La contratación pública es el proceso por el cual las autoridades de gobiernos centrales o municipales contratan bienes, servicios u obras a otros agentes económicos, principalmente, empresas. Los rubros de las compras pueden variar ampliamente, desde la adquisición de insumos para servicios públicos esenciales en sectores como salud o educación, hasta la adquisición de armamento militar. Comúnmente se ha relacionado las contrataciones públicas con los derechos humanos como el medio por el cual el Estado adquiere insumos, materiales, equipo o servicios para cumplir con la garantía, protección y promoción de estos; exigiéndose el realizarse bajo principios de transparencia, eficiencia, eficacia e integridad, entre otros. 

En los últimos años la anterior visión se ha ampliado. Se ha reconocido que, a través de la implementación de ciertos requisitos, la contratación pública también es un medio para ayudar a prevenir violaciones de derechos humanos dentro de las cadenas de valor, incluyendo la explotación infantil, la trata de personas y condiciones laborales precarias. También se ha reconocido que las contrataciones públicas pueden ser un medio para promover los derechos de las personas en mayores situaciones de vulnerabilidad o riesgo, por ejemplo, a través de compras a productores de alimentos en situación de pobreza, adquisición de productos elaborados por personas privadas de libertad en rehabilitación y contratación de personas que han estado fuera del mercado laboral por mucho tiempo.  Existen ejemplos de muchos países que han implementado requisitos de derechos humanos en las contrataciones públicas, muchos de ellos se detallan en el documento Impulsar el cambio a través de la contratación pública, elaborado por el Instituto Danés de Derechos Humanos; este documento es un insumo que puede guiar a los Estados en la implementación de las mismas.

Si bien Centroamérica es la región del mundo con los promedios más bajos de gasto público (25.8% del Producto Interno Bruto), tal como lo mostró el Icefi en la Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030 volumen I, la contratación pública es un componente esencial de sus economías. Esto brinda la oportunidad a los Estados centroamericanos de influir en las cadenas de valor. En su posición de grandes consumidores, los Estados tienen el poder adquisitivo para incorporar estándares que obliguen al mercado a implementar prácticas más humanas, así como para facilitar que los proveedores rindan cuentas ante los abusos contra los derechos humanos y repare a las víctimas; la compra pública también puede constituirse en una herramienta para incentivar prácticas comerciales sostenibles en las empresas.

Para avanzar en lo anterior, legisladores, formuladores de políticas de contratación pública y profesionales/encargados de adquisiciones deben iniciar identificando leyes, políticas o directrices nacionales que se relacionen con contratación pública, derechos humanos y sostenibilidad, de esta manera conocer qué requisitos de derechos humanos ya se están implementando; por ejemplo: si el incumplimiento de leyes laborales, sociales o ambientales es un motivo de exclusión para ser proveedor de las instituciones estatales; si la autoridad contratante debe exigir que se ejecute el contrato de acuerdo a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo; o,   exigir al licitante cumplir con normas de trabajo, presentando pruebas y aceptando auditorías.    

Las autoridades gubernamentales también deben identificar si existe una política nacional de contrataciones, y, en su caso, si los objetivos de esta incorporan o podrían incorporar los derechos humanos. En esto es necesario asegurar que la política logre un balance óptimo entre calidad-precio. A diferencia de las adquisiciones basadas en el precio más bajo, la relación óptima calidad-precio debe abarcar otras consideraciones, tanto económicas, como sociales y ambientales; por ejemplo, Costa Rica cuenta con la Política Nacional de Compras Sustentables, con la cual se busca garantizar que el sector público, al realizar compras y contrataciones, tenga en cuenta criterios económicos (valor monetario, precio, disponibilidad, calidad y funcionalidad), ambientales (impacto ambiental) y sociales (erradicación de pobreza, equidad en la distribución de recursos y derechos humanos).

Son muchas las razones por las que los Estados centroamericanos deben incluir requisitos de derechos humanos en las contrataciones públicas. Una de ellas es que es su obligación proteger los derechos humanos de sus habitantes, incluyendo a las personas que están en las cadenas de valor y/o prestan bienes o servicios al Estado; así mismo es una obligación estatal promover que los proveedores cumplan con el respeto de los derechos humanos. Otra de las razones es que permite reducir el riesgo que corren los compradores públicos de realizar contrataciones que estén vinculadas a violaciones de derechos humanos, inclusive a graves daños a las personas, las cuales podrían incurrir en riesgos legales, financieros y de legitimidad. Asimismo, implementar estos requisitos hace que el Estado lidere con el ejemplo, incentivando al sector privado hacia el mismo objetivo.