Opinión

Crisis continuas y política fiscal

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César Melgar

Asistente de Investigación del Área Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La política fiscal en la región centroamericana debe estar encaminada a mejorar el bienestar de la población, realizando un gasto de calidad y buscando satisfacer aquellas necesidades sociales básicas y garantizar derechos y así, minimizar los riesgos que pueda tener la población de quedar vulnerable a los efectos de futuras crisis.

Por César Melgar*

En retrospectiva, antes de que iniciara el presente siglo, más de alguien pensó que al llegar al momento presente de la historia, la humanidad habría llegado a un nivel donde se podría tener “las recetas” para “mantener el control” en diversas situaciones, esto gracias a los grandes avances científicos y tecnológicos. A pesar de que efectivamente hemos sido testigos de grandes avances en dichas materias, la sociedad actual enfrenta desafíos complejos, y aún más en plena crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

En el transcurso de los primeros 20 años de este siglo se han observado al menos cuatro crisis económicas que en menor o mayor medida han complicado la situación financiera en el mundo, incluyendo dos que presentaron períodos de recesión económica global (tal es el caso de la ocurrida en 2009 con una pérdida de producto del -1.67% y la del año 2020 con una pérdida de -3.20%, según datos del Banco Mundial). Aunque es cierto que han existido períodos de recesión en diferentes países y regiones, la existencia de crisis globales, agrava la situación de aquellos países que lidian con sus problemas particulares (esto debido a la interconexión global y la interdependencia del comercio internacional).

Y en estos momentos la turbulencia parece no alejarse. Cada día crecen los temores de que existan altos niveles de inflación a nivel global en lo que resta del año, debido a la escasez de contenedores en el mundo. Además, existe la preocupación por los posibles efectos que pueda generar la quiebra de la empresa inmobiliaria Evergrande en China. 

A las fluctuaciones económicas que se puedan dar, hay que agregar el fantasma de una nueva pandemia global. La comunidad científica alerta (tal y como lo hizo con la covid-19), de la amenaza de un patógeno (conocido o no) que pueda mostrar gran resistencia a los tratamientos existentes, y llevar al mundo a una situación parecida a la actual.

Durante los períodos de crisis, la política fiscal se convierte en una herramienta importante para mitigar los efectos negativos que de dicha crisis se puedan derivar, a través de diversos mecanismos tales como: transferencias a familias o a ciertos sectores productivos, recortes de impuestos, amnistías fiscales, o rescates financieros. También se puede incluir, en un contexto de pandemia, gastos generados por adquisición de más medicina e insumos sanitarios, gastos para obtener vacunas, construcción de hospitales permanentes o temporales, etc.

Generalmente, para lograr estos objetivos, los gobiernos incurren en déficit fiscal, cubriendo el mismo con deuda.  Y en las últimas crisis, se ha podido corroborar dicha afirmación. Por ejemplo, en la región centroamericana, debido a la crisis de la covid-19, la deuda gubernamental pasó de estar entre el 26.5 y el 71.3% del PIB en 2019, al situarse entre el 32% y el 84% en 2020.

Este peso adicional en las finanzas públicas de los países de la región, complican aún más sus particulares situaciones, en donde se deben combatir los problemas estructurales que no permiten un despegue económico y social. 

 

 

Las lecciones vividas con la crisis de la covid-19, provoca la inquietud de cuándo estaremos frente a la próxima crisis global. Por ello, surgen las siguientes dudas: ¿qué tan débiles quedarán las finanzas públicas de la región como consecuencia de la presente crisis? ¿Se podrá seguir utilizando la política fiscal de forma sostenible para hacer frente a la próxima crisis económica o sanitaria?  

La política fiscal, según su concepción teórica existe para ser “una herramienta con la que cuentan los Estados para mejorar el bienestar de todas las personas, promover un crecimiento económico, sostenido y sostenible y fortalecer la cohesión social” (ICEFI, 2018). De acuerdo a la definición anterior, una política fiscal ideal, debería sentar las bases para amortiguar las posibles consecuencias de una crisis que aparezca de forma súbita; y no solamente para apagar incendios, y mucho menos, ser el germen de nuevas crisis (tal como en el caso de la crisis latinoamericana de la deuda de la década de 1980, o la crisis de deuda en Europa de la década pasada).

Por ello, la política fiscal en la región centroamericana debe estar encaminada a mejorar el bienestar de la población, realizando un gasto de calidad y buscando satisfacer aquellas necesidades sociales básicas y garantizar derechos y así, minimizar los riesgos que pueda tener la población de quedar vulnerable a los efectos de futuras crisis.

Parte del desafío es la reestructuración del gasto actual, el cual prima el gasto por funcionamiento (absorbiendo entre el 10% y el 15% del PIB), frente al gasto de inversión, al cual solo se destina entre el 1.2% y el 4.8 % del PIB. Está ejecución efectiva del gasto debe ir acompañada de una recaudación tributaria eficiente, que permita ir ajustando las finanzas públicas, de modo que el uso de la deuda pueda ser realizado de una manera estratégica y complementaria.

Con un manejo adecuado, la política fiscal puede convertirse en una herramienta que ayude a resolver los problemas presentes, mejorando las condiciones de vida en la región, disminuyendo así las crisis permanentes y particulares de cada país, pero al mismo tiempo, con la misma se pueden ir forjando los cimientos para enfrentar con mayor tranquilidad y fortaleza, las potenciales crisis globales del futuro. 

 

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César Melgar

Asistente de Investigación del Área Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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