Parece que como país estamos destinados a ser gobernados por políticos amantes de los «madrugones», donde decisiones trascendentales para la vida y la posibilidad de desarrollo del país se hacen de espaldas a la ciudadanía, de manera apresurada, sin ningún tipo de debate (ni técnico, ni político), y sin ninguna de evaluación de costos e impactos. Nos pasó con la dolarización, con elección de funcionarios de segundo nivel, con tratados de libre comercio, reformas al sistema de pensiones, y ahora nos vuelve a pasar con la “bitcoinización”.  

Los “planes” de introducción de una ley para adoptar el bitcóin como moneda de curso legal se conocieron un fin de semana, de boca de un tercero, en un video en inglés. Nuevamente la población, que debió ser la primera en enterarse de esas intenciones, fue la última en hacerlo. Los planes se concretaron el martes 8 de junio, cuando la ministra de Economía presentó ante la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley en cuestión. Menos de 5 horas después, la ley estaba aprobada. 

Con la aprobación de la ley han surgido muchas más preguntas que respuestas, y, hasta el momento, las autoridades han sido incapaces de responderlas, es más, ni siquiera se conoce si a lo interno del propio gobierno tienen claridad de las implicaciones del bitcóin como instrumento de política pública o siquiera si hubo un ejercicio de valoración de los mismos antes de tomar la decisión de presentar la iniciativa de ley. Tanta es la improvisación que, incluso, las contradicciones se hicieron patentes: mientras en el legislativo se afirmaba que el uso de la cripto moneda sería voluntario, al mismo tiempo, el presidente Bukele afirmaba lo contrario en redes sociales. Finalmente, según lo aprobado, su uso será de carácter obligatorio.

Las implicaciones de la Ley Bitcoin tienen diferentes aristas: económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, y por su puesto, fiscales.  En cada una de estas dimensiones hay aún muchas preguntas pendientes de resolver y considerando la complejidad de las respuestas, en esta ocasión me centraré en compartir algunas de sus implicaciones en materia económica y fiscal.

La principal preocupación con la utilización del bitcóin  es que es un activo virtual con un alto nivel de volatilidad, cuyo valor depende de un mercado en el que las decisiones se toman con base en la especulación y fuera de la regulación de cualquier autoridad monetaria. No en vano varios premios Nobel de economía se refieren a las cripto monedas como el ejemplo perfecto de burbujas financieras especulativas.

Ante esa volatilidad, el artículo 13 de la Ley Bitcoin establece la creación de un fideicomiso de USD 150.0 millones en el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), para respaldar la convertibilidad automática e instantánea entre el bitcóin y el dólar estadounidense, de esa forma el riesgo y el costo de la volatilidad en realidad lo asumirían los contribuyentes salvadoreños. Con esto estaríamos de nuevo frente a un caso de privatización de ganancias y socialización de las pérdidas. 

La Ley además, establece la posibilidad de que las contribuciones tributarias sean pagadas en dicha cripto moneda bitcoines, una medida con riesgos muy serios de golpear las ya frágiles finanzas públicas salvadoreñas, no solo porque pone a merced del valor de mercado del bitcóin la recaudación nacional, sino porque con esta medida el Gobierno vería reducida su disponibilidad de dólares estadounidenses para financiar el gasto público y existiría la posibilidad de que el Gobierno empiece a pagar a empleados públicos, proveedores y contratistas del Estado, en la cripto moneda. La reacción de los diferentes agentes ante este escenario es aún incierta.

La adopción del bitcóin como moneda de curso legal también ha generado incertidumbre en el mercado internacional de capitales, provocando un deterioro de los indicadores de la deuda soberana salvadoreña, mismos que se encontraban en una situación inestable luego del irrespeto al Estado de derecho con la destitución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Fiscal General de la República el 1 de mayo. Con la aprobación de la Ley Bitcóin, el precio de los bonos se ha desplomado y el perfil de riesgo del país ha incrementado, lo que quiere decir que si El Salvador quiere endeudarse, tendrá que hacerlo a tasas de interés cada vez más altas.

Por si esto fuera poco, el acceso a financiamiento se puede complicar aún más, recordemos que nuestro país está en negociaciones de un Acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1,300.0 millones. Desde el FMI se han señalado preocupaciones macroeconómicas, financieras y legales por la adopción de cripto activos como monedas de curso legal. Estas negociaciones siguen, pero si no llegaran a concretarse esto provocaría una crisis de desconfianza hacia la deuda soberana salvadoreña: endeudarnos sería cada vez más caro y más difícil.

Existen además otros riesgos y preocupaciones relacionados con el bitcóin. En un contexto con una administración tributaria débil, como la salvadoreña, que no tiene las facultades, ni capacidades para controlar y fiscalizar el pago de impuestos con bitcoines, con su implementación podría facilitar la evasión tributaria y otras formas de fraude fiscal. La generalidad de la Ley también deja por fuera medidas preventivas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que las facilidades que ofrece el uso del bitcóin, representan a su vez riesgos de que nuestro país se convierta en un centro facilitador de estos ilícitos. Adicionalmente, al establecer el no pago de impuestos sobre las ganancias por las transacciones de bitcóin, El Salvador puede convertirse en un paraíso fiscal virtual y seguir retrocediendo en materia de justicia fiscal.

La situación es muy compleja. Parece que la decisión de bitcoinizar a El Salvador, se tomó bajo la lógica de gestión de inversiones privadas y no bajo el conocimiento y la responsabilidad que conlleva hacer políticas públicas. Ante la incertidumbre, desconfianza e incapacidad del Gobierno de dar respuestas concretas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben aplazar la entrada en vigencia de la Ley Bitcóin hasta agotar su análisis técnico y debate transparente  e inclusivo con los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, y a partir de ello definir y realizar las reformas pertinentes, incluyendo la posibilidad de su derogación. Desde la ciudadanía, debemos recordarles a nuestros funcionarios que los madrugones  han sido la causa de muchas injusticias y profundización de las desigualdades. Por ello tenemos que seguir cuestionando, exigiendo respuestas y aportando a la construcción de conocimiento y diálogo colectivo desde cada uno de nuestros ámbitos de estudio, trabajo o experiencia. Con la aprobación de la ley, el bitcóin se convierte en un asunto público, cuyas implicaciones atañen a toda la ciudadanía.