Foto/Emerson Flores
Un procurador de derechos humanos ausente en tiempos de autoritarismo
Tras el golpe al poder judicial, el pasado 1 de mayo de 2021, el procurador de Derechos Humanos se replegó y ha mantenido un perfil bajo. De hecho, hasta cambió su discurso público y ahora parece justificar las acciones antidemocráticas del gobierno de Bukele.
Por Karen Moreno
Los Acuerdos de Paz marcaron un antes y un después en la historia reciente de El Salvador: El fin del conflicto armado de 12 años y el inicio de la construcción de un sistema democrático, por medio de un nuevo ordenamiento jurídico con el que se crearon instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Su función sería garantizar el “respeto y la garantía a los Derechos Humanos”, según el artículo 194 de la Constitución de la República. Sin embargo, ahora han pasado 30 años y la PDDH está ausente en estos momentos de autoritarismo y atropellos a los derechos humanos de periodistas, académicos, religiosos, representantes de organizaciones y activistas.
El 1 de mayo de 2021 también marcó un antes y un después en El Salvador, aunque no precisamente hacia adelante: La nueva legislatura, dominada por el partido Nuevas Ideas, sustituyó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes eran incómodos para sus propósitos. En su lugar, impuso funcionarios afines al bukelismo. Un suceso similar ocurrió en 1979, cuando Humberto Romero fue derrocado con un golpe de Estado.
Los diputados oficialistas anunciaron a su próxima víctima: el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos Apolonio Tobar.
Un día después de aprobar el descabezamiento de la Sala de lo Constitucional, la diputada de Nuevas Ideas, Dania González, anunció que el próximo en ser destituido sería el procurador de Derechos Humanos. Luego, González borró el tuit.
Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas, se limitó a insultar al procurador por pronunciarse ante “la alteración del Estado constitucional de derecho por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República”.
En ese comunicado, publicado el 2 de mayo de 2021, Tobar concebía “que la consolidación democrática de un país requiere del respeto irrestricto a las reglas que la fundamentan, la separación de poderes, el ejercicio democrático del poder y la subordinación de los funcionarios a la ley”.
A partir de ese día, Tobar mantuvo un perfil bajo a pesar de que la sitaución se intensificó en septiembre que se convirtió en un mes negro para el país: por la destitución de jueces, la Sala de facto abrió la puerta a la reelección presidencial de Bukele, entró en vigencia una inconsulta Ley Bitcoin y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avaló la reelección presidencial en una reunión a puerta cerrada en Casa Presidencial, tal como reveló esta revista.
La elección de Tobar como procurador para la Defensa de Derechos Humanos generó controversia. La Fiscalía abrió tres expedientes de investigación, pero Tobar dijo en una entrevista a GatoEncerrado que como juez es normal estar expuesto a acusaciones de quienes pierden casos en los juzgados. También ha sido señalado por financiar al FMLN en 2016, pero insistió en que no pudo evitar el descuento a su salario que le hizo la fracción legislativa.
Después de meses ausente, el procurador volvió a aparecer a pocos días de la Conmemoración de los Acuerdos de Paz en una entrevista televisiva, pero su discurso dio un giro: desestimó que la democracia estuviera en peligro y la limitó a la expresión de las mayorías en las urnas.
“Yo no comparto esa expresión (que la democracia está amenazada). ¿Es el pueblo el que ha decidido que el partido político que representa a esta persona (Nayib Bukele) impere mayoritariamente en la asamblea? Sí. Entonces, ¿Por qué tendríamos que decir que se afectó la democracia?”, expresó el pasado 10 de enero, olvidando sus anteriores críticas por acciones autoritarias del gobierno.
Pero el mismo procurador, de antes del golpe al poder judicial, opinaba diferente. En el “Informe sobre los hechos ocurridos en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020”, Tobar consideró que la democracia y “la participación ciudadana debe ir más allá de ejercer el voto el día de las elecciones, de la posibilidad de obtener una candidatura o de participar en asuntos públicos”. Indicó que sociedades como la nuestra, “cuyo pasado reciente ha estado marcado por la violencia y el autoritarismo, la democracia se convierte en un intento permanente”.
De hecho, durante la pandemia por COVID-19, el procurador del pasado denunció acciones autoritarias por parte del presidente Bukele.
David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, dijo que la frase de Tobar parte de una premisa equivocada, porque la democracia en el país no se evalúa solamente por un resultado electoral.
De hecho, Morales consideró que en El Salvador se está conformando una dictadura.
Tobar también se ha excusado por su falta de apariciones en medios de comunicación en momentos de atropellos a derechos o ataques desde el gobierno a voces críticas: “Algunas instancias exponen que el procurador no se ha pronunciado sobre X o Y cosa, pero sí están los comunicados que hemos hecho, y algunas personas dicen que no hemos estado en los medios, pero en el mandato no veo que diga que lunes, martes y jueves debo ir a un canal”, según dijo en la misma entrevista el pasado 10 de enero.
Pero emitir comunicados no es suficiente. Para Morales, el actual titular de la Procuraduría no está cumpliendo adecuadamente su mandato constitucional.
El procurador tampoco ha estado presente para coordinar esfuerzos con organizaciones civiles. El pasado 9 de enero se cumplieron 2 meses desde que una veintena de organizaciones civiles enviaron una carta al procurador para tener una reunión, pero no ha habido respuesta.
En un comunicado, la sociedad civil expuso su preocupación ante “el sensible giro” de la Procuraduría desde el 1 de mayo de 2021. Agregaron que “los escasos pronunciamientos, generalmente por medio de comunicados, son muy débiles y no reflejan la contundencia que amerita el contexto y las graves afectaciones al Estado de Derecho”.
Actualmente, el gobierno de Bukele tiene una campaña para restar importancia a los Acuerdos de Paz. Los diputados de su partido Nuevas Ideas aprobaron el pasado 11 de enero la derogación de dicha conmemoración y cambió el nombre a “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”.
A pesar de ello, el pasado 16 de enero la población salió a las calles para conmemorar la fecha. La sociedad civil no olvidó preguntarse dónde ha estado el procurador.
El procurador de la @PDDHElSalvador Apolonio Tobar, ha mantenido un perfil bajo desde que los diputados de @nuevasideas efectuaron el golpe al poder judicial el 1 de mayo.
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) January 16, 2022
✍ @KarenMorenoPala
📸 @TatiAlemn pic.twitter.com/5Rpw4lFGjt
Mientras el procurador Apolonio Tobar no ve amenazada la democracia, Human Rights Watch señaló, en un Informe Mundial 2022, que “el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura debilitaron gravemente el sistema de contrapesos democráticos”.
El 2 de mayo no ha sido la única vez en la que Tobar ha sido atacado. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el 30 de agosto de 2021, Nuevas Ideas cuestionó el trabajo de Tobar por las víctimas del conflicto armado.
“Si bien es cierto usted ha ido a comunidades y se ha sensibilizado de los problemas, eso no es suficiente. ¿Qué ha hecho la procuraduría para avanzar? Usted debe defender los derechos en este caso de las personas, no solo generar informes”, cuestionó el diputado Jorge Castro, a pesar de que el gobierno de Bukele tampoco ha cumplido su promesa de abrir los archivos militares.
El gobierno de Bukele también hizo una reducción presupuestaria a la Procuraduría en el Presupuesto General de la Nación, al pasar de $15 millones en 2021 a $12 millones en el 2022.
Para Morales, a un gobierno autoritario como el de Bukele no le conviene conmemorar los Acuerdos de Paz, e identificó algunas semejanzas con hechos de la década de los 80 o anteriores al periodo del conflicto armado.
GatoEncerrado intentó tener una entrevista con el procurador de Derechos Humanos desde el pasado 6 de enero de 2021, a través de la jefa de comunicaciones. Luego, se envió una carta a la encargada del protocolo Yesenia Mejía, el pasado 10 de enero, pero tampoco se obtuvo respuesta. Finalmente, esta revista consultó con personal de comunicaciones, pero tampoco se ha obtenido respuesta favorable hasta la publicación de esta nota.