Opinión

Bono demográfico: Un futuro de retos y esperanzas

César Melgar

César Melgar

Asistente de Investigación del Área Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El tiempo ha pasado y cada vez más los países centroamericanos atraviesan el umbral del dividendo o bono demográfico, ese momento en el que el porcentaje de la población en edad productiva (15 a 64 años) es el mayor.

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Por César Melgar*

Desde hace algunos años se han realizado análisis económicos desde distintas entidades que invitan a que las políticas gubernamentales de desarrollo se encaminen a aprovechar el bono demográfico en la región centroamericana. Esto con el fin de lograr un aumento considerable en la productividad y nivel de vida de sus habitantes. Sin embargo, el tiempo ha pasado y cada vez más los países centroamericanos atraviesan el umbral del dividendo o bono demográfico, ese momento en el que el porcentaje de la población en edad productiva (15 a 64 años) es el mayor. Por ello, esta transición que representa el bono demográfico hace referencia a una fase en que el equilibrio entre edades resulta en una oportunidad para el desarrollo (Saad, Miller y Martínez, 2012). 

Según el Banco Mundial, a nivel global, 37 países están en la fase previa al dividendo demográfico, 58 ya pasaron por dicha fase, y 116 están en alguna de las etapas, ya sea inicial o avanzada. Costa Rica se encuentra en la etapa avanzada, mientras el resto de países centroamericanos están en la etapa inicial.  Según datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la CEPAL, Costa Rica ha alcanzado su máximo porcentaje de población en edad productiva durante el año 2016, con un 69.18% de su población entre los 15 y 64 años. Hay que destacar que Panamá también estará transitando en esta misma etapa, ya que el próximo año, en 2022, estará alcanzando el máximo de población en edad productiva, con un 65%.

Afortunadamente, estos dos países han logrado destacarse con algunos avances en el ámbito social y económico en la región, quedando como desafío para los años posteriores, por un lado, apoyar a la población que entra en el tramo de dependencia por vejez, mejorando los servicios de salud para atender la creciente demanda, así como optimizar los recursos destinados a las pensiones (tema que ya empieza a tener un fuerte debate en dichos países).  Por otro lado, al verse disminuida la tasa de dependencia infantil y juvenil, esto puede aumentar la generosidad en la inversión en educación, tal como ha sucedido en el caso de Japón, Corea del Sur y algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde se han destinado los recursos liberados por la menor cantidad de personas en edad escolar, permitiendo que dicha inversión se enfoque en mejorar la calidad educativa. Adicionalmente, esta mayor disponibilidad de recursos podría ampliar la cobertura educativa, y fomentar la inclusión de los sectores más pobres (Rofman, Amarante y Apella, 2016). Adicionalmente, dichos países tienen el desafío de bajar las altas tasas de desempleo que muestran actualmente (15.3% para Costa Rica y 14.5% para Panamá). 

Mientras tanto, el resto de países centroamericanos aún tiene un período cercano a los 20 años para llegar al momento de mayor porcentaje de población en edad productiva. Esto podría ser un tiempo importante para poder ajustar e intentar mejorar sus indicadores sociales, y de ese modo, aprovechar la aceleración productiva que podría significar el hecho de estar dentro del período del bono demográfico. Según las estimaciones del CELADE, Nicaragua alcanzaría su máximo porcentaje de población en edad productiva en el 2039 (con 67.52%). El Salvador y Honduras alcanzarían dicho techo en el año 2042 (con un 66.43% y un 67.79% respectivamente). Y finalmente, Guatemala, podría alcanzar el máximo en 2047, con un 66.63% de su población en este tramo de edad. Sin embargo, hay que recordar que cada año se irán sumando más y más personas hasta alcanzar el porcentaje máximo de población en edad productiva, por lo cual los países de la región tienen el desafío de proporcionar condiciones que mejoren las aptitudes y productividad de sus ciudadanos. 

Y, a mitad de camino, se encuentra el año 2030, fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta podría ser una buena oportunidad para empezar a trabajar. En caso de que dichos objetivos no se alcanzaran en el año estipulado, podría ponerse como meta por cada país hacerlo al menos antes de que el bono demográfico llegue a su punto culminante.

La política fiscal puede ser una herramienta con un rol muy importante para que la región pueda tomar un impulso en su crecimiento económico y estabilidad social, de modo que la inversión realizada se oriente a alcanzar cierto grado de desarrollo económico en todos los sectores sociales, y por supuesto, aprovechar el empuje que ofrece el bono demográfico.  

Dentro de esta temática, se puede considerar el aporte del Icefi, el cual nos indica que para que la política fiscal sea un instrumento que permita a las sociedades centroamericanas alcanzar los objetivos de brindarle un mejor nivel de vida a sus habitantes, y un factor de aceleración del desarrollo, se debe empezar desde la edificación de tres “niveles” de política. 

Dichos niveles son: 1) el nivel para la construcción del crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo; 2) el nivel para la construcción de la igualdad; y 3) el nivel para la construcción de un Estado efectivo. El primero se refiere a la existencia de tasas de crecimiento económico sólidas, que sean sostenibles en el tiempo y que este crecimiento fomente el bienestar y la igualdad social; y que no dañe el medio ambiente, permitiendo la protección del mismo. El nivel para la construcción de la igualdad, se refiere a la universalización en el acceso a los bienes públicos, la existencia de un modelo de protección social sostenible, la existencia de políticas públicas para lograr la igualdad de género y formación de ciudadanía social. El nivel para la construcción de un Estado efectivo se refiere a la existencia de Estados que posean planes de desarrollo enfocados al largo plazo, con presupuestos multianuales y por resultados (de modo que el ciudadano conozca el uso, metas y alcance de lo invertido). Poniendo en marcha todo lo anterior, mediante un gran consenso social, permitiría a la región empezar el camino para alcanzar un bienestar económico y social que pueda ser disfrutado por las mayorías. 

Un ingrediente adicional para lograr una mayor productividad en los países centroamericanos (y en concordancia con el primer nivel de política), podría ser en principio, y luego su aplicación, una discusión de cómo la inversión pública podría ser estratégica en áreas clave, como la investigación y el desarrollo (I+D), la educación y la formación de capital humano, áreas que incrementarán el producto interno bruto (PIB), haciendo que dicho crecimiento sea más inteligente, inclusivo y sostenible (Mazucatto, 2014).

El hecho de empezar a trabajar en estos puntos desde ahora, podría proporcionar a las sociedades centroamericanas, los medios y recursos para evitar que el bono demográfico se convierta en una situación futura que sea financiera y socialmente insostenible. Al contrario, esta debe ser una oportunidad que brinde esperanzas para un futuro digno para los ciudadanos centroamericanos.

Centroamérica: Población en edad productiva (15-64 años)

Porcentaje (%) del total

1950-2100

César Melgar

César Melgar

Asistente de Investigación del Área Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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