Oxfam recientemente ha publicado un informe sobre la desigualdad en el mundo, titulado Las desigualdades matan. En este informe, nuevamente, se evidencia cómo la brecha de bienestar y riqueza se ha ampliado entre la mayoría de la población global y un grupo muy reducido, menos del 1% de la población, que concentra cada vez más poder y riqueza. 

El estudio contiene estimaciones sobre los significativos contrastes que la desigualdad provoca en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia del covid-19, los diez hombres más ricos del mundo —sí, todos son hombres— han duplicado sus fortunas, mientras la riqueza de 2,755 milmillonarios ha crecido durante la pandemia más de lo que creció en los últimos 14 años. Este incremento anual es el mayor desde que se tienen registros y, en buena medida, es resultado de la precarización de los trabajadores y la disminución de sus salarios en términos reales, del mayor poder monopólico de las empresas, la erosión de normativas que regulan a las empresas y los mercados, así como los continuados privilegios tributarios que disminuyen o evitan el pago de impuestos a las corporaciones y a las personas con mayores ingresos.  En el otro lado de la moneda, cerca de 160 millones de personas han caído en pobreza y se documentan en el mundo como mínimo 2.1 millones de muertes anuales causadas por el hambre. 

El covid-19 no distingue entre ricos y pobres, pero las condiciones de vida de los pobres siempre serán caminos más llanos para la enfermedad y la muerte. Aproximadamente 17 millones de personas han perdido la vida por el covid-19. Millones de ellas estarían vivas si hubieran recibido atención médica, tratamiento y vacunas. El informe puntualiza que las desigualdades contribuyen a la muerte de unas 21,300 personas cada día, es decir, una muerte cada cuatro segundos. Las vacunas contra el covid-19, no llegaron a convertirse en bienes públicos. Por el contrario, han sido parte de las ganancias millonarias de los dueños del monopolio farmacéutico y también han sido repartidas de manera desigual: los países más ricos se han servido primero y sin mesura, mientras los países subdesarrollados han debido esperar para lograr contar con las vacunas, incluso, aquellas dosis mínimas destinadas a las personas en primera línea tales como trabajadores en los sistemas de salud y saneamiento, educación, seguridad y justicia, así como a obreros destinados a la producción de bienes y servicios básicos.

La desigualdad social no es un fenómeno natural: es resultado de decisiones políticas tomadas desde las instituciones del poder público para favorecer a las personas más ricas y poderosas de la sociedad en detrimento de las grandes mayorías. Los gobiernos podrían mitigar los condicionantes de la desigualdad social: aplicar una vacuna multidimensional contra la desigualdad. En ese sentido, el estudio propone diversas medidas, dentro de las que destacan las siguientes tres. Primero, que todos los gobiernos graven inmediatamente las ganancias que las personas más ricas logren en medio de esta pandemia, lo que debe evolucionar hacia la aplicación de impuestos más progresivos (quien tiene más, paga más) de carácter permanente sobre la riqueza y el capital. Segundo, reorientar la riqueza para salvar vidas e invertir en el futuro, lo que conlleva la edificación de servicios de salud pública, universales, oportunos y de calidad; también proponen medidas de protección social universal que garanticen la seguridad de un mínimo de ingresos para todas las personas. Inversiones para mitigar la violencia de género y el cambio climático son torales en esta esfera. Tercero, cambiar las reglas que nos han traído hasta esta debacle socioeconómica y ambiental. Esto significa limitar la concentración del mercado (incluyendo el monopolio de las vacunas), derogar leyes que socavan los derechos laborales, incluida la sindicalización y la equidad de género y promover un marco jurídico que proteja a los trabajadores.

En Centroamérica, diversos estudios advierten que solamente en 2020, los efectos no suficientemente atendidos de la pandemia llevaron a la pobreza a 2.1 millones de personas, mientras las estadísticas más recientes sobre el covid-19 en Centroamérica registran más de 45,500 muertes y un porcentaje de vacunación promedio de 62.9%.  

El cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, es la vacuna contra la desigualdad que los Estados centroamericanos deberían asumir. En ese sentido, recientemente el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó una propuesta para que Centroamérica cumpla con una buena parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: erradicar pobreza extrema, universalizar la educación, la salud, el agua, el saneamiento ambiental y el acceso a energía eléctrica, además de mejorar la infraestructura económica y contar con fondos para la innovación y la transición productiva. Esto tendría como resultado, además de la mejora del bienestar y la igualdad, el incremento de un 20% del crecimiento económico anual y la creación de cerca de 2.0 millones de empleos, pero requeriría un acuerdo fiscal que logre aumentar los recursos públicos de manera progresiva, gastar e invertir con base en resultados y contar con una agenda de transparencia y lucha contra la corrupción efectiva. 

Al igual que en el mundo, los políticos centroamericanos podrían hacer mucho más para evitar el sufrimiento de las mayorías. El problema es que para ello tendrían que revelarse contra importantes grupos empresariales aversos al cambio, muchos de ellos financistas de campaña y socios de negocios. En el contexto actual, los cambios estructurales sólo parecen ser medianamente viables en Honduras, Costa Rica y Panamá. En contraste, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, avanzan por una senda de autoritarismo, corrupción y violencia que aumenta la desigualdad social, la desconfianza hacia el poder público y la incertidumbre sobre el futuro.