Global Financial Integrity, organización que aglutina a expertos en el conocimiento y la lucha contra los flujos financieros ilícitos, presentó recientemente el informe Crímenes financieros en América Latina y el Caribe: entendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas efectivas, un trabajo basado en información oficial, documentos de análisis y más de 250 entrevistas —a funcionarios, miembros de sociedad civil y sector privado y organismos internacionales—, que han permitido analizar las amenazas financieras que enfrentan los Estados, canales, rutas y facilitadores de las actividades ilícitas.

El estudio investigó cuatro delitos financieros: el lavado de dinero, el lavado de dinero por medio del comercio, el financiamiento del terrorismo y la corrupción, que se ha constituido en el delito más común y prevaleciente en América Latina. La corrupción también es catalogada como la actividad más importante en la generación de ingresos ilícitos para la región en general. Sin embargo, en el caso de Centroamérica, a pesar de los altos niveles de corrupción, es el tráfico de drogas la fuente más común de ingresos ilícitos. Se suman al conjunto de actividades de mayor generación de flujos ilegales, el lavado de dinero, la trata y el tráfico de personas y el tráfico de piedras y metales preciosos. Dentro de los canales más usuales para los flujos financieros ilícitos se incluyen las instituciones financieras, los bienes raíces, el comercio y el contrabando de efectivo; mientras entre los principales facilitadores están abogados y notarios, cambistas y remesadores, banqueros, operadores políticos y funcionarios corruptos. 

En Centroamérica, de acuerdo a la información recabada, el estudio estima que el monto anual de las actividades ilícitas se encuentra entre $5,300 y $13,500 millones, presumiendo que el monto máximo estimado es el más probable, como resultado de lo diversos, extensos y afincados que están los fenómenos ilícitos en la vida económica y política de estos países. 

Los cuatro delitos financieros investigados están presentes en toda Centroamérica, pero el lavado de dinero y la corrupción son los más prevalecientes. Sobre las actividades ilícitas que más ingresos generan, en Costa Rica, son el tráfico de drogas y la corrupción, seguidos por el tráfico de minerales y el tráfico de personas, en particular, migrantes; mientras en El Salvador, son el tráfico de drogas y la corrupción las actividades con mayores réditos y que, según los expertos, a menudo están entrelazadas. En Guatemala, Honduras y Nicaragua, las actividades ilícitas con mayores ingresos son el tráfico de drogas y la corrupción, en menor medida, el tráfico de personas, en particular, de migrantes. Por su parte, en Panamá —centro financiero internacional— se advierte que los flujos ilícitos generalmente llegan del extranjero, contrario al resto de países en donde los flujos se generan en la economía doméstica. Asimismo, en Panamá, las actividades ilícitas con los mayores ingresos son el narcotráfico y la corrupción. 

El dinero sucio en Centroamérica se mueve por diversos y robustos canales, lo que hace sencilla la tarea de lavar dinero. En Guatemala, se utilizan bancos, proyectos de construcción e infraestructura, gasolineras, supermercados, campañas políticas electorales, empresas fantasmas e iglesias. En Costa Rica los medios más utilizados son los bancos, el comercio, bienes raíces, turismo y la creación de estructuras corporativas opacas. En El Salvador, el financiamiento de campañas, la construcción, el comercio y el contrabando de efectivo, así como la utilización de instituciones financieras chinas, son los canales más usuales. Mientras en Honduras son los bancos, el contrabando de efectivo a granel, las estructuras corporativas y los partidos políticos. En Nicaragua se repiten como canales importantes los bancos y los bienes raíces, así como el comercio internacional. Finalmente, en Panamá, en primer lugar, están las estructuras corporativas, seguidas de la banca, los bienes raíces, el comercio internacional y el contrabando de efectivo a granel.

La investigación destaca que, los diferentes entrevistados, han advertido las principales debilidades que impiden cerrar los caminos a los delitos financieros. Entre los primeros aparece, en toda la región, el problema de instituciones débiles, sin capacidad para actuar de manera coordinada y con problemas para aplicar la ley; también aparecen las legislaciones desactualizadas, así como las dificultades de enjuiciamiento, debilidades en la prevención y detección y, en el caso de Nicaragua, la situación política autoritaria, en la que las leyes están siendo utilizadas de manera malintencionada y abusiva contra organizaciones sociales prodemocracia, que adversan la dictadura de Ortega-Murillo. Desafortunadamente los gobiernos actuales de El Salvador y Guatemala, junto a sus mayorías oficialistas en los organismos legislativos, también están promoviendo un marco legal que asfixie a quienes cuestionan sus acciones, amparados en argumentos espurios de control financiero a las organizaciones no gubernamentales.

Desde una visión basada en la promoción de un Estado de derecho democrático y efectivo, los Estados en Centroamérica deben cerrar los caminos a los flujos financieros ilícitos, basándose en convenciones, pactos y marcos normativos internacionales, lo que requiere en primer término, eliminar las condiciones y los fenómenos que provocan y fortalecen la corrupción y la impunidad, el narcotráfico, el tráfico de personas y minerales, el contrabando y el comercio basado en lavado de dinero así como la informalidad económica y financiera que posibilita la incorporación de importantes sumas de dinero al sistema financiero, al sistema de partidos políticos y al sector de la construcción. 

En ese sentido, los Estados centroamericanos deben avanzar hacia políticas nacionales de transparencia y rendición de cuentas que eviten y castiguen todas las formas de corrupción, al tiempo en que se implementan leyes más efectivas contra el tráfico de personas, drogas y minerales y, fiscalmente, se fortalecen los mecanismos contra los flujos ilícitos que debilitan la recaudación. En cuanto al lavado de dinero y el tráfico de drogas, se deben vigorizar los acuerdos que favorecen el intercambio de información y la dotación de recursos humanos, materiales y financieros para acrecentar la inteligencia sobre el particular en las instituciones públicas. 

Finalmente, será necesario el acompañamiento y veeduría internacional para que la lucha contra los flujos ilícitos en Centroamérica no sea utilizada maliciosamente como argumento para la destrucción de la organización social.