Foto/Emerson Flores

Las juntas de agua luchan por sobrevivir en El Salvador

En el último trimestre, GatoEncerrado viajó a los departamentos de La Libertad, Sonsonate, San Vicente, Ahuachapán y San Salvador para conocer la forma de organización y funcionamiento de 24 juntas de agua. De estas, se retomaron las historias de tres sistemas comunitarios que reflejan las dificultades que enfrentan para llevar el servicio de agua a las familias usuarias. Aunque se organizan bajo diferentes estatutos, todas coinciden en que no se lucran del servicio que ofrecen, sino que nacen por la falta de capacidad del Estado de llevar agua potable a zonas donde ANDA no opera. Representantes de las juntas dijeron estar preocupados por el posible cobro por uso y aprovechamiento del agua, como si fueran empresas, ya que afectaría la economía familiar de los usuarios.  Este cobro es parte de lo planteado en la ley de agua que la Asamblea Legislativa tiene pendiente de aprobar.

Por Gloria Olivares

Por Gloria Olivares

Emerson Flores

Emerson Flores

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El reloj marcaba las 5:40 de la mañana, de ese 18 de junio de 2020, cuando un grupo de militares invadió la colonia Santa Eduviges, ubicada en el cantón El Limón, municipio de Soyapango, junto a personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Algunos de los habitantes no se habían despertado todavía cuando los soldados y delegados de ANDA rompieron los cercos de seguridad del pozo de la junta de agua. 

Los vecinos de la colonia dijeron a GatoEncerrado que, ese día, la intención era destruir la tubería madre del sistema comunitario que abastecía con agua a más de 800 familias: “Han venido de una forma violenta y agresiva el Ejército, la Policía y trabajadores de ANDA, por orden del entonces presidente, Frederick Benítez”, recordó Celio Humberto Castro, quien funge como secretario general de la Asociación Comunal Santa Eduvigis (ACSE). 

Castro y otros directivos de ACSE, señalaron que las autoridades de ANDA aprovecharon el contexto de la cuarentena domiciliaria obligatoria por la emergencia sanitaria para usurpar las instalaciones de la junta de agua de la comunidad.

Casi tres meses después de la invasión con militares, el 2 de septiembre de 2020, el expresidente de ANDA, Frederick Benítez, envió una carta a los encargados de la junta de agua para notificar que otorgaba 24 horas para desalojar las instalaciones del sistema comunitario. “Frederick Benítez se toma la atribución de dar una orden de desalojo, como que fuera un juez que quería expropiarnos. Considero que eso no fue lo correcto”, señaló Celio Castro.

Esta es la carta firmada y enviada por Frederick Benítez a la junta de agua de la colonia Santa Eduviges, en la que se notifica que tienen 24 horas para desalojar el sistema comunitario.

Según Castro, el costo total de los daños que ANDA hizo al sistema comunitario, tras sabotear la tubería madre, asciende a un estimado de $4,600.00. Pero el costo directo de estas acciones es que inhabilitaron a la junta de agua para poder abastecer a la comunidad.

A pesar de los esfuerzos de la junta, hasta la fecha no se ha podido arreglar lo que fue dañado. Actualmente, de las más de 800 familias que habitan esta comunidad, solo 19 se ven beneficiadas por este proyecto; es decir, solo el 2.4 % de todas las personas recibían agua del sistema comunitario. De igual manera, ocho personas que se desempeñaban en cargos técnicos en ACSE fueron despedidas debido a que la asociación ya no podía pagarles. 

Personal de ANDA rompiendo la tubería de ACSE el 18 de junio de 2020. Foto/Cortesía

ANDA viola la alianza que tenía con ACSE

Desde que la Asociación Comunal Santa Eduviges asumió la administración del sistema comunitario de agua, en 2006, los directivos plantearon una alianza estratégica con ANDA. En un inicio, ACSE le propuso al presidente de ANDA, quien en esa época era César Funes bajo el mandato del exmandatario Elías Antonio Saca, que la autónoma administrara el sistema, pero el presidente de ANDA argumentó que el proyecto “era un cadáver”, que la institución no podía asumir esa responsabilidad porque requería una fuerte inversión para echarlo andar y no podía correr con esos gastos. 

A pesar de lo que dijo Funes, y luego de un proceso de negociación con ANDA, en el mismo año se logró establecer que la autónoma brindaría una acometida a ACSE para poder completar la demanda de agua que tenía la población, pues el pozo del sistema comunitario no daba abasto.   

Desde 2006 hasta junio de 2020 ACSE pagó, según el acuerdo y sin atrasos, la factura mensual de $1,415.22 por la acometida. La Asociación Comunal de la Colonia Santa Eduviges se convirtió en cliente categoría A de ANDA; a pesar de que, según Celio Castro, la autónoma no cumplía con el acuerdo estipulado: “Nosotros firmamos un convenio con ellos, donde  se establecía que iban a abastecer 24 horas sí y 24 horas no. Pero resulta que pasaban semanas enteras donde solo nos daban agua solo un día y no daban 24 horas, sino un máximo de 10 horas. Pasábamos acá hasta seis semanas sin recibir ni una gota de agua de ANDA y teníamos que pagarle siempre la acometida”, explicó Castro.   

En los primeros meses de la pandemia, el suministro de agua era cada vez menor. Por esa razón y debido a la emergencia sanitaria, la junta directiva de ACSE decidió hacer una inversión de $43,000.00 para el mejoramiento del sistema y cumplir las medidas de bioseguridad con el fin de enfrentar el COVID-19  y responder a las necesidades de la comunidad durante la cuarentena domiciliaria obligatoria. Según representantes de la junta directiva de ACSE, esta inversión fue destinada a restaurar el pozo, cambiar el motor del sistema de agua, cambiar las tuberías y el mejoramiento de la subestación eléctrica. 

Con la inversión hecha y la nueva infraestructura en funcionamiento, ACSE se abocó a ANDA para solicitar soporte técnico y así mejorar el servicio: “Cometimos un error. Cuando restauramos el pozo le solicitamos apoyo a ANDA, para ver cómo podíamos mejorar el manejo de las aguas. Ellos vinieron, hicieron el estudio del agua y vieron que la cantidad de agua era muy buena y la calidad también. Pero no nos dieron los resultados. A los días, la intención era quitarnos el pozo, quitarnos todo el proyecto que le cuesta a la comunidad, porque con esfuerzos propios se ha logrado que este pozo funcione”, argumentó el secretario general de la junta de agua. 

Con las acciones realizadas por el personal de ANDA se rompieron los acuerdos y los convenios. “Sometieron a la comunidad de una manera criminal en medio de una pandemia. No les importó que la comunidad pasará alrededor de nueve meses con un servicio vía pipa, cuando nosotros le hacíamos llegar un servicio eficiente de agua potable a la población”, aseguró Celio Castro. 

Como consecuencia del sabotaje de ANDA, la junta de agua tuvo pérdidas por $4,600. Foto/Emerson Flores

La junta directiva de ACSE argumentó que la usurpación de ANDA a la junta de agua tiene un carácter político. Con la toma de la asociación comunitaria se pretendía dar por cumplida la promesa de campaña “agua para todos”, y contribuir al proselitismo en desarrollo, ya que en aquel momento estaban por celebrarse las elecciones legislativas y municipales de 2021. 

Tras el hostigamiento de ANDA, la junta de agua buscó apoyo en el Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS), que es una asociación dedicada al fortalecimiento de la justicia, la equidad y la sustentabilidad ambiental, y también buscaron al Foro del Agua de El Salvador, una organización que tiene como objetivo la gestión responsable, eficiente, equitativa y participativa del agua. 

Para Carlos Flores, representante del Foro del Agua y ECOS, la actuación de ANDA puede ser catalogada como una violación flagrante por parte del Estado salvadoreño del derecho humano al agua de la comunidad Santa Eduviges.  

Tras conocer el caso, ECOS y el Foro del Agua concluyeron que la usurpación al sistema comunitario de agua también buscaba debilitar el proyecto de purificación de agua, que es un servicio que también ofrece ACSE y que consiste en vender agua purificada a la comunidad a un precio asequible de $0.40 centavos por garrafón, en contraste con los $2.60 que la población tendría que pagar por el mismo garrafón a las empresas embotelladoras, como Cristal y Alpina.

ACSE cuenta con su propio sistema de purificación de agua. Venden el garrafón a $0.50. Foto/Cortesía

“Nosotros interpretamos que detrás de la actuación, más que apropiarse del agua, está orientada a eliminar esta iniciativa que sin duda es replicable no solo para las comunidades de Soyapango, sino para otras comunidades a lo largo y ancho del país”, afirmó Carlos Flores.  

Con la asesoría jurídica de Ecos y el Foro del Agua, ACSE inició procesos jurídicos contra el expresidente de ANDA: “Hay delitos penales qué perseguir, porque dejaron sin abastecimiento de agua en medio de una pandemia a más de 4,500 personas”, aseguró Flores.  

Procesos jurídicos

Tras el sabotaje, ACSE con el apoyo jurídico de ECOS y el Foro del Agua inició los siguientes procesos jurídicos.

Fecha
Institución
Detalle
16/09/2020
Fiscalía
Aviso por el posible cometimiento del delito de usurpación de aguas, daños y actos arbitrarios contemplados en el Código Penal vigente.
23/09/2020
PDDH
La PDDH resolvió requerir al expresidente del ANDA una fundamentación fáctica y jurídica para la suspensión del servicio de agua potable de la comunidad. De la misma manera solicitó al exfiscal general Raúl Melara investigar los hechos ocurridos.
28/09/2020
Asamblea
Carta solicitando la interpelación del expresidente de ANDA en el seno de la Comisión de Medio Ambiente
28/10/2020
Sala
Demanda de amparo por vulneraciones a los derechos fundamentales al agua, a la salud y a la propiedad

Ha transcurrido más de un año desde el sabotaje a la junta de agua y los procesos jurídicos siguen abiertos. Según los directivos de la asociación comunitaria, estos procesos no han mostrado ningún avance: “Están bloqueados, están parados. Es de lamentar, pues tenemos derecho a la justicia, porque el daño que nos ha ocasionado ANDA a esta asociación no es poco”, aseguró Celio Castro de ACSE. 

Vulnerabilidad

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso al agua potable es fundamental en el contexto de pandemia, porque el lavado de manos constituye una de las principales medidas para evitar el aumento de los contagios de COVID-19. Según el secretario general de ACSE, los hechos ocurridos en su comunidad fueron una clara vulneración a los derechos fundamentales al agua con el agravante de que también afectó su derecho a la salud. 

El análisis integrado de las implicaciones del COVID-19 en los recursos naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), subraya que “la inequidad en el acceso al agua en la región ha profundizado el impacto de la crisis sanitaria, principalmente en las personas más vulnerables”.

Los casos de Covid-19 en Soyapango tuvieron un aumento en agosto de 2020

GatoEncerrado sistematizó los datos de los contagios de COVID-19 documentados en los meses de junio a octubre de 2020. A partir de estos datos, el aumento de los casos coincide con el periodo en el que la colonia Santa Eduviges se quedó sin agua potable, en el municipio de Soyapango. En ese momento se registró un promedio de 139 casos nuevos durante 17 semanas, esto representó un 8.28 % del total de casos a nivel nacional y un 25 % de los nuevos contagios durante este periodo en el departamento de San Salvador. 

El doctor Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación (ICTI)  de la Universidad Francisco Gavidia, dijo a GatoEncerrado que es posible establecer una relación directa entre el alza de contagios de COVID-19 en Soyapango y la falta de agua en la colonia Santa Eduviges: “No me extrañaría que ese nivel tan alto de contagio de esa localidad esté estrechamente vinculado a la falta de agua (…) Si no tienes agua, no vas a andar pensando en lavarte las manos a cada rato. Vas a usar el agua para las cosas básicas. Entonces, creo que es un factor fundamental desde el punto de vista del contagio de COVID”. 

La falta de acceso al agua no solo puede facilitar el contagio de COVID-19, también complica su tratamiento. “Una persona que además de estar contagiada tenga otra enfermedad por falta de hábitos de higiene, una infección estomacal, complica mucho más el cuadro del coronavirus. Hay un conjunto de enfermedades de índole bacteriana, parasitaria, viral que están íntimamente asociadas a la falta de agua”, explicó Picardo. 

La respuesta de ANDA

Para entender por qué ANDA irrumpió en la junta de agua de la colonia Santa Eduviges, GatoEncerrado intentó comunicarse con el actual presidente de la autónoma, Rubén Alemán, pero su asistente mencionó que estaba fuera del país y que no había forma de contactarlo. De igual forma, esta revista consultó a Frederick Benítez, expresidente de ANDA, sobre las razones que motivaron las acciones en contra de la junta de agua.

“Había una inconformidad generalizada y los que administraban el proyecto no querían que ANDA cobrara, porque ellos tenían el sistema apropiado y era un negocio”, explicó Benítez a esta revista. 

El exfuncionario también aclaró que no recuerda que empleados de ANDA realizaran un sabotaje y daños a la estructura de la junta de agua:  “Llegamos a hablar con ellos y recuerdo que se molestaron y fueron un poco agresivos. La cosa era evitar problemas, porque nosotros lo que queríamos era ayudar a toda la comunidad a que tuvieran más agua”, concluyó Benítez. 

La vida antes de las juntas de agua 

La Asociación Comunitaria de Agua Potable (ACAP) del cantón Sisimitepec, ubicado en Nahuizalco, Sonsonate, cuenta con más de 600 socios activos y opera desde hace 35 años. Rafael González, representante de ACAP, explicó a GatoEncerrado el significado que tiene para la gente de la comunidad contar con agua potable en sus casas: “El proyecto fue un gran alivio para las familias, hubo llantos porque la mayoría de la gente que vivía en el cantón tenía que ir por agua al río Sensunapán. Había gente que invertía hasta 40 minutos para ir al río, pero cuando llegó el proyecto de la junta de agua todo era una fiesta”.

El proyecto de agua de ACAP fue financiado por el Plan de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR, un extinto programa del Estado, financiado por el BID, que se encargaba de desarrollar proyectos de agua potable en la zona rural del país) y ha sido administrado por la misma comunidad desde el inicio. Igual que la Asociación Comunal Santa Eduviges, empezó a funcionar en 2006 y, aunque en un inicio la junta de agua quería que ANDA administrara el sistema de distribución, continuaron funcionando solos y llevando agua a la población por $7 al mes. 

Actualmente, ACSE solo abastece a un polígono que tiene 19 familias, lo que representa un 2.4 % de toda la población que recibía el servicio. Foto/Emerson Flores.

Arely Salas, secretaria de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua de Suchitoto (AGUASUCHI), que aglutina 17 juntas de agua de las 34 que hay en el municipio, comentó a GatoEncerrado que en sus comunidades la gente no contaba con agua potable. Ante la falta del servicio, las mujeres eran las más afectadas debido a las diferencias en los roles sociales de género y por la carga que implica para las mujeres ser las cuidadoras del hogar que tenían que salir a los ríos y nacimientos a buscar el agua para el consumo, el higiene personal y la limpieza del hogar: “Nos tocaba caminar casi 4 o 5 kilómetros para ir a traer agua, también íbamos a lavar. Todas las mujeres prácticamente, era raro que viéramos hombres trayendo agua”, relató Arely Salas. 

Félix Ángela Pineda, presidenta de la Asociación Comunal-Rural de Agua, Salud y Medio Ambiente Zapote-Platanares (ACRASAME ZP) cuenta que antes que los sistemas de agua de las juntas comunitarias empezaran a funcionar, las mujeres de las comunidades de Suchitoto invertían al menos una o dos horas para llevar agua a sus casas: “Las mujeres iban con sus hijos a los ríos a traer agua. Era lejos y no es que llevaran una gran cantidad, la mujer con el cántaro y los niños con un galón o una pichinga”, explicó. 

ACRASAME ZP nació en 2004 y abastece a 600 familias de los cantones de El Zapote y Platanares del municipio de Suchitoto. “El proyecto para llevar agua potable a los hogares inició con seis comunidades, después se añadieron las demás. El proyecto fue apoyado por la alcaldía y por organizaciones como CARE El Salvador”, explicó. 

¿Qué son las juntas comunitarias de agua?

No existe una definición jurídica que establezca el papel y organización de las juntas comunitarias de agua. El manual de Operación  y mantenimiento de la Junta Administradora de Agua Potable de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa explica que la junta comunitaria es: “un grupo de personas que representa a la comunidad ante cualquier institución, gestión o trámite para el logro de la cooperación en la solución de las necesidades comunitarias en el tema del agua y saneamiento”.

De igual forma, LATINNO, un proyecto que sistematiza las nuevas formas de participación ciudadana que constituyen innovaciones democráticas en desarrollo en América Latina, las define como “instancias comunitarias de gestión de los recursos hídricos y del saneamiento, localizadas en zonas rurales y urbanas. Su objetivo es participar y controlar de un modo eficiente el suministro de agua con tarifas más adecuadas a la población. Su organización está formada por representantes de la comunidad y en ocasiones de otras entidades de participación como las asociaciones municipales o los Comités de Desarrollo Local”.

Las juntas comunitarias de agua han tenido que recurrir al Ministerio de Hacienda y a las alcaldías en busca de un reconocimiento legal como ADESCOS y asociaciones sin fines de lucro, a través de personería jurídica con el fin de llevar el agua tanto en la zona rural como urbana. La encuesta de la UCA titulada: “La población salvadoreña opina sobre el derecho humano al agua” reveló que el 62.4 % de las personas que se abastecen con agua por medio de una cañería declaró que ANDA es su distribuidor de agua, mientras que el 25 % aseguró que recibe agua gracias a una junta comunitaria. 

Ricardo Antonio Rivera menciona que uno de los peligros que enfrentan como junta es la presencia de monocultivos en las cercanías de las fuentes de agua, debido al uso de agrotóxicos. Foto/Emerson Flores

Sin reconocimiento

La comisión ad hoc que estudia el proyecto de ley de agua en la Asamblea Legislativa concluyó con la “discusión” del articulado, el pasado 21 de octubre, y optó por no incluir a las juntas dentro de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). En vez de reconocerlas, las puso al mismo nivel que las empresas extractivistas y no las exoneró de cobros por, supuestamente, lucrarse del agua. Esto, pese a que diferentes organizaciones, representantes de iglesias y de la población civil solicitaron que las juntas fueran integrantes del ASA, debido al rol que realizan.

Para los representantes de las juntas comunitarias de agua, esta es una clara señal de la poca importancia que se le da al trabajo que desarrollan en el territorio y es una muestra de que la prioridad del gobierno en turno es beneficiar a las empresas extractivistas que mercantilizan el agua. 

“Una de las principales necesidades sería que carecemos de un reconocimiento a nivel de país. Prácticamente no existimos, no hay documento donde se especifique qué es una junta de agua, cómo está estructurada, cuál es su parte operativa y administrativa. Que no nos comparen con las empresas extractivistas, nosotros vamos coyol quebrado y coyol comido”, explicó Arely Salas, quien acudió el 12 de agosto a la comisión ad hoc a presentar sus propuestas como representantes de las juntas de agua.

Los representantes de las juntas de agua fueron escuchados por la comisión ad hoc, pero su propuesta no fue tomada en cuenta por los diputados. En su participación, hicieron énfasis en que no se les cobrara un canon, pues estas organizaciones no se lucran del recurso hídrico a diferencia de las empresas.

Arely Salas acudió a la comisión que estudia la ley de agua, para presentar las propuestas de las juntas de agua de Suchitoto aglomeradas en AGUASUCHI. Sin embargo, la comisión decidió dejar fuera de la ley a estas organizaciones comunitarias. Foto/Emerson Flores

“Hasta el momento, ningún gobierno nos ha reconocido. Somos más de 2,000 juntas de agua las que hay a nivel de país, porque sabemos que ANDA no puede dar el servicio hacia todas las comunidades. Ahí es donde nosotras como comunidades nos organizamos y se crean las juntas de agua que llevamos el servicio y estamos siendo administrados por nuestra misma gente”, expresó Arely Salas.

El último intento de abordar el trabajo de las juntas de agua en una ley se desarrolló en 1972 en el Reglamento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Actualmente, este reglamento no está en vigencia, lo que significa que estas asociaciones no tienen la posibilidad de exigir sus derechos como organizaciones comunitarias.

El expresidente de ANDA, Frederick Benítez, dijo a GatoEncerrado que participó en la creación del proyecto de ley de agua que actualmente estudia la Asamblea y que personalmente estaba de acuerdo con que las juntas de agua fueran reconocidas en el proceso del estudio de la ley y que podrían ser incluidas como parte de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

“Las juntas de agua tienen que ser partícipes tanto de la ley, porque son bastantes, son muchas las juntas de agua. Ya se les ha consultado a ellos. Yo creo que sí, creo que van a ser incluidas dentro de la ASA”, dijo Benítez a esta revista.

¿Por qué existen?

Las juntas comunitarias de agua tienen en común el interés de llevar agua potable a las comunidades y la protección de los bienes naturales: “La coordinación entre juntas de agua es muy importante, porque buscamos la protección del medio ambiente llevar agua potable a nuestras comunidades. Entonces, el hecho de estar integradas en una asociación significa que si una junta de agua necesita algo, nosotras tenemos que apoyarla”, explicó Arely Salas de AGUASUCHI.

Las juntas también apuestan por el fortalecimiento de la organización comunitaria para lidiar con las amenazas que existen al llevar el servicio de agua a las diferentes comunidades. Celio Castro de ACSE explicó que las comunidades de Soyapango se ven afectadas por ser una zona de riesgo. Hay casas ocupadas por personas que son miembros activos de pandillas, familiares que no pagan por el servicio de agua y no hay forma de hacer que paguen. También aseguró que como asociación nunca han cortado el agua a ningún usuario, “porque la gente tiene el derecho humano al agua”. 

“Nos llama la atención que la Asamblea le esté dando prioridad a las empresas que hacen negocios con el agua, con esa ley les favorecen y nos afectan a nosotros como juntas de agua que no hemos nacido porque se nos dé la gana, sino porque vemos la necesidad de nuestra población, donde su derecho al agua no es respetado. Hay comunidades que tienen que comprar el barril de agua a $8 o $10. Nosotros nos organizamos como juntas por la misma necesidad, si no existieran problemas con el agua, no existirían las juntas de agua”, explicó.

Cada 24 horas se cambia la pastilla de cloro para purificar el agua. Ricardo Rivera dice que el agua tiene buena calidad y que puede usarse para beber. Foto/Emerson Flores

Las juntas llevan agua a zonas donde ANDA no puede proporcionar el servicio. Según el “Diagnóstico Del Sub Sector de Agua Rural de El Salvador” de 2016 (desde ese año no ha elaborado otro documento similar), las juntas comunitarias y los sistemas municipales de aguas abastecen a 1,261,846 personas de un total de 2,389.350 que residen en la zona rural del país. Es decir, al 52.80 %. En la práctica, los sistemas comunitarios ponen el agua al alcance de más de la mitad de la población rural. 

Las juntas de agua cobran una tarifa de acuerdo a la realidad, las posibilidades de las comunidades a las que abastecen y a los gastos de mantenimiento del sistema de distribución. Por ejemplo, ACAP cobra $2.50 a los usuarios de Sisimitepec. Rafael González mencionó que, aunque los socios cumplen con el pago por el servicio, el problema que enfrentan es que las familias han crecido y ahora viven hasta 2 o 3 familias en el mismo terreno. Celio Castro de ACSE ya ha mencionado que la mayoría de la gente que recibía agua por parte de la junta no cumplía con el pago y después del conflicto con ANDA solo abastecen a 19 familias y la autónoma no ha respondido por los daños provocados a la asociación. El cobro que la propuesta de ley de agua ha impuesto para las juntas de agua terminará afectando el bolsillo de los usuarios, porque elevará el costo por el abastecimiento y distribución de agua potable. 

También existe la preocupación de que dentro de estas organizaciones comunitarias no hay un relevo generacional que siga luchando por los bienes naturales: “Nosotros siempre decimos que hay que cuidar lo que ha costado y luchar por lo que tenemos. Por eso, a las nuevas generaciones hay que hacerles saber cuál es el valor del agua. Si un día dejamos de tener agua nos vamos a morir”, comentó González. 

DATO

Tarifas

Estos son los promedios de costos del servicio de agua según el tipo de distribución. Según el Instituto Universitaria de Opinión Pública de la UCA, la percepción entre el cobro y el servicio recibido en la tarifa promedio de las juntas de agua está entre los rangos de “muy justo” y “algo justo”. La tarifa de ANDA está en el rango de “poco justo”.

$ 0
Alcaldía y sistema comunitario
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Junta de agua
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Alcaldía
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ANDA

Fuente: IUDOP

El hidrólogo Julio Quiñonez explicó a GatoEncerrado que la formulación de la ley de aguas se hizo de espaldas a la realidad y tomando de referencia conceptos y mecanismos propios de otros países y, por ende, ligados a una situación que no es la que tiene El Salvador. Eso, según el experto, puede afectar el trabajo de las juntas comunitarias de agua que ya están enfrentando un momento complicado.

 “El problema es que si esto no se ve desde un inicio y solamente se aplica de una forma mecanicista y automática, las imposiciones de ley, lo que va a suceder con el tiempo es que estas pequeñas unidades operativas de ADESCO y juntas de agua van a tener que vender sus activos o transferirlo a entidades privadas y particulares. Eso vendría a encarecer el agua automáticamente. Dejar estos vacíos sin un verdadero amarre y asistencia a estos requerimientos y soluciones que tienen las juntas de agua en todo el ámbito rural, lo que estaría pasando a un mediano y corto plazo es una serie de grandes problemas, conflictividades, la imposibilidad de seguir operando económicamente”, dijo Quiñonez.

El trabajo integral de las juntas de agua

Para Celio Castro, el trato que han recibido por parte de la Asamblea Legislativa y ANDA ha sido injusto, porque desconocen el trabajo que implica abastecer de agua a una comunidad con recursos propios: “Yo invitaría a las autoridades correspondientes a que nos visiten y vean los gastos con los que se corre. Lo que implica tener una red de distribución, el mantenimiento de un pozo, cambios de válvula de alta potencia, el costo del mantenimiento. Fuimos a la comisión que estudia la ley de agua para presentar nuestra propuesta. El problema es que nosotros creemos que las personas que están administrando ANDA y los diputados desconocen la realidad en la que vive nuestra población”. 

ACRASAME ZP es una junta de agua del municipio de Suchitoto que busca llevar agua a las comunidades y generar conciencia en sus integrantes para proteger los bienes comunes. Foto/Emerson Flores

Castro agregó que durante varios años, ACSE apoyó a la Fundación Forever, le brindaban agua potable a la escuela de la comunidad y a la Policía Nacional Civil (PNC). También construyó una valla de protección en la cancha de la escuela. Ahora su trabajo se ha limitado a atender con agua a un polígono de la colonia. 

La lucha por los bienes comunes que sostienen las juntas de agua en los territorios es la que garantiza, según Arely Salas, la calidad del agua que llevan a las comunidades: “Usted tiene la seguridad de que si abre el chorrito, esa agua es apta para consumo, usted se va a dar cuenta del tipo de agua que tenemos. Esa es la riqueza que tenemos en Suchitoto, por eso las empresas tienen los ojos puestos en la comunidad”, dijo a GatoEncerrado

Las juntas de agua de Suchitoto son el muro de resistencia ante las empresas que buscan explotar el agua y de las granjas avícolas y porcinas a las que ven como sus principales amenazas. ACRASAME ZP, aparte de llevar agua a las comunidades, también tiene diversos proyectos gracias a la cooperación internacional. Han sembrado 1,000 árboles en la zona de recarga hídrica, tienen espacios de formación en temas socio ambientales y han luchado para que la organización de las juntas sea más inclusivas y reconozcan el liderazgo de las mujeres. 

El trabajo de las juntas de agua, pese a no ser reconocido por el Estado se ha desarrollado desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta la fecha beneficiando, sobre todo a la zona rural del país: “El principal problema que tenemos es que no contamos con una ley de agua que regule la explotación de las empresas extractivistas. A todos los gobiernos no les ha importado la parte de la depredación del medio ambiente”, mencionó Arely Salas.

De igual forma, en Sisimitepec, ACAP tiene la lucha de mantener limpio el río Sensunapán que enfrenta la amenaza de los proyectos hidroeléctricos y oponen resistencia ante empresas como Sensunapán S.A. de C.V. que busca construir la octava represa en la zona. 

Un retroceso para la comunidad

Hasta la fecha, ANDA no ha hecho nada para restaurar el daño ocasionado a la junta de agua de Santa Eduviges, en Soyapango. La autónoma tampoco ha cumplido la promesa de brindar un servicio contínuo de agua potable a las comunidades. 

Después del 18 de junio, los habitantes de la Colonia Santa Eduviges quedaron sin acceso al agua, a pesar de los intentos de la asociación comunitaria por resolver la situación y restaurar los sistemas. El 97.6 % de las familias cuentan con el servicio irregular brindado por ANDA. “El agua, por ahorita, no la están tirando todos los días como supuestamente dijo Frederick Benítez. Cae dos veces por semana, pero no todo el día, solo viene como 6 horas”, aseguró Norma Valladares, integrante de la junta directiva de ACSE y habitante de la colonia Santa Eduviges. 

Para Maribel Guerrero, la situación es más crítica debido a que su vivienda se ubica en la zona alta de la colonia. Después de las acciones contra la junta de agua, los habitantes ya no tuvieron acceso al agua del pozo. Pasaron cuatro meses sin respuestas de ANDA en medio de la cuarentena domiciliaria. “En la pandemia sí nos costó, porque vivimos en zona alta y el agua no llegaba. Comprábamos la pipa, nos organizábamos porque costaba $45 y solo duraba cuatro o tres días. Así estuvimos y así estamos todavía. El agua cae un tiempo, como dos horas y después vuelve a caer cada 5 días”, explicó Maribel Guerrero, habitante de la Colonia Santa Eduviges. 

Según Norma Valladares, el servicio prestado por ANDA representa un retroceso en el acceso al agua de la comunidad, no solo por la poca cantidad que les administran, sino porque la autónoma carece de una estrategia para el abastecimiento de la comunidad, tomando en cuenta las características geográficas del territorio. “Hoy lo que hace ANDA es tirar el agua y hasta que se llenan las tuberías es que alcanzamos a agarrar y si no  alcanza a subir nos quedamos sin agua a esperar hasta la siguiente semana para agarrar”, expuso Valladares. 

De acuerdo con lo expuesto por los directivos de las junta de agua, ACSE sí tenía un plan estratégico para garantizar de manera constante el acceso al agua de la comunidad. “La estrategia era entregar el agua por sectores y cuando se abastecía a toda la comunidad, se empezaba otra vez. Pero ANDA solo tira el agua”, explicó Valladares. 

Tras el sabotaje cometido contra la junta de agua y el desabastecimiento, ANDA colocó tanques para que las familias vayan y consigan agua. Foto/Emerson Flores

Para responder al deficiente abastecimiento de agua en los polígonos que se ubican en la zona alta de la colonia, la solución de ANDA fue incorporar, como estrategia de abastecimiento, tanques para que las personas acudieran en busca de agua. Para Maribel y sus vecinos, esta medida es insuficiente porque los tanques no han sido colocados en todos los polígonos de la colonia, además es una medida que no sería necesaria de no ser por el sabotaje a la junta de agua que tenía un servicio constante de agua por parte de ACSE.

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