Ilustración/Leonel Pacas

Bukele menosprecia lista de corruptos que señala a sus funcionarios y aliados

De los 14 salvadoreños que aparecieron en la lista de la sección 353 de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como Lista Engel, siete son actuales funcionarios, ex ministros y aliados del gobierno. El presidente Bukele se niega a reconocerlo y buscó ocultar el tema con el anuncio de un aumento al salario mínimo, la entrega de más paquetes de alimentos, el embargo del inmueble de la sede de Arena y diciendo que el país “tiene su propia lista”, donde señala la corrupción de sus antecesores. 

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Por Xenia Oliva

Por Xenia Oliva

El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló, este 1 de julio, la primera parte de su lista de corruptos, entre los que aparecen funcionarios públicos del actual gobierno. Estos son los personajes mencionados.

Corrupción, debilitar la democracia, lavado de dinero, sobornar a jueces y beneficiarse de negocios con China son parte de las razones que llevaron a que 14 salvadoreños aparecieran en la primera versión de la lista de la sección 353 de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Congreso de los Estados Unidos y respaldada por el Departamento de Estado.

La lista, conocida como Engel por el excongresista Eliot Engel quien introdujo la propuesta de ley en 2019 y que luego fue ratificada en diciembre de 2020, recopiló los nombres de 14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 21 hondureños señalados por ser actores corruptos y antidemocráticos.

A las personas que aparecen en la lista se les bloquea la entrada a Estados Unidos, ya que se les suspende inmediatamente la visa por un periodo de tres años o no se les entregará si aplican a ella.

“No queremos ver a las personas llegando a Miami, comprando un condo, saliendo a Disney con fondos conseguidos de una forma de corrupción”, señaló la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.

Ricardo Zúñiga, Enviado Especial para el Triángulo Norte, adelantó que la remoción de la visa de quienes aparecen en la lista solo es una herramienta de varias, dependiendo de los casos se puede retirar la visa de los familiares e incluso iniciar sanciones vinculadas al sistema financiero de Estados Unidos.

“No excluimos aplicar otras medidas si son pertinentes”, dijo Zúñiga.

Aunque ambos señalaron que la lista ha sido una herramienta para ayudar al gobierno de El Salvador en el combate a la corrupción y que las instituciones gubernamentales pueden usarla para iniciar las investigaciones, la lista ha sido recibida con desdén por el presidente de la República, Nayib Bukele, el fiscal general impuesto por el oficialismo,Rodolfo Delgado, y por los propios involucrados, a excepción de Arena que optó por separarlos del partido.

La publicación de la lista Engel había generado expectativa desde hace varios meses, sobre todo durante el mes de junio para cuando se tenía previsto que fuera presentada al público. La difusión de un video del presidente Bukele, a las 5:30 de la mañana del 1 de julio para anunciar un incremento del 20 % del salario mínimo sin ninguna alusión previa a dicha decisión, provocó conjeturas de que se conocería algo más sobre la lista ese día.

En la lista presentada para El Salvador destacan en su mayoría funcionarios públicos actuales, ex ministros y allegados al partido Nuevas Ideas.

Las personas con los puestos más claves en el gobierno y que aparecieron en el listado son Conan Castro, actual secretario jurídico de la presidencia de la República y Carolina Recinos de Bernal, comisionada presidencial.

A Castro se le señala de haber socavado los procesos o instituciones democráticas al haber colaborado en la destitución irregular de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Fiscal General, el pasado 1 de mayo. En diversas ocasiones funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, incluyendo la vicepresidenta Kamala Harris, han cuestionado la destitución que realizó la Asamblea Legislativa con la venia del presidente Bukele.  

En el caso de la jefa de gabinete en el Gobierno, Carolina Recinos, no es la primera vez que aparece en un listado emitido por el Departamento de Estado. A mediados de mayo, su nombre apareció en un reporte de funcionarios y exfuncionarios corruptos que el Departamento de Estado hizo llegar al Congreso estadounidense. Dicho reporte establecía que se podía presumir de forma creíble que “ha cometido o facilitado actos de corrupción”.

El documento de la lista Engel no solo reiteró que Recinos incurrió en corrupción significativa al hacer uso indebido de fondos públicos para su beneficio personal, sino que también “participó en un importante esquema de lavado de dinero”.

Desde la publicación del reporte en mayo, las apariciones públicas de Recinos han sido casi nulas, pese a que previamente su participación en entrevistas y conferencias era constante. La última vez que acudió a una actividad pública fue el 1 de junio en la Asamblea Legislativa para el discurso de dos años de gobierno de Bukele.

El actual ministro de Trabajo, Rolando Castro, también apareció en la lista. Se le señaló de haber obstruido investigaciones sobre corrupción y de socavar los procesos o las instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos.

Para el 1 de julio al mediodía se había convocado a una conferencia de prensa por el tema del incremento al salario mínimo, pero fue cancelada después de la publicación de la lista. La primera respuesta de Castro fue un tuit en el que habló de “cobardes ataques de poderes fácticos nacionales o internacionales” sin referirse directamente a la lista.

Fue hasta el sábado por la mañana que Castro se refirió a la lista como una “suciedad” y un “juego de chantaje político internacional” durante un evento de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (Agepym).

“Que pagaron mucho lobby en Washington para que me incorporaran en una suciedad. No importa donde me ubican ni donde me pongan, yo en su momento dije que solo entrego cuentas a Dios, al presidente de la República y al pueblo salvadoreño”, dijo.

Otro de los señalados es el viceministro de seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, por cometer actos de corrupción relacionados a contratos gubernamentales y sobornos durante su gestión. Los señalamientos contra Luna iniciaron después de fotografías de él y una acompañante a bordo de un avión privado durante un viaje a México que circularon por redes sociales. Luna nunca ha dicho públicamente cuál fue la empresa que pagó su viaje. El 10 de noviembre publicó en su cuenta de Twitter que: “Fui invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad. Viajé ida y regreso por Avianca (también invitado) y, para poder realizar el viaje completo en poco tiempo, los vuelos internos (dentro de México) nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado”.

En febrero del año pasado, el medio digital El Faro publicó que la empresa mexicana Grupo SeguriTech Integral Security, que provee servicios de videovigilancia, habría pagado el viaje.

En la lista también aparecen dos exfuncionarios y allegados al círculo del presidente Bukele.

El exministro y exviceministro de Agricultura, Pablo Salvador Anlinker Infante, ha sido señalado por Estados Unidos de cometer serios actos de corrupción y malversar fondos públicos para su beneficio personal.

Durante 2020, Anlinker estaba entre los ministros más cuestionados por el manejo de los fondos asignados para la pandemia. A finales de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR), aún a cargo de Raúl Melara, había iniciado una investigación por el uso de fondos e incluso había hecho allanamientos en las oficinas del MAG.

El pasado 7 de abril, Anlinker fue removido de su cargo al frente del Ministerio de Agricultura (MAG) y pasó a ser el viceministro. A finales de mayo anunció que se retiraba del MAG.

En su cuenta de Twitter respondió con burlas a dos tuits que señalaban su presencia en la lista.

El otro exfuncionario es Rogelio Eduardo Rivas, exministro de Seguridad Pública y exgobernador de San Salvador durante la gestión del FMLN. A Rivas se le acusó de haber incurrido en importantes actos de corrupción al malversar fondos públicos para su beneficio personal.

El último allegado al presidente Bukele y Nuevas Ideas en aparecer en la lista ha sido Walter Araujo, excandidato a diputado por Nuevas Ideas en las últimas elecciones de febrero de 2021. Antes fue diputado y presidente del partido Arena, luego corrió como candidato a alcalde de GANA.

“Socavó los procesos o instituciones democráticas al llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a los candidatos políticos”, expuso el documento.

Desde el día de la publicación de la lista, Araujo ha usado su cuenta de Twitter para burlarse de esta.

En la Asamblea Legislativa, los diputados de Nuevas Ideas se rehusaron a responder a las preguntas relacionadas a la lista Engel y los señalamientos contra funcionarios públicos.

El día de la publicación de la lista, Bukele inició compartiendo un tuit que destacaba la falta de mención de Juan Orlando Hernández en la lista de Honduras y luego tuiteó: “United Fruit Company”.

“No tengo comentario porque no vi eso. Tengo bien claro cuál es mi trabajo aquí. Mi trabajo es encontrar un camino adelante para nuestra relación. Creo que vamos a encontrar un camino con el presidente Bukele”, dijo Manes al respecto.

Al día siguiente, el 2 de julio, Bukele y su gabinete comenzaron a difundir el hashtag “La verdadera lista” y se realizó un fuerte operativo con fiscales y policías para embargar las instalaciones del COENA, la sede principal del partido Arena.

“Gracias por la lista, pero en El Salvador tenemos la nuestra”, publicó el presidente Bukele.

Durante el allanamiento en la sede de ARENA, el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, dijo escuetamente que él respetaba el derecho de Estados Unidos.

Pero no hizo mención si daría seguimiento a lo señalado en la lista.

En mayo pasado, en un reporte de funcionarios o exfuncionarios salvadoreños corruptos o sospechosos de corrupción que envió el Departamento de Estado al Congreso y el Senado aparecía el diputado del partido Gana y expresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Sin embargo, esta lista el diputado ya no aparece mencionado. 

Sin referirse a ningún caso en específico, la embajadora Manes dijo en una entrevista de televisión que siguen investigando más personas que podrían ser agregadas a la lista. También, Manes explicó que en la lista no están incluidos los ciudadanos americanos, pero eso no los excluye de que sean investigados por las autoridades de su país.

Los reincidentes del FMLN

Al igual que en el reporte publicado en mayo, los nombres de José Luis Merino y Sigfrido Reyes, históricamente altos dirigentes del FMLN, volvieron a aparecer en la lista Engel señalados por actos de corrupción.

Merino, quien fue exviceministro de Inversión Extranjera y Financiación del Desarrollo durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén y asesor de Alba Petróleos en el país, tuvo un puesto en la lista por cometer importantes actos de corrupción durante su gestión usando sobornos. También se le señaló de haber participado en un esquema de lavado de dinero.

Sigfrido Reyes fue incluido en la lista por cometer importantes actos de corrupción durante su mandato a través de fraude y uso inadecuado de fondos públicos.

El día de la publicación de la lista, la única reacción de parte del FMLN vino de las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, quienes compartieron un comunicado en el que condenaban todo acto de corrupción.

“En el caso de militantes de nuestro partido, Sigfrido Reyes y José Luis Merino, que aparecen señalados en la lista, consideramos que estos también deben someterse a las leyes y procesos correspondientes. Exhortamos a la Comisión Política a tomar acciones internas que permitan salvaguardar la transparencia, honradez, así como los principios, valores éticos y revolucionarios que nos rigen”.

Casualmente, tras la postura de las diputadas, el sábado 3 de julio el FMLN anunció que en Consejo Nacional se había decidido que Jaime Guevara será el nuevo jefe de fracción legislativa, pese a que por los últimos dos meses no se había conocido ningún avance en la decisión.

Sobre la lista Engel y los señalamientos contra Merino y Reyes, Guevara había dicho que quien tenía la competencia para opinar o hacer una valoración política era la dirigencia del FMLN.

Fue hasta casi las 5:00 de la tarde del sábado 3 de julio que el actual secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, compartió un comunicado en el que sostenía que: “El FMLN no debe responder por acciones personales o individuales”.

Casi a medianoche del mismo sábado, la cuenta oficial del FMLN publicó otro comunicado de parte del Consejo Nacional en el que decía que condenaba todo tipo de corrupción, pero también hablaba de persecución política contra el partido.

“Al mismo tiempo, rechazamos categóricamente el uso ilegal del aparato del Estado por el régimen de Bukele, por lo que expresamos nuestra desconfianza con las instituciones garantes de justicia del país, a todas luces guiadas por una persecución política a dirigentes y militantes de nuestro partido”.

En el comunicado, el consejo también hablaba sobre que “el imperialismo y la oligarquía lacaya en El Salvador” no son ejemplo de respeto a la ley e instaba a que quien tuviera pruebas de casos de corrupción de miembros del FMLN acudiera al Tribunal de Ética del partido.

“Utilizar espacios mediáticos para difamar sin prueba alguna es una falta a nuestros principios y a la ética revolucionaria”, cerró el comunicado.

Arena expulsa a los mencionados en la lista

En la lista también aparecen personas relacionadas al partido Arena.

Carlos Reyes, actual diputado de la Asamblea Legislativa, fue señalado por obstruir investigaciones sobre corrupción al influir indebidamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El exalcalde de La Unión por el partido Arena, Ezequiel Milla, fue añadido a la lista por haber cometido actos de corrupción abusando de su autoridad durante su gestión como edil para influir en la venta de la isla Perico a personas de la República Popular de China, obteniendo beneficios personales también.

Durante la tarde del 1 de julio, el partido Arena publicó en su cuenta oficial que había tomado la decisión de separar a Reyes y a Milla del partido y que iniciarán los procesos internos correspondientes.

René Portillo Cuadra, actual jefe de fracción de Arena en la Asamblea Legislativa, dijo que él se comunicó con Reyes quien decidió separarse voluntariamente del partido. Ante la consulta de si se iniciaría un proceso de desafuero en la Asamblea, Portillo Cuadra dijo que no se atrevería a dar algo por sentado al respecto.

En la lista también apareció el ex asesor del partido Arena y actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luis Guillermo Wellman Carpio.

Sin embargo, en su comunicado el partido aseguró que además de Milla y Reyes no había nadie más en la lista que estuviera afiliado al partido.

A Wellman Carpio se le señaló por haber afectado procesos o instituciones democráticas al provocar retrasos graves e innecesarios en los preparativos de las elecciones y en la tabulación de los resultados para su beneficio personal y permitir la influencia maligna de China durante las elecciones salvadoreñas.

Respecto a este tema, una fuente le confirmó a GatoEncerrado que el voto de Wellman Carpio influyó en el atraso de la compra de equipo para el conteo de votos y transmisión de los resultados de las elecciones de diputados y alcaldes del pasado febrero de 2021.  Según la fuente, el magistrado propuso al Tribunal Supremo Electoral que se le comprara a la empresa relacionada con el empresario chino, Bo Yang, quien también adquirió la isla Perico. El tema habría llegado a conocimiento de la embajada de Estados Unidos, quien pretendía donar un sistema de protección para el sistema de transmisión. Posterior a que la embajada estadounidense dijera que el sistema chino no era confiable y cuando se estaba cerca de las elecciones, el magistrado Wellman Carpio desistió de que el TSE optara por la oferta de la empresa china.

El periódico Diario El Mundo publicó que la empresa china Golden Will Industrial Limited (Goldwill, S.A. de C.V.) demandó al Tribunal Supremo Electoral por haber dejado sin efecto el proceso de licitación del centro de procesamiento de resultados de las elecciones y está pidiendo una indemnización por $421,776.43. La demanda fue promovida por el abogado Mauricio Ernesto Godoy Alas, procurador de la empresa, y por el representante legal, Bo Yang, ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

A través de un comunicado, el magistrado Wellman Carpio informó que envió cartas al secretario de Estado, Antony Blinken, para solicitar una reunión en la que pueda conocer los detalles de los señalamientos contra él. Aseguró que estaba dispuesto a ser auditado. También envió una carta similar al TSE donde solicitó que se haga una auditoría interna.

Empresarios acusados de soborno al sistema de justicia

Los nombres de los empresarios Enrique Rais López y Adolfo Salume también aparecieron en la lista Engel.

Rais López, quien se encuentra prófugo, aunque en marzo de este año recibió sobreseimiento definitivo por el delito de fraude, fue señalado por haber estado involucrado en actos de corrupción significativa. “Socavó procesos o instituciones democráticas al sobornar a funcionarios públicos”, expuso el documento.

Desde el año pasado se ha paralizado el juicio contra el exfiscal Luis Martínez, acusado de haber participado en una red que incurrió en delitos como fraude procesal para beneficiar a Enrique Rais.

En el caso de Salume se le implicó en importantes actos de corrupción. Además se le señaló de quebrantar los procesos e instituciones democráticas al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar el pago de una multa. Salume es empresario y fundador del partido político Democracia Salvadoreña (DS), el cual únicamente participa en los procesos electorales por medio de coaliciones de diputados con partidos como Arena y PCN, mecanismo que le ha permitido a dicho instituto político mantenerse vivo. 

Lista acentúa la debilidad histórica del órgano judicial

Los señalamientos de sobornos a miembros del sistema de justicia de parte de empresarios y de funcionarios que han obstruido en investigaciones sobre corrupción recuerdan el lastre histórico del sistema de justicia salvadoreño.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, expresó que por años se ha sabido de las deficiencias del órgano judicial, de los actos de corrupción y las posibilidades de comprar inmunidad en dicho órgano, por lo que no le extrañó que la lista Engel hiciera alusión a este tipo de sobornos. Indicó que lo que se esperaría es que la Fiscalía tome la lista para iniciar una investigación de los hechos señalados.

“Pero sabemos que no se va a dar. Esto solo viene a reconfirmar las deficiencias y la necesidad de una reforma al órgano judicial”.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, consideró que la lista es integral ya que expone a todos los partidos políticos y ha sido el segundo llamado que se hace desde Estados Unidos para que el Ejecutivo trabaje contra la corrupción.

Al igual que Escobar, Sandoval dijo que debería haber una investigación contra todos los funcionarios o cualquier ciudadano que aparezca en la lista, independientemente del partido político con el que esté relacionado.

“Pero no creo que haya movimientos intensos o fuertes que realmente reflejen un cambio en el esquema del tratamiento a la corrupción. Si los hay van a servir para resguardar o proteger en lugar de castigarles”, dijo Sandoval.

Escobar expresó que al no tener instancias independientes del Ejecutivo, no esperan mucha respuesta si de parte de la ciudadanía se lleva una denuncia ante la Fiscalía para que se inicie un proceso de investigación.

“Es complicado poder hacer algo desde la ciudadanía en términos institucionales, lo que sí se puede hacer es generar opinión pública alrededor de la necesidad de que el gobierno cumpla con los estándares mínimos de transparencia y de combate a la corrupción y en esa medida generar presión pública para los funcionarios sean separados, al menos temporalmente”, dijo Escobar.

Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), consideró que la lista era una oportunidad para demostrar tanto a la población salvadoreña como a la comunidad internacional el compromiso que adquirió el presidente Bukele en el combate a la corrupción.

“Sus palabras en 2020 sobre que quien robase, él mismo iba a meterlo preso. Hay personas que están señaladas y la mayoría son de su gobierno. Que se inicien las investigaciones y se llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo Hernández.

“Debe cambiar el rumbo dado que, hasta este momento, el gobierno está llevando a un abismo y la ciudadanía aún no lo advierte. Entre menos se respete la institucionalidad la ciudadanía no va a tener dónde exigir que se cumplan y garanticen sus derechos”, sostuvo Hernández.

Escobar recordó que todo acto de corrupción tiene costos a corto y largo plazo.

“Se puede calcular el valor de los fondos, pero también tiene un costo que no es medible, que no se puede percibir en el corto o mediano plazo, que es un costo social que se va a ver reflejado en futuras generaciones”, dijo Escobar. Señaló los impactos en el sistema de salud y educación que se pueden seguir viendo aún años después.

Sandoval señaló que para la elaboración de la lista se incluyó la participación de distintas agencias estadounidenses, por lo que consideró que no se puede deslegitimar.

“La gente tiene que entender que se está sacando una lista para combatir en este preciso momento la corrupción, eso no quita que se debería combatir la corrupción de años anteriores. Pero hoy por hoy ellos son quienes manejan los hilos que afectan la vida cotidiana de la gente en tema de salud, créditos, medio ambiente, si queremos cambiar hay que comenzar en este momento”, dijo Sandoval.

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