El 1 de junio de 2021, Nayib Bukele alcanzó su segundo año como Presidente de la República. Dos años en los que ha intentado aparentar una lucha antioligárquica, en los que ha logrado montar una pugna contra los Simán y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Según Bukele, para liderar esta lucha, necesita acumular y acaparar todo el poder formal y fáctico a cualquier costa, perseguir a “Organizaciones de fachada”, endeudar el país a un ritmo sin precedentes y destilar odio contra los partidos tradicionales y el desprecio a la historia de El Salvador.

En este contexto, Bukele se dirigió a nosotros mediante el discurso Presidencial en el marco de su segundo año de mandato; un discurso político que se articuló alrededor de la esperanza y de los cambios radicales del país, del cuestionamiento del status quo y del sistema democrático de El Salvador, teniendo en el fondo o como esencia la lucha anti-oligárquica y contra los poderes fácticos del país. 

Su discurso coqueteaba con las alocuciones de la izquierda radical: lucha anti-oligárquica, liberación y emancipación de los pueblos, defensa de la soberanía, promoción de los cambios radicales y de la transformación de un Estado Burgués injusto. Sin embargo, su retórica tiene como antagonista a la realidad, los hechos y las omisiones con las que Bukele ha ido beneficiando a un sector de la oligarquía salvadoreña.

Y es que, a manera de ejemplo, en materia ambiental se han suscitado una serie de cosas que, en definitiva, tienen como grandes ganadores a los mismos de siempre (agroindustria azucarera y la especulación inmobiliaria) y como perdedores a los mismos de siempre (las comunidades y personas empobrecidas). Esta afirmación la realizo debido a dos hechos concretos, el primero ocurrió el 24 de noviembre de 2020, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió el permiso ambiental de ubicación y construcción del proyecto urbanístico Ciudad Valle el Ángel a través de un proceso deficiente y viciado; y, por otro lado, por lo ocurrido el día 13 de mayo del presente año, fecha en la que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa decidió archivar los proyectos de Ley General de Aguas y la Ley de Prohibición de Uso de Agrotóxicos.

Las situaciones anteriores difieren o contradicen a Bukele en su supuesta lucha contra la oligarquía. Favoreció a los Dueñas mediante un permiso Ambiental para la construcción de un proyecto de especulación inmobiliaria que despojará de 200 litros de agua por segundo a la población vulnerable, empobrecida y que ya tiene serios problemas con el acceso al agua, y que, además, degradará y contaminará los cada vez más esquilmados bienes ambientales de las comunidades de Apopa, San Juan Opico y Quezaltepeque.

Asimismo, que los diputados de la Bancada Cyan, que integran la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, hayan decidido archivar los proyectos de Ley antes dichos  tiene como ganadores a los zares del azúcar: familia Regalado Dueñas y Wright Castro, quienes, juntos, controlan cerca del 70% del mercado interno y del mercado preferencial de Estados Unidos. No es un secreto que este sector extrae voluminosas cantidades de agua para el riego del monocultivo, y que, debido al uso de agrotóxicos, generan contaminación en el aire, suelo y agua; siendo esta situación el principal motivo del aumento de enfermedades renales crónicas por causas no tradicionales.

Todo lo anterior contradice a Bukele y a su narrativa de lucha contra la oligarquía. De hecho, son situaciones fácticas que “hacen rico al más rico” y “pobre al más pobre”, que profundizan la pobreza y las condiciones paupérrimas en las que se desarrolla la vida de las personas, que enquistan la injusticia y refuerzan las relaciones de poder de dominio que detentan los oligarcas sobre los débiles y vulnerables.

Por ello, si Bukele desea ser consecuente con su retórica, debe enarbolar la bandera de lucha por el agua y la naturaleza, puesto que la esencia de estas luchas es contra la oligarquía, por la liberación de los territorios y las comunidades intervenidas. En este sentido, debe empezar por aprobar una Ley de Aguas que no permita el acaparamiento del agua por los oligarcas, prohibir severamente el uso de agrotóxicos y, además, buscar la manera legal de sacar de la vida jurídica el permiso ambiental de los Dueñas. Solo así, sus palabras serían creíbles, mientras tanto, su discurso se queda vacío, sin saliva y en la incongruencia.