Por Mónica Campos

Organizaciones civiles llegaron este 12 de octubre al Ministerio de Justicia y Seguridad para solicitar la nulidad absoluta del cargo de Giovanni González, actual director de Atención a Víctimas y Migración Forzada. La petición dirigida al ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, se da luego de que GatoEncerrado reveló que González no cumple con los requisitos para el cargo porque no tiene la formación necesaria. González, además, es esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, funcionaria crítica del nepotismo y la corrupción en la Comisión de Sobresueldos.

González pasó de ser pastor evangélico, profesor de bachillerato y promotor deportivo en la Alcaldía de Santa Tecla a ser funcionario del Ministerio de Seguridad en 2019. Ahí estuvo en tres cargos diferentes en los últimos dos años. En el más reciente fue nombrado el 1 de junio de 2021 como director de Atención a Víctimas. González también funge actualmente como director suplente por NI para la Junta de Vigilancia Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La hoja de vida del funcionario, obtenida por GatoEncerrado a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del ministerio, evidencia que tiene el título académico de “Ministro del Evangelio graduado del Tabernáculo Bautista Amigos de Israel y Licenciado en Teología del Colegio de Teología de El Salvador”. Pero el Manual de Descripción de Puestos del Ministerio de Justicia requiere para el puesto una licenciatura en Relaciones Internacionales o Ciencias Jurídicas, dominio intermedio del inglés, dominio de paquetes ofimáticos, más de cinco años de experiencia laboral en dirección administración y gerencia; y formación especializada en temas relativos a drogas, regulaciones y leyes aplicables, tal como consignaron las organizaciones en el escrito de nulidad presentado.

Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que esperan que el ministro Villatoro responda a la solicitud para que las víctimas tengan un acceso efectivo a una protección del Estado salvadoreño, como lo mandata la ley y como está establecido en legislación nacional e internacional. GatoEncerrado también reveló que bajo la administración de González una familia pasó tres días sin recibir alimentos en un albergue estatal y sin atención médica urgente; fue por eso que tuvo que renunciar a las medidas de protección. Por lo ocurrido en el interior del albergue, la familia interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) el pasado 28 de junio. 

Las organizaciones también denunciaron que hay desconexión entre la Dirección de Atención a Víctimas y las organizaciones. “Es necesario que haya un trabajo articulado, porque las víctimas de desplazamiento forzado recurren a las organizaciones de sociedad civil para buscar ayuda humanitaria”, explicó Karla Guevara, del Colectivo Alejandría. 

Por su parte, Abraham Ábrego de Cristosal expresó que es preocupante que la Ley Especial de Atención y Protección a Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, que entró en vigencia en enero de 2020, no se esté aplicando: “En febrero, nosotros presentamos una propuesta de reglamento para la ley de desplazamiento, con el objetivo de avanzar en la implementación de la ley. La ley daba 90 días para emitir ese reglamento y desde febrero que la presentamos no hemos recibido ninguna respuesta del ministerio”, informó.

Según esta ley, la Dirección de Atención a Víctimas debe articular un sistema de protección de víctimas, pero aún no se ha conformado el comité interinstitucional encargado de crear la política y los protocolos a seguir, según explicó Ábrego.

Amenazas a la prensa

Luego de dar declaraciones a la prensa, los representantes de las organizaciones se acercaron a la puerta del Ministerio de Justicia para presentar el escrito para solicitar la nulidad del nombramiento, pero un empleado público que no se identificó pidió que los periodistas que hacían cobertura no tomaran fotografías y amenazó con demandarlos si desobedecían. Una agente policial, que custodiaba la entrada, también ordenó a los periodistas que dejaran de grabar.