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Estados Unidos sanciona a funcionarios de Bukele por negociar con pandillas para beneficiar al partido Nuevas Ideas

Estados Unidos impuso sanciones a través de la Ley Magnitsky al director de Centros Penales Osiris Luna, a su madre Alma Yanira Meza Olivares y al director de Tejido Social Carlos Marroquín, por negociar con la pandilla MS-13 y por apropiarse de millones de dólares de los centros penales del país.

Imagen/Karina Hernández

Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

@KarenMorenoPala

Jefa de un esquema de corrupción multimillonario

En el Día Internacional contra la Corrupción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la jefa de gabinete del gobierno de Nayib Bukele, Martha Carolina Recinos de Bernal, con base a la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky. 

Estados Unidos la acusó de ser “jefa de un esquema de corrupción multimillonario” en medio de la crisis provocada por COVID-19. Según la investigación, ordenó autorizar a ministros del gobierno “varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia”, que incluyeron millones de dólares en insumos, como mascarillas quirúrgicas y batas de hospital a empresas que no se dedican a la industria de la salud. Los contratos inflados, de acuerdo a las indagaciones, permitieron sobornos a funcionarios y asesores del gobierno. También se señaló al gabinete del gobierno de Bukele de revender donaciones de insumos médicos para su beneficio personal.

La otra tarea que dirigió Recinos fue el desvío de canastas de alimentos que estaban destinadas a la población durante la cuarentena obligatoria, para obtener votos en beneficio de candidatos del partido Nuevas Ideas en las elecciones municipales y legislativas 2021. 

Las implicaciones de estas sanciones son el bloqueo de todas las propiedades y las cuentas de Recinos que se encuentren en Estados Unidos, así como el 50 % de cualquier entidad que sea de su propiedad, directa o indirectamente. 

No es la primera vez que Recinos aparece en una lista de corrupción emitida por el Departamento de Estado. La primera vez fue a mediados de mayo de este año, en un reporte en el que se leía que “Carolina Recinos, actual jefa de gabinete en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”. Su actuación en esquemas de corrupción fue reiterado por segunda ocasión en la Lista Engel, la cual agregó que Recinos “participó en un importante esquema de lavado de dinero”. Esta lista tuvo como sanción la remoción de su visa. 

La representante del gabinete de gobierno de Bukele fue mencionada junto a otras 14 personas y entidades acusadas de corrupción de países de Centroamérica, África y Europa.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó este miércoles al viceministro de Seguridad y director de Centros Penales Osiris Luna y al director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social Carlos Marroquín, ambos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, por supuestamente ser “perpetradores de corrupción y (cometer) abusos graves a los derechos humanos”.

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, una investigación reveló que Luna y Marroquín negociaron con líderes de pandillas encarcelados de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), a favor del partido político del presidente Bukele, Nuevas Ideas, para las elecciones legislativas de 2021, en la cual obtuvieron mayoría de diputados. Según las indagaciones, los funcionarios también negociaron mantener a la baja la cifra de homicidios en el país, lo cual ha sido promocionado por el gobierno de Bukele como uno de sus mayores logros, a través del aún desconocido plan Control Territorial

El papel de Luna y Marroquín en la negociación fue dirigir, facilitar y organizar “varios encuentros secretos con la participación de líderes de pandillas encarcelados, en los cuales se permitió a los miembros que ingresaran a establecimientos penitenciarios y se reunieran con cabecillas de bandas”. Investigaciones periodísticas ya habían revelado esas negociaciones entre las principales pandillas del país y el gobierno de Bukele, que tenían el fin de obtener apoyo electoral y reducir homicidios. 

A cambio, el presidente “Bukele proporcionó incentivos financieros en 2020 a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18, así como un suministro de teléfonos móviles y prostitutas”, de acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro. 

Estados Unidos también sancionó a la madre de Osiris Luna, Alma Yanira Meza Olivares, quien “intervino como negociadora” en algunas transacciones para apropiarse de insumos adquiridos por el gobierno en plena crisis provocada por la pandemia de COVID-19. El departamento del Tesoro asegura que algunos artículos fueron transferidos a empresas privadas y luego revendidos a otras empresas privadas y otros fueron adquiridos nuevamente por el gobierno, de acuerdo con la investigación. Pero no solo eso. Luna, con el apoyo de su madre, también se apropió de “millones de dólares pertenecientes al sistema de comisarías penitenciarias de El Salvador”; con su madre creó “puestos de trabajo fraudulentos” en los que personas se hacían pasar por empleados para recibir sueldos, pero devolvían la mayor parte del dinero a Luna y Meza. 

Una publicación de El Faro reveló cómo hasta abril de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) dirigida por Raúl Melara, quien fue removido de manera ilegal por la nueva Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, llevaba un proceso de investigación que fue bautizado como Catedral, que documentó las negociaciones del gobierno con las pandillas. El equipo de fiscales que dirigió las indagaciones fue el Grupo Especial Antimafia (GEA). Ese mismo equipo también documentó cómo el gobierno de Bukele utilizó miles de paquetes de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para beneficiar electoralmente en 2021 al partido Nuevas Ideas. 

De acuerdo con estas publicaciones, el fiscal impuesto Rodolfo Delgado, quien fue elegido en un proceso irregular por los diputados de Nuevas Ideas y aliados del gobierno el 1 de mayo de este año, se encargó de desmantelar al equipo de investigación. 

Luego del anuncio de las sanciones, periodistas buscaron al fiscal impuesto para preguntarle qué hará con la información difundida por las autoridades estadounidenses sobre las actuaciones de Osiris Luna, su madre Alma Yanira Meza y Carlos Marroquín, pero su respuesta fue el silencio.

Implicaciones

Las sanciones del gobierno de Estados Unidos fueron aplicadas a un total de 16 personas y 24 entidades de varios países de Europa y del Hemisferio Occidental, como parte de uno de los objetivos de la Cumbre por la Democracia, que tendrá lugar esta semana, entre el 9 y 10 de diciembre. El presidente Bukele no fue invitado a este evento, a pesar de que El Salvador asistía desde los Acuerdos de Paz y que más de 100 presidentes sí asistirán. 

Los nombres de Luna, Marroquín y Meza han sido mencionados junto al crimen organizado transnacional en el norte de Kosovo, una mafia en la que se ha incluido a Zvonko Veselinovic, “una de las personalidades más corruptas de Kosovo”. Las pandillas fueron designadas previamente por Estados Unidos, el 11 de octubre de 2012, “por su participación en graves actividades delictivas transnacionales, que incluyen narcotráfico, secuestros, trata de personas, homicidios, asesinatos, extorsión organizada, chantaje, extorsión y delitos inmigratorios”. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó el Decreto Ejecutivo (Executive Order, E.O.) 13818, que amplía la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humano Global Magnitsky y que permite imponer sanciones a extranjeros que se compruebe que han cometido abusos de derechos humanos y otros actos de corrupción. 

Las sanciones implican el bloqueo de todas las cuentas y bienes que se encuentren en los Estados Unidos y también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 % o más de una o más personas bloqueadas. Estas sanciones no incluyen la remoción de visas, aunque la de Osiris Luna ya había sido removida cuando apareció en la Lista Engel, junto a otros 18 funcionarios de El Salvador, la mayoría del gobierno de Bukele. Recientemente fueron incorporados los cinco magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo, como parte de este listado de personas consideradas corruptas y antidemocráticas por el Congreso de Estados Unidos.

“El Tesoro continuará desmantelando agresivamente los vínculos entre las organizaciones criminales transnacionales y la actividad corrupta, especialmente por parte de aquellos en el cargo que tienen la confianza del público”, mencionó la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros Andrea M. Gacki.

La congresista Norma Torres publicó en su cuenta de Twitter que “no podemos tener socios que trabajen mano a mano con criminales violentos”.

Ante los señalamientos, Bukele publicó en su cuenta de Twitter que se trata de “una mentira”. Aseguró que la exencargada de negocios de Estados Unidos, Jean Manes, le pidió, en una última reunión, la liberación del exalcalde Ernesto Muyshondt, quien se encuentra bajo arresto en el Centro Penitenciario La Esperanza, a pesar de una sentencia de arresto domiciliar; Bukele afirmó que Manes pidió la no reelección del fiscal de facto Rodolfo Delgado y “el compromiso de no tocar a dos personas: Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez”. 

También afirmó que Manes pidió detener arrestos de las personas implicadas en sobresueldos. Bukele respondió en sus redes sociales que Muyshondt sí entregó dinero a las pandillas, que “creía que Rdolfo Delgado había hecho un buen trabajo hasta ahora (…) por lo que no interferiría si la Asamblea Legislativa decidía reelegirlo” y que no tenía nada personal en contra de Alfredo Cristiani ni Douglas Meléndez, pero que tampoco los protegería.

Manes anunció su retiro el pasado 22 de noviembre y dijo que la relación entre Estados Unidos y El Salvador está “en pausa”.