Homicidios y extorsiones son los delitos que llevan a más víctimas y testigos a solicitar medidas de protección al Estado salvadoreño en 2021. Así lo dijo Mauricio Rodríguez, director del Área de Protección a Víctimas y Testigos, en esta entrevista para GatoEncerrado. El programa es parte de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del Sector Justicia y actualmente recibe alrededor de 200 solicitudes de protección mensuales por parte de personas que colaboran en casos abiertos en el sistema judicial. 

Las medidas que brinda el programa son la protección de identidad de las víctimas y testigos en los procesos judiciales, la custodia permanente de agentes policiales en las residencias de víctimas y testigos criteriados, patrullajes en las zonas donde viven y, en los casos más graves, el internamiento de los solicitantes en los albergues de la UTE. 

Rodríguez reconoce que el alcance del programa es limitado, ya que la demanda de solicitudes de medidas de protección que recibe es alta. Esto, muy a pesar del Plan Control Territorial que es una especie de insignia del gobierno de Nayib Bukele. Para este plan de seguridad se aprobó un millonario financiamiento en la Asamblea Legislativa que ya suma más de $300 millones. 

El Plan Control Territorial ha sido secreto desde sus inicios y aunque una de sus líneas es eliminar la impunidad del sistema judicial, las víctimas y testigos criteriados que colaboran con la Fiscalía General de la República (FGR) en los procesos judiciales están fuera de su millonario financiamiento. El director del programa de protección admite que para ellos “ningún presupuesto es suficiente” debido a la alta demanda de solicitudes, aunque afirma que cada vez que ha solicitado un reajuste presupuestario se le ha otorgado. 

Cristosal, una organización que promueve los derechos humanos y acompaña legalmente a víctimas, ha  denunciado en varias ocasiones que los albergues de la UTE no son aptos para la protección de las víctimas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) acumula denuncias por vulneraciones a derechos en el interior de las casas de seguridad. Entre los años 2014, 2015, 2019 y 2020, la PDDH recibió nueve denuncias de víctimas y testigos del programa que dijeron haber sufrido violencia sexual, afectaciones a su derecho a la salud y derechos de la niñez.

Por una de esas denuncias, de un caso que ocurrió en 2015, el director Rodríguez fue declarado responsable por la Procuraduría. El caso expone la vulneración de los derechos de una niña de un año que fue separada de su madre por una empleada del programa de protección. Esa empleada sigue laborando en la institución. Según el expediente del caso, la niña y su madre no se vieron durante un año y la empleada que la sustrajo había iniciado un proceso de adopción sin la autorización de la progenitora.

Con este antecedente y 15 años de trabajo en el Programa de Protección, Rodríguez es uno de los pocos funcionarios públicos que ha concedido una entrevista a GatoEncerrado desde que inició la gestión del presidente Nayib Bukele. El director conoce el programa de protección desde su nacimiento, incluso contribuyó a su creación en 2006. Desde la dirección del programa vio pasar a diferentes presidentes de Arena y el FMLN y aunque ahora continúa en la administración Bukele, aseguró que a nivel técnico “nada ha cambiado” para el Programa de Protección a Víctimas y Testigos. 

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¿Desde qué momento usted inicia como director en esta institución? 

Hace 15 años comenzamos nosotros con la labor de proteger. Teníamos que poner en práctica la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos que surge el 22 de septiembre de prácticamente 2006. Ese año comenzamos el trabajo de proteger personas que tienen calidad de víctimas y de testigos y que están colaborando en algún caso en especial en la administración de justicia. Entonces, nuestra labor prácticamente ha sido desde ese momento proteger y se estructuró prácticamente el programa de protección. Con todo lo que tiene un programa de protección.

¿En qué consiste y cómo aplican todo lo relacionado a la ley?

Nosotros nos encargamos de proteger a personas que tienen esa calidad. Hay personas que dicen: “mira, yo creo que no quiero que aparezcan mis (datos) generales”. La ley (de protección a víctimas y testigos) establece en su artículo 10 las medidas ordinarias que prácticamente se encargan de este tipo de acciones encaminadas a preservar la identidad de la persona y protegerla también, que no sea divulgada su imagen ni su nombre. De ahí vienen las famosas claves, que se les ponen nombres a veces bien así, de deportistas, otros nombres de actores especiales y hasta algunos se hacen llamar con nombres reconocidos dentro del mundo de la farándula. 

La Fiscalía solicita (medidas de protección) a través del testigo al que le están ofreciendo el régimen de protección. La ley establece en el artículo 18 los requisitos para poder optar al régimen de protección y es ahí donde vienen las solicitudes y nosotros a procesarlas para efectos de otorgar la medida. Hay casos que se vuelven más graves y requieren un servicio más especial, entonces ahí vienen las medidas extraordinarias. En ese caso se otorgan este tipo de medidas también que requieren un resguardo. Y entonces tenemos albergues. O sea, lugares para poder tener a esta persona. Unos también requieren Servicios de Protección domiciliaria: protegerlo dentro de su casa, dentro de su lugar de trabajo. Y otros requieren solamente la asesoría legal o la colaboración psicológica, el tratamiento médico que le podemos dar.

¿Cómo se conformó este programa? 

Comenzamos de la nada, lo único eran las ganas de hacer las cosas. Yo soy un fiscal y también he estado trabajando en el área de investigación en la Policía. O sea, manejé por un tiempo la división de investigación criminal. También en la Fiscalía hice carrera, me retiré como jefe de división de la Defensa de los Interés de la Sociedad. Entonces, estas han sido cosas que me han ayudado y también encontré personas que hicieron equipo para poder arrancar el programa de protección y la colaboración que hemos tenido de varias personas.

Antes, como fiscal, tuve una mala experiencia de un caso en el que la víctima, él había sido testigo y creo que solo una medida ordinaria hubiese conservado la vida de esta persona. Hoy, tenemos la potestad de que a esas personas, su (información) general no aparece allí (en los documentos públicos del juzgado), el defensor, el imputado y su familia no saben quién es. Es algo en lo que hemos avanzado. Lo maneja el juez, el programa y el fiscal.

Actualmente, ¿cuántos albergues tienen a escala nacional? 

Eso es prácticamente no, no podemos decir. Pero sí son cantidades de albergues que tenemos a nivel nacional, los cuales prácticamente se convierten en… La secretividad, o sea, el principio de confidencialidad es permanente. Entonces, a estas personas se les protege hasta el momento propicio que van a colaborar con la administración de justicia, la preparación fiscal.

En cuanto a protocolos y lineamientos de trabajo, yo sé que tal vez no me pueden decir detalladamente, pero quisiera saber qué documento están utilizando ustedes para la realización de su trabajo en albergues y si de alguna manera ustedes están utilizando el Protocolo de Atención a Víctimas de Desplazamiento Forzado que tiene la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DNAVMF), porque hemos tenido acceso a ese documento y ahí habla sobre la coordinación con la UTE. 

Nosotros, lo que hacemos es prácticamente cuando se requiere el servicio de protección o ellos lo piden a nosotros, a nivel de Fiscalía lo piden prácticamente. Entonces, en el momento de determinar que se nos requiere lo que hacemos es aportar comida, una canasta básica, le damos alimentación y si requiere también asistencia psicológica se la proporcionamos. La Ley Especial de Protección a Víctimas y Testigos nos dice qué tipo de medida (aplicar), como las medidas de atención, que son aquellas acciones complementarias destinadas a preservar la salud física, las atención médica psicológica y también satisfacer sus necesidades básicas. O sea, necesita alimentación, entonces nosotros lo que hacemos, dentro de nuestro presupuesto, destinamos un poco. O sea no está, no está plasmado, sino que lo que hacemos es una canasta básica, un kit de alimentos y kit de aseo.  Es básico, pero sí les ayuda bastante. 

¿Qué contienen los kits?

Contiene harina, todo lo que es lo básico: arroz, azúcar, aceite y todo tipo de alimentos. Frijoles, todo tipo de alimentos. Y su kit de aseo, si es mujer, sus toallas sanitarias, jabón, champú. Entonces, le damos una ayuda a estas personas. 

¿Y hay alguna manera de ampliar este kit de alimentos a personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, y si necesitan dietas específicas?

Las que nosotros tenemos internamente sí, nosotros le damos asistencia. Hay para su alimentación si necesita alimentación blanda, pero esto es para los que tenemos internos. A los que tenemos externos prácticamente solo se les ayuda con una colaboración, un apoyo.

¿El apoyo que ustedes dan a la DNAVMF podría decir que responde, de alguna manera, al bajo presupuesto que ellos tienen? Cuando uno revisa el presupuesto de ustedes, se ve que es mucho más alto que el presupuesto de la Dirección de Atención a Víctimas. 

Es que ellos tienen otra función. Ellos más que todo son de asistencia humanitaria, entonces nosotros protegemos a las personas por nivel de riesgo de vida. Nos piden, nos requieren la medida y que surtan sus efectos a nivel judicial. Nosotros emitimos una resolución, o sea, hay un procedimiento interno donde se analiza, se ve también los niveles de riesgo, entonces se le otorga la medida. El departamento del Ministerio (la DANAVMF) es otro tipo de asistencia, especialmente para el desplazamiento, entonces es diferente. Nuestra asistencia es de otro tipo para casos de homicidios, de secuestro, de lavado de dinero y  todo este tipo de delitos. 

¿Y cuál es el papel actual de la UTE con respecto a la atención de víctimas de desplazamiento forzado?

Nosotros lo vemos desde el punto de vista de limitación a la libre circulación. Entonces ahí es donde estamos colaborando con las medidas ordinarias y la atención en un momento determinado. 

Es decir, sí llegan aquí víctimas de desplazamiento.

Algunos llegan, pero en su mayoría me imagino que llegan a la Dirección de Atención a Víctimas de Desplazamiento. Nosotros prácticamente nos cargamos y sí, estamos bien bien saturados, fíjate, con bastante trabajo sobre la delincuencia común y los diferentes delitos que tenemos nosotros. Hay de trata (de personas), casos de violaciones, de secuestros. 

En cuanto a la saturación, ¿tienen cifras de cuántas personas han ingresado en el último año? 

Sí, nosotros damos asistencia prácticamente mensualmente, o sea, porque es variable. Mensualmente son 200 personas que atendemos. Un grupo lo tenemos ya con con alimentación y con asistencia que le damos mensualmente: material y otros son a los que les damos asistencia de protección domiciliaria.  

¿Cuáles son los delitos más frecuentes por los que recurren a ustedes? 

Homicidio y extorsión son los delitos más fuertes, de ahí comienza toda la gama de otros delitos. Lavado de dinero, trata. Más que todo de medida ordinaria, violación. Anda por 200 solicitudes y 200 que tenemos nosotros albergados, otro grupo lo tenemos con medidas de atención y otros los tenemos con protección.

Es decir, esos 200 mensuales no están en albergues.

De ese grupo, el 60 % los tenemos albergados. No obstante, todos los meses entran solicitudes, la mayoría solicitudes de medidas ordinarias. 

Y a nivel presupuestario, ¿se sienten en la capacidad para la demanda?

No, es que el presupuesto realmente siempre queda corto. Es que son cantidades, o sea, no se imaginan la cantidad de personas que requieren (medidas de protección) especialmente, por decirle algo: Nos pasó un caso de unos homicidios que se dieron en la zona de Zaragoza y prácticamente las personas habían participado de un homicidio como testigos, eran dos personas. Lo triste y duro de ese caso es que el caserío en sí se vio afectado porque todos son familiares. Entonces era un grupo de 60. No cualquier programa de protección, en ninguna parte del mundo, puede aguantar ingresar a 60 de un solo. Lo que podíamos hacer nosotros, les ofrecimos proteger a los dos grupos cercanos, los núcleos familiares que prácticamente eran como unas 14 personas a las que pudimos darles el apoyo. El riesgo que tenían era latente, entonces ellos dijeron “miren ayúdennos con apoyo con la institución policial”, para darles la seguridad de que no les va a pasar nada.

Ningún programa, o sea, además de eso, los otros programas de protección en otros países son de reubicación. El Marshalls (Sistema de Protección a Testigos)  de los Estados Unidos es la reubicación de las personas y ahí perderlo, perderlo en el espacio físico. Entonces no, nosotros los albergamos y desde el momento que entran en el albergue, el desayuno, almuerzo y cena corre por cuenta del programa. El kit de aseo corre por nuestra cuenta, el techo, la seguridad. En todos los casos que ocurren en este país siempre hay testigos. La prueba en este país, la prueba testimonial es una prueba de primer orden, o sea, la prueba técnica se queda un poquito más atrasada, entonces ya se puede imaginar la cantidad de casos que tenemos nosotros. 

En un informe de Cristosal se menciona que en algunos casos conviven víctimas con testigos criteriados y había una situación de conflicto, ¿esto sigue ocurriendo?

Nosotros fuimos aprendiendo, le digo, tenemos 15 años. Pero ahora sí todo se encuentra clasificado. Claro, al principio nosotros íbamos conociendo aprendiendo, pues estamos ya con 15 años. También a las víctimas las atendemos de diferentes formas. Si los vamos a albergar, tenemos lugares diferentes para ellos. Lo que sucede es que a veces en un momento determinado una persona puede ser testigo o víctima, pero en otro momento siente temor. Eso nos pasó con una persona que también creo que era testigo de un caso, pero estaba relacionada también con grupos de maras. Hay gente que jura y recontra jura que no está relacionada con maras, pero cuando usted se da cuenta y usted lo analiza, revisa, esa persona no tiene vinculación en el caso “X”, pero estuvo relacionada con alguna persona, un novio de que era de la mara tal, entonces ya las personas se ponen nerviosas. 

15 años son tres periodos presidenciales. Usted estuvo en el programa durante la gestión de los expresidentes Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén y ahora Nayib Bukele. ¿Qué ha cambiado para el programa en cada gestión?

Como somos técnicos prácticamente y estoy entrenado para los recursos que tengo, con esos trabajos, porque vengo de otra instituciones donde he tenido esa experiencia… 

No, mi pregunta va más en el sentido de que cada gobierno tiene una política específica en términos de seguridad y eso traspasa los lineamientos técnicos, me imagino, de alguna manera. ¿Se ha modificado la manera en la que ustedes trabajan con el Plan Control Territorial? 

Nosotros tenemos muy buena comunicación con el área investigativa. Hemos tenido el soporte y apoyo, o sea, realmente con todos ellos evidentemente. Como técnicos nosotros nos acoplamos, seguimos en la misma línea del trabajo. O sea, a nosotros nos interesa proteger al testigo. Nosotros nos mantemos imparciales a todos los movimientos políticos, somos técnicos.

 Y cómo se ha visto la evolución de delitos específicos como violencia familiar, extorsión, desplazamiento forzado, homicidios en esta gestión gubernamental?

Como le digo, recibimos 200 solicitudes mensuales de homicidios y extorsiones. Siempre se mantienen los dos delitos. Prácticamente ha ido disminuyendo un poco, hubo un tiempo que era una avalancha. Prácticamente ha disminuido bastante, no obstante, siempre existen personas que también quieren denunciar.

¿Recuerda algún año específico que haya sido de más solicitudes?

Hubo un año que recibimos 3,500 solicitudes anuales y fue en los años 2014 y 2015. Yo siempre digo: si detienen a alguien eso significa que ya va (la víctima o el testigo) para la oficina, ya va a aparecer. Detrás de eso hay un testigo. Entonces cuando hay tanta actividad y también hay hechos criminales, ya va aparecer algún testigo. Nosotros lo vemos como tormenta. Allá se ve que se viene poniendo oscurito el cielo, la tormenta, y a nosotros viene ya la solicitud. Nosotros estamos preparados para poder recibirlos, para eso están los equipos técnicos evaluadores, estamos para poder dar ese soporte y así funcionamos.

En cuanto a presupuesto, ¿ustedes tienen alguna necesidad en este momento? ¿La han expresado? ¿Han recibido respuesta?

Nosotros tenemos un presupuesto señalado y siempre solicitamos un refuerzo presupuestario. Hoy por hoy hemos recibido el refuerzo para efecto de poder paliar también algunas necesidades. Siempre nos quedamos pendientes, más que todo por el tipo de servicio que se presta. Un testigo viene hoy y va a declarar dentro de un año o seis meses, o sea, el presupuesto del refuerzo lo dan hasta diciembre. ¿Y el otro año? Cómo va a tener (dinero) si usted adquirió obligaciones, y al siguiente año, cómo va a mantener esas obligaciones. Eso es lo difícil también del trabajo que desarrollamos. Los recursos presupuestarios siempre son necesarios para un programa como este, que es un un programa caro, o sea, le digo, porque se tiene que pagar la seguridad, se tienen que pagar los servicios: techo, alimentación. Son adoptadas las personas y a veces ya no se quieren ir. Hoy por hoy hemos capacitado casi a 100 personas con cursos de una institución que nos dan la certificación. Entonces eso les sirve, porque ya les sacamos un carné y pueden decir “yo soy fontanero, yo soy carpintero o panadero”. Ya pueden conseguir su trabajo. 

Entre las atenciones que ustedes dan, aparte de la formación profesional, también trabajan en la reubicación. ¿Qué obstáculos tienen ustedes a la hora de reubicar a víctimas y testigos? 

Se puede, más que todo porque tenemos alianzas con otras instituciones y nos han ayudado grandemente. Lo que pasa es que a veces uno no lo saca a la luz pública. Pero sí hemos reubicado cantidad de familias, y lo digo gracias a Dios. En estos 15 años, tenemos personas a las que se les ha ayudado de una u otra forma. Desde algo tan sencillo, tipo una casa o un terreno. Púchica, le digo, ayudarle a esa persona que ya tienen un techo, un lugar donde poder pasar el agua. 

Entiendo que en esto hay un componente de seguridad, de las zonas controladas por pandillas. En esos términos, ¿cuál es la dificultad?

Ha sido exitoso. O sea, gente que está haciendo su vida, sus hijos están creciendo, están siendo educados en otros países. Esa es una de las satisfacciones que uno dice: esta familia con dos niños formándose viviendo en un país extraño, pero con ánimo de sobrevivir, de hacer mejor las cosas. 

Es decir, ¿la reubicación se da en otros países?

Así es. Es que lo que pasa es que nuestro país es tan pequeño. Sabe que alguien en un día transita de punta a punta, entonces lo hemos logrado a través de eso.

¿Y cuál es el mecanismo para que estas personas salgan del país?

Eso sí es secreto nuestro. Lo único que sí le soy sincero es que sí, la gente está súper bien y nosotros nos sentimos satisfechos de la labor prestada. Hemos servido para que estas familias hagan su nueva vida. 

Podemos decir que la mayoría de reubicaciones, sino la totalidad, se hacen sacando a las personas del país.

Así es.

¿Y eso se mantiene al 2021?

Así es, continuamos. 

¿Cuál es el promedio de personas que se están reubicando?

Solo imagínense de reubicación… No todos pueden aplicar, tienen requisitos, tienen que cumplir ciertos requisitos. Pero sí hemos reubicado cantidad de familias en estos 15 años.

¿Y la gente que no cumple los requisitos se queda en el albergue?

Se queda, se reubica a nivel nacional. Y hay otras personas que no aceptan, también porque ellos quieren estar acá. 

Para terminar, me interesa saber sobre dos casos específicos que tienen denuncias en la PDDH. Uno es un caso de 2015 que ustedes conocerán. Es el caso de clave “Jaqueline”. En ese caso se emitió una resolución donde se declaró como responsables a ustedes por la vulneración de derechos de una niña de un año albergada que fue separada de su madre por una empleada de la UTE, que imagino, por el nombre que consta en la resolución, es usted (encargada de comunicaciones, Patricia Figueroa, quien acompañó a Rodríguez en toda la entrevista).

No, lo que pasó ahí es que se le dio toda la colaboración a ella y prácticamente ellos argumentaban que… Ellos viven fuera del país. 

¿Ustedes las sacaron?

No, otra institución las sacó. Nosotros las íbamos a sacar, lo estábamos tramitado y se dio la situación esa. Salió fuera del país, se le dio toda la colaboración. Se les tuvo albergadas, se les dio todo, todo así. Definitivamente se le ayudó a la señora, nosotros cumplimos con eso.

En cuanto al caso de la niña específicamente, ¿qué acciones han tomado para que estas cosas no se vuelvan a dar?

El no contacto, o sea, definitivamente, no contacto, o sea… No contacto con nadie, o sea se trata como persona como víctima o con testigos, nosotros definitivamente lo vemos así. Yo no tuve ninguna vinculación con ellos, pero la única relación era que yo era el director y lógicamente pues se dieron instrucciones de que ninguna persona puede tener contacto ya más allá de lo profesional en el programa de protección. 

De hecho, se hace referencia en la resolución de la PDDH a esto de “más allá de lo profesional”. ¿Qué es lo que sucedió en ese caso específico? 

No, lo que pasa que se dio la situación, es que prácticamente la persona quiso colaborar, ayudarle, y después ella (la madre que estaba en el albergue) dijo que ya no, que ya no le colaboraran, que no podía dar en adopción, creo yo. 

A veces, por ayudar se puede dañar, pero nosotros trabajamos técnicamente, pero sinceramente. Y todos en aras de ayudar. Pero mire, yo digo, a veces es mejor volverse un poquito apático. Solo ahí vemos de manera profesional: démosle alimentación, atención psicológica. 

Patricia Figueroa: Bueno, dejemos la entrevista hasta ahí. 

Tengo una pregunta más, disculpe. 

Figueroa: No, ya no, tenemos personas que quieren ocupar la sala.