Opinión

Lo que se viene

Ricardo Castaneda

Ricardo Castaneda

@Recasta

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El gobierno ha intensificado su impulso para que el acuerdo con el FMI se concrete cuanto antes, estando dispuesto a aceptar todas las condiciones. Pero realmente no es tan fácil, porque para el FMI hay un enorme riesgo de convertirse en un cómplice de la consolidación de un régimen autoritario si no toma sus precauciones.

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Por Ricardo Castaneda*

Dentro de los diferentes problemas que debe enfrentar el gobierno salvadoreño, hay uno que es clave y urgente: acceso al financiamiento. Es histórico que los presupuestos públicos necesiten deuda pública porque los ingresos propios no son suficientes para cubrir todos los gastos públicos. Usualmente la forma de obtener ese financiamiento es a través de colocación de bonos en mercados internacionales o de préstamos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Desde hace más de una década, el principal mecanismo para obtener deuda pública ha sido a través de colocación de bonos en los mercados internacionales. La ventaja de este tipo de financiamiento es que se debe negociar prácticamente solo el plazo y la tasa de interés, porque a los acreedores no les interesa en que se va a usar el dinero. Para El Salvador la tasa de interés que ha pagado ha sido alta, por ejemplo, a finales de julio de 2020, por una colocación de $1,000 millones tiene que pagar una tasa de interés de 9.5 % por 32 años. Es decir, solo por esta deuda cada año, desde 2021 hasta 2052 solo en intereses se deben destinar $95 millones cada año, el equivalente al presupuesto de la Universidad de El Salvador, para dimensionarlo.

En cambio, con los organismos multilaterales las tasas de intereses son más bajas, pero con ellos las negociaciones suelen abarcar medidas de políticas públicas y algunos compromisos que deben cumplirse para realizar los desembolsos. Particularmente con el FMI, que suele establecer condiciones más duras para un país. 

Ahora bien, ¿qué ha pasado este año? Que el perfil de riesgo del país se ha incrementado exorbitantemente, comparado con el resto de países de América Latina lo que ha provocado que el el gobierno no salga a colocar bonos en los mercados internacionales, pues hoy en día la tasa de interés que pagaría sería alrededor del 13%, en caso que alguien le quiera prestar. Hacerlo bajo esas condiciones sería un suicidio financiero. Este aumento del perfil de riesgo es explicado por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República, el anuncio de que es posible la reelección presidencial, a pesar de que la constitución lo prohíbe expresamente, así como la aprobación de la Ley Bitcoin. Es decir esta ventana de financiamiento ha estado cerrada. 

En cuanto a la opción de préstamos con organismos multilaterales. A pesar de venirlo anunciando y ofreciendo desde el año pasado, no ha logrado concretar un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés con el FMI) por $1,300 millones. El 31 de julio de este año incluso la Presidencia de la República publicó un comunicado diciendo que esperaban firmar el acuerdo antes de septiembre. Pues ya terminó octubre y ese acuerdo no se ha logrado, ¿por qué? Un acuerdo SAF además de adoptar medidas por el lado de los ingresos públicos, gastos y deuda también abarca aspectos relacionados con la política económica en general, pero también con los temas de transparencia y gobernabilidad democrática, estos últimos son los más complejos para el gobierno salvadoreño. Por ello, las razones por las que no se ha logrado el acuerdo con el FMI son las mismas por las que ha aumentado el perfil de riesgo: desmantelamiento de la institucionalidad democrática, opacidad como política de Estado y jugar con la política económica como si se estuviera jugando Monopoly. 

Esto implica que las opciones de financiamiento se han reducido. Lo cual también explica por qué es que se ha utilizados más los instrumentos de deuda de corto plazo, como lo son las Letes y Cetes (en lo que va del año el monto que se ha emitido es cercano al del año pasado cuando hubo una  fuerte caída en la actividad económica y en la recaudación, cosas que no han pasado este año). Por cierto, desde julio de 2021 en la mayoría de colocaciones de Letes y Cetes no se ha logrado colocar todo el monto de deuda y la tasa de interés a lo que se ha hecho es de 7.5%, reflejando nuevamente el alto riesgo del país. 

Esta falta de financiamiento provoca una peligrosa crisis de liquidez que se puede observar con el retraso en los pagos de proveedores, de las obligaciones de transferencias como el FODES o la nula ejecución en varios proyectos de inversión. Si la tendencia continuara, así como hasta ahora, incluso podría provocar en algún momento un riesgo fuerte de no cumplir con los compromisos de pago de deuda o incluso de salarios. 

Por ello es importante reflexionar sobre lo que se viene. El gobierno ha intensificado su impulso para que el acuerdo con el FMI se concrete cuanto antes, estando dispuesto a aceptar todas las condiciones. Incluso en reuniones privadas ha llegado a señalar que en noviembre lo logrará. Pero realmente no es tan fácil, porque para el FMI hay un enorme riesgo de convertirse en un cómplice de la consolidación de un régimen autoritario si no toma sus precauciones.

Independientemente se logre o no ese acuerdo, lo que seguramente vamos a observar son medidas que intenten paliar la crisis, a través del aumento de los ingresos y medidas que recorten el gasto público. Sobre esto último ya se dio el anuncio del recorte del FODES que no responde a una visión de desarrollo sino simplemente a un problema financiero que el gobierno central va a trasladar a las alcaldías o mejor dicho a la misma ciudadanía, cuando muchos proyectos a nivel municipal ya no se puedan financiar o cuando las alcaldías empiecen a aumentar los impuestos y tasas municipales para intentar paliar la enorme caída en sus ingresos. 

Y aunque con la actual administración gubernamental es muy difícil de prever lo que hará, creo que se decantarán por una reducción en el gasto de bienes y servicios, así como un ajuste fuerte en los salarios, por ejemplo, con leyes que obliguen al retiro como ya sucedió en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por el lado de los ingresos dudo mucho que se atrevan a aumentar el IVA, así que se irán por medidas que combatan la evasión, quizá alguna que reduzcan el gasto tributario y posiblemente volver a colocar la contribución de los grandes contribuyentes. Y quizá incluso la reforma de pensiones también se enmarque en todas estas medidas.

Eso sí, no es de extrañar que cualquier medida que adopte el gobierno lo haga a su estilo: sin discusión técnica, sin espacio para el diálogo sino solo utilizando la imposición. Hay que estar muy atentos porque lo que se viene puede marcar no solo a la actual administración sino el futuro del país por las próximas décadas. 

 

Ricardo Castaneda

Ricardo Castaneda

@Recasta

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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