Es engañoso que la Ley de Recursos Hídricos incluye aportes de todos los sectores
La diputada oficialista Sandra Martínez aseguró que para la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos se tomaron en cuenta los aportes de la academia, organizaciones sociales, iglesias y empresas que fueron recibidas en la comisión de ad hoc. GatoEncerrado verificó su afirmación y encontró que es engañosa. La ley mantiene un texto casi íntegro al de la propuesta original presentada por el gobierno de Nayib Bukele y retoma muy pocas de las recomendaciones de la sociedad civil. Al final, la Asamblea aprobó una ley a la medida de quienes explotan el agua con fines lucrativos.
Carmen Valeria Escobar
El 21 de diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, con leves modificaciones a la propuesta original que hizo el gobierno de Nayib Bukele. La aprobación puso fin a los 15 años de discusión y polémica con una ley que en teoría regula el uso del agua y los servicios hídricos en El Salvador, pero que en el fondo beneficia los intereses de quienes explotan el agua con fines lucrativos. Cuando la ley fue aprobada, la diputada de Nuevas Ideas Sandra Martínez afirmó, entre lágrimas, que la “nueva Asamblea” logró entregar a los salvadoreños la ley que en legislaturas anteriores nunca se hizo y que se tomó en cuenta los aportes de todos los sectores.
“Este día, El Salvador ha iniciado un nuevo camino hacia la transformación de la mano del presidente Nayib Bukele. Hemos hecho una etapa de consulta amplia con los diferentes sectores y sus insumos han sido tomados en cuenta”, dijo la diputada Martínez, quien también fungió como presidenta de la comisión ad hoc que estudió la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo.
La sección Ojo de Gato de GatoEncerrado, verificó que la afirmación hecha por la diputada Martínez encaja en la definición de Engañosa, debido a que si bien es cierto que la comisión ad hoc invitó a diferentes sectores interesados en la ley, muy poco de sus aportes fueron agregados al texto final. Es más, la mayoría de las propuestas hechas por el sector académico, iglesias, líderes indígenas y ambientalistas fueron ignoradas. En las sesiones de la comisión, lo que realmente ocurrió fue que los diputados se dedicaron a recibir a los representantes de diferentes sectores, pero por un formalismo y no para escuchar sus propuestas. El diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también siguió el mismo guion y afirmó que los insumos de todos los sectores fueron retomados en la ley.
Una ley que no pone límites a la extracción
La ley comenzó a ser discutida el 8 de julio de 2021. La comisión ad hoc, que la estudió, fue creada un mes después de que el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, presentó la propuesta a la Asamblea Legislativa.
En la primera reunión de discusión, la diputada y presidenta de la comisión, Sandra Martínez, se comprometió a invitar, escuchar y tomar en cuenta a todos los sectores involucrados o relacionados con el agua: “Será una instancia consultiva, abierta, en donde escucharemos a todos los sectores involucrados. Estamos obligados a escucharlos, incluirlos y tomarlos en cuenta, no como en ocasiones anteriores, en donde no se incluyó ninguna palabra de lo que habían sugerido”, prometió. Cinco meses después, utilizó una frase similar en el pleno legislativo cuando fue aprobada la ley, como si se tratara de un libreto a seguir.
En los primeros dos meses de la discusión, la comisión recibió a los representantes de 13 universidades, entre las que se encontraban la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Universidad de El Salvador (UES); organizaciones que trabajan por el derecho humano al agua, como el Foro del Agua y la Alianza contra la Privatización del agua; Iglesias de distintas denominaciones; líderes indígenas; y delegados de la empresa privada, como Industrias La Constancia, la constructora e inmobiliaria Urbánica, Boquitas Diana y agua Alpina.
Tras las visitas de los representantes de diferentes sectores, GatoEncerrado revisó el proyecto de ley original presentado por el ministro de Medio Ambiente y lo contrastó con el texto final que quedó aprobado. De 179 artículos que contiene la Ley de Recursos Hídricos, los diputados hicieron 20 cambios y modificaciones en su versión final. De estos, solamente cuatro fueron observaciones hechas exclusivamente por universidades y organizaciones de sociedad civil, que tienen que ver con incluir a los organismos zonales de cuenca en la junta directiva, crear un tribunal sancionador, reconocer a las Juntas de Agua y la publicación de un informe del estado hídrico nacional que deberá ser presentado a los principales medios de comunicación. Esas fueron las únicas que quedaron en el texto final, a pesar de que las organizaciones sociales hicieron sugerencias a 108 artículos.
La empresa privada, la academia y las organizaciones coincidieron en que la ley tenía que jerarquizar los usos de agua, priorizando el uso doméstico. De la propuesta de la empresa privada, los diputados tomaron en cuenta la especificación de una fórmula para contabilizar los cánones (cobros) y mantener la autorización de “nivel 1”, que no pone límites al aprovechamiento del agua, por un periodo de 15 años que pueden ser prorrogables.
Luego de la aprobación de la ley, las organizaciones sociales criticaron que la mayoría de sus propuestas fueron ignoradas por los diputados oficialistas: “Hicimos recomendaciones en al menos 108 artículos y pedimos que se incluyeran otros que tienen que ver con la participación ciudadana (…). Apenas se cumplieron observaciones que hicimos, como que el agua es un derecho y bien común, pero no garantiza que el Estado sea quien va a procurar el agua. Se ignoró la incidencia directa que queríamos que tuviera la ciudadanía y un régimen económico equitativo para que las Juntas de Agua no paguen cánones. No es cierto que hayan retomado nuestras recomendaciones, como escuché decir a los diputados”, señaló Amalia López, vocera de Alianza Contra la Privatización del Agua.
Sobre las modificaciones que propusieron los mismos diputados oficialistas no hubo explicaciones, ni discusión pública. Entre esas propuestas está el detalle de los requisitos para la conformación de miembros de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y sus facultades, así como el resto de la junta directiva, excepto los organismos zonales de cuenca; los volúmenes y plazos para las autorizaciones de extracción del agua nivel 1 y 2, que originalmente era de 473,040 metros cúbicos de agua anuales, luego bajó a 365,000 metros cúbicos y finalmente se eliminó el límite a petición del diputado Christian Guevara y se establecieron 15 años de plazo para la extracción; y eliminaron el requisito de permisos ambientales para poder extraer agua.
Aunque las propuestas de la academia, organizaciones sociales, iglesias y líderes indígenas fueron diversas, todas coincidieron en que los plazos de autorización para extraer agua no deberían ser mayores a cinco años, pero al final quedaron 15 años. También señalaron que debería estar prohibido extraer agua en áreas naturales protegidas y sugirieron que las Juntas de Agua deberían ser reconocidas bajo un régimen económico especial para no ser comparadas y tratadas como si fueran empresa privada que se lucra del agua. Por recomendación de las Naciones Unidas, la Asamblea terminó reconociendo a las Juntas de Agua en la ley, pero de todas formas no hubo votos suficientes en el pleno legislativo para exonerarlas del pago de cánones. En el fondo, fueron reconocidas pero con el propósito de que paguen un impuesto que antes de la ley no existía; a pesar de que su actividad no es lucrarse, sino que nacieron como organizaciones comunitarias para proveer agua a quienes el Estado salvadoreño no es capaz de llevarles agua potable.
La aprobación de esta ley ha generado un descontento entre las organizaciones que participaron en las reuniones de la comisión, puesto que consideran que limita la participación ciudadana, privilegia la explotación del agua con permisos de más de 15 años a empresas que se lucran del agua e imponen un impuesto que dificultará más el trabajo que hacen las Juntas de Agua y que terminarán pagando los salvadoreños más pobres.
Enrique Carias, miembro del comité de indígenas para la defensa de los bienes naturales de Nahuizalco, quien asistió a una sesión de la comisión ad hoc, señaló que los permisos otorgados a la empresa privada van en contra de las propuestas que hicieron a la Asamblea. La recomendación del comité tenía la intención de conservar el agua y evitar la explotación en cantidades industriales para el lucro.
“Solicitamos que la ley garantice la existencia permanente del recurso hídrico y que hagan programas y proyectos que lo garanticen. Pedimos también que se cesara la explotación indefinida del recurso, queremos que eso se regule. A grandes rasgos, considero que nuestra petición no fue tomada en cuenta, porque un detalle que no nos parece es que se le da el aval a la empresa privada para explotar el recurso hídrico por 15 años prorrogables”, mencionó.
Uno de los cambios en la redacción final de la ley aprobada fue la eliminación por completo del componente de “educación formal” que incluía el proyecto de ley. Originalmente, el proyecto de ley incluía la ordenanza de elaborar planes y programas educativos orientados a la promoción de una nueva “Cultura del Agua” en el contenido curricular del Ministerio de Educación. Esto fue apoyado por organizaciones sociales y universidades, pero fue eliminado por completo en la versión final de la ley.
En la ley aprobada ni siquiera fue incluida la propuesta de exonerar del pago por el agua potable a las escuelas públicas, como sugirió el Ministerio de Educación en su visita a la comisión ad hoc.
