Por Xenia Oliva

El silencio que suele rodear a los crímenes de odio desde las entidades gubernamentales cada vez se vuelve más insoportable y cruel para las víctimas y la población LGBTI. Las autoridades salvadoreñas parecen padecer de ceguera ante los transfeminicidios y la violencia en general en contra de las mujeres trans y demás personas de la diversidad sexual. Un ejemplo de eso es que en las estadísticas oficiales, algunos de los casos de violencia y transfeminicidos ni siquiera aparecen y por eso las organizaciones son las que han asumido la tarea de documentar los crímenes de odio; al menos de los que logran tener datos.

El informe “Paren de Matarnos”, que retrató la situación de la población LGBTI en 2020 y que fue presentado por la Asociación ASPIDH Arcoiris Trans, resume y revela la realidad de impunidad en el país: “Únicamente tres de aproximadamente 600 transfeminicidios ocurridos desde 1992 hasta la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy miranda y Tita Andrade”. 

La cifra fue levemente actualizada tras las condenas de tres pandilleros por los asesinatos de Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, ocurridos el 18 de febrero de 2017. Las condenas fueron anunciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 20 de febrero de 2021. En este caso hubo una condena en la que se reconoció por primera vez el agravante de odio desde la reforma del Código Penal en 2015. Sin embargo, desde la Fiscalía se mantiene la deuda de aprobar una política de atención LGBTI. A finales de 2020, la Fiscalía presentó el protocolo para investigar agravantes en delitos de odio y meses después aprobó la política de persecución de crímenes de odio, pero sigue sin aprobar la política de atención LGBTI.

“Lo que hemos visto de incongruencia es cómo van a aplicar una política que depende de otra. La política de atención a la población LGBTI dicta los estándares de atención y de respeto precisamente a las víctimas LGBT que van en búsqueda de su derecho a la justicia. Lo que se ha aprobado ahorita es la política a persecución de delitos de la población LGBT; o sea, la persecución a delitos es una política más específica, de cómo debe ser la investigación, no cómo debe ser el trato que está en la política de atención LGBT”, explicó Bianka Rodríguez, directora de Comcavis Trans y recientemente nombrada colaboradora de Alto Perfil de ACNUR.

Esta política de atención había sido construida desde 2019, luego en 2020 se volvió a revisar y pasó al despacho del entonces fiscal general, Raúl Melara, pero quedó sin ser aprobada. Actualmente no se conocen acercamientos de parte del fiscal Rodolfo Delgado, impuesto por la nueva Asamblea Legislativa, con las organizaciones LGBTI. 

Al consultarle a Delgado sobre el enfoque en la atención de la población LGBTI, respondió que en el caso de “esa población vulnerable”, está impulsando una reestructuración en la dirección especializada que atiende ese tipo de casos. “En el sentido que se le va a dar un mando de naturaleza operativa precisamente para que los mecanismos tanto de protección como de investigación de los hechos sean uniformes a escala nacional. Estamos haciendo la organización administrativa necesaria para darle soporte a todo ese tipo de problemas que se pueden generar a las personas”.

“El problema de fondo en el sector justicia, particularmente con jueces y fiscales, es el desconocimiento o la reticencia a la implementación. Sin la política, queda desprovisto de la fuerza institucional para que el enfoque de seguridad cambie por uno más digno y justo”, señaló Erick Iván Ortiz, activista por los derechos de la población LGBTI.

Ortiz señaló que la implementación de leyes, como la Ley Especializada para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV), demostraron que “sin la voluntad expresa de las cabezas de las instituciones, los cambios no suceden. Porque se entienden de manera discrecional”.

En el caso de la política aprobada para la persecución del delito, Rodríguez indicó que no ha habido mayor divulgación de su contenido y no ha sido publicada. “Al ser una política pública, como dice su nombre, debería ser pública para que la población LGBT, que es víctima de los constantes delitos, pueda saber y conocer los procedimientos que pueda seguir”.

En el caso del Ministerio de Justicia, la remoción del anterior ministro, Rogelio Rivas, dejó en el limbo el seguimiento a ciertas políticas que ya habían quedado estancadas con la llegada de la pandemia.

Para Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría, después de 2019 no se ha visto un acercamiento desde las entidades con las organizaciones que luchan por los derechos de la población LGBTI y no se ha logrado encaminar completamente las políticas de investigación para los crímenes de odio.

“Hay líneas estratégicas de cómo seguir una investigación por crimen por odio. La policía debería incluirse, la FGR muchas veces es el ente que dirige y el que investiga es la policía”, dijo Guevara, quien señaló que no es un secreto que entre la corporación policial existe un prejuicio contra la población LGBTI. Por ello destacó la necesidad de talleres para capacitar a policías y fiscales.  

“Es mentira que los cuerpos uniformados, que los militares, nos van a cuidar, porque ellos no están invisibilizando”, sostuvo Britany Castillo, asistente técnica de la organización ASPIDH Arcoiris Trans.

Castillo relató cómo en 2020 se evidenció aún más la discriminación contra la población LGBTI, sobre todo contra las mujeres trans salvadoreñas. “Fue un alto para los derechos humanos de las poblaciones. Hubo compañeras que no tuvieron acceso a los servicios de salud. Quedaron descubiertas las falencias del Estado salvadoreño con las personas trans, no contamos con prestaciones sociales, la mayoría son trabajadoras sexuales o sobreviven del trabajo informal. Quedamos a buena fe de estos grupos militares que nos dejaran circular y trabajar”, dijo Britany, quien agregó que todo el trabajo que tenían con instituciones gubernamentales también se detuvo totalmente: “Prácticamente hubo un retroceso”.