Ilustración/Leonel Pacas
¿Qué información oculta el gobierno Bukele?
Compras públicas, contratación de personal, licitaciones de bienes, servicios u obra, actas del Consejo de Ministros, planes de salud, educación y de primera infancia, son parte de las 281 reservas de información que han declarado 15 instituciones del gobierno de Bukele, según encontró GatoEncerrado en la revisión de los índices de información reservada. Por ejemplo, el Mop decidió poner en reserva por cuatro años el estudio de factibilidad y diseño final del proyecto de construcción del viaducto y ampliación del tramo Los Chorros. Para el abogado y peticionario de información, Roberto Burgos Viale, mucha de la información no cumple con los requisitos de reserva establecidos por la LAIP y debería de ser pública.
Por Beatriz Benítez
Gloria Olivares
En el día 11 de la administración de Nayib Bukele, la Presidencia de la República decidió ponerle candado por siete años a las actas de las reuniones del Consejo de Ministros al clasificarlas como información reservada, a pesar de que el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en el inciso “d”, establece claramente que es información oficiosa; es decir, que debe estar disponible en el portal de transparencia sin necesidad de que el ciudadano pida saber las desiciones de sus funcionarios públicos.
Desde hace dos años, la única acta del Consejo de Ministros que se encuentra pública es la emitida el 2 de junio de 2019, un día después de que el presidente Nayib Bukele tomó posesión del cargo y empezó a gobernar. En esa acta se lee que hizo reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y nombró como magistrado del Tribunal de Servicio Civil, en representación del Ejecutivo, a Franklin Josué Nolasco Morales, quien ahora ocupa el cargo de gerente de operaciones de la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas.
Para poner las actas bajo reserva, Casa Presidencial invocó las causales “e” y “g” del artículo 19 de la LAIP, argumentando que contienen opiniones y recomendaciones que sirven de base para las deliberaciones y decisiones del Consejo de Ministros en tanto no se haya adoptado decisión definitiva; además, dicen que compromete las estrategias estatales en los procedimientos administrativos necesarios para la consecución de las mismas.
No es el único caso. Pasando por encima de la ley, en octubre de 2019, Casa Presidencial también reservó por dos años la información relativa a la designación de los miembros que integrarán la “Comisión Revisora de Archivos Militares, relacionados al Conflicto Armado Interno de El Salvador”. Esto es contrario a lo que establece el último inciso del artículo 19 de la LAIP que dice que no podrá invocarse el carácter reservado cuando se trate de investigaciones de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.
En abril de 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ente garante de hacer cumplir la ley, ya había dicho que es información pública. A través de una resolución ordenó al Ministerio de Defensa publicar las actas de reunión y el informe final de una Comisión de Revisión, la cual fue creada por orden del expresidente Mauricio Funes durante el discurso del 16 de enero de 2012, en el caserío El Mozote. En ese discurso, Funes aseguró que había pedido a la Fuerza Armada que dejara de considerar héroes a militares violadores de derechos humanos y principales responsables de la masacre de El Mozote.
El abogado Roberto Burgos Viale, quien demandó al Ministerio de Defensa para que hicieran públicas las actas de las reuniones de la Comisión de Revisión, considera que se ha marcado un retroceso a derechos ganados y observa que existe abuso de las reservas de información con el fin de evitar un escrutinio público.
“Lamentablemente, Presidencia de la República viene a ser la muestra de la expresión de una política sistemática de invertir las reglas y los precedentes que el IAIP y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había construido desde mayo de 2012. Ahora, la excepción es el acceso a la información y la regla es el secreto”, sostiene el abogado y asiduo peticionario de información.
Casa Presidencial no solo pone candados a la información recurriendo a las reservas, declaran información como “inexistente” cuando públicamente se conoce que existe, han cambiado el reglamento de la LAIP y han puesto y quitado comisionados del Instituto de Acceso a la Información.
La información que ocultan las instituciones
Para utilizar esta herramienta solo es necesario poner el nombre del ministerio o la institución en el buscador. Así se desglosa toda la información que las instituciones del gobierno de Bukele han colocado en reserva.
El virus de la opacidad se esparció
Al igual que Capres también hay otras instituciones del gobierno que han puesto la información en reservada y que por ley es pública.
GatoEncerrado revisó los índices con información reservada de 21 dependencias del Ejecutivo a partir del 1 de junio de 2019 a mayo de 2021, entre esas los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Hacienda, Agricultura, Relaciones Exteriores, entre otros. De ese total, esta revista analizó 15 índices de información reservada, debido a que seis de las instituciones no han incluido reservas de información durante el periodo analizado, otras no han actualizado sus índices o han declarado inexistencia de reserva de información.
En total, las 15 instituciones del gobierno han reservado 281 tipos de información durante la gestión de Bukele. Cancillería, Mined y Capres son las tres instituciones que encabezan con más reservas de información.
Entre las instituciones que no han incluido reservas de información o no han actualizado los índices en el periodo de junio de 2019 a mayo de 2021, están los Ministerios de Cultura, Turismo y Gobernación. Mientras que el Ministerio de Desarrollo Local y Fonaes aseguran que no tiene documentación clasificada como reservada. En tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no actualiza su índice de información desde 2018, pese a que la ley pone un plazo de seis meses.
Según el artículo 22 de la LAIP, las unidades de acceso a la información pública de cada institución deben de elaborar semestralmente y por rubros temáticos un índice de la información clasificada como reservada. Debe incluir, además, la unidad administrativa que generó la información, la fecha de clasificación, su fundamento y el plazo de reserva.
En el artículo 19, la ley establece los tipos de información reservada, y el artículo 21 obliga a las instituciones a motivar en sus resoluciones el por qué la ciudadanía no puede acceder a esa información. El artículo 10, de la misma normativa, describe cual es el tipo de información oficiosa o pública que las instituciones deben difundir al público sin necesidad de solicitarla.
En la revisión que hizo esta revista de los índices de información encontró que hay información clasificada como reservada pero debería de ser pública, a criterio del abogado Burgos Viale. Además, hay información con reserva genérica como el caso de “expedientes” sin detallar los documentos. De hecho, la Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 8, detalla que un expediente debe contener de forma ordenada número de documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias; así como un índice numerado de todos los documentos que contenga. El abogado también explica que la ley da la posibilidad de entregar versiones públicas para resguardar los datos sensibles.
El abogado Burgos Viale recuerda que el IAIP ha sentado criterio al decir que la reserva de la información se da luego de hacer un examen de ponderación; es decir, sopesar el derecho de todos a saber “bajo el entendido de que la reserva es la excepción, no la regla”.
Esta revista contabilizó que la principal causa de reserva invocada en primer lugar fue “la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”; y segundo, “la que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país”.
¿Qué ocultan las instituciones?
Compras públicas, contratación de personal, licitaciones de bienes, servicios u obra, auditorías, consultorías, actas de reuniones, planes de salud, educación y de primera infancia, son algunos de los temas encontrados en la lista de reserva. En la lista de reserva también hay información que, a criterio de Burgos, sí cumple con las causales de reserva; por ejemplo, la información relacionada con la asignación de vehículos que usa el presidente de la República.
El Ministerio de Salud (Minsal), una de las instituciones claves en el manejo de la pandemia, puso en reserva el documento del “Plan Nacional de Salud, incluyendo anexos 1; el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación contra SARS-COV-2; los procesos de adquisición de vacunas contra el SARS-COV-2; el registro de cabinas destinadas a la vacunación; y la adquisición de pautas publicitarias, incluyendo el expediente que contiene la información de las ofertas.
A esa información reservada también se suma el Plan Nacional de la Primera Infancia y La Política “Crecer Juntos”, que públicamente se dice que lidera el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele, pero que serán ejecutados por distintas instituciones. Para financiar ese plan, la nueva Asamblea Legislativa aprobó $600 millones
El Ministerio de Educación (Mined) también ha reservado la información de las hojas de respuestas, cuadernillos y resultados de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) y de la prueba AVANZO que sustituyó a la PAES, así como todo lo relacionado al Programa Enlace en la Educación.
El documento técnico de dicho programa contempla la nómina y actas de estudiantes y sus responsables y de docentes que han recibido recursos tecnológicos, la lista de proveedores, cantidades de equipos adquiridos, precios de equipos, procesos de adquisición, asignaciones presupuestarias para la adquisición de recursos tecnológicos y contratos de adquisiciones. Burgos Viale sostiene que a excepción de las nóminas, lo demás debería de ser público.
En febrero de este año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en reserva durante cuatro años el estudio de factibilidad y diseño final del proyecto “Construcción del Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramo Los Chorros) entre Autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla y San Juan Opico, departamento de La Libertad”.
Un año antes, en febrero de 2020, el Mop anunció que el consorcio brasileño Geométrica Engenharia de Projetos LTDA-CONCREMET ganó el proceso de factibilidad y diseño de la ampliación de la carretera Panamericana y el viaducto. En ese momento, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que la empresa tenía hasta noviembre de ese año para concluir, para luego pasar a la licitación de construcción. Pero, a inicio de este año, Rodriguez anunció que estaría listo en julio y sostuvo que harían cambios al diseño.
Este proyecto costará $245,824,129.00 y será financiado con un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El pasado 28 de mayo, el ministro de Obras Públicas llegó a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para presentar el proyecto y solicitar la aprobación del crédito. Aseguró que la construcción tardará dos años y medio.El Mop también ha reservado la información de los paquetes relacionados con el diseño y supervisión del proyecto de construcción bypass de San Miguel. El 7 de abril, el Mop dijo que estaba por iniciar la construcción de los paquetes II y IV del Periférico Gerardo Barrios, que consiste en la construcción de dos puentes mayores y la ampliación y apertura de 8.39 kilómetros.
Después de 9 años de entrada en vigencia la LAIP y al echar un vistazo a las administraciones anteriores y a la actual gestión sobre la transparencia y acceso a la información, Burgos Viale concluye que hay una responsabilidad compartida con toda la clase política de este país, sin excepción.
“Los gobiernos de Arena negaron el derecho de acceso a información pública. Los gobiernos del FMLN pretendieron controlar el derecho de acceso a la información pública. Y el gobierno de Bukele vino a destruir el derecho de acceso a información”, señala el abogado Burgos Viale.
La corrupción impacta en los servicios públicos
La transparencia, el acceso a la información pública y la exigencia de la rendición de cuentas son importantes para el ciudadano y no se deben de ver aislados. El abogado Burgos Viale explica que todos somos receptores de los servicios básicos brindados por la administración pública y cualquier desvío o mal uso de dinero público nos terminará afectando en la calidad de la salud, educación, agua o cualquier otro servicio.
Burgos Viale cita el caso del exministro de salud José Guillermo Maza Brizuela que está siendo procesado por negociaciones ilícitas y estafa en la reconstrucción de siete hospitales de la red pública como parte del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA). Dice que el posible mal uso de fondos implicó que no se construyera una red hospitalaria que habría ayudado para enfrentar la pandemia y ahorrado en la construcción del Hospital El Salvador.
Los otros golpes a la transparencia
Desde el primer mes el gobierno buscó controlar el acceso a la información. Según el periódico digital El Faro, durante tres meses, entre el 27 de junio y el 3 de septiembre de 2019, la Presidencia de la República pidió al Instituto de Acceso a la Información (IAIP) reportes de las solicitudes de información pública. El IAIP puso un aviso en la Fiscalía y argumentó que la información se enviaba automáticamente por un código a través del portal www.transparencia.gob.sv, que les heredó la ex Secretaría de Transparencia al finalizar la gestión de Salvador Sánchez Cerén. Este caso incluso provocó la renuncia del expresidente del IAIP, René Carcamo.
Tras un proceso irregular de elección realizado por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, el 10 de febrero de 2020 el presidente Bukele juramentó en el cargo de comisionado del IAIP a un ex presentador de televisión Juan Carlos Turcios, en representación del sector periodistas. Turcios era jefe de comunicaciones del Ministerio de Gobernación, dirigido en ese momento por Mario Durán. Turcios duró 48 horas en el cargo y luego renunció al ser apartado de la mayoría de casos por tener conflicto de interés al haber sido funcionario de confianza.
En agosto de 2020, el presidente Nayib Bukele reformó el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para darle todos los poderes al presidente del IAIP, flexibilizó los requisitos para optar al cargo de comisionado al IAIP con la eliminación de la solvencia del TEG y antecedentes policiales y derogó la posibilidad de impugnar candidaturas que no cumplieran con los requisitos. En diciembre del mismo año, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra las reformas y ordenó suspender la vigencia de los artículos 1, 2, y 6 mientras resuelve.
El presidente Bukele nombró comisionados del IAIP a un ex gerente de la Siget en su gobierno, Luis Javier Suárez Magaña, y a una ex precandidata a diputada de Nuevas Ideas, Roxana Soriano; y quitó a dos comisionadas nombradas en el gobierno de Sánchez Cerén, Cesia Mena y Claudia Liduvina Escobar.
De esa forma, Bukele ha logrado tener un Instituto de Acceso a la Información a su favor. En noviembre pasado, tres comisionados nombrados por él, Ricardo Gómez Guerrero, Luis Javier Suárez (ahora magistrado de la CSJ) y Gerardo José Guerrero Larín, revocaron una resolución del mismo Instituto que ordenó entregar la versión pública de las adendas adjuntadas en la declaración patrimonial del presidente Bukele.
