Por Karen Moreno

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) ha crecido de 700 a mil afiliados en lo que va de este año. Así lo confirmó a GatoEncerrado el secretario general del sindicato, Luis Ortega, quien reconoce que una explicación del crecimiento es la protección sindical que obtienen para sus puestos de trabajo quienes temen ser despedidos cuando los nuevos diputados asuman su periodo legislativo, este 1 de mayo.

“En este año se ha visto una afiliación un poco más fuerte y, no debo negarlo, también se debe a la situación de incertidumbre que en la última época electoral se ha generado (…) El temor de la gente a que pueda verse afectada con esta situación de un cambio de en una nueva legislatura”, dijo Ortega, quien matizó y dijo que “el motivo principal” es que el sindicato ha inspirado confianza en el personal que labora en la Asamblea Legislativa, desde hace dos años.

Fuentes internas de la Asamblea también dijeron a GatoEncerrado que las fracciones legislativas y los diputados salientes están moviendo a su personal hacia diferentes áreas institucionales, con el fin de que mantengan el empleo después del 1 de mayo. 

Para entender el temor de los empleados de la Asamblea hay que tomar en cuenta que muchos de ellos fueron contratados por fracciones legislativas que quedaron reducidas al mínimo tras los resultados de las elecciones del 28 de febrero de este año; lo que consecuentemente también dejará reducido el personal que labora para los partidos políticos en ese órgano de Estado. El partido Nuevas Ideas, impulsado por el presidente Nayib Bukele, iniciará su primer periodo legislativo con la bancada más grande en la historia del país, con un total de 56 diputados y diputadas. Arena y FMLN, que fueron las principales fuerzas políticas del país en los últimos 30 años, solo obtuvieron 14 y 4 diputaciones respectivamente. Gana, el partido aliado del gobierno, alcanzó 5 diputados y el PCN logró dos, mientras que el PDC, Nuestro Tiempo y Vamos obtuvieron un diputado cada uno. Estos últimos dos partidos también llegan a la Asamblea por primera vez.

Ortega detalló a esta revista que, en lo que va del año, el sindicato ha recibido “entre 20 y 50” nuevos afiliados por mes. El secretario también dijo que, últimamente, han buscado afiliarse secretarios, asistentes, asesores e incluso jefes de distintas áreas, pero no quiso brindar datos más precisos sobre el aumento en el registro. Aseguró que entre los requisitos para pertenecer al sindicato están comprobar el cumplimiento de horarios y funciones laborales, aunque este punto no aparece en los estatutos, según constató esta revista. 

El líder sindical explicó que llenan una ficha de afiliación con datos básicos y pagan una cuota mensual de $3 para el sostén de la organización. Con ello, tienen derecho a representación ante cualquier problema laboral, como descuentos, sanciones y despidos. Recalcó que el sindicato no es para garantizar el blindaje de los trabajadores, sino para defender derechos. 

Los despidos en la Asamblea no es un tema nuevo. Uno de los casos recientes ocurrió en 2018, cuando el entonces presidente de ese órgano, Norman Quijano, despidió en su gestión a 226 empleados y culpó a administraciones anteriores por el aumento de plazas. Sitral logró mantener en el cargo a 50 de sus afiliados que previamente habían llenado la ficha y pagado cada mes los $3. Los apoyó en procesos ante el Tribunal del Servicio Civil y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

“Políticamente, aquí en la Asamblea, siempre han dicho, ‘se va el diputado, se va el trabajador’. ¿En qué parte de la ley dice eso? Ni en la Ley del Servicio Civil ni en la Constitución de la República”, expresó Ortega. 

GatoEncerrado también buscó al Sindicato de Empleados de la Asamblea Legislativa (Seal) para indagar si les ha ocurrido lo mismo, pero fue imposible obtener datos. Franklin Nolasco, quien además de ser dirigente de ese sindicato es técnico de la Asamblea y magistrado del Tribunal del Servicio Civil, dijo a esta revista el 14 de abril, a través de una llamada telefónica, que diría “toda la verdad” sobre Seal de manera presencial. El día siguiente dijo que tenía una reunión con la junta directiva del sindicato y que iba a consultar quién podía brindar declaraciones. Después de eso no volvió a contestar. Nolasco es el magistrado del Servicio Civil que acumula dos denuncias por extraer aires acondicionados de las oficinas del Tribunal y litigar en proceso penal mientras trabaja como empleado público.

Monedas de cambio

Wilson Sandoval, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), explicó a esta revista que la nueva configuración política dentro de la Asamblea Legislativa es una amenaza para los trabajadores actuales, debido al patrón que han seguido los partidos políticos del país de despedir personal de la institución para contratar a sus propios trabajadores.

“Lo más probable que pueda pasar es que echen a medio mundo y que repitamos nuevamente el patrón ante la ausencia de una Ley de Función Pública, al no utilizar la meritocracia y procesos de selección transparentes para quienes van a ostentar los cargos en esta nueva Asamblea Legislativa”, dijo.

Para Sandoval, la función pública en El Salvador, así como en otros países de la región centroamericana, es vista como una moneda de cambio; es decir, como una forma de clientelismo político, donde comprando la administración pública, pueden devolverse favores después de elecciones. Analizó que el anteproyecto de Ley de Función Pública no prosperó porque todos los partidos políticos se nutrían de las deficiencias de la legislación actual.

El Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública propuso desde 2014 anteproyectos de ley para regular la función pública conforme a mandatos constitucionales de mérito e idoneidad, “estableciéndose una verdadera carrera administrativa que premie la honestidad, el profesionalismo y la vocación de servicio”, según contempla un documento del 2018 de dicho equipo.

Ausencia de meritocracia 

De acuerdo al estudio Desafíos y Oportunidades de la Función Pública en El Salvador, apoyado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el National Endowment for Democracy (NED) de 2019, la Ley del Servicio Civil, aprobada en 1961, no ofrece un marco jurídico acorde a las exigencias actuales para la modernización del sistema. 

La investigación reveló que en Centroamérica, a excepción de Costa Rica, hay “una baja institucionalización del mérito y la capacidad técnica”, y que los países “se caracterizan por la alta discrecionalidad en las decisiones de gestión del recurso humano, poca transparencia en los procesos de contratación y prácticas de politización de la función pública que son un obstáculo para el establecimiento de un servicio civil de carrera”.

A pesar de los argumentos, hay sectores que se oponen a una ley de ese tipo. El secretario general de Sitral, por ejemplo, expresó a esta revista que aprobar este anteproyecto de ley sería “el peor golpe” hacia los trabajadores, porque podría generar despidos. Sandoval, por su parte, indicó que la propuesta no implica despedir a los empleados, sino darles la oportunidad de someterse a una Escuela Nacional de Formación Pública. 

Gustavo Amaya, coordinador del equipo impulsor de la Función Pública, recalcó a GatoEncerrado que los empleados públicos se afilian al sindicato para tratar de proteger su derecho al trabajo porque no hay normas ni leyes que garanticen la estabilidad laboral, “ya sea en la Asamblea Legislativa como en la Corte Suprema de Justicia, Diario El Salvador, ministerios y alcaldías, sin importar si su cargo es de alto o bajo nivel”.

El 9 de diciembre de 2019, el vicepresidente de la República Félix Ulloa, el ministro de trabajo Rolando Castro, cuatro federaciones sindicales (una de ellas integrada por Sitral) y el equipo impulsor se reunieron para conformar una mesa de discusión y negociación sobre la reforma a la Ley de Servicio Civil. Esto dejó como resultado 12 artículos en los que hubo acuerdo, pero debido a la pandemia y las elecciones municipales y legislativas, el proceso se detuvo.

En la legislación actual no está establecido cómo las personas se incorporan al servicio público y tampoco existe un reglamento “por intereses políticos. Al no estar reglamentado, los políticos que llegan al poder pueden hacer y deshacer con los contratos”, abusando de las contrataciones por servicios profesionales, según explicó Amaya. 

Las propuestas de reformas contemplan limitar la cantidad de personal de confianza, hacer más transparentes las contrataciones y plazas, ordenar la política salarial, garantizar la estabilidad laboral, mejorar los mecanismos de selección y formación de empleados públicos y promover la paridad de género. Amaya espera que la nueva legislatura apruebe estas propuestas, a partir de la postura favorable que tuvo el Ejecutivo en esas reuniones para discutir las reformas.