El pasado 5 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Esta resolución fue aprobada con 43 votos, incluyendo el de países centroamericanos como Costa Rica, que fue uno de los promotores del texto, Honduras y Panamá. Este reconocimiento marca un hito histórico y se espera que en el corto plazo la Asamblea General también adopte una resolución en el mismo sentido.

A escala internacional, desde hace muchos años se ha señalado la importancia del medio ambiente como garantía de los derechos humanos. Los principios de integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos implican que la violación o el cumplimiento de un derecho afecta el cumplimiento, o no, del resto de derechos. Por lo que el deterioro y los daños al medio ambiente directamente pueden vulnerar derechos individuales y colectivos de las personas, incluyendo a la vida, salud, alimentación, agua y saneamiento, entre otros; y, pueden afectar los derechos tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Además, es imposible avanzar hacia el desarrollo sostenible sin considerar los efectos que el cambio climático, el uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, las tierras y el agua, la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de servicios ecosistémicos tienen en la vida y el bienestar de las personas.

Con la resolución se espera que los países realicen mayores esfuerzos en contar con las capacidades necesarias para proteger el medio ambiente, así como para impulsar políticas públicas que les permitan cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Adicionalmente, la resolución también representa un hito en materia de justicia ambiental y un espaldarazo al empoderamiento y protección de personas defensoras de los derechos ambientales, quienes en el contexto de conflictos socio ambientales son reprimidas, perseguidas, criminalizadas e incluso asesinadas.

Las implicaciones de la resolución no son ajenas a los Estados centroamericanos, quienes en sus Constituciones,con algunas diferencias entre sí, definen mandatos de carácter ambiental.  En el caso de Costa Rica, Nicaragua y Panamá  se reconoce el derecho de la población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En El Salvador y Guatemala, el Estado debe proteger los recursos naturales y asegurar el equilibrio ecológico, mientras que en Honduras se establece que el Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas.

Sin embargo, los mandatos constitucionales aún no se han convertido en marcos legales, instituciones, políticas o presupuestos públicos que permitan cumplirlos. En la actualidad, tal y como lo señala Icefi en su recién publicada Agenda Fiscal Centroamericana, la región presenta un contexto ambiental muy deteriorado caracterizado con cada vez menos bosques, demanda creciente de recursos para la producción y el consumo, gestión inadecuada del agua, vulnerabilidad frente al cambio climático, desaprovechamiento del potencial energético renovable y promoción de actividades económicas con altos impactos ambientales, como las industrias extractivas. Este contexto ha provocado la vulneración de derechos y deterioro de las condiciones de vida de la población, lo cual a su vez se ve reflejado en altos niveles de conflictos ambientales.

Entre 1990 y 2020, se registraron al menos 161 conflictos socio ambientales en los países de la región, el 66.3% ligados a acciones u omisiones por parte de la institucionalidad pública (Programa Estado de la Región, 2021).

Si bien el reconocimiento de un medio ambiente limpio y saludable como derecho humano es un hito muy importante, aún hay mucho camino por avanzar. Es indispensable que los países vayan más allá de la narrativa y concreticen medidas que permitan a su ciudadanía el goce pleno de sus derechos, incluyendo el derecho al medio ambiente limpio y saludable. Esas medidas comprenden la modificación al marco legal, fortalecimiento de las instituciones públicas – especialmente las rectoras en materia ambiental – y asignaciones presupuestarias suficientes. Además, también persiste el reto de avanzar hacia un sistema legal e institucional en el que los bienes naturales también puedan ser titulares de derechos, no al mismo grado que las personas, pero sí de tal forma que su preservación y protección sean los principios rectores de las decisiones ambientales.