Opinión

Una Asamblea Legislativa desnaturalizada

Alejandro Henríquez

Alejandro Henríquez

Abogado titulado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; defensor de DDHH económicos, sociales, culturales y ambientales; Presidente de la Asociación Ecos El Salvador e integrante del Foro del Agua.

Lo que existe es una Asamblea Legislativa no deliberante, carente de criterios propios, que se dedica y seguirá dedicando a la aprobación irrestricta e infundada de iniciativas provenientes del Ejecutivo, aún y cuando estas no respeten a las minorías representadas en el legislativo.

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Por Alejandro Henríquez*

El Órgano Legislativo posee particularidades sui generis, elementos, características, competencias y una esencia natural que la distingue de los demás órganos fundamentales del Estado. El parlamento es el recinto en el que todos los intereses de un país están representados, en el que están presentes las mayorías y las minorías, de forma tal que todos los estratos sociales, pensamientos, filosofías, ideologías, corrientes políticas del pensamiento, etc. no están excluidas dentro de la misma. En este sentido, las decisiones que se toman en el parlamento deben hacerse con base en consensos –respetando a las minorías-, para ello, se debe pasar por un amplio debate público, democrático, informado, transparente y susceptible a la contraloría popular; acá otra característica esencial del Órgano Legislativo.

Entrando en materia, en El Salvador, a partir del 1M la Asamblea Legislativa ha sido desnaturalizada, desviada en su esencia. Actualmente, no hay proporcionalidad en cuanto a las fracciones legislativas que integran la Junta Directiva, predomina una sola idea en el recinto legislativo, hay bloqueos a la prensa (lo cual es contrario a la transparencia y a la contraloría); y así, una serie de desdenes. Sin embargo, es interesante destacar dos aspectos que evidencian, sin duda alguna, que el 1M ha sido un retroceso en cuanto a la funcionalidad esencial del Órgano Legislativo.

En este orden de ideas, a partir de la fecha en que la bancada Cyan tomó posesión en la Asamblea Legislativa, el debate público y la deliberación parlamentaria no existe; hasta el momento, todas las iniciativas aprobadas no han sido suficientemente discutidas, tal como la Ley Bitcoin, la derogatoria de artículos del Código de Salud, la aprobación de deuda pública por cantidades exorbitantes, la destitución de Magistrados y Fiscal General de la República. Pareciera que la discusión y la toma de decisiones se realizan en Casa Presidencial, siendo la Asamblea Legislativa únicamente un órgano que le da formalismo a las mismas. Dicha situación es contraria al principio de Pluralismo en su dimensión ideológica, “que tiene como objetivo ser contraposición al totalitarismo o integralismo, favoreciendo la expresión y difusión de una diversidad de opiniones, creencias o concepciones, a partir de la convicción de que ningún individuo o sector social es depositario de la verdad, y que esta solo puede ser alcanzada a través de la discusión y del encuentro entre posiciones diversas” .

En este sentido, las decisiones no cuentan con estudios técnicos que las fundamenten, tal es el caso de la Ley Bitcoin, no existen estudios de mercado, macroeconomía y ambientales que ayuden a aportar elementos técnicos y políticos para su discusión y aprobación. Lo que existe es una Asamblea Legislativa no deliberante, carente de criterios propios, que se dedica y seguirá dedicando a la aprobación irrestricta e infundada de iniciativas provenientes del Ejecutivo, aún y cuando estas no respeten a las minorías representadas en la Asamblea Legislativa. Esta situación es razón suficiente para justificar la inconstitucionalidad por vicios de forma de todas y cada una de las decisiones tomadas en la Asamblea Legislativa a partir del 1M.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa ha perdido su rol de peso y contrapeso, especialmente respecto del Órgano Ejecutivo, puesto que no controla, indaga o cuestiona las decisiones e iniciativas de Bukele y sus Ministros. Este estado de cosas resulta ser contraria a la Constitución, puesto que la misma establece cometidos distintos a los detentadores de poder, de manera que se posibilite la complementariedad de estos entre sí y se garantice la responsabilidad, el control y la limitación del poder en el proceso de adopción de las decisiones estatales; para ello, la Constitución consagra principios jurídicos que rigen las relaciones mutuas entre cada Órgano de Estado, fijando el círculo de su acción.

Es en estas dinámicas interorgánicas que se generan, se cuajan los controles entre órganos para cooperar la gestión estatal y limitar el ejercicio del poder. En el caso de la Asamblea Legislativa, sus mecanismos de control tienen por finalidad u objeto analizar las actuaciones de los demás Órganos y entes públicos, con relación a los parámetros constitucionales, legales y políticos. En este sentido, puede modificar formulaciones lingüísticas de las iniciativas de Ley promovidas desde el Ejecutivo, crear Comisiones Especiales para indagar temas puntuales, recibir informes, rendición de cuentas, entre otros medios para ejercer control.

A pesar que la Constitución consagra estos principios para evitar que haya algún órgano o ente alguno subordinado a otro, la realidad material es que la Asamblea Legislativa se ha convertido en una especie de fábrica propiedad de Bukele, en la que este último solicita o exige leyes a su antojo, no rinde informes, no rinde cuentas; sino que, únicamente, utiliza a la Asamblea Legislativa para dotar de formalidad y “constitucionalidad” su abuso de poder. Estamos en presencia de una Asamblea Legislativa genuflexa a Bukele.

Esta desnaturalización de la Asamblea Legislativa marca el declive de las garantías fundamentales, marca la acumulación de poder formal estatal en las manos de una sola persona; poniendo en riesgo el respeto y protección de los Derechos Humanos Fundamentales y el funcionamiento constitucional de la institucionalidad, la cual, al igual que la Asamblea Legislativa, está siendo cercenada y cooptada por Bukele.

Alejandro Henríquez

Alejandro Henríquez

Abogado titulado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; defensor de DDHH económicos, sociales, culturales y ambientales; Presidente de la Asociación Ecos El Salvador e integrante del Foro del Agua.

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