El instituto público en el que estudié, cercano al regimiento de Caballería en San Juan Opico, mide menos de lo que miden las canchas de fútbol de esa instalación militar. 

Ese instituto, que cuenta con una planta docente digna de reconocimiento (como lo merecen todos nuestros maestros), que ha formado a muchas generaciones, no podía crecer en horizontal ni en vertical, porque como se sabe el presupuesto en educación no alcanza para todo lo que necesitamos. Siempre escuché con especial interés a una persona a quien admiro señalar que esperaba de los gobiernos del FMLN una mayor apuesta por el tema educativo. Insistía, por ejemplo, en que el cuartel San Carlos, cercano a la Universidad de El Salvador, debería dejar de ser tal cosa y ese espacio físico debería pasar a formar parte de nuestra Alma Mater. O que le parecía inaudito que en pleno siglo XXI tengamos un regimiento de caballería y estemos gastando dinero en cuidar y en mantener caballos. Debate abierto. 

El verde olivo ha estado presente en nuestra historia desde hace buen rato. Hay quienes ven con buenos ojos al ejército, a quien agradecen por la “defensa de la patria ante las amenazas como el comunismo” y esos asuntos. Otros señalan a la institución castrense de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, violaciones documentadas y condenadas a nivel internacional pero que en nuestro país no han sido llevadas ante la justicia… y ahora menos.

Con la firma de los Acuerdos de Paz a la Fuerza Armada se le asignó la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio y se le calificó como obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Opinión aparte es si esto se ha cumplido, sobre todo en situaciones como la del del 9F y el rol de la misma en el ingreso del presidente Bukele al Salón Azul del congreso. O con la protección a los militares implicados en la masacre de los jesuitas que se les dio en el 2011, permitiendo que se refugiaran en una instalación militar cuando la Interpol giró una difusión roja en su contra, en la administración Funes. 

En el periodo del expresidente asilado en Nicaragua, también se avaló que los militares brindaran “apoyo en tareas de seguridad pública”, a pesar de los señalamientos y cuestionamientos de muchos organismos promotores y defensores de los derechos humanos, que veían en esta medida un retroceso. Las autoridades argumentaron que la situación de violencia lo ameritaba y además sostenían que los señores de verde olivo no iban a patrullar solos, que únicamente iban a acompañar a la policía. Cuánto ha pasado desde aquello. 

Estaría de más decir que el problema de seguridad pública es el que más nos ha afectado en la historia reciente en nuestro país, pero no creo que esté de más aclarar que una crítica a una visión militarizada de la seguridad pública no nos convierte en defensores de los delincuentes, como señalar los errores del presente no nos convierte en defensores del pasado. Es difícil encontrar a una persona cuya familia no hay sido tocada por la violencia. Mi padre fue asesinado en el año 2005 y su muerte quedó en la impunidad. No hablo desde una burbuja. 

La administración Bukele ha logrado reducir los índices de homicidios de forma significativa. Los datos no mienten. Sin embargo, es difícil adjudicar sin cuestionamientos dicha reducción al afamado Plan de Control Territorial (PCT), cuyas líneas generales no conocemos. Tampoco se pide revelar información cuyo conocimiento público implicaría un impedimento para su éxito, no nos pongamos torpes en el análisis. Otros delitos como la extorsión y las desapariciones siguen impactando la vida de muchas personas, lo cual no hace sino alimentar el ánimo por preguntarse ¿qué es exactamente el Plan de Control Territorial? 

Lo único que se nos dice un día sí y al otro también es que necesitamos dinero para ejecutar dicho plan. La irrupción del presidente Bukele en el congreso el 9 de febrero del 2020 fue, precisamente, para “presionar” por la aprobación de fondos para el PCT. Parece que la sucesión de fases en ese plan implica agregar cada vez más efectivos militares en las tareas de seguridad pública, cuando la historia nos ha demostrado que esa estrategia no es la más efectiva. Bastante se ha escrito sobre esto por parte de gente entendida y experta en la materia. 

En el lanzamiento de la Fase 4 del PCT, el presidente volvió a hacer lo que le gusta: pararse frente a los señores de verde olivo, darles un sermón, hablarles de los enemigos internos, dejarse fotografiar por el otro batallón a su disposición (el de comunicadores y expertos en estrategias de comunicación digital), dejar que los administradores de las cuentas institucionales en redes sociales hicieran gala de su talento y seguir demostrando que tiene una Fuerza Armada obediente no a la Constitución sino a su voluntad porque, al fin y al cabo, él es el depositario de las esperanzas y anhelos de este pueblo… 

Que el ejército vivirá mientras viva la República, es lo que a muchos les gusta repetir. Quizá ahora sea más oportuno sospechar que el ejército vivirá en desmedro de la República. Ojalá que no. 

Al ver las imágenes de semejantes despliegues militares uno no puede evitar preguntarse si no vendría mejor poner el mismo empeño en dignificar al magisterio nacional. Diseñar e implementar políticas públicas para miles de maestras y maestros en cuyas manos está el futuro de generaciones. Una nación de héroes se construye con la dignificación de la planta docente: mejores salarios, mejores condiciones en los centros educativos, formación y capacitación continua, atención psicosocial, etcétera. No basta con cantarles un himno cada 22 de junio, o con hacerles bonitas piezas en redes sociales para felicitarlos. Los maestros deben estar en el foco de atención de los gobiernos que tienen la obligación de responder a sus demandas que son, en definitiva, demandas de la sociedad misma. 

Ojalá veamos un día al presidente Bukele anunciar, por ejemplo, un aumento significativo para el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que desde hace años viene haciendo un esfuerzo importante por identificar la situación de los maestros, sus necesidades, aspiraciones y demandas. No son las armas ni las tanquetas las que nos pueden ofrecer un mejor futuro, sino los maestros. Ojalá en este tema, como en otros, se atendiera a las recomendaciones de organismos como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) que desde hace ratos ha venido insistiendo en la necesidad de contar presupuestos plurianuales o  presupuestos con base en resultados, que permitan fijar metas para cada ministerio o cartera de Estado, diseñar políticas públicas a mediano y largo plazo y superar el vicio de la improvisación que casi se ha convertido en política pública en nuestro país. No podemos seguir el camino del endeudamiento sin metas claras y menos con una nula rendición de cuentas. 

Sin una ruta clara, sin planes verdaderos y sin políticas públicas bien diseñadas no estaremos cambiando nada. Pintar la realidad nacional de verde olivo no es una nueva idea. 

Decidamos: ¿fusiles o libros?