Sandra Martínez, presidenta de la comisión que estudió la ley de agua, celebra la aprobación. Foto/Emerson Flores

Nuevas Ideas, sus aliados y Johnny Wright aprueban ley de agua que beneficia a las empresas

La Ley General de Recursos Hídricos aprobada antes de la navidad de 2021 autoriza la explotación de más de 365,000 metros cúbicos de agua, sin establecer límite de consumo diario y con plazos de hasta por 15 años renovables. Es decir, la ley permite a las entidades privadas, públicas y personas naturales o jurídicas disponer de toda el agua que quieran para fines privados, sin ningún límite y sin tomar en cuenta que en El Salvador cada vez hay menos agua apta para el consumo humano. Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, más el diputado Nuestro Tiempo quien tiene relación con el sector azucarero del país, aprobaron una normativa que ha sido cuestionada por organizaciones ambientales y relatores de Naciones Unidas. 

Por Marvin Díaz

Por Marvin Díaz

La lucha de más de 15 años por tener una ley de agua en El Salvador culminó la noche del 21 de diciembre, en vísperas de la Navidad, con la aprobación de una Ley General de Recursos Hídricos criticada por favorecer los  intereses empresariales y de mantener una “privatización disfrazada”, según se pronunciaron las diferentes organizaciones ambientalistas que llevan más de una década trabajando en el tema. 

La ley fue aprobada con 65 votos de los diputados oficialistas de Nuevas Ideas, sus aliados de Gana, PCN, PDC y el diputado de Nuestro Tiempo Johnny Wright Sol, quien viene de una familia relacionada con el sector cañero de El Salvador. Los cuatro diputados del FMLN votaron en contra, mientras que la diputada de Vamos Claudia Ortiz y 9 diputados de Arena se abstuvieron, el resto no emitieron votación. 

La polémica Ley General de Recursos Hídricos crea una entidad rectora llamada Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), la cual estará controlada por el gobierno de turno y solo tendrá una representación de la sociedad civil. Entre las 23 atribuciones de la ASA está conceder autorizaciones por hasta 15 años renovables para aprovechar o usar el agua con fines industriales, hidroeléctricos, comerciales, agropecuarios o de redes de abastecimiento de agua.  Las juntas comunitarias de agua fueron puestas al nivel de la empresa privada y tendrán que pagar por extraer el agua, a pesar que dan un servicio ante la ausencia de ANDA.

El artículo 71, considerado uno de los más polémicos, establece dos niveles de permisos. Las autorizaciones nivel 1 sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos será cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 365,000 metros cúbicos por año; las autorizaciones nivel 2 se darán cuando el caudal solicitado sea menor a los 365,000 metros cúbicos por año. Para garantizar las medidas, los autorizados deberán instalar medidores para determinar el consumo de agua.

Las autorizaciones nivel 1 serán otorgadas por un plazo de hasta quince años y las autorizaciones del nivel 2 hasta por cinco años; ambas autorizaciones podrán ser renovadas previo estudio técnico, ordenado y supervisado por la ASA, que compruebe que las condiciones del acuífero no hayan cambiado.

En la discusión del proyecto de ley del gobierno, este artículo fue modificado en tres ocasiones por Nuevas Ideas en la comisión ad hoc. El diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara pidió bajar de 15 a 5 años los plazos de las autorizaciones para desvirtuar el señalamiento de “una mini privatización” y de que los diputados responden a intereses de la empresa privada. Dos semanas después, Guevara pidió nuevamente poner los plazos de las autorizaciones nivel 1 a 15 años, para darle “certeza jurídica” a los empresarios. En la última reunión de la comisión del 20 de diciembre, Guevara también pidió quitar el límite de 1,000 metros cúbicos de agua al día que podían extraer.

Un día después de aprobada la ley, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, volvió a repetir que los plazos de 15 años son para dar seguridad jurídica a los inversionistas. “Ya no se está jugando como antes, el inversionista no sabía si se la podían quitar o de cuánto iban a ser esas concesiones o esas inversiones. Al igual que las juntas de agua, siempre las dejaban en el aire”, dijo Castro en una declaración a la prensa.

Sin embargo, en opinión de las organizaciones y de ambientalistas, la ley aprobada privatizará el agua y se pondrá en riesgo el recurso, debido a que las empresas podrán explotar el agua sin límites de extracción diaria.

El relator del derecho humano al agua y saneamiento de las Naciones Unidas, Pedro Arrojo, dijo que El Salvador es afectado por los procesos de privatización de agua y saneamiento a través de mecanismos concesionarios por periodos de 15 años. 

Andrés McKinley, especialista en temas de agua de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), señaló una privatización del recurso hídrico a través de las autorizaciones que tendrán las empresas sin límites de extracción de agua. Agregó que los plazos otorgados para el aprovechamiento del agua con fines mercantilistas responde a los intereses de grandes industrias.     

“Consideramos que los volúmenes de agua sin límites de extracción y con permisos de 15 años es una privatización. Los permisos aprobados no serán reglamentados por el Estado, porque el agua está en manos de la gran empresa. Los volúmenes de agua en el nivel 1  no tiene límites de uso del agua, esto nos preocupa mucho”, comentó McKinley. 

El especialista manifestó que el vacío legal en el artículo 71 beneficiará a grandes industrias, como las embotelladoras de refrescos, las urbanizadoras y la minería metálica. 

El hidrólogo Oscar Ruíz catalogó de “grave” la aprobación de una ley de agua sin definir los límites de extracción. El experto consideró la decisión de los diputados como un incentivo para los grandes consumidores de agua. 

“Para las empresas siempre será conveniente estar en el nivel 1. Lo crítico de esto es que no hay límites de consumo diario, entonces las empresas van a poder concentrar toda el agua que necesitan. Pensemos en el sector cañero. Ellos pondrán concentrar su cuota anual durante los cuatro meses  (especialmente entre enero y marzo) de riego. Esto será grave, sobre todo para la zona costera”, dijo el hidrólogo.  

Por su parte, Luis González, vocero de la Alianza Contra la Privatización del Agua, recalcó que El Salvador se encuentra bajo un escenario de crisis hídrica y climática, situación que vendría a agudizarse a través de las autorizaciones de extracción de agua por plazos de 15 años.

“Lo que hacen los diputados con una mano, lo borran con la otra. Ellos dicen que no pueden ver un consumo máximo a los mil metros cúbicos diarios, pero en la práctica te están diciendo que puede haber autorizaciones de 365 mil metros cúbicos o más. ¿A qué responde esto? No hay capacidad del Estado para monitorear las cantidades de agua que se van a ocupar. La ley está hecha para autorizar, permitir y beneficiar a las grandes empresas”, sostuvo González.

Al finalizar la sesión plenaria, en la que se aprobó la ley de agua, GatoEncerrado le pidió opinión al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, sobre la aprobación de los plazos de autorización que tendrán los entes privados y públicos. El funcionario, sin embargo, se limitó a contestar que la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos era “histórica”.   

Juntas de agua son puestas al nivel de las empresas privadas

En la última reunión de la comisión ad hoc, los diputados reconocieron en el artículo 41 la definición de las juntas de agua y agregaron al artículo 71 que estas también gozarán de autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua por un periodo de 15 años renovables. 

A pesar de que brindan el servicio de agua potable en las comunidades donde el Estado no llega a través de ANDA, las juntas de agua fueron puestas al nivel de la empresa privada y tendrán que pagar por extraer el agua. El diputado Guevara justificó que la comisión estaba retomando las recomendaciones de Naciones Unidas.

En términos generales, el artículo reconoce a las juntas de aguas como aquellas organizaciones sociales sin fines de lucro con personería jurídica que tienen por finalidad prestar el servicio de agua potable a la comunidad. Las juntas tendrán respaldo técnico de las instituciones del Estado, sobre todo de la ASA, a quien se le encomendó capacitar a las juntas rurales y urbanas para el cumplimiento de la normativa. 

Johnny Wright votó con Nuevas Ideas 

En el debate previo a la votación de la ley, el FMLN advirtió que la nueva normativa responde a los intereses empresariales y no de las grandes mayorías. Caso contrario, los funcionarios del oficialismo echaban en cara el retraso de la aprobación en legislaturas anteriores. 

“Las discusiones que tuvimos hace 3 años en el tema de la ley de agua son las mismas de hoy, nos estamos enfrentando a los mismos intereses con diferentes caras, los mismos intereses económicos pero con diferentes rostros, eso es lo único que ha cambiado”, señaló la diputada del FMLN, Dina Argueta.

Mientras tanto, el jefe de fracción de Nuevas Ideas reprochó a los partidos FMLN y Arena la falta de interés por la aprobación del agua: “Tuvieron 15 años para hacer una ley, pero es evidente que lo que ellos tenían planeado era un modelo de privatización pasiva, unido a un modelo de corrupción a gran escala. Comenzaron a robar haciendo pozos en sus casas”

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, dijo que votar por la Ley General de Recursos Hídricos le traería costos políticos. Organizaciones sociales han señalado las vinculaciones empresariales que tiene el legislador con la industria azucarera. 

Control del Ejecutivo en el ente rector 

La Ley General de Recursos Hídricos establece, entre otras cosas, la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), ente rector conformado por el presidente de la República, una junta directiva, una dirección ejecutiva, tres organismos zonales de cuencas y un tribunal sancionador, según describe la normativa en su artículo 10. 

La junta directiva del agua fue integrada por nueve miembros de instituciones del gobierno, uno de la Universidad de El Salvador (UES), tres representantes de organismos zonales de cuenca y un miembro de la sociedad civil, nombrado por el presidente de la República. 

Sobre la integración de los miembros de la ASA, representantes de organizaciones ambientales lamentaron que no se incluyera la participación ciudadana en la gestión del agua. 

Asimismo, los voceros de los colectivos sociales ven con preocupación el uso y aprovechamiento del agua en Áreas Naturales Protegidas, la eliminación de los permisos ambientales para la explotación del agua.

La concesión a privados para la explotación del agua por largos periodos y sin poner un límite diario es considerado como una forma de privatizar el agua.

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