El equipo Ad Hoc, liderado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recientemente anunció una serie de reformas al articulado de la Constitución; siendo un total de 196 propuestas de reformas que pretenden transformar igual cantidad de artículos de la Constitución.  De momento, lo más destacado en cuanto al mismo es el mecanismo para la aprobación de reformas constitucionales, el cual se haría mediante un referéndum. Dicho documento será entregado al presidente Bukele el día 15 de septiembre de 2021, en el marco de la conmemoración del bicentenario.

De momento, se desconoce la totalidad de los contenidos de las formulaciones lingüísticas que reformarían el actual texto del articulado de nuestra Constitución. A pesar de ello, me atrevo a afirmar que, en esencia, las modificaciones son orientadas a Órganos fundamentales y no fundamentales, a mecanismos de participación democrática, a la incorporación de Derechos Fundamentales y, especialmente, a la virtual modificación del sistema democrático, de gobierno y político del país.

Respecto de este último aspecto, diversos expertos en materia constitucional han expresado su preocupación ante la pretenciosa dotación de formalismo constitucional a un golpe de Estado manifiesto, el cual permitiría la reelección presidencial de manera indefinida, generando una pérdida absoluta de garantías constitucionales y fundamentales; retrocediendo a los tiempos de las dictaduras militares (1931-1979).

Dicha preocupación no es para menos, sobre todo por los rasgos autoritarios que ha dejado evidenciar Bukele, por sus ansias de acumular poder y la consolidación de su proyecto oligárquico. Sin embargo, considero que, el ejercicio de estudio de la Constitución para la elaboración y propuestas de reformas a la misma, es una acción menester para su perfectibilidad, de forma tal que sea capaz de responder de mejor manera a la realidad de nuestro país. En este sentido, me es necesario desarrollar una propuesta de reforma a la Constitución, la cual considero trascendental para la transformación radical de la cultura, del sistema y del cambio de paradigma en los estilos de vida de todas y todos

Actualmente, el preámbulo y el artículo 1 de la Constitución, en resumidas cuentas, manifiestan el decanto del constituyente por un enfoque antropocentrista de la misma. El antropocentrismo es una corriente filosófica europea que surgió con la época del renacimiento (siglos XV y XVI), según la cual el ser humano es el centro de todo y el fin absoluto de la creación; en este orden de ideas, la satisfacción de los intereses de la especie humana deben recibir atención moral por encima de cualquier cosa. Así, la naturaleza humana, su condición y bienestar son los únicos principios de juicio con los que deben evaluarse los demás seres y la organización del mundo en su conjunto.

El seguimiento de esta filosofía de vida ha llevado a que el mundo transite –y El Salvador como parte del mismo- a lo que se ha denominado como la crisis de la civilización industrial moderna o, simplemente, crisis civilizatoria. Esta gran crisis se dimensiona en la crisis económica, social, política y ecológica. En cuanto a la crisis ecológica, la misma se ha ensanchado debido a la pérdida de conexión entre la sociedad humana y la sociedad natural, por la negación de nuestra condición animal, al establecimiento de relaciones de dominación, amo y señor del hombre hacia la naturaleza; la generación de riqueza ilimitada a costa de bienes limitados, finitos y vulnerables; por el desprecio al reconocimiento de otras formas de vida distinta a la humana; por la cosificación y mercantilización de los diversos bienes naturales que, considerados en su conjunto, hacen posible el desarrollo de la vida; y, en general, por  un cuadro de valores propios del sistema capitalista y antropocentrista.

La situación anterior ha llevado a la humanidad al colapso ecosocial, a grandes rasgos, se puede mencionar la pérdida de capacidad de recarga hídrica de los mantos acuíferos como consecuencia de la impermeabilización de los suelos y la deforestación; la contaminación de las diferentes fuentes de agua; la extinción acelerada de especies animales; la pérdida de la calidad del aire; el calentamiento global; entre otros males que, en definitiva, implican el suicidio de la especie humana y el asesinato de todas las formas de vida.

Para enfrentar esta gran crisis del sistema capitalista; países como Ecuador y Bolivia han reformado su Constitución. Tales reformas implican un cambio radical de paradigma, de las formas de concebir las diversas manifestaciones de vida y la transformación de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. En esencia, reconocieron los Derechos Fundamentales de la Naturaleza, los cuales son los Derechos Constitucionales de Libre Contaminación, a la Sustentabilidad de Todas las Formas de Vida, a la Salud Integral, al ejercicio de sus funciones esenciales y el Respeto a sus Procesos Regenerativos.

Esta constitucionalización de los Derechos de la Naturaleza corresponde a lo que la doctrina ha llamado Constitucionalismo Ecológico o Nuevo Constitucionalismo, la cual es una corriente propia de Latinoamérica y que surge del reconocimiento de la crisis ecológica, de la preocupación de sus consecuencias y, además, de la aceptación que el antropocentrismo es inviable; por lo que, en lugar de colocar en el centro a la vida humana, es más propicio concebir como eje central y como principio fundamental de la Constitución la veneración y respeto de cualquier forma de vida, sin importar que sea vida humana, vegetal o animal; así como la necesidad de transformar las relaciones de dominación del hombre hacia la naturaleza por relaciones basadas en lazos de solidaridad, respeto y armonía. Todas estas ideas filosóficas se engloban en el supraconcepto del “biocentrismo”.

Una reforma biocentrista incrustada en la Constitución de El Salvador es útil, pertinente y necesaria; sobre todo si consideramos que El Salvador cada vez cuenta con menos cobertura arbórea debido a la construcción indiscriminada de residenciales de lujo y centros comerciales; que los marcos normativos y políticos estimulan la sobreexplotación de los bienes naturales; y, además, que el río Lempa agoniza a pesar de ser un bien socioambiental estratégico para la vida del país.

Esta reforma transversal a la Constitución (entre otras como la incorporación del enfoque de género y el reconocimiento de la pluriculturalidad del país) sería más importante y adecuada para responder al momento histórico actual, en el que la crisis sanitaria del coronavirus solo es la punta del iceberg de una crisis sistémica aún mayor; en lugar de intentar dotar de formalismo constitucional a la modificación de aspectos como la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, al socavamiento a los mecanismos de control y otros aspectos que, para el actual Gobierno, le resultan ser aspectos fastidiosos o engorrosos.