiten empleados de grupos parlamentarios. 

Sin embargo, GatoEncerrado constató que dos fundadores del Seal son familiares de la esposa del diputado Guillermo Gallegos, Julia Nora Romero, y otro formó parte de la directiva de la ONG que fundó la esposa de Gallegos. Los voceros y caras visibles de Seal en la reunión sobre condiciones laborales que sostuvieron con Castro han sido candidatos a diputados de Gana y mantienen cercanía con Gallegos.

Alemán, quien también fue secretario de Juventud en el gobierno de Elías Antonio Saca, ha ocupado el cargo de jefe de la unidad ambiental en la Asamblea Legislativa, según un listado de empleados que recibió GatoEncerrado vía acceso a la información en septiembre de 2020. En fotografías que ha publicado en sus redes sociales, Alemán deja ver su cercanía con el diputado Gallegos,  a quien incluso llama "jefe". En los días de sesiones plenarias también es común verlo con el legislador. 

Entre el grupo de sindicalistas que se han reunido con Castro también ha participado Guadalupe Hernández de Vasquez, colaboradora jurídica, del índice legislativo; Febe Murillo, colaboradora administrativa, del departamento de servicios generales;  y Mario Ithamar Escobar, colaborador administrativo, del departamento de contabilidad; entre otros. 

Si bien los cuatro sindicalistas no son empleados asignados a la fracción de Gana, en sus cuentas de Facebook y Twitter existen publicaciones donde muestran su simpatía con el partido y en especial con el diputado Gallegos. GatoEncerrado revisó sus perfiles en redes sociales y encontró que en sus publicaciones pedían votar por Gallegos en las elecciones de febrero pasado. Además, se han puesto el chaleco color naranja y el celeste, distintivo del partido Gana.

Esta revista también encontró que Febe Murillo fue candidata a regidor en la planilla del concejo municipal de San Salvador en las pasadas elecciones. 

Mario Ithamar Escobar es fundador del sindicato y aparecía como vocal de junta directiva de APDEMES, la ONG fundada por la esposa del diputado Gallegos que recibió más de medio millón de fondos públicos aprobados por la Asamblea Legislativa. 

La vocera de Seal, Guadalupe Hernández de Vasquez, fue concejal de la alcaldía de Cuscatancingo, según las publicaciones de su perfil.

Entre los fundadores del Seal también está Franklin Nolasco, a quien Ernesto Castro le ha confiado la gerencia de operaciones de la nueva Asamblea Legislativa. Nolasco es el asesor que dio el micrófono al presidente de la República, Nayib Bukele, el 9 de febrero de 2020 cuando usurpó la curul de la presidencia de la Asamblea. Empleados que han hablado con esta revista aseguraron que Nolasco es “protegido” del diputado Gallegos. Esta revista reveló que Nolasco acumula denuncias en su contra por extraer aires acondicionados del Tribunal de Servicio Civil y por litigar mientras trabaja como empleado público.

Su relación con el sindicato también se ve en una fotografía publicada por la sindicalista Guadalupe Hernández de Vasquez, el 7 de diciembre de 2019, donde aparece Nolasco en una reunión con los sindicalistas.  

El año pasado, una investigación El Faro reveló que entre 2006 y 2018 la Asamblea Legislativa contrató a 12 parientes del diputado Gallegos en puestos de asesor, coordinador técnico, coordinador administrativo, subjefatura de área o secretaría, ligados a su fracción legislativa u otras dependencias de la institución.

Dos de esos familiares de la esposa del diputado Gallegos aparecen en el acta de fundadores de Seal: Camilo Alexander Romero Cruz, hermano de la esposa de Gallegos; y Francisco José Fuentes Romero, sobrino de la cónyuge de Gallegos.  Ambos también fueron candidatos a diputados por San Salvador en las elecciones de febrero de 2021.

En la legislatura anterior, Gana tenía un promedio de 26 empleados por cada uno de los nueve diputados, convirtiéndose en el partido con mayor número de personal asignado. 

Franklin Nolasco, nuevo gerente de operaciones de la Asamblea, aparece en una reunión del sindicato SEAL. Fotografía fue publicada el 7 de diciembre de 2019 en el perfil de Facebook de Guadalupe Hernández.

Entre los fundadores de Seal también aparece Diana Carolina Castro Orellana, actual jefa de unidad de análisis de consumo y mercados de la Defensoría del Consumidor. Según el portal de transparencia, Castro fue colaboradora técnica de la Asamblea entre 2014 y 2015 . 

En la primera reunión de Seal con Castro, la vocera Guadalupe Hernández dijo que su sindicato vela por las reivindicaciones y derechos laborales de los trabajadores. "No somos agitadores políticos, no somos activistas de partidos FMLN, como sí lo son los miembros del sindicato Sitral", aseguró, agitando más la pugna entre sindicatos. 

A pesar de esas declaraciones, en el listado de los fundadores de Seal también aparece un asesor y donante del FMLN, Maurio Santamaria Jaime,  y una exdiputada suplente del Frente Violeta Eunice Hernández López. 

Una fuente de la Asamblea que conoció de cerca el proceso de conformación de ese sindicato explicó que fue creado por idea del expresidente Sigfrido Reyes, del FMLN, con el apoyo de Gana, para que se convirtiera en la contraparte del Sitral, tras un conflicto laboral con el secretario de ese sindicato, Luis Ortega. 

En 2010, Sigfrido Reyes despidió a Ortega en represalia por haber formado Sitral, según denunció el dirigente sindical ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República. Sin embargo, en 2013 logró que la fracción del FMLN lo volviera a contratar.

Por su parte, el Sitral asegura que representa a todos los empleados sin importar color político. Su secretario general, Luis Ortega, era empleado de prensa de la fracción del FMLN y luego fue movido al cargo de encargado de eventos institucionales en el Centro Cívico Cultural Legislativo. 

Los miembros del Seal insisten en que ellos no afilian a empleados de grupos parlamentarios; sin embargo, al preguntarles sobre su vinculación con Gana, hay contradicciones. Alemán, por ejemplo, se contradijo y respondió a GatoEncerrado que: “aquí estamos de todos los partidos políticos, si lo quiere llamar así”. Agregó que no le gustaría entrar a ese juego “de que si somos de un partido u otro”, pues lo más importante para el Seal es destacar los logros obtenidos en la primera reunión del 14 de mayo con el diputado presidente.

¿Qué ha conseguido Seal? 

“Hemos obtenido muchos avances y muchos frutos de una primera reunión, que pensábamos que solo íbamos a conseguir un acercamiento, pero venimos con resultados palpables", dijo Carlos Alemán, el 14 de mayo tras concluir la reunión con Castro. 

Uno de los acuerdos de esa reunión fue crear una mesa de diálogo entre el Seal, representantes de la Presidencia de la Asamblea y del Ministerio de Trabajo. De esa mesa quedó fuera Sitral. Según Castro, la incorporación de ese sindicato depende de que existan las condiciones e insistió en que no va a dialogar con "bochincheros". 

El resto de "logros" conseguidos por el Seal tienen que ver con volver a gozar de algunos beneficios como guarderías, horas extras, subsidios a lentes, uniformes y mejora de las instalaciones del Centro Recreativo La Parcela, ubicado en la Costa del Sol. 

Además, el Seal dijo que gestionó un local para sus reuniones sindicales y otro para alcohólicos anónimos. También acordaron que la fecha de pago será el 21 de cada mes y que mantendrán el seguro de vida y el bono equivalente a un salario que reciben los empleados dos veces al año. 

En una conferencia por separado, el presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que esos beneficios se pagarán con parte de los $7.1 millones que recortaron en la nueva asignación de presupuesto a los grupos parlamentarios.  “Hoy lo utilizaremos para mejorar las condiciones de los trabajadores”, dijo. 

Respecto a la situación de los empleados despedidos, el Seal y el presidente del Órgano Legislativo coinciden en el mismo discurso y aseguran que los empleados despedidos ocupaban cargos de confianza y que los 1,019 contratos finalizaron el 30 de abril. Esos contratos estaban asignados a fracciones de partidos. 

Castro explicó que esos contratos estaban basados en acuerdos firmados por la anterior junta directiva, de fecha 31 de diciembre de 2020. Según esos acuerdos, que fueron compartidos a periodistas en un chat de prensa, las anteriores jefaturas de fracción del FMLN, Arena y Gana solicitaron a la junta directiva renovar y modificar las condiciones contractuales de ciertos empleados asignados a sus grupos parlamentarios por el período que restaba de la gestión legislativa que salió en 2021. De acuerdo a la información de prensa,  340 son del partido Arena; 198 del FMLN y 213 de Gana. No compartieron información de PDC, PCN, CD y el diputado no partidario.

Castro también aseguró que las personas que están haciendo huelga de hambre en el pasillo de la Asamblea son empleados asignados a la fracción del FMLN, a quienes se les venció el contrato. 

No obstante, el secretario general del Sitral, Luis Ortega, argumentó que los acuerdos de la junta directiva anterior son ilegales, porque los trabajadores han firmado contratos hasta el 31 de diciembre de 2021 y lo han hecho con “el patrono que se llama Asamblea Legislativa. Ningún trabajador ha firmado con el grupo parlamentario”, alegó.

Ortega también sostuvo que una resolución con referencia 28-2013 dio estabilidad en los cargos a los empleados públicos desde enero de 2009. 

Además, el líder sindical desmiente que no todos los empleados cesados estaban asignados a fracciones y en puestos de confianza, sino que laboraban en áreas institucionales; entre esos. seis técnicos con más de 15 años de laborar en la institución. Todos ellos fueron cesados, según Ortega, sin seguir el debido proceso.

Castro dijo que “son plazas de confianza y muchos de ellos (técnicos) van a ir a una investigación porque al parecer muchos eran más empleados de algunos sectores empresariales y económicos para hacer las leyes a la medida”.

El presidente Castro agregó que acompañará a los empleados y sindicatos que cuiden las causas de los trabajadores, pero su partido ha llegado para cambiar ese sistema y terminar con los abusos y la corrupción “institucionalizada” por años. “La fiesta se les acabó. Aquí se enojen o griten, vamos a ordenar”, sentenció Castro.

En contraste, el secretario del Sitral dijo que no están en contra de que se limpie la Asamblea de la corrupción, sino solo en contra de las arbitrariedades. “Nosotros no estamos en contra de que quiten a esas plazas que no han venido a trabajar, lo que pasa que ahí van afiliados nuestros que son gente que sí ha venido a laborar y a eso es que nos estamos oponiendo”.

Un ambiente tenso

Empleados de áreas institucionales y de fracciones políticas que hablaron con esta revista, en condición de anonimato, dijeron que desde el 1 de mayo llegan a trabajar con incertidumbre porque no saben si en algún momento serán despedidos o si los partidos les renovarán los contratos.

Al menos cinco empleados contaron que las nuevas jefaturas los mantienen apartados de las asignaciones laborales y es personal de Casa Presidencial, Canal 10 y Radio Nacional quienes han tomado el control de las comunicaciones desde el inicio de la nueva administración. “No nos dicen nada, no hacemos nada”, comentó una empleada.

Muchos trabajadores de distintas áreas han llegado a laborar con la esperanza de que el sindicato pueda ayudarles. "Venimos por fe. No me puedo quedar sin trabajo, tengo deudas e hijos que mantener", dijo otro empleado. 

Al respecto, el diputado del PCN y tercer secretario de la Asamblea, Serafín Orantes, aseguró que en el primer acuerdo que tomó la junta directiva le dieron las facultades totales al presidente de la Asamblea. “Él sabe cómo está el manejo del recurso humano”, indicó. Orantes también dijo que el objetivo de la nueva administración es hacer una reingeniería y para eso contratará empresas privadas que realicen cuatro auditorías: de personal, legal, financiera y de gestión.

 “Esa auditoría a lo que nos va a llevar es que si una dependencia necesita cinco empleados y hay ocho, indudablemente hay tres que, aunque tengan ley de salario, tienen que darse por suprimidas las plazas. Y supresión de plaza es que no va a volver a contratar, porque se ha comprobado que con solo cinco funciona esa dependencia”, sostuvo Orantes.

No detalló cuánto tiempo se tardará, pero dijo que el pasado 17 de mayo firmaron un acuerdo para pedirle al gerente de administración y finanzas que encuentre los recursos y publique las ofertas vía Bolpros.

Las reestructuración administrativa y financiera ha sido una promesa de los últimos presidentes de la Asamblea: Norman Quijano y Mario Ponce. En sus últimos días en el cargo, Ponce dijo que intentó ordenar el tema de personal, pero los intereses de los partidos políticos no se lo permitieron.

Más de GatoEncerrado