Imagen/Leo Pacas

El peligro de una ley que permita a los sectores privados extraer agua hasta por 15 años

En el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos presentado a la Asamblea Legislativa, el gobierno de Nayib Bukele propone que el sector privado tenga autorizaciones para extraer más de 473,040 metros cúbicos por año, por plazos de hasta 15 años; cantidades de agua que a criterio de especialistas ponen en peligro el abastecimiento a la población. Los años que plantea el Ejecutivo por el uso del agua para fines comerciales son similares con los periodos de autorizaciones que proponía en dos iniciativas la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP): la Ley Integral de Agua y la Ley de Regantes. Ambas propuestas establecían un período de entre 10 y 25 años para usar el agua con fines económicos. La propuesta de las organizaciones también planteaba en un primer momento un plazo de hasta 15 años, pero luego lo modificaron y bajaron a 3 años, por los riesgos que implica. Expertos hídricos consultados por GatoEncerrado consideraron que los plazos que otorga la propuesta de ley del gobierno de Bukele son “excesivos”.

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Por Marvin Díaz

Por Marvin Díaz

La propuesta de la Ley General de Recursos Hídricos del gobierno del presidente Bukele tiene un punto en común con las leyes que en el pasado impulsó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP): Otorgar permisos por más de 10 años a las empresas para extraer el agua con fines industriales y agroindustriales. 

La revista GatoEncerrado hizo una revisión del proyecto de ley de agua que entregó el gobierno a la Asamblea Legislativa, el pasado 18 de junio, y lo comparó con las diferentes propuestas de ley presentadas en anteriores legislaturas por organizaciones de la sociedad civil, universidades, iglesias y sectores privados empresariales, las cuales fueron enviadas al archivo cuando tomó posesión la nueva Asamblea dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas.

Específicamente, en el artículo 61 de la Ley General de Recursos Hídricos, el gobierno propone dos niveles de autorización para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. Las autorizaciones “nivel 1” se darán cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 473, 040 metros cúbicos por año, por un plazo no mayor a 15 años. Y las autorizaciones “nivel 2” se otorgarán cuando el caudal solicitado sea de 473, 040 metros cúbicos por año o menor, por un plazo de hasta cinco años.

La propuesta plantea que se creará una Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que sería la encargada de la gestión integral de los recursos hídricos y de dar las autorizaciones. Es una entidad autónoma integrada por un presidente, propuesto por el presidente de la República, y por una junta directiva, que estaría conformada por un delegado del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), Ministerio de Agricultura (MAG), Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Ministerio de Turismo (MITUR), Ministerio de Vivienda (MIVI), Ministerio de Salud (Minsal), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, universidades públicas y privadas, acreditadas en el Ministerio de Educación, y solamente un representante de la sociedad civil. 

Las personas naturales, jurídicas o privadas podrán renovar las autorizaciones para extraer agua siempre y cuando la renovación sea solicitada con seis meses de anticipación y haya cumplido con las condiciones fijadas en la autorización, según ordena el artículo 71 de la propuesta.

El plazo de los permisos que propone el Ejecutivo es muy parecido al que se planteaba en el proyecto de Ley Integral de Aguas, que creó un comité de expertos hídricos con el apoyo de la ANEP y que en un primer momento tuvo la participación del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Esa propuesta de Ley Integral de Aguas proponía en el artículo 70 que los permisos por el uso y aprovechamiento del agua fueran otorgados por un plazo no menor a 10 años ni mayor a 25 años. 

Similar era el periodo que se proponía en el proyecto de Ley de Regantes, el cual ingresó a la Asamblea Legislativa en marzo de 2013 a propuesta de la Asociación de Regantes El Cacao y del ingeniero Luis Felipe Trigueros, exasesor técnico del Partido Concertación Nacional (PCN) en la comisión ambiental durante la legislatura 2018-2021. Esa iniciativa, en el artículo 71, establecía un período de entre 10 y 20 años para el uso y aprovechamiento del agua, los cuales podrían ser prorrogables según el tipo de uso permitido.

La Ley de Gestión Integral de los Recursos Hídricos del gobierno de Bukele y la Ley Integral de Aguas no establecen un volumen de metros cúbicos a extraer en el año. 

El día que el gobierno entregó el proyecto de ley a la Asamblea,  el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y el asesor jurídico de Presidencia y exdirector legal de la ANEP, Javier Argueta, dijeron que estaban quitando cualquier posibilidad de privatización del agua; sin embargo, a criterio de las organizaciones sociales y especialistas hídricos aún se mantiene esa amenaza de privatización.

 “La ley no dice expresamente ‘vamos a privatizar’, pero concederle a un grupo empresarial 15 y hasta 30 años para explotar un acuífero y no garantizar agua para la población, es privatizar”, sostiene Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y una de varias voces que coincidió en que el plazo que propone el gobierno es excesivo.

Andrés McKinley, especialista en temas de agua y minería y catedrático de la Universidad Centroamericana (UCA), explicó a GatoEncerrado que al dar permisos de 15 años el Estado perdería el control total de esa gran cantidad de agua. Para tener una idea de cuánto se alcanza a cubrir con los más de 473 mil metros cúbicos que autorizaría el gobierno a las empresas, McKinley calculó que con esa cantidad se abastece una pequeña ciudad en El Salvador. También, dijo que es dos veces la cantidad de agua que quería utilizar la mina el Dorado de Pacific Rim en 2015-2016, en el departamento de Cabañas.

“Es demasiado. El Salvador está en crisis y necesitamos un planteamiento en todos los artículos de la ley que vayan a contribuir a sacarnos de esas crisis de agua”, agregó el experto. 

McKinley sostuvo que el país ha permitido extraer más de 473 mil metros cúbicos al año y por eso se requiere una ley. Asegura que el uso de agua en Nejapa por SanMiller para embotellar la Coca-Cola, hacer cervezas y refrescos es casi 900 mil metros cúbicos por año, lo cual “probablemente va a dejar vacío el acuífero de Nejapa dentro de pocos años, y eso va a eliminar una fuente de agua tan clave para más de la mitad de la población de San Salvador”.

 “Estamos hablando de concentraciones de población en El Salvador que en unos 15 a 20 años no van a tener agua potable”, previó.

Por su parte, el hidrólogo Julio Quiñonez consideró que los permisos para extraer los 473,043 metros cúbicos de agua al año equivalentes a 15 litros por segundo deben de pasar por un análisis y evaluación del balance hídrico, el cual establece cuánto es el volumen de agua. Además, existen otros aspectos que tienen que tenerse en cuenta como los cambios de uso de suelo por urbanizaciones, el aumento de la frontera agrícola, que también afecta y determina esa variación en la disponibilidad del agua. 

Pero, principalmente, el volumen a permitirse tiene que estar sujeto y dar prioridad al consumo humano. “Al hacer esas asignaciones es como vamos a poder determinar cuánto es lo que disponemos para otros usos: agrícolas, industriales, turísticos e hidroeléctrico”, explicó.

“Esto se lo digo porque nuestros acuíferos están variando continuamente. Nuestros acuíferos, muchos de ellos, a partir de lo que fue el Plan Nacional Integral de los Recursos Hídricos, se determinó que hay mucha disminución de nuestras aguas subterráneas en diferentes acuíferos estratégicos importantes del país”, dijo.

Durante una entrevista de televisión, el titular del MARN, Fernando López,  rechazó todas las observaciones que han hecho diferentes organizaciones. Dijo que el nivel de sobreexplotación que tienen definido en algunas partes de la ley “está determinado por el acuífero del que estamos hablando”. Argumentó que “si existe una presión sobre este acuífero, obviamente, el permiso va estar condicionado o normado o denegado”.

En contraste con la iniciativa de ley del gobierno, la propuesta de la Ley General de Aguas y Saneamiento de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil, contemplaba tiempos de permisos no mayores a tres años. 

Esta propuesta fue presentada el 14 de junio de este año a la Asamblea Legislativa luego de que la Comisión de Medio y Cambio Climático envió al archivo todas las propuestas que habían sido presentadas en legislaturas anteriores.  Sin embargo, este 8 de julio, en la primera reunión de la comisión ad hoc, que se conformó para estudiar la ley de agua, los diputados de Nuevas Ideas, Gana y PCN votaron para dejar fuera la propuesta de las organizaciones y tomar como base para el estudio únicamente el proyecto de ley del gobierno.

En 2006, las organizaciones Cáritas y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) presentaron la primera propuesta de Ley de Agua. La iniciativa, que fue actualizada en 2011 por el Foro del Agua de El Salvador,  proponía en su artículo 77 autorizaciones hasta por 15 años para el uso del agua con fines industriales, agroindustriales y recreativos. Sin embargo, para febrero de 2020, los colectivos de la sociedad civil cambiaron los plazos de autorización debido a la crisis del agua que había experimentado el país, según comentó Carlos Flores, vocero del Foro del Agua, a esta revista. 

En 2012, el MARN, bajo la dirección del exministro Herman Rosa Chávez, presentó la primera propuesta de Ley General de Agua del gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). La iniciativa del Ejecutivo planteó autorizaciones no mayores a 10 años para la utilización del agua con fines mercantilistas, según indicaba el artículo 70 de la referida ley. 

Otros permisos

La propuesta de ley del gobierno de Bukele también plantea que la ASA podrá autorizar “a particulares” el uso de las aguas de las playas, ríos, lagos, embalses, acuíferos y esteros, por un período de 10 años. “La ASA evaluará técnicamente la procedencia de autorizar a particulares el uso  de los bienes nacionales establecidos en el artículo cinco de la presente Ley, las cuales  podrán ser renovadas y tendrán un plazo de vigencia no mayor de 10 años, contados a partir de la notificación de conformidad a lo establecido legalmente”, dice el artículo 64. 

Por otra parte, el permiso de vertidos tendrá un plazo de vigencia de hasta tres años y podrá renovarse siempre que se solicite con seis meses de anticipación a la finalización de su vigencia y que haya cumplido con las condiciones establecidas en el mismo. En caso de ampliación del caudal o modificación de las características de los vertidos, el interesado deberá solicitar previamente los permisos correspondientes. La ASA podrá establecer en zonas concretas restricciones temporales para la realización de descargas con el objeto de contribuir a la protección y recuperación de los cuerpos de agua.  

En el caso del permiso de exploración de aguas subterráneas no podrá ser mayor de un año. El beneficiario del permiso deberá proporcionar a la ASA la información resultante de la perforación realizada, conforme a lo dispuesto en los Reglamentos de la Ley.  Una vez alumbradas las aguas, el beneficiario del permiso de exploración deberá solicitar la autorización de uso y aprovechamiento correspondiente. 

Según la propuesta de ley del gobierno,  la ASA estará facultada para determinar y autorizar los cánones por uso y aprovechamiento de aguas, por vertidos y por el uso de los bienes establecidos en el artículo cinco de la ley, así como por los servicios administrativos, técnicos y  científicos prestados a terceros, sean públicos o privados, que ella venda o preste.  

Cuencas transfronterizas

El artículo 25 de la propuesta de ley establece que el Estado podrá negociar y suscribir Tratados y Convenios Internacionales de cuencas de drenaje internacional o cuencas transfronterizas, siendo estos bilaterales o multilaterales con relación a cursos de agua internacional, que incluye sistemas de agua superficial y subterránea, que en virtud de su relación física constituye un conjunto unitario cuyas partes se encuentran en Estados distintos, o sea entre El Salvador y otros Estados vecinos, en los que deberán respetarse las disposiciones o límites establecidos por la Constitución de la República y en lo pertinente a los principios del derecho internacional sobre la materia.

Al respecto, el magistrado de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, consideró que esa propuesta es muy limitada en relación a que tenemos tres grandes cuencas transfronterizas que deberían ser abordadas adecuadamente desde el punto de vista de la regulación y los mecanismos con los cuales se abordará su tratamiento. 

El artículo 26 plantea que se creará un Comité de Gestión de Cursos de Agua Internacional, pero no define los mecanismos de hidrodiplomacia a usar por parte del Estado salvadoreño en los tratados bilaterales y trinacionales, dijo Lizama. 

Un ente controlado por el gobierno 

La Ley de Recursos Hídricos del Ejecutivo contiene 164 artículos, dentro de los cuales se explican las generalidades de la ley, la conformación, funciones y atribuciones de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), los planes de gestión del agua en los ríos, entre otros aspectos. 

Con relación a la Autoridad Salvadoreña del Agua, el gobierno propone un ente rector conformado por ocho representantes adheridos al Ejecutivo, un delegado de las universidades, uno de la sociedad civil y uno de la  Autoridad de Agua Potable y Saneamiento. 

A juicio de Andrés McKinley, el gobierno acertó en la representatividad pública del principal rector del agua; sin embargo, agregó que el hecho de que el agua esté en manos de entidades gubernamentales no garantiza que no será privatizado, sobre todo porque se ha visto un interés del MARN en otorgar permisos a sectores privados. 

“El MARN ha estado tomando decisiones sobre el uso de agua que beneficia a la gran empresa privada y pone en peligro el derecho humano al agua de la población”, analizó el especialista en agua y minería. 

La iniciativa de ley del Ejecutivo no considera dentro del articulado otros entes rectores del agua. El control total del recurso estaría en manos del ASA.  

En cambio, la iniciativa de las organizaciones sociales e iglesias planteaba en sus artículos 10, 12 y 18,  cincos grupos de fiscalizadores para el control y monitoreo del agua, encabezado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), conformada por un presidente y un representante del MARN, MAG, Minsal, de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP), el Ministerio de Economía y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). 

Además, la propuesta ciudadana proponía la participación de la Dirección Ejecutiva del ANA, integrada por técnicos operativos; un Organismo de Zonales de Cuenca, conformado por técnicos administrativos zonales; los Comités Consultivos, representados por municipalidades, oenegé ambientalistas, sectores privados, entre otros; y Comités Regionales de Cuenca, constituido por actores sociales vinculados con el uso, cuido y/o recuperación del agua, según explicaban en los artículos 22, 26, 30 y 32. 

Caso contrario, las dos propuestas de leyes impulsadas por la ANEP y sectores empresariales. Por ejemplo, La Ley Integral de Aguas proponía un delegado del MARN y del MAG, un representante del Consejo de Directores y su Junta Directiva de la Asociación Corporación de Municipalidades (COMURES), tres integrantes de gremiales empresariales (industria, agropecuario y turismo) adherida a la ANEP, y uno del sector académico, según decía el artículo 14 de la referida ley. 

Similar a Ley Integral del Agua, el artículo 12 de la Ley de los Regantes menciona como miembro de la Autoridad Hídrica a un director del MARN y MAG, un delegado de COMURES, tres representantes de las gremiales agropecuaria, industrial y turística, y un integrante de universidades.  

Ambas leyes, que tuvieron la participación de la ANEP en su creación, proponían la creación de entes fiscalizadores del agua como: direcciones ejecutivas, organismo zonales de cuencas, comités consultivos de cuencas, direcciones reguladoras de agua potable y saneamiento, entre otros.

La propuesta del gobierno retoma varias ideas y artículos de los distintos proyectos de leyes que estuvieron en discusión por años en la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa; sin embargo, el punto que más preocupa a las organizaciones y expertos son los extensos plazos que se darían para extraer el agua. 

Las propuestas de Ley de Agua, desde 2006

Ley de Recursos Hídricos

Propuesta Foro Del Agua

Propuesta de los regantes

Ley de Expertos Hídricos

Propuesta del MARN

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