Foto/Leo Pacas
Esposo de diputada de Nuevas Ideas asumió la Dirección de Atención a Víctimas sin experiencia ni formación
Una de las primeras órdenes que el presidente Nayib Bukele dio, a través de Twitter, fue limpiar las instituciones públicas de personas contratadas solamente por ser familiares o conocidos de funcionarios de gobiernos anteriores. Bukele, su gabinete e incluso sus seguidores han sido críticos del nepotismo. Pero una cosa es el discurso público y otra la realidad. GatoEncerrado corroboró un nuevo caso de nombramiento de personas en puestos de dirección que tienen vínculos con funcionarios. En junio de este año, el esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, fue nombrado director de la Oficina de Atención a Víctimas sin tener más experiencia que ser pastor evangélico, profesor de matemáticas y promotor deportivo en la alcaldía de Santa Tecla.
Por Mónica Campos
Sofía* y sus tres hijos recibieron un mensaje abrumador: la pandilla de su colonia los estaba buscando para asesinarlos —en pleno 2021 y a pesar del plan Control Territorial que publicita el gobierno de El Salvador—. Una tarde, luego de semanas de zozobra, un grupo de pandilleros decidió cumplir la advertencia, pero la familia logró escapar. Esa misma tarde, Sofía y sus hijos abandonaron su casa, con lo poco que poseían, y salieron sin rumbo y sin decirle a nadie. Se fueron con lo que llevaban puesto y con el dinero que tenían en sus bolsillos.
Cansados y todavía helados por el miedo, llegaron a una de las sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) para poner una denuncia por intento de homicidio. Luego de un proceso burocrático, sin tener adonde ir, fueron remitidos a un albergue estatal administrado por la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DNAVMF) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el mes de abril de este año.
Dos meses y medio después de haber ingresado al albergue, Sofía tuvo que renunciar a las medidas de protección, debido a una serie de malos tratos. Los días 25, 26 y 27 de junio, Sofía y sus tres hijos pasaron hambre bajo la tutela del Estado salvadoreño. Esos tres días no recibieron alimentos en un albergue custodiado, en el que las víctimas no tienen permitido salir por su cuenta y regresar al resguardo. Así consta en una denuncia que Sofía interpuso el día 28 de junio ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La situación no era tan mala al inicio. Sofía relató a GatoEncerrado que durante su primer mes en el recinto fueron atendidas algunas de sus necesidades más inmediatas, pese a la precaria situación del resguardo donde no tenía acceso a medicinas ni alimentos como pan o queso. Su mayor tranquilidad era que su hija, Camila*, quien sufre una enfermedad crónica, era trasladada al hospital cuando la situación lo ameritaba.
A inicios de junio de este año, hubo cambios en el personal de la Dirección de Atención a Víctimas. Giovanni González llegó a ocupar el puesto de director de Atención a Víctimas. Desde entonces, los controles médicos de Camila dejaron de realizarse y su dieta blanda dejó de llegar. Sofia enviaba la lista de alimentos necesarios para la dieta de su hija, pero lo que recibía eran sardinas y macarrones. Así que tomó la decisión de no firmar de recibido. En consecuencia, los alimentos fueron suspendidos en su totalidad para toda la familia.
Para resolver la situación, Sofía solicitó hablar con González, el nuevo director. En esa conversación, explicó que la nueva administración del albergue, recientemente modificada por González, estaba negando el derecho a la salud de su hija y a la alimentación de toda la familia. También explicó que era urgente conseguir un médico o al menos una aspirina, pues en el recinto no había medicinas.
Al terminar la conversación, González se comprometió a enviar ese mismo día un médico y además prometió que regresaría al día siguiente para hablar con Sofía y verificar si hubo algún cambio en la situación. Pero González no cumplió su promesa y el doctor nunca llegó. Mientras tanto, Camila se desangró en una hemorragia que Sofía no pudo controlar.
Un director sin idoneidad
Antes de ser director de Atención a Víctimas, Giovani González tuvo trabajos que poco tienen que ver con el cargo, según su hoja de vida obtenida por esta revista a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Fue profesor de matemáticas en tercer ciclo y bachillerato. En 2018, fue promotor deportivo de la Alcaldía de Santa Tecla liderada por el exalcalde arenero Roberto d’Aubuisson. Ese mismo año, fue invitado varias veces a una revista matutina de televisión como pastor del Ministerio Cristiano Jóvenes de la Cruz. Su hoja de vida describe su formación académica como “Ministro del Evangelio graduado del Tabernáculo Bautista Amigos de Israel y Licenciado en Teología del Colegio de Teología de El Salvador”.
Sobre la celebración de "Halloween" nos orientó esta mañana el Pastor Giovanni González López. pic.twitter.com/V80l5WAuqL
— Arriba Mi Gente 21 (@ArribaMiGente21) October 31, 2018
González también es un personaje que promueve actividades del partido oficialista Nuevas Ideas (NI). El 24 de junio de 2019 pasó de pastor y profesor a empleado público en el Ministerio de Justicia y Seguridad, con la llegada del gobierno de Nayib Bukele. En dos años, González ha tenido varios cargos en el ministerio: director de Prevención Social de Violencia y Cultura de Paz, Director de Toxicología y Director General de Proyectos Especiales y Prevención.
El funcionario también es esposo de la diputada del partido Nuevas Ideas, Rebeca Santos. En las más recientes elecciones legislativas y municipales, fue director suplente por NI para la Junta de Vigilancia Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente encargado de vigilar y fiscalizar el escrutinio final durante las elecciones en las que resultó ganadora su esposa.
Su esposa Rebeca Santos es presidenta de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos y también es la relatora en la Comisión Especial que investiga sobresueldos en gobiernos anteriores. En esa última comisión ha cuestionado, en distintas ocasiones, la falta de ética con la que exfuncionarios han recibido sobresueldos. Santos fue electa por el departamento de La Libertad y es originaria del municipio de Nuevo Cuscatlán. Durante su campaña política, en una entrevista en febrero de 2021, se jactó de ser quien presentó públicamente a Nayib Bukele en la colonia Altos de Nuevo Cuscatlán, en 2011. “Fue en casa de mis padres donde presentamos a Nayib como candidato a alcalde por primera vez y tuve el honor de ser yo quien lo presentara a él por primera vez en la política”.
En esa misma entrevista, conducida por el ahora diputado oficialista Carlos Bruch, hubo críticas a la poca alternancia en las candidaturas de los partidos políticos. Santos cuestionó el nepotismo diciendo que en los puestos del Estado siempre ponen a “los hijos, los cuñados, la familia”.
Esa no fue la única vez que Santos ha sido crítica con el nepotismo. El 14 de marzo de 2021, antes de asumir su cargo como diputada, sugirió en twitter publicar los nombres de las plazas de la Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa de La Libertad, para dejar en evidencia las plazas otorgadas a familiares de diputados: “Salarios jugosos, más plazas fantasmas y familiares de los actuales diputados”, tuiteó.
A la luz de sus críticas al nepotismo, GatoEncerrado preguntó a la diputada Santos si consideraba ético el nombramiento de su esposo como director de la oficina de atención a víctimas sin tener formación académica ni experiencia para el puesto, pero la funcionaria solo guardó silencio y siguió caminando en un pasillo de la Asamblea Legislativa, el 21 de septiembre. El encargado de prensa de la diputada Santos tomó datos de la periodista que hizo la pregunta para gestionar una entrevista formal, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no hubo respuesta. A pesar de que Nayib Bukele y sus diputados han criticado el nepotismo de gobiernos anteriores, la práctica de poner familiares y conocidos en plazas del Estado es algo que se repite, como en este caso de Rebeca Santos y su esposo.
Expertas en desplazamiento forzado interno coincidieron en que la hoja de vida de González no justifica su nombramiento como director de una oficina que trabaja en resguardar a víctimas y sobrevivientes. Johanna Ramírez, coordinadora del Área de Atención a Víctimas del Servicio Social Pasionista (SSPAS), considera que el Ministerio de Justicia no ha tenido en cuenta la relevancia de la Dirección de Atención a Víctimas en los procesos para nombrar a sus titulares.
“Los directores que se han nombrado anteriormente y el actual, no reúnen, digamos, las credenciales para poder ejercer este cargo que no es un cargo político, es un cargo técnico que requiere una experticia muy especializada para poder operativizar todo el sistema de atención”, comentó Ramírez a GatoEncerrado.
Ramírez también calificó de preocupante el constante cambio de personal en el albergue: “Ha habido distintos cambios, a su vez, cuántos directores han habido y también distintos cambios en el personal, por despidos, por terminaciones de contratos”, dijo.
En el reporteo de esta historia, GatoEncerrado también consultó a mujeres que lideran diferentes organizaciones de derechos humanos sobre la idoneidad de González para dirigir la oficina que atiende a víctimas y todas cuestionaron, como Ramírez, que González no cumple con el perfil esperado. Esas mujeres consultadas prefirieron, por el trabajo que hacen con víctimas, no ser identificadas en esta nota.
En estos dos años y cuatro meses de la administración gubernamental del presidente Nayib Bukele, la oficina de Atención a Víctimas ha tenido tres directores. El primero fue Henry Flores, quien tampoco tenía las credenciales y abandonó su gestión en enero de 2020 para dedicarse a la campaña política para luego convertirse en el actual alcalde de Santa Tecla, por el partido NI. El segundo fue Roberto Cárcamo, quien solo duró un año y cinco meses. El más reciente, en junio de 2021, es el actual director Giovani González. Desde que éste último fue nombrado, Sofía (la protagonista de la historia que acompaña esta nota) y organizaciones de sociedad civil comenzaron a percibir más cambios de los habituales en el personal de la administración del albergue.
Cumplidos los dos años de gobierno, el 2 de junio, el presidente Bukele llegó a la Asamblea Legislativa a rendir su discurso de gestión, que fue transmitido en cadena nacional. Esa noche, Bukele enumeró los logros de su gestión y luego pasó a decir que la oligarquía había perdido el poder formal del país, y que a raíz de esto “tuvieron que salir a dar la cara, a pelear por el poder con su aparato ideológico desde sus fundaciones, sus tanques de pensamiento y sus oenegés o ahora como le dicen OSC (organizaciones de sociedad civil)”. Luego, anunció un quinto paso en su plan político: La batalla del pueblo salvadoreño contra el aparato ideológico.
Atención a Víctimas se distancia de sociedad civil
Dos organizaciones que trabajaban en coordinación con la Dirección de Atención a Víctimas aseguraron a GatoEncerrado que existe una directriz de no trabajar en conjunto con organizaciones de sociedad civil desde principios de junio. Las organizaciones apoyaban a la Dirección de Atención a Víctimas para suplir necesidades de alimentación, ayuda económica y atención psicosocial de los usuarios del albergue.
Un alto cargo en una de esas organizaciones, quien prefirió hablar en anonimato, dijo a esta revista que el nuevo director de Atención a Víctimas “ha deshecho todo lo que se había logrado para atender a las víctimas de desplazamiento”. Agregó que las instalaciones se han deteriorado y que están utilizando espacios comunes en el albergue como bodega.
Johanna Ramírez, del Servicio Pasionista, explicó que desde inicios de junio no tienen comunicación directa con la Dirección de Atención a Víctimas. “Según información que nos ha trasladado personal al interior de la institución, hay una directriz por parte del director de no coordinar. No sabemos si esta directriz es solo del director o también el ministro (de seguridad, Gustavo Villatoro) está de acuerdo en esta decisión”, detalló.
La articulación era habitual. Incluso el protocolo de Actuación para Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, documento que plantea los lineamientos de trabajo de la Dirección, fue realizado tomando en cuenta a organizaciones como Cristosal, Cruz Roja Salvadoreña, SPASS, IDHUCA y organismos internacionales como la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Ramírez también dijo que en junio, incluso, les costó mucho trabajo tratar de identificar quién era el nuevo titular de la Oficina de Atención a Víctimas, porque no se había hecho de conocimiento público que el anterior director, Roberto Cárcamo, ya no estaba en funciones. Aseguró que se enteraron “producto de la casualidad”.
Si bien es cierto, las organizaciones de sociedad civil aseguran que desde la llegada de González hubo retrasos y afectaciones al trabajo con las víctimas, esto no es nuevo. En la gestión del exdirector Cárcamo no se garantizaba la coordinación con la PDDH, según explicó a esta revista la procuradora adjunta para la defensa de los derechos de las personas migrantes y seguridad ciudadana, Silvia Beatriz Campos.
“El anterior (exdirector Roberto Cárcamo) no me contestó las solicitudes de audiencia que le realicé y la actual administración ha coordinado más a nivel operativo, con el jefe del departamento, para buscar un mecanismo de derivación de casos”, dijo la procuradora adjunta.
En su estancia en el albergue, Sofía alcanzó a recibir apoyo económico de las organizaciones no gubernamentales. Recuerda que en una ocasión recibió $300 por parte de una organización para comprar suplementos nutricionales y medicamentos para su hija Camila, cuando salió del hospital. El dinero también le sirvió para pedirle a un empleado del albergue que le comprara el alimento que no le era proporcionado por la administración.
Resguardadas en la precariedad
Las carencias en el albergue eran desesperantes, recuerda Sofía. El último día que estuvieron en resguardo, cuando ya no tenían alimentos, una familia que también estaba resguardada les regaló un poco de comida. Con esos alimentos, Sofía tuvo que racionarlos para que pudieran comer, al menos, sus tres hijos. Para intentar engañar su hambre, Sofía se preparó un vaso de agua con azúcar y ese fue su almuerzo.
El Protocolo de Actuación para Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno plantea que la dirección debe garantizar condiciones de vida digna, acceso a la salud, educación y alimentación. Sin embargo, la misma Dirección confirmó a esta revista, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que actualmente este protocolo se aplica “en la medida de las posibilidades y recursos existentes”.
El protocolo puede ser bueno, pero de poco sirve si no hay fondos para ejecutarlo, dijo a GatoEncerrado la exdirectora de Atención a Víctimas en el último gobierno del FMLN, Fátima Ortiz, quien estuvo en funciones desde 2014 hasta 2019. Ortiz explicó que el financiamiento para la Oficina de Atención a Víctimas siempre fue un problema, incluso en la administración gubernamental del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
“Los temas de derechos humanos, niñez, víctimas, a ningún gobierno le son agradables. Reconocer que hay víctimas es reconocer que hay un fracaso”, reconoció la exfuncionaria.
El financiamiento para el funcionamiento del albergue y la dirección provenía de extinta Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), impuesto para el cual la gestión Bukele no solicitó renovación; y fondos de la Unión Europea para el Plan El Salvador Seguro. Esas dos fuentes de financiamiento ya no están disponibles.
En los últimos dos años, el rubro 05 del presupuesto general del Ministerio de Justicia, “Atención a Víctimas”, destinado al mantenimiento de centros de atención, ha sufrido reducciones significativas. En 2020, el presupuesto cayó a los $269,315 y bajó aún más, quedando en $233,335 en 2021, el número más bajo de asignación a ese rubro en los últimos ocho años. Además, y por primera vez en ocho años, el monto neto está destinado a remuneraciones. Es decir, el presupuesto ni siquiera contempla inversión en alimentación para las víctimas que son atendidas. Si les dan alimentación, los recursos provienen de otro fondo que no está explicado en el presupuesto de la institución.
Según los presupuestos, la Oficina de Atención a Víctimas es “fortalecida” mediante el “programa de cooperación para la justicia y la seguridad”. El dinero es donado por la cooperación internacional. En 2019, este rubro recibió una inyección de $712,335 en donaciones; en 2020, recibió $800,000 y en 2021 la cifra tuvo un incremento considerable con $1,644,950, por lo que la dirección subsiste mayoritariamente de la cooperación, pero este dinero no se utilizó para el albergue, según la respuesta a una solicitud de información que entregó la dirección.
GatoEncerrado pidió el presupuesto del albergue o de los centros de atención, vía Ley de Acceso a la Información, pero la Oficina de Atención a Víctimas respondió que no existe un presupuesto destinado exclusivamente para su funcionamiento, ya que el edificio que se utiliza fue otorgado a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) y el personal que lo atiende es parte de la Dirección de Atención a Víctimas y Migración Forzada.
La Oficina de Atención a Víctimas también confirmó, a través de la Unidad de Acceso a la Información, que el albergue opera con fondos de la unidad presupuestaria 05, “Atención Integral a Víctimas”, que según la información oficial tiene fondos únicamente para remuneración de empleados. GatoEncerrado también solicitó una entrevista a través de la unidad de comunicaciones del Ministerio de Justicia, pero hasta el día de la publicación de este reportaje no fue concedida.
Las prioridades presupuestarias del Ministerio de Justicia se han volcado a la compra de equipo técnico para la Policía Nacional Civil. El presupuesto para el rubro de Seguridad Pública, en 2021, ha aumentado 64 % con respecto a 2018, cuando el gobierno del FMLN ya priorizaba la compra de insumos y armas para la Policía por encima de otras carteras de Estado. En 2018, el monto destinado a ese rubro fue de $297,874,560 y en 2021 es de $465,464,329.
Este año, casi el total de los fondos para Seguridad Pública, un 92.69 % (es decir, $431,425,778) están destinados a “eficacia policial”, una línea de trabajo que tiene como propósito desarrollar planes y estrategias policiales que permitan un mayor control territorial por medio de tecnología avanzada, técnica y científica, según el documento.
Una ley de atención a víctimas estancada
Sobre la aplicación del Protocolo de Actuación, la Dirección de Atención a Víctimas también respondió por medio de la UAIP que “el protocolo se encuentra actualmente en revisión y eventual modificación debido a la aprobación de la Ley Especial para la Atención y Protección a Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno que entró en vigencia el 20 de enero de 2020 a escasos días de la Emergencia por la pandemia”. Pero la aplicación de esta ley se ha quedado estancada por falta de un reglamento que le dé operatividad.
La Procuradora adjunta, Silvia Campos, explicó a esta revista que hace unos meses pidió un informe a la Oficina de Atención a Víctimas sobre los avances en el reglamento. Le respondieron que sí tenían una propuesta, que era prioritaria, pero en ningún momento compartieron el contenido.
La ley también establece que la Oficina de Atención a Víctimas debe realizar un registro estadístico de casos de desplazamiento forzado interno. Actualmente, cada organización lleva el suyo de manera independiente, por lo que no hay cifras oficiales de los casos.
Johanna Ramírez, del Servicio Pasionista, dijo que no tienen información del registro de víctimas desde hace meses. En su momento, el exdirector Henry Flrores dijo que ya se tenían los fondos y los presupuestos necesarios para poner en marcha el sistema estadístico, pero actualmente se desconoce si está funcionando, por el hermetismo que mantiene la Oficina de Atención a Víctimas.
Según la procuradora adjunta, el desplazamiento forzado interno es un problema que no se detiene a pesar de los esfuerzos y planes de seguridad gubernamentales. Los casos continúan llegando a la Procuraduría, que registra casos desde 2014. En 2021, al menos hasta el cierre de esta nota, la Procuraduría ha recibido 53 casos a escala nacional de desplazamiento interno, en los que hay 115 personas afectadas. “Lamentablemente nosotros no cubrimos la totalidad de personas desplazadas, porque las personas que llegan a la Procuraduría realmente son una muestra”, explicó la procuradora adjunta.
Regresar al peligro o salir del país
Luego de salir del albergue, una organización entregó dinero a Sofía para resguardarse en una casa en el interior del país con sus tres hijos, pero el dinero se terminó y volvió a quedarse sin alimentos. Por eso decidió regresar a su colonia y vivienda, a pesar de que la amenaza en contra de su vida y la de sus hijos seguía allí: “Prefiero estar aquí, donde la gente me conoce y me pueden dar aunque sea algo para comer, que estar con desconocidos”, dijo.
Sofía y sus hijos regresaron a la casa de donde huyeron. Decidió no volver a su trabajo, ni buscar uno nuevo, por miedo a dejar solos a sus hijos o que la persigan en la calle. Ahora, evita salir y sobrevive gracias a un emprendimiento pequeño. Tras haber pasado por el albergue y todo lo que tuvo que enfrentar, se siente abandonada por todas las instituciones del Estado a las que acudió.
Cuenta que por las noches le es difícil conciliar el sueño. Escucha ruidos que la asustan y sus hijos han caído en depresión. También dejaron de ir a la escuela durante un tiempo. Cree que lo mejor para ellos sería salir del país.
La procuradora adjunta Campos cree que la mayoría de víctimas que denuncian en la PDDH terminan yéndose del país, incluso por sus propios medios. Explicó que desde la Procuraduría tratan de hacerles ver la importancia de la denuncia y del acompañamiento que se les podría dar, pero las víctimas se decepcionan de la falta de respuestas en la Fiscalía y por eso optan por irse del país. “Solo piden: ‘quiero una copia certificada de mi denuncia y me voy’. Prácticamente lo manifiestan”, dijo la funcionaria.
*Los nombres reales de las víctimas fueron cambiados intencionalmente para proteger sus identidades.
