Emerson Flores

Este 14 de febrero iniciaron las primeras actividades de exhumación de 16 víctimas del batallón Atlacatl en el caso conocido como masacre El Mozote y lugares aledaños, en el que fueron asesinados cerca de mil campesinos desarmados del departamento de Morazán, en diciembre de 1981. Los restos de estas 16 personas, en su mayoría menores de edad, se sumarán a los más de 350 recuperados en diferentes exhumaciones desde 1992.

Las exhumaciones que se están realizando, entre el 14 y 25 de febrero, son parte de las diligencias ordenadas por la nueva jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quien fue asignada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que retome el caso después de la remoción de jueces que hizo sin seguir el debido proceso la Asamblea Legislativa. En esa consolidación al poder judicial, el ahora exjuez Jorge Guzmán fue removido del caso.

La nueva jueza tomó la decisión de realizar las exhumaciones luego de que la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desparecidas del Conflicto Armado lo solicitó, basándose en sus propias investigaciones que arrojan que en la zona podrían estar los restos de niños desaparecidos.

Las diligencias se están realizando específicamente en el cantón Cerro Pando, Meanguera, donde los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) esperan encontrar al menos 11 personas. Ocho de ellas eran integrantes de una misma familia. Los restos de otras víctimas podrían estar en el cantón La Joya.

“Ocho de las once personas enterradas en Cerro Pando eran niños y niñas”, aseguró David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal y querellante en el caso. 

Morales agregó que es posible que una de las menores enterradas en la zona sea Melinda Hernández, quien es parte de un caso de desaparición forzada que tiene sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH): “Por tanto, en el caso El Mozote y lugares aledaños tenemos tres sentencias Interamericanas de la CorteIDH que establecen obligaciones al Estado de El Salvador y al sistema de justicia “. 

Morales recalcó que las medidas de reparación impulsadas por el gobierno han sido a medias: “Es una situación de incumplimiento mayoritario de sus obligaciones. La gran mayoría de reparaciones materiales no se han dado. El Estado tenía cinco años para cumplir las obligaciones de la sentencia dictada en 2012. A eso se suma que el juez Jorge Guzmán fue removido de forma “arbitraria”. 

El Procurador Adjunto de derechos civiles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Levis Abarca, asistió a la exhumación para “verificar que la diligencia se estaba llevando a cabo”. GatoEncerrado buscó a la jueza para hablar sobre el caso, pero se negó a hablar.