El Lempa es el desagüe de las mineras sin control
Imagen de dron/ #GatoVolador
La reactivación de la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala, promete ser una realidad inminente en 2022. La nueva empresa dueña del proyecto, la canadiense Bluestone Resources, planea convertirla en una mina a cielo abierto, excavar un cráter en medio del bosque guatemalteco y drenar toda su contaminación a los afluentes que desembocan en el lago de Güija, y por conexión, al río Lempa. Todo esto por el aparente descubrimiento de grandes depósitos de oro a poca profundidad. El Lempa abastece de agua al 55 % del territorio salvadoreño y hace posible que el 37 % de los hogares de la zona metropolitana de San Salvador estén abastecidos de agua. Para ponerlo en cifras más claras: cuatro millones de salvadoreños dependen, directa o indirectamente, del río. Intervenir para evitar la contaminación del Lempa no es una prioridad para las autoridades de El Salvador y mucho menos en Guatemala, donde incluso hay respaldo a las mineras.
Por Ernesto Amaya
Un grupo de pescadores tira su atarraya en el río Ostúa, uno de los mayores contribuyentes de agua al lago de Güija. Es mediodía y el sol es implacable sobre Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala. Es mitad de año y también época lluviosa. El río se ve turbio, lodoso y no tan profundo. A pesar de que Asunción Mita es uno de los 45 municipios que conforman la biosfera compartida de El Trifinio, es parte de una zona fronteriza que se caracteriza por árida, donde las verdes planicies han sido suplantadas con hectáreas de sembradíos de meloneras, y donde apenas sobrevive una reducida área boscosa en los cerros.
Los pescadores, como esperando un milagro, recogen y vuelven a lanzar sus redes sin sacar ni un solo pez. Sobrevivir de la pesca, según comentaron los habitantes de este pueblo a GatoEncerrado, es cada vez más difícil. De hecho, sobrevivir aquí, sin importar a qué se dediquen los oriundos, es cada vez más difícil por la contaminación que hay en el agua y que ha sido ampliamente documentada por universidades, organizaciones ambientalistas, iglesias y hasta por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador. Los niveles de acidez son tan altos que la vida acuática en el río Ostúa prácticamente está desapareciendo y el solo acto de sumergirse unos minutos en el agua ya representa un riesgo para la salud humana.
Dos mujeres pescan en las riberas del río Ostúa, Guatemala, donde expertos afirman que los niveles de contaminación son tal que el simple hecho de sumergirse por unos minutos afecta la salud humana. Foto/Emerson Flores.
“No consumimos un agua muy sana aquí, como puede consumirse en otro lado. El agua de acá lleva un químico. Ya días ha habido personas que padecen de eso (insuficiencia renal) y han fallecido”, lamenta Arnulfo Díaz, mientras explica a esta revista que algunos habitantes han llegado a asociar la contaminación en el río con diferentes enfermedades que padecen.
Díaz es un campesino de Asunción Mita que vive de la agricultura y ocupa el agua del río Ostúa para su siembra, a pesar de la contaminación. No tiene otra opción, vive de la tierra y para eso la única agua disponible a la que tiene acceso es la del Ostúa. Cuando Díaz habla del “químico en el agua” se refiere al arsénico, una de las 10 sustancias que la Organización Mundial para la Salud (OMS) considera de las más preocupantes para la salud pública.
Asunción Mita, Jutiapa, es uno de los 45 municipios que comparten la biosfera El Trifinio. Foto/Emerson Flores
La OMS define al arsénico como una sustancia presente en forma natural que puede encontrarse en el aire, el agua y el suelo, pero que también puede liberarse en el ambiente debido a ciertos procesos agrícolas e industriales, como la minería y la fundición de metales. El arsénico suele estar relacionado con diferentes tipos de cáncer y lesiones cutáneas. Asimismo se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. Una alta carga de ese arsénico contamina el río Ostúa.
De acuerdo con ambientalistas y pobladores de Asunción Mita, la principal fuente de contaminación del agua es la mina Cerro Blanco. Esta mina es actualmente propiedad de la compañía canadiense Bluestone Resources y está ubicada a 18 kilómetros de Metapán, Santa Ana, y a unos 30 minutos en vehículo tras cruzar la frontera de El Salvador con Guatemala.
Las 174 hectáreas de la mina Cerro Blanco permanecen custodiadas por una cerca electrificada, en medio de una calurosa zona montañosa de Asunción Mita que paulatinamente será intervenida, según los planes de la empresa minera. En la zona también puede observarse vigilancia armada que constantemente patrulla alrededor en camionetas. La mina Cerro Blanco se instaló en 1997, pero desde hace 14 años ha encendido las alertas de ambientalistas guatemaltecos y salvadoreños por la amenaza que representa la actividad minera, principalmente para el río Lempa y la población salvadoreña.
En los últimos 10 años, la mina ha vertido alrededor de 4,000 galones de agua termal caliente por minuto, que al juntarse con los cuerpos de agua dulce cambia su composición y provoca que la vida acuática se vuelva lentamente insostenible. El proceso también termina por convertir el agua en un veneno para el consumo humano.
El destino de este río muerto de aguas termales vertidas por la mina es el lago de Güija, que comparte una parte con el territorio salvadoreño y que está conectado con el río Lempa. El Lempa, a su vez, baja y atraviesa El Salvador hasta desembocar en el Océano Pacífico.
La situación de contaminación es mucho más compleja que lo ocurrido en Asunción Mita. La contaminación de la mina no es un asunto exclusivo de los habitantes de este pueblo fronterizo, también afecta a más de la mitad de la población de El Salvador que depende del río Lempa. Las aguas contaminadas del río Ostua llegan al lago de Güija y luego, por conexión, al río Lempa. Del Lempa llega a los grifos, plantaciones y ganado de más de la mitad de los salvadoreños.
La cuenca del río Lempa abastece de agua al 55 % del territorio salvadoreño. El Lempa hace posible que el 37 % de los hogares de la zona metropolitana capitalina estén abastecidos de agua, según el informe de la PDDH sobre el proyecto de Cerro Blanco, en 2013. Para ponerlo en cifras más claras: cuatro millones de salvadoreños dependen, directa o indirectamente, del río Lempa. Sin el río, simplemente sería inviable la vida en El Salvador. Entender la situación del río y protegerlo no debería ser un asunto postergado, sino una prioridad para garantizar el futuro de El Salvador. Lo que llega al río afecta al resto de su cauce y consecuentemente a los salvadoreños que dependen de su agua.
Por esa razón, defensores ambientalistas y académicos coinciden en que la contaminación que genera la mina Cerro Blanco, a pesar de estar ubicada a 125 kilómetros de distancia de San Salvador, cruzando la frontera con Guatemala, es una problemática urgente de resolver y que amenaza el agua que los salvadoreños beben, reciben en sus grifos, utilizan para sus necesidades domésticas o para regar las plantaciones de alimentos que luego llegan a las mesas de las familias salvadoreñas.
La situación es desalentadora. En vez de retirarse, los dueños de la mina han asegurado públicamente que están interesados en seguir con su actividad minera. Han detectado que bajo los mantos acuíferos de Asunción Mita se encuentra una reserva mineral de la que pueden extraer más de 300,000 onzas de oro y un millón de onzas de plata anualmente, durante los próximos 11 años. Para su extracción, la compañía pretende realizar minería a cielo abierto; es decir, excavará un enorme cráter, que no solo drenará lo último que queda del acuífero subterráneo, sino que provocará una crisis ecológica que, por conexión, acabará por contaminar el río Lempa y consecuentemente al suministro de agua dulce más importante para la población salvadoreña.
Vista aérea de las instalaciones de la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. Video/ #GatoVolador
Un baño de muerte en las aguas de arsénico
Es 4 de junio, la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. En el lago de Guija, zona fronteriza de Metapán, Santa Ana, el clima está nublado y las tranquilas aguas reflejan como un gigante espejo el gris del cielo. Las comunidades agrícolas y pesqueras que viven del lago no tienen razones para celebrar nada. Lo que sí tienen es más de 12 años de estar combatiendo la contaminación, desde que descubrieron que las aguas están contaminadas con arsénico.
En vez de celebrar, se han organizado para hacer una protesta poco convencional. Montados en sus lanchas se desplazan hasta el punto limítrofe del lago para reunirse con las comunidades hermanas de Guatemala y manifestarse en contra de la minería metálica de Cerro Blanco. Gritan consignas y denuncian la muerte que ha venido asociada con la contaminación de compañías transnacionales.
Salvadoreños y guatemaltecos se organizaron, el 4 de junio, para protestar en contra de la contaminación que deja la mina Cerro Blanco en el lago Guija y, por conexión, en el río Lempa.
“Nosotros del lago vivimos. Si no tenemos qué comer, tampoco tenemos dónde ir”, dice Mirna Margarita Pérez, una mujer campesina, defensora ambiental y representante de las colectivas ecofeministas que organizaron la protesta.
Mirna Margarita también realiza trabajo voluntario como observadora de los niveles de contaminación del Guija. Contó que se sintió empujada a aprender, de forma autodidacta, nociones básicas de investigación científica para identificar tóxicos en el agua. Sus herramientas son goteros, placas de vidrio y una lupa. Con eso ha logrado identificar los elementos inorgánicos que yacen en las aguas y a llevar un detallado control.
Para Mirna Margarita es evidente que la vida alrededor del Guija es cada vez más difícil. El arsénico ha mermado la población de peces, incluso están empezando a presentar infertilidad en algunas especies. Mirna Margarita sabe que el agua no se puede consumir ni tratar, pero no tiene más opción que utilizarla para los oficios domésticos, porque en este lado de El Salvador el agua es un bien escaso.
La zona transfronteriza de Ostúa-Metapán, alrededor del lago de Güija, está poblada por aproximadamente 500,000 habitantes. El agua que ocupan, de forma compartida, los vecinos de Guatemala y El Salvador es poca. De hecho, aquí el agua potable solo cae dos veces a la semana, en un lapso de algunas horas. Esta no proviene del río, sino de pozos subterráneos que aún no han sido contaminados por el arsénico, pero cada vez esa circunstancia es la excepción.
María Margarita, al igual que sus compañeras organizadas, están conscientes de que esta lucha no solo se limita al lago, sino que incumbe a la población salvadoreña: “Si nos envenenan el lago, se envenena el río Lempa y pasa a todo el país”, asegura.
Aunque la minería no es la única responsable, ya que hay contaminación local que también degrada el agua del Lempa, parte de la evidencia que se tiene para sustentar esta afirmación son las crecientes cantidades de químicos como mercurio, hierro, nitrógeno amoniacal y especialmente arsénico encontradas en los estudios de calidad de agua en el cauce del río. La actividad minera es una de las principales fuentes de estas sustancias.
En 2020, según el más reciente “Informe sobre la calidad de agua en El Salvador”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el arsénico en la cuenca hidrográfica del Lempa se encontraba en el rango de 0.011 a 0.083 μg/L (microgramos por cada litro de agua), siendo el valor guía menor a 0.01 μg/L. Y concluye que el agua del río Lempa, en ningún punto, cumple con las características para ser potabilizada por métodos convencionales.
Esta sustancia química es la misma que se ocupa en conservantes para maderas, insecticidas y herbicidas, y en otros usos industriales relacionados a la producción de hierro. Y también se encuentra en cantidades muy por encima de la norma internacional en nuestra agua potable.
En el mismo lago de Güija los niveles de arsénico son críticos. Desde 35.57 μg/Kg en 2013 hasta un nivel de 49.82 μg/L tan recientemente como 2018.
Cidia Cortés, bióloga ecofeminista, acompaña a los habitantes organizados durante la protesta en lancha en el lago Guija. Foto/Emerson Flores.
Aunque es muy difícil de probar, la bióloga ecofeminista Cidia Cortés sí considera que se puede establecer un patrón entre los altos niveles de contaminación de arsénico y enfermedades que padecen los habitantes de la zona transfronteriza, quienes al no tener más opción, recurren al agua contaminada para su consumo.
“Existen estudios científicos que han demostrado la relación crítica entre la exposición a altos contenidos de arsénico y el desarrollo de la diabetes (…) Hay otras enfermedades que también están muy vinculadas con las contaminaciones ambientales, se trata de enfermedades de tipo crónico no transmisible, como las del sistema urinario, cánceres, y otros”, explica la bióloga Cortés.
En los datos consultados por Cortés en el Hospital Nacional de Metapán se puede observar un aumento alarmante en los casos donde la causa de muerte está relacionada a una de estas enfermedades.
“La mina (a cielo abierto) Cerro Blanco vendrá a aumentar lo que ya está grave, profundizando el deterioro de salud, en particular el de las mujeres, triplicando sus jornadas ya que también deben atender la enfermedad de su marido y la de sus hijos”, lamenta Cortés.
Las aguas ácidas de la minería a cielo abierto
Para David Pereira del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), experto en procesos de minería, la imagen que tiene que venir a la mente cuando se habla de minería a cielo abierto es la del cráter de un volcán, pero en medio del suelo.
“Extensiones de alrededor de 300 a 500 metros de diámetro, con una profundidad grandísima, 100 a 300 metros de profundidad. Son cráteres enormes”, así los describe el experto.
Para Pereira, el cambio de naturaleza del proyecto de una mina subterránea a cielo abierto sí resolvería la problemática de las aguas termales que tiene la compañía minera, pero a un costo ambiental altísimo. Se empieza a perforar el suelo desde la superficie, y con eso irán evacuando el agua en la medida que vayan profundizando.
Las principales diferencias entre ambas formas de minería radican en que la subterránea termina cuando se ubica el metal durante la exploración, y se construyen túneles siguiendo las pepas del oro, con sus respectivos niveles y galerías; mientras que en la minería a cielo abierto pueden encontrar el oro a poca profundidad, limpian una gran extensión de terreno, botan todos los árboles alrededor y empiezan las excavaciones con explosivos y maquinaria para ir rompiendo el suelo. En esta última, excavan en un patrón de caracol, lo que le da su característica forma de cráter.
El área que será intervenida por el proyecto minero Cerro Blanco es de 20 a 27 kilómetros cuadrados, según los estudios que la bióloga Cidia Cortés ha publicado. La compañía espera retirar roca de la parte subterránea a la superficie con una tasa de extracción de 1,250 toneladas de roca por día, o 456,000 toneladas por año, durante aproximadamente nueve años, según estimaciones de Cortés.
Con todo esto, la empresa minera espera obtener una ganancia de $272 millones anuales por la extracción de 300 kilos de oro cada año, manteniendo una presencia en la zona hasta el 2032.
La deforestación masiva y el desplazamiento de fauna, posiblemente amenazada o en peligro de extinción, solo es una de las aristas de lo grave que puede ser la minería a cielo abierto, según el análisis de Pereira. Pero su impacto no solo es en el lugar donde se realiza la excavación.
El proceso para separar el oro de la roca, ya que el oro nunca se encuentra en estado puro sino incrustado en la piedra, se llama lixiviación. Involucra químicos que de no ser tratados adecuadamente a la hora de su deposición terminan por destruir todo el ecosistema acuífero donde son vertidos.
Para hacer la lixiviación se tiene que colocar la roca molida extraída de la tierra en gigantescas piscinas, para luego regar una solución de agua con cianuro en la superficie. En algunos casos eso es a cielo abierto. El agua que se está distribuyendo sobre la roca comienza a bajar, y al ir bajando va capturando las partículas del metal, tanto del oro como la plata, explica Pereira.
La lixiviación trae consigo la generación de drenaje ácido; es decir, que convierte el agua dulce en agua ácida por la presencia de metales pesados sulfurosos, haciendo imposible la vida marina, el consumo para animales y, por supuesto, el uso para seres humanos. Esto no sucede inmediatamente, sino años después de que las mineras se retiran de los lugares.
“No hay manera de parar eso. No conocemos tecnología en ningún país del planeta para resolver permanentemente ese problema. Hay ensayos, pero duran muy poco, 5 años, 10 años, y luego vuelve a aparecer. Esta es la peor amenaza, la más grave que tenemos frente a la minería metálica”, afirma Pereira.
No solo el agua se contamina con la actividad minera a cielo abierto, sino también el aire. El cianuro, una especie de gas muy volátil, vuela con las partículas de agua en las corrientes de aire a kilómetros de la zona donde se realiza la lixiviación. Eventualmente, si hay comunidades cerca, las partículas de agua caen sobre la piel, provocando padecimientos dérmicos que se manifiestan en forma de llagas y picazón incesante, que puede derivar en graves infecciones. Tampoco hay tratamiento para los problemas de piel por la exposición al cianuro.
Salir vivo de la mina fue un milagro
Feliciano Orellana trabajó para la mina Cerro Blanco hace 12 años, hasta que un accidente con una excavadora en los túneles lo dejó con una discapacidad motora permanente. En medio de la noche, al terminar su largo turno de 12 horas perforando a 400 metros de profundidad, Feliciano, ayudante de perforista, junto con otros compañeros mineros se disponían a recoger las herramientas e irse a casa. Las jornadas eran especialmente agotadoras por el calor agobiante de las aguas termales subterráneas que se infiltraban en el suelo de la mina mientras excavaban.
Feliciano Orellana sufrió un accidente laboral en la mina Cerro Blanco y luego fue abandonado por la compañía. Terminó pagando su propia recuperación. Foto/Emerson Flores.
Cuando hacían el ascenso hacia la superficie, el operador de la excavadora le gritó a Feliciano que se quitara del camino, porque lo había visto demasiado tarde en la oscuridad como para frenar la máquina a tiempo. Feliciano, con el ruido de las máquinas y las explosiones, no alcanzó a escucharlo. Para cuando se fijó, la máquina ya lo había tumbado bocabajo y arrollado. La bestial máquina se detuvo justamente antes de que aplastara su nuca. “Muerto me sacaron de ahí”, relató a GatoEncerrado.
Feliciano sufrió fracturas en su pelvis, ambas piernas, el brazo derecho y hemorragias internas en su estómago. Fue ingresado durante dos meses en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en la capital guatemalteca, donde le realizaron múltiples operaciones para salvarle la vida. La empresa Entre Mares, subsidiaria de la minera canadiense Goldcorp, exdueña del proyecto Cerro Blanco, costeó los gastos médicos de Feliciano durante tres meses, pero después no volvió a recibir ni un solo quetzal, ni siquiera una indemnización por el accidente o una correspondencia formal de su despido.
“Para mí fue difícil. Poco a poco me fui recuperando. De mi operación quedé mal, sin dinero ni nada para seguir mi recuperación. Ya no tenía con qué (…) La mina no es una mina responsable, porque mire cómo quedé, y siendo de la comunidad y el proyecto de aquí, yo estaba abandonado”.
Fachada de mina Cerro Blanco en Asunción Mita. Foto/Emerson Flores.
Feliciano no volvería a caminar hasta tres años después del accidente laboral, tiempo en el que tuvo que someterse a otras intervenciones médicas, pero esta vez en clínicas privadas de Antigua Guatemala. Sin ayuda económica, solo se valió de sus ahorros, lo que la iglesia católica de Asunción Mita podía donar y la buena voluntad de los vecinos de Cerro Blanco. En total, calcula que sus gastos médicos alcanzaron los 30 mil quetzales, alrededor de $4 mil dólares estadounidenses.
Feliciano llegó incluso a presentarse en las oficinas de Goldcorp en Canadá para denunciar lo que los trabajadores habían padecido, y la irresponsabilidad que tenía la transnacional con los pueblos, con su medio ambiente, con sus formas de sustento y sobre todo con la vida de la gente de los países donde se instalaba. Ni aún así pudo obtener una compensación por el accidente.
Hoy, Feliciano pasa sus días en su casa en la comunidad aledaña a Cerro Blanco. Cuenta que últimamente, con la reactivación del proyecto, viene personería de la nueva administración de la mina a querer hablar con él, para que firme una autorización donde diga que está de acuerdo con que ahora, en vez de ser una minera de túneles, pase a ser una a cielo abierto.
“Para firma de papeles, que la mina no cuente conmigo. Si quieren que trabaje o no trabaje, no me interesa eso. Pero lo mejor es que se fueran, para que no estén enfermando a la gente”, cuenta Feliciano que les dice cada vez que los emisarios de la mina lo buscan en medio de la campaña para ganarse la voluntad de la comunidad.
GatoEncerrado encontró a representantes de la minera, en una vivienda de la comunidad aledaña al proyecto minero, donde estaban reunidos con cuatro vecinos. No quisieron identificarse y prometieron que al finalizar la reunión darían declaraciones a esta revista. Pero no fue así, al terminar la reunión se fueron.
