Foto/Ernesto Amaya

Las deudas del sistema de justicia para investigar los crímenes de odio

Según datos de organizaciones LGBTI, solo tres de aproximadamente 600 transfeminicidios ocurridos desde 1992 hasta enero 2021 han logrado ser judicializados. La cifra subió apenas a cinco con las condenas por los asesinatos de Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, en febrero pasado. Pese a la urgencia de implementar adecuadamente el protocolo de investigación de agravantes de delitos de odio, la Fiscalía General de la República sigue sin validar la política de atención a la población LGBTI. Una política similar se mantiene sin cumplimiento en el Ministerio de Justicia. Representantes de organizaciones trans dijeron a GatoEncerrado que los gobiernos de turno han ignorado en mayor o menor medida la violencia que enfrenta la diversidad sexual. Algunos de los crímenes de odio incluso han sido cometidos por agentes del Estado.

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Por Xenia Oliva

Por Xenia Oliva

El silencio que suele rodear a los crímenes de odio desde las entidades gubernamentales cada vez se vuelve más insoportable y cruel para las víctimas y la población LGBTI. Las autoridades salvadoreñas parecen padecer de ceguera ante los transfeminicidios y la violencia en general en contra de las mujeres trans y demás personas de la diversidad sexual. Un ejemplo de eso es que en las estadísticas oficiales, algunos de los casos de violencia y transfeminicidos ni siquiera aparecen y por eso las organizaciones son las que han asumido la tarea de documentar los crímenes de odio; al menos de los que logran tener datos.

El informe “Paren de Matarnos”, que retrató la situación de la población LGBTI en 2020 y que fue presentado por la Asociación ASPIDH Arcoiris Trans, resume y revela la realidad de impunidad en el país: “Únicamente tres de aproximadamente 600 transfeminicidios ocurridos desde 1992 hasta la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy miranda y Tita Andrade”. 

La cifra fue levemente actualizada tras las condenas de tres pandilleros por los asesinatos de Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, ocurridos el 18 de febrero de 2017. Las condenas fueron anunciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 20 de febrero de 2021. En este caso hubo una condena en la que se reconoció por primera vez el agravante de odio desde la reforma del Código Penal en 2015. Sin embargo, desde la Fiscalía se mantiene la deuda de aprobar una política de atención LGBTI. A finales de 2020, la Fiscalía presentó el protocolo para investigar agravantes en delitos de odio y meses después aprobó la política de persecución de crímenes de odio, pero sigue sin aprobar la política de atención LGBTI.

“Lo que hemos visto de incongruencia es cómo van a aplicar una política que depende de otra. La política de atención a la población LGBTI dicta los estándares de atención y de respeto precisamente a las víctimas LGBT que van en búsqueda de su derecho a la justicia. Lo que se ha aprobado ahorita es la política a persecución de delitos de la población LGBT; o sea, la persecución a delitos es una política más específica, de cómo debe ser la investigación, no cómo debe ser el trato que está en la política de atención LGBT”, explicó Bianka Rodríguez, directora de Comcavis Trans y recientemente nombrada colaboradora de Alto Perfil de ACNUR.

Esta política de atención había sido construida desde 2019, luego en 2020 se volvió a revisar y pasó al despacho del entonces fiscal general, Raúl Melara, pero quedó sin ser aprobada. Actualmente no se conocen acercamientos de parte del fiscal Rodolfo Delgado, impuesto por la nueva Asamblea Legislativa, con las organizaciones LGBTI. 

Al consultarle a Delgado sobre el enfoque en la atención de la población LGBTI, respondió que en el caso de “esa población vulnerable”, está impulsando una reestructuración en la dirección especializada que atiende ese tipo de casos. “En el sentido que se le va a dar un mando de naturaleza operativa precisamente para que los mecanismos tanto de protección como de investigación de los hechos sean uniformes a escala nacional. Estamos haciendo la organización administrativa necesaria para darle soporte a todo ese tipo de problemas que se pueden generar a las personas”.

“El problema de fondo en el sector justicia, particularmente con jueces y fiscales, es el desconocimiento o la reticencia a la implementación. Sin la política, queda desprovisto de la fuerza institucional para que el enfoque de seguridad cambie por uno más digno y justo”, señaló Erick Iván Ortiz, activista por los derechos de la población LGBTI.

Ortiz señaló que la implementación de leyes, como la Ley Especializada para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV), demostraron que “sin la voluntad expresa de las cabezas de las instituciones, los cambios no suceden. Porque se entienden de manera discrecional”.

En el caso de la política aprobada para la persecución del delito, Rodríguez indicó que no ha habido mayor divulgación de su contenido y no ha sido publicada. “Al ser una política pública, como dice su nombre, debería ser pública para que la población LGBT, que es víctima de los constantes delitos, pueda saber y conocer los procedimientos que pueda seguir”.

En el caso del Ministerio de Justicia, la remoción del anterior ministro, Rogelio Rivas, dejó en el limbo el seguimiento a ciertas políticas que ya habían quedado estancadas con la llegada de la pandemia.

Para Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría, después de 2019 no se ha visto un acercamiento desde las entidades con las organizaciones que luchan por los derechos de la población LGBTI y no se ha logrado encaminar completamente las políticas de investigación para los crímenes de odio.

“Hay líneas estratégicas de cómo seguir una investigación por crimen por odio. La policía debería incluirse, la FGR muchas veces es el ente que dirige y el que investiga es la policía”, dijo Guevara, quien señaló que no es un secreto que entre la corporación policial existe un prejuicio contra la población LGBTI. Por ello destacó la necesidad de talleres para capacitar a policías y fiscales.  

“Es mentira que los cuerpos uniformados, que los militares, nos van a cuidar, porque ellos no están invisibilizando”, sostuvo Britany Castillo, asistente técnica de la organización ASPIDH Arcoiris Trans.

Castillo relató cómo en 2020 se evidenció aún más la discriminación contra la población LGBTI, sobre todo contra las mujeres trans salvadoreñas. “Fue un alto para los derechos humanos de las poblaciones. Hubo compañeras que no tuvieron acceso a los servicios de salud. Quedaron descubiertas las falencias del Estado salvadoreño con las personas trans, no contamos con prestaciones sociales, la mayoría son trabajadoras sexuales o sobreviven del trabajo informal. Quedamos a buena fe de estos grupos militares que nos dejaran circular y trabajar”, dijo Britany, quien agregó que todo el trabajo que tenían con instituciones gubernamentales también se detuvo totalmente: “Prácticamente hubo un retroceso”.

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Aunque desde el sistema de justicia salvadoreño se quiso mostrar como un logro la condena de tres policías por el asesinato de Camila Díaz Córdova, ocurrido en enero de 2019, para Britany y sus compañeras dejó un sinsabor que se haya omitido la agravante de crimen de odio. Los agentes golpearon de forma cruel a Camila, quien falleció tres días después por las lesiones. Los ahora tres expolicías fueron condenados a 20 años de cárcel, el 28 de julio de 2020.

“Un dulce nos quisieron dar desde la justicia salvadoreña al movimiento LGBTI, pero no se les juzgó como un crimen de odio, se les condenó como un crimen simple”, expuso Britany.

Históricamente, la agravante de odio ha quedado olvidada por las investigaciones. Maybelline Rivas, una de las fundadoras de la Asociación ASPIDH y quien tuvo que huir del país, recordó cómo tuvieron que hacer un plantón afuera del edificio de la Fiscalía tras el asesinato de Francela Méndez Rodríguez, el 31 de mayo de 2015, quien era una reconocida activista por los derechos de las mujeres trans.

“La gente se burlaba de nosotros. Los mismos vigilantes de la Fiscalía se burlaban de nosotros. Ahí vienen estos maricones. Teníamos un informe de personas asesinadas, más de 500 casos que teníamos en ese entonces, pero ellos no tenían nada, tenían solo como cuatro datos. Creo que ahora es una burla decir que no existimos, decir que no es un problema en El Salvador”, sostuvo.

Maybelline participó junto a Paty Hernández, también fundadora de ASPIDH y quien también tuvo que pedir asilo fuera de El Salvador, y Mónica Linares, actual directora de ASPIDH, en una reunión virtual en la que recordaron todo el arduo trabajo que han tenido que realizar por años para la defensa de los derechos de la población trans salvadoreña.

La reunión virtual ocurrió justo después de que la actual Asamblea Legislativa envió al archivo la propuesta de Ley de Identidad de Género, por “considerarse obsoleta”, junto al resto de expedientes de la Comisión de la Mujer. Esta decisión también ocurrió días antes de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia.

“¿Cuántas muertes más quieren esperar?”, dijo Paty Hernández ante la falta de acción de las instituciones salvadoreñas, incluyendo la falta de una ley de Identidad de Género. “¿Quieren que cuente los nombres que tengo en mi mente de todas las que se han quedado atrás? Ojo, no solo nos han asesinado y feo, los médicos forenses no declaran: que ‘le dieron un balazo en la cabeza’ y eso fue todo. No, declaran que las estrangularon, que les quitaron las uñas, quitaron los testículos, metieron no sé qué por allá, les metieron por la boca y les destriparon en la cabeza. Esas son nuestras actas forenses de Medicina Legal, cuando dice cómo nos asesinaron”, agregó.

A los asesinatos, las violaciones, golpizas e insultos se suma la falta de oportunidades y desarrollo de la población trans que sufre discriminación desde sus hogares, los centros escolares y hasta en los hospitales. Desde ASPIDH y Comcavis Trans se ha registrado un constante desplazamiento forzado de la población trans salvadoreña.

“La realidad de El Salvador es demasiado violenta para las mujeres trans”, sostuvo Britany Castillo.

Britany Castillo, asistente técnica de ASPIDH. Foto/Emerson Flores.

Una marcha por la justicia y los derechos

La Marcha del Orgullo 2021, que se realizará este sábado 26 de junio, tendrá como destino la Plaza Barrios en el centro de San Salvador. Bianka Rodríguez dijo a esta revista que llegar a ese lugar es como un mensaje para los tomadores de decisiones y que la marcha estará enfocada en más que solo celebrar el orgullo y la diversidad.

“Muchos han criticado que se termine en la Plaza Barrios, pero ese es un mensaje claro de decir que estamos resistiendo ante los retrocesos que se han generado desde esta administración. Hay un silencio rotundo sobre nuestros derechos, ni siquiera han habido políticas en el marco de los dos años de gobierno”, explicó Bianka.

A partir de 2019 se deshizo la Dirección de Diversidad Sexual y también dejó de estar vigente el decreto presidencial que contemplaba la no discriminación de la población LGBTI ante la disolución de la Secretaria de Inclusión Social (SIS). También dejó de funcionar el número telefónico que estaba destinado para brindar ayuda a la población.

Organizaciones y amigas de mujeres trans exigen justicia tras los crímenes de odio. Foto/Emerson Flores.

Bianka también señaló que desde 2019 han ocurrido varios crímenes de odio, pero que desde el gobierno lo único que ha habido es un silencio rotundo. “Por eso no solo decir que vamos a celebrar el orgullo, la diversidad, existimos, pero en condiciones precarias, en condiciones de desigualdad, estamos resistiendo a altos índices de violencias. Muchos compañeros LGBT han tenido que migrar a otros países. Muchas han sufrido violencia, otras han sobrevivido ataques a su vida, prácticamente no hay un sistema de protección que nos garantice poder acceder a esa justicia”, expuso Bianka durante un espacio en Twitter en el que se habló del contexto que rodea a esta celebración del Orgullo en 2021 y cómo se realizará la marcha.

Bianka reiteró la necesidad de una Ley de Identidad de Género, ya que actualmente las mujeres trans y las demás personas de la diversidad sexual siguen sufriendo discriminación en todos los estadíos de su vida.

“Si se habla de un plan Cuscatlán, que involucra a las realidades LGBT, dónde están esos planes: ¿Dónde está ese trabajo? ¿Dónde están esos pronunciamientos? Nos están matando, siguen discriminando, existen mayores brechas de desigualdad para la población LGBT”, dijo Bianka.

Concentración de 2019 en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Foto/ Emerson Flores.

Uno de los primeros informes presentados por ASPIDH a la Fiscalía, en el que hicieron el trabajo de recopilar notas de prensa y casos desde inicios del 2000, señalaba que en la mayoría de asesinatos de personas LGBTI no hay un seguimiento en las investigaciones. Además, no son pocos los casos en los que el agresor es un miembro de un cuerpo de seguridad. Las circunstancias siguen similares en el informe publicado este año con datos del año pasado.

En 2020 se registraron ocho asesinatos contra personas de la población LGBTI, según datos de Comcavis Trans. Una de las víctimas fue Tita Andrade Umaña, una mujer trans asesinada en Intipucá, La Unión, el 7 de marzo de 2020. Su cuerpo fue encontrado calcinado. El 15 de marzo, la Fiscalía informó que había detenido a Ronald Asael Cáceres Campos, por el delito de homicidio simple en el caso de Andrade Umaña.

Hasta abril de 2021 se reportaron tres crímenes. En este año las tres víctimas eran personas trans. Una de ellas fue Zashy del Cid, una mujer trans activista y emprendedora de San Miguel. Por el momento, siguen sin darse capturas por su asesinato.

“El problema no ha sido solamente de este gobierno. Todos los gobiernos han tenido una gran deuda histórica con la población LGBTI”, recalcó Britany Castillo.

Este trabajo se elaboró con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).

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