El 1 de mayo dejó de existir la separación de poderes en El Salvador. El primer día de trabajo, la nueva Asamblea Legislativa descabezó a la Sala de lo Constitucional de la CSJ y destituyó al fiscal general de la República, sin ningún debate ni derecho a defensa para los funcionarios. Esto, bajo la excusa de que “ponían en riesgo la vida de salvadoreños” en medio de la pandemia por COVID-19. La realidad es que las resoluciones de la Sala reñían con los intereses del gobierno de Bukele. Inmediatamente y sin la implementación del debido proceso de selección estipulado en la ley, la Asamblea impuso a personas afines al oficialismo.
Para el juez Antonio Durán, “la invasión del Palacio de Justicia por parte de la Policía Nacional Civil, para pedir las llaves de los despachos de la Corte Suprema de Justicia y entregarlas a los operadores políticos, fue el inicio del debacle del Estado de Derecho”.
El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones civiles se pronunciaron por las “violaciones considerables a los Derechos Humanos que castigan, como siempre, a los más débiles“. Después del 1 de mayo, ha sido notoria la ausencia del procurador para la Defensa de Derechos Humanos Apolonio Tobar.
En agosto, Nuevas Ideas consolidó el golpe al poder judicial. Destituyó forzosamente a un tercio de los jueces sin seguir el debido proceso bajo el argumento de ser “corruptos”, aunque a ninguno se le atribuyó delitos y el verdadero criterio para despedirlos fue que tenían más de 60 años de edad o 30 de carrera. La “depuración” irrespetó el artículo 186 de la Constitución de la República que establece que los jueces “gozarán de estabilidad en sus cargos”.
El presidente impuesto de la CSJ, Óscar López Jerez, juramentó a jueces para ocupar los cargos, violando el artículo 187 de la Constitución y el artículo 15 de la Ley de la Carrera Judicial, que establecen que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) es la institución “encargada de proponer candidatos para los cargos”, presentar documentación que compruebe que cumplen los requisitos y pasar por la Escuela de Capacitación Judicial, en un proceso público. Hasta este día, se desconoce cómo fueron seleccionados. El CNJ quedó de adorno.
La Sala de lo Constitucional afirmó en 2015, en una resolución de inconstitucionalidad con número de referencia 32-2015, que “si el reconocimiento de un derecho fundamental dependiera de los funcionarios que representan al pueblo, significaría retroceder ochocientos años para concebirlos como concesiones o gracias que el Monarca otorgaba”.
Los funcionarios de Bukele brotan en listas de corruptos
14 salvadoreños fueron incluidos inicialmente en la Lista Engel. Siete de esos son actuales funcionarios, exministros y aliados del gobierno de Nayib Bukele. Estados Unidos argumentó que los incluyó en la lista por haber cometido corrupción, debilitar la democracia, lavado de dinero, sobornar a jueces y beneficiarse de negocios con China. Más tarde, también fueron incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia impuestos el 1 de mayo. Esto provocó remoción de visas para los mencionados, las visas de sus familiares e incluso iniciar sanciones vinculadas al sistema financiero de Estados Unidos.
Para cerrar el año, Estados Unidos impuso otras sanciones, a través de la Ley Magnitsky, al director de Centros Penales Osiris Luna, a su madre Alma Yanira Meza Olivares y al director de Tejido Social Carlos Marroquín, por supuestamente negociar con la pandilla MS-13 y por apropiarse de millones de dólares de los centros penales del país.
Bukele menosprecia lista de corruptos que señala a sus funcionarios y aliados
De los 14 salvadoreños que aparecieron en la lista de la sección 353 de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como Lista Engel, siete son actuales funcionarios, ex ministros y aliados del gobierno.
Estados Unidos sanciona a funcionarios de Bukele por negociar con pandillas para beneficiar al partido Nuevas Ideas
Estados Unidos impuso sanciones a través de la Ley Magnitsky al director de Centros Penales Osiris Luna, a su madre Alma Yanira Meza Olivares y al director de Tejido Social Carlos Marroquín, por negociar con la pandilla MS-13 y por apropiarse de millones de dólares de los centros penales del país.
Aumenta la cantidad de niños y niñas retornados
Este año, la cantidad de niños y niñas retornados a El Salvador, entre enero y noviembre de 2021, incrementó en 117 % con respecto a 2020. Hasta noviembre de este año, 2,322 menores de edad fueron retornados, mientras que en el mismo período de 2020 hubo 1,067 casos. Sin embargo, la cantidad total de personas retornadas ha disminuido con respecto a 2020. Hasta noviembre hubo 7,124 personas retornadas y el año pasado se registraron 10,184, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).