Foto/CSJ

Bukele consolida la toma del poder judicial a través de su Asamblea Legislativa

El partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, y sus aliados Gana, PCN y PDC nombraron a cinco magistrados propietarios para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un periodo de nueve años. Arena votó por tres de los magistrados. Los nuevos magistrados se suman a los abogados impuestos el pasado 1 de mayo luego de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.  El oficialismo también volvió a nombrar como presidente del Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional al magistrado Óscar Alberto López Jerez por un periodo de tres años. Abogados consultados por GatoEncerrado sostienen que tanto el nombramiento de López Jerez como del resto de magistrados son ilegales.

Por Beatriz Benítez

Por Beatriz Benítez

Karen Moreno

Karen Moreno

Nuevas Ideas repite la costumbre de sus antecesores. En un nuevo madrugón y sin haber realizado una deliberación pública de los perfiles de los candidatos, la actual Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas y al servicio del presidente Nayib Bukele,  eligió y juramentó este miércoles 30 de junio a cinco magistrados propietarios a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que inician funciones este 1 de julio y concluyen el 30 de junio de 2030. Asimismo, reeligió como presidente de ese Órgano de Estado y de la Sala de lo Constitucional al magistrado Óscar López Jerez para un periodo de tres años que inicia este 1 de julio. 

Con estos cinco nombramientos de magistrados, el partido del presidente Bukele ya consiguió poner a 10 de 15 magistrados que integran la Corte Plena de la CSJ, luego de que el 1 de mayo destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impuso a magistrados afines. “Ya se culminó esa consolidación de poderes en un solo partido, que es el oficial”, opinó la directora del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Marjorie Trigueros.

El 3 de mayo pasado, Bukele convocó a una reunión privada a los embajadores y cuerpo diplomático en el país para justificar la decisión de sus diputados de destituir a los magistrados el 1 de mayo. Justificó que los gobiernos de Arena y FMLN pusieron a sus funcionarios en las instituciones porque “nadie va a tener una mayoría para no usarla”. 

Durante la elección de sus magistrados de este 30 de junio, Bukele escribió que las decisiones de la nueva Asamblea son legítimas y que representan al pueblo. 

Al hacer un análisis del proceso de elección, Trigueros explicó que la nueva Asamblea ha vulnerado el artículo 86 de la Constitución que establece que una legislatura solo puede elegir a un tercio de los 15 magistrados de la CSJ cada tres años; sin embargo, esta Asamblea ya escogió a 10.

Este 30 de junio, López Jerez terminó el periodo de dos meses como presidente de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional para el que fue impuesto por la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados el pasado 1 de mayo. Pero, con votos de estos mismos partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC— volvió a ser reelegido.  Arena, FMLN y Nuestro Tiempo votaron en contra por considerar que su nombramiento es ilegal.

López Jerez es uno de los magistrados que en 2018 votó en contra de enviar a juicio al presidente Bukele por no poder justificar un incremento en su patrimonio de $550,809.26 cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. 

Antes de ser aprobado el dictamen del nombramiento, en el pleno se generó una controversia debido a que el dictamen original aprobado en la Comisión Política decía que López Jerez sería reelecto como magistrado para el periodo del 1 de julio al 30 de junio de 2030. El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, dijo que fue un “error” y pidió corregir el documento para indicar que López Jerez será designado por los próximos tres años que le restan, es decir hasta 2024, cuando concluye su periodo de nueve años.

Según abogados, consultados por GatoEncerrado, el nombramiento de López Jerez arrastra un vicio de ilegalidad desde el 1 de mayo, cuando fue impuesto como presidente de la CSJ y de la Sala de Constitucional, ya que era magistrado de la Sala de lo Civil y fue trasladado. 

Una sentencia de inconstitucionalidad, con referencia 19-2012, prohibió el traslado de magistrados de la Sala de lo Constitucional a otras salas, debido a que un magistrado, una vez nombrado en dicha Sala, debería gozar de estabilidad en el cargo durante los nueve años de su mandato, sin que puedan trasladarse a otra Sala.

El dictamen para la reelección de López Jerez, así como en votación nominal y pública, recibió 64 votos a favor. A las 12:28 de la madrugada, Ernesto Castro lo juramentó.  Mientras caminaba por la alfombra roja hacia la salida del Salón Azul, los diputados oficialistas lo abrazaron y felicitaron. 

Arena se sumó a Nuevas Ideas

Los cinco magistrados propietarios que Nuevas Ideas y sus aliados nombraron, la madrugada del 30 de junio,  para integrar diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia son: Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco, Miguel Ángel Flores Durel, Álex Marroquín Martínez y Enrique Alberto Portillo Peña. 

Alex Marroquín Martínez se desempeñaba como magistrado de la Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia y suplía el espacio de dejó López Jerez en la Sala de lo Civil. La Asamblea dejó pendiente la elección de nueve suplentes. 

A pesar de que el diputado tricolor René Portillo Cuadra cuestionó el proceso de elección, Arena terminó respaldando con sus votos la elección de Chicas de Fuentes, Marroquín Martínez y Portillo Peña.

Durante la entrevista en la Comisión Política, Portillo Peña fue cuestionado si había sido donante de partidos políticos. El ahora magistrado Portillo Peña aseguró que donó dinero “de buena fe” al Movimiento 300, vinculado a Arena, porque le gustaba que era un movimiento muy crítico, pero no sabía que esa donación iba a un fondo común para un partido político. 

En la discusión del pleno, la diputada Anabel Belloso, del FMLN, cuestionó directamente el perfil del abogado Miguel Ángel Flores Durel. Señaló que ha sido defensor privado de la ex primera dama Ana Ligia de Saca, condenada recientemente por lavado de dinero público.

Al respecto, la diputada oficialista y primera vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, respondió que gracias al “sistema democrático de este país (…) hasta esas personas” tienen derecho a la defensa y ese no puede ser un requisito para inhabilitar o no votar por un candidato. 

En las entrevistas de la Comisión Política, Nuevas Ideas hizo preguntas para saber si los candidatos legitimaban o no la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Flores Durel fue de los candidatos que dijo que esa decisión fue “totalmente legal”. También propuso a los diputados desaparecer las cláusulas pétreas de la Constitución. “Las cláusulas pétreas no dicen que se prohíbe modificar estos artículos pero lo deja entrever y es el sistema político, de gobierno, a través de la interpretación de la Sala”, dijo. 

En la entrevista del 7 de junio, el candidato José Ernesto Clímaco aceptó que trabaja para el actual gobierno. Aseguró que después de varios años de laborar para la CSJ,  a petición de “un buen amigo” se fue a trabajar como subdirector de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, donde se desempeñaba hasta ese día. 

El dictamen de la elección de los cinco magistrados propietarios a la CSJ fue aprobado a las 2: 8 de la madrugada. La votación nominal y pública de los candidatos a magistrados empezó a las 2:20 de la madrugada  y finalizó a las 3 de la mañana. 

Un proceso viciado

El partido Nuevas Ideas intentó implementar una metodología diferente para la elección,  que terminó siendo igual a la que usaron sus antecesores en otras elecciones de funcionarios.

Tras concluir las tres jornadas de entrevistas a los candidatos, el lunes 28 de junio se reunió la Comisión Política, que es la encargada de realizar el proceso. El presidente de la Asamblea y de esa comisión Ernesto Castro propuso que se aprobara un dictamen con los 30 nombres de los candidatos a magistrados para que el pleno eligiera.

“Las y los 30 profesionales reúnen con suficiencia los criterios y por tanto es el pleno el que tiene que elegir”, justificó Castro. Saltándose así la deliberación de los perfiles y la delimitación del número de los candidatos a elegir. 

El día siguiente, 29 de junio, el dictamen ingresó a la sesión plenaria a las 5: 42 de la tarde e inmediatamente los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC presentaron una lista de 14 candidatos para elegir cinco magistrados propietarios y nueve suplentes. También propusieron la reelección de Óscar López Jerez. El FMLN, Arena y Nuestro Tiempo dijeron que no iban a proponer un listado.

Pero, a las 7 de la noche, contrario a lo que habían dicho un día antes, Nuevas Ideas pidió que el dictamen regresara a la Comisión Política y que se suspendiera la sesión plenaria para ir a sacar otro dictamen solo con los cinco nombres de los candidatos a magistrados propietarios y otro de la reelección de López Jerez como presidente de la CSJ.  

Durante los 96 minutos que duró la reunión de la Comisión Política no hubo deliberación pública ni discusión de los perfiles de los candidatos. Los diputados de la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados repitieron el mecanismo de cruzar nombres y sacar las “coincidencias” de los candidatos que aparecieran en todas las listas propuestas. Este tipo de mecanismo ya se había usado en otras elecciones de segundo grado para simular que elegían a quienes tenían más apoyo de los grupos parlamentarios.

Bajo ese mecanismo, siete candidatos salieron en las listas de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC: Sandra Luz Chicas, José Ernesto Clímaco, Miguel Flores Durel, Álex David Marroquín Martínez, Enrique Alberto Portillo Peña, Nelson Palacios y Héctor Arnoldo Bolaños. Para delimitar la lista a cinco, recurrieron a la votación a mano alzada. Fue así como los últimos dos candidatos quedaron fuera y los demás fueron escogidos con 11 votos.

La comisión también acordó un dictamen favorable para reelegir al magistrado López Jerez como presidente de la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema. No hubo otra propuesta y rápidamente se avaló.

La directora del departamento de Estudio Legales de Fusades, Marjorie Trigueros, aseguró que el proceso que desarrolló la nueva Asamblea fue en contra de lo que establece la Constitución, la jurisprudencia y el mismo Reglamento Interior de la Asamblea respecto a que en todo proceso de elección de magistrados tiene que haber deliberación pública de los perfiles, evaluación de méritos y comprobar que cumplen los requisitos de honorabilidad. 

“Debe de existir un razonamiento que diga por qué usted está eligiendo a un candidato y no está eligiendo a otro. Y esto debe de ser bien argumentado. Pero, lo que vimos ayer fue un intercambio de listas entre partidos políticos”, dijo Trigueros.

Para el presidente de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), José Marinero, este procedimiento fue “una coreografía legislativa” al evitar consignar en la agenda del día la elección de magistrados, el uso de listas con candidatos preferenciales y al haber concluido el proceso de madrugada, sin el posible escrutinio de la ciudadanía.

Marinero consideró que estas elecciones estaban condenadas al fracaso a partir del contexto del descabezamiento de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República. A su juicio, simplemente se pretendió revestir de supuesta legalidad el proceso al mantener la fase de entrevistas a los candidatos, pero que en realidad fue “una simulación” y una “pantomima” para cumplir la formalidad. 

Tanto en el pleno como en la comisión, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados se jactaron de realizar una elección distinta y sin reparto de cuotas partidarias. 

La diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, dijo que en el pasado estos procesos han sido viciados y que han existido negociaciones oscuras bajo la mesa para ponerse de acuerdo. 

Figueroa repitió que era la primera vez que bajan al pleno los 30 perfiles de los candidatos a magistrados. “Antes, siempre se utilizaba a la Comisión Política para elegir a las personas y se traía aquí a los aspirantes previamente elegidos”, dijo la diputada, omitiendo que hicieron lo mismo, pues Nuevas Ideas regresó a la Comisión Política el dictamen original que recomendaba  los 30 candidatos. 

El diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, y el diputado del PDC, Reynaldo Carballo, dijeron que en anteriores elecciones les impusieron por quiénes debían de votar.  Cardoza también dijo, en varias ocasiones, que en 2009 el acuerdo se tomó en Casa Presidencial y que dos de ellos no estaban en los listados del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Federación de Asociación de Abogados de El Salvador (Fedaes). 

El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, dijo a Cardoza en la comisión política que ante la insistencia le iba a recordar que fue el ex secretario general del PCN, Ciro Cruz Zepeda, quien se reunió en Capres y propuso a uno de los cuatro “magníficos” bajo el argumento de que era profesor de su hija.

Cardoza no lo negó pero justificó que Zepeda fue “obligado” a presentar una propuesta. Además, argumentó que en ese tiempo el partido se llamaba Conciliación Nacional y hoy son Concertación Nacional. 

Similitudes y diferencias

El 7 de junio, los diputados de la Comisión Política, integrada en su mayoría por Nuevas Ideas, iniciaron la primera de tres jornadas de entrevistas a candidatos a magistrados, provenientes de un listado de 30 aspirantes electos por el CNJ y la Fedaes.

A diferencia de otras elecciones, esta vez la Comisión Política decidió realizar directamente las entrevistas y no crear una subcomisión, como lo establece el Reglamento Interno en su artículo 100. 

En las elecciones de 2018, la subcomisión permitió que las organizaciones de la sociedad observaran el proceso y aceptó sugerencias de la sociedad civil, específicamente, un cuestionario que propuso la organización Ciudadanos por una Corte Independiente. En esta ocasión, el presidente de la Asamblea y de la comisión política, Ernesto Castro, dijo que podían observar por los medios de comunicación. Nuevas Ideas también desestimó una propuesta enviada por las organizaciones señalando que provenía de Fusades.

Para el presidente del DTJ, José Marinero, este proceso tuvo más similitudes que diferencias respecto a anteriores elecciones. Señaló que no establecieron un perfil o baremos para evaluar objetivamente a los candidatos a magistrados y, además, para evitar la influencia político partidaria y las desviaciones en el procedimiento de elección. En ninguna elección hasta el momento se ha implementado un baremo para verificar tales requisitos. 

Otro rasgo en común en las elecciones pasadas ha sido la repartición de las cuotas partidarias. En las elecciones de 2018, cuatro meses después de que se cumpliera el plazo legal para nombrar magistrados, el proceso estuvo entrampado debido a la disputa de los partidos políticos por el control de la Sala de lo Constitucional. Incluso, al finalizar el proceso, Norman Quijano, expresidente de la Asamblea, dijo: “nadie se salió con la suya, todos nos salimos con la nuestra”. Sin embargo, en esta elección, no hubo repartición, sino que todos fueron candidatos preferenciales del partido oficialista.

“Han cruzado otra línea roja en la consolidación del golpe: esto hace jurídicamente más difícil la reversión de las condiciones anteriores”, sostuvo Marinero. 

El siguiente rasgo que comparten todas las elecciones han sido las desviaciones o vicios legales. Por ejemplo, Marinero agregó que, así como en las elecciones anteriores, también se omitió la fase de motivación en el legislativo. También recordó que fue hasta el 2015, por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que fue posible la obligatoriedad de la publicidad de las discusiones del CNJ, y fue así como en las elecciones de 2018 fue posible observar la deliberación, aunque destacó que dicha fase en el proceso actual fue la mejor en comparación con otras. 

Para Marinero, las preguntas realizadas por los diputados en esa fase fueron parecidas a las de elecciones pasadas. Las de este proceso fueron calificadas como generales e interesadas en determinar la eventual docilidad de los candidatos, al consultar sobre sentencias que no fueron del agrado del gobierno durante la crisis sanitaria por COVID-19, tales como modulación de sentencias y reviviscencia de las leyes, aunque rescató que hubo preguntas pertinentes sobre procesos abiertos en contra de algunos candidatos y casos que resolvió en el pasado. 

Según dijeron los diputados de Nuevas Ideas, la Comisión Política no filtró las preguntas a los candidatos antes de la entrevista como sucedía anteriormente. 

Ninguno de los abogados que se pronunció en contra del golpe del 1 de mayo, como Martín Martínez y Francisco Diaz, fueron electos.

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