Una sociedad democrática se caracteriza porque avanza constantemente en el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Uno de ellos es el derecho a la información y la libertad de expresión. No puede hablarse de que existe libertad de expresión si no hay garantías para el acceso a la información pública. Las opiniones y valoraciones que como ciudadanos podemos hacer sobre cuestiones de interés público necesitan fundamentarse en datos, en informes, en decisiones que cada día toman las autoridades del Estado. Por esto, la información pública es un mecanismo necesario para promover la transparencia e indispensable para la rendición de cuentas.

Desde el año 2011 en El Salvador entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la cual fue reconocida internacionalmente como una de las mejores leyes de la región. Además, esta normativa posibilitó la creación de un órgano garante: el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que está conformado por comisionados propuestos desde diferentes sectores de la sociedad civil. 

El uso de esta ley ha permitido que los ciudadanos obtengan información de interés particular. De igual manera, el periodismo de investigación ha utilizado información pública para mostrar una diversidad de casos de corrupción, conflicto de intereses e incompetencia de funcionarios de las diferentes instituciones públicas. Por esto, no es extraño que la LAIP se ha convertido en una ley incómoda para aquellos funcionarios que le temen a la transparencia y a rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión pública.

La LAIP ha enfrentado varios intentos de reformas en estos años, pero actualmente hay una nueva propuesta de reformas regresivas planteadas en julio de 2021 por el gobierno de Bukele, a través de su ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, y que, al parecer, está ya a punto de ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Estas reformas incluyen cinco cambios significativos:

1.Que las instituciones públicas tengan mayor facilidad para decretar información oficiosa; es decir, información que por obligación debe estar disponible a la ciudadanía, sería clasificada como información reservada. De manera que información clave como organigramas, currículo de funcionarios, salarios, viáticos, etc., no podría ser de conocimiento público.

2.Se propone mayor injerencia del ejecutivo en la elección de los comisionados del IAIP y se pretende darle más competencias al presidente de este órgano garante de la ley. Esto afectaría la participación de la sociedad civil y la transparencia en el proceso de elección de los comisionados. Al mismo tiempo, esta propuesta rompería el carácter de órgano colegiado con el cual fue creado el IAIP. 

3.Se pretende eliminar el mecanismo de la audiencia en los casos de recursos de apelación al IAIP cuando una institución deniega información pública que ha sido solicitada. Esto eliminaría un mecanismo fundamental de interpelación y cuestionamiento de parte de los ciudadanos hacia las autoridades de una institución pública determinada.

4.Se busca ampliar los plazos de respuesta en la entrega de la información, de un plazo de 10 días hábiles se ampliaría a 20 días hábiles. Esta reforma afectaría el principio de prontitud que reconoce la LAIP; es decir que la información pública debe ser suministrada con presteza.

5. Se incluye la propuesta de incluir sanciones a particulares que cometan infracciones a la LAIP, no obstante, no se especifica qué tipo de infracciones serían sancionadas. Esto podría abrir un margen de discrecionalidad para sancionar incluso a periodistas que obtengan información pública y la difundan a través de publicaciones periodísticas.

En definitiva, ninguna de las reformas propuestas por el gobierno va en el camino del fortalecimiento del derecho a la información; por el contrario, estas reformas muestran un claro retroceso en lo que hasta ahora se ha logrado con la implementación de la LAIP en el país. De hecho, instancias regionales expertas en el tema ya se han pronunciado en contra de estas reformas, tal es el caso de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información —que aglutina a más de 20 organizaciones de sociedad civil de América Latina—. Esta red regional ha manifestado que: “de aprobarse las reformas, quien sufrirá las consecuencias es la población salvadoreña, y quienes se beneficiarán son los que se valen de la opacidad y la corrupción en la gestión pública, en detrimento y en contra de la ciudadanía, que es a quien pertenece la información.”

Por tanto, ante la pregunta de si con estas reformas a la LAIP se busca avanzar o retroceder en el derecho a la información, la respuesta contundente es que con esto el gobierno de Bukele solo busca limitar las garantías y los estándares internacionales del acceso a la información, coartar aún más la independencia del IAIP, y eliminar en la práctica un mecanismo eficaz para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el sector público. 

Si la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficial, aprueba estas reformas a la LAIP, esto no significará el final del derecho a la información, sino sólo el comienzo de otro proceso, como hace algunos años sucedió, en el que ciudadanos, universidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil tendrán que trabajar juntos para exigir el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión en El Salvador.