Mientras cursaba mis estudios de licenciatura, los trabajos de investigación requerían, en la mayoría de las veces, recabar información de ministerios, alcaldías municipales, secretarías y otras entidades públicas. Al inicio de cada investigación era usual que el o la catedrática realizaran las advertencias «tal vez consiguen información» o «se van a tener que rebuscar para que les atiendan». En varias ocasiones lo que mis compañeras y yo pudimos hacer se vio limitado por la información que las entidades públicas estuvieron dispuestas a darnos.  Para finales de mi carrera, las cosas empezaron a cambiar, había una nueva ley que facilitaba el acceso a mucha de esa información que antes había que rogar a funcionarios y funcionarias, pero que aún estaba en pañales. 

Posteriormente la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se convirtió en una herramienta indispensable para mis investigaciones. Ya no tenía que mendigar la información. Las entidades públicas tenían el mandato de compartir información pública, muchas de ellas hasta contaban con portales de transparencia, en los que se podía consultar información sin necesidad de hacer una solicitud. Para mí, la LAIP representó la posibilidad de tener acceso a información sobre la recaudación de impuestos en nuestro país; también pude conocer el nombre de algunas de las empresas que reciben el privilegio de no pagar impuestos en nuestro país, en algunos pocos casos, incluso el monto de esos privilegios; incluso, pude acceder al detalle de cuánto y cómo el Estado salvadoreño destinaría al presupuesto nacional; además de conocer información económica/fiscal, también logré acceso a información social (niveles de matrícula, condiciones de infraestructura educativa, infraestructura en salud), y ambiental (análisis de impacto ambiental, informes ambientales y consultorías pagados por recursos públicos). 

Así como, a nivel profesional y personal, la LAIP me ha sido útil, para muchas otras personas, instituciones y sectores diversos, esta ley es la que ha permitido quitar el velo del secretismo o confidencialidad a la cosa pública y ejercer el derecho de acceso a la información pública. La LAIP incluso permitió que la ciudadanía conociera las declaraciones patrimoniales de funcionarios y funcionarias. Esas declaraciones fueron clave para identificar casos de funcionarios corruptos e iniciar procesos judiciales como los de los expresidentes Funes y Saca por malversación dinero público, es decir, por robar dinero que le pertenecía a la ciudadanía y que debió utilizarse para garantizar sus derechos.

La LAIP se convirtió en una de las principales armas para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Para usar la Ley y los mecanismos establecidos en ella no era necesario estudiar derecho, cualquier persona que la conociera y quisiera podía hacer uso de ella para ejercer su derecho de acceso a la información pública que necesitara, desde cuánto gastaba la alcaldía municipal en las fiestas patronales, hasta el presupuesto detallado de la construcción de un hospital por parte del Gobierno Central. Si bien aún había instituciones y funcionarios que se reusaban a dar información, el ente rector en la materia, y creado a partir de la LAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), había logrado construir una institucionalidad que empujaba que la regla fuera la transparencia y no la confidencialidad. 

Lamentablemente, en nuestro país parece que cuando avanzamos un paso retrocedemos dos. Ni siquiera una década después de su aprobación, la LAIP empezó a desfallecer, en primer lugar con el debilitamiento sistemático del IAIP, ese órgano colegiado que debía proteger el derecho ciudadano de acceso a la información; luego, con el abuso de la declaratoria de información reservada de cualquier información que una entidad no quisiera entregar, sin importar si se cumplían con las condiciones contempladas en la propia LAIP; eso sin contemplar que los portales de transparencia institucional, donde se encuentra la información pública que debe publicarse de oficio, según la ley, en su mayoría no se actualizan desde hace dos años. Por si fuera poco, el pasado 12 de julio, la Presidencia de la República presentó ante la Asamblea Legislativa 11 reformas a la LAIP. Me gustaría decir que esas reformas buscan el fortalecimiento del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, pero por el contrario, parece ser la estocada final a la LAIP, blindando información clave para detectar casos de corrupción como información  confidencial (como las declaraciones patrimoniales), reduciendo la información que las entidades deben publicar de oficio (contratos, viajes, asesores), estableciendo sanciones a la ciudadanía por divulgar información pública y eliminando la obligación de que la Corte de Cuentas de la República divulgue los resultados de las auditorías realizadas a otras entidades públicas u obligadas por ley.

Parece que el discurso presidencial de compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción quedó en el olvido y ha sido sustituido por un compromiso con la opacidad, con el que cualquier persona que busque ejercer su derecho de acceso a la información, no podrá hacerlo. Ojalá el Presidente y sus diputados y diputadas recuerden que la corrupción y los intentos por esconderla fue lo que condenó a los partidos políticos tradicionales a la insignificancia. Ojalá y sean capaces de reconocer que los mejores antídotos contra la corrupción son el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia.