Por Ruth Zavala

Organizaciones civiles presentaron este 9 de diciembre dos demandas en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el nombramiento realizado el pasado 14 de octubre de la nueva jueza del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera Mirtala Teresa Portillo de Cruz, y por el nuevo magistrado de la Cámara de lo Penal de San Miguel Fausto Paiz Romero. Los representantes de sociedad civil argumentaron que la CSJ omitió fases esenciales establecidas en la ley para escoger a dichos funcionarios.

Los representantes de Cristosal y Tutela Legal solicitaron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ declarar la ilegalidad en el nombramiento de los nuevos funcionarios y dictar medidas cautelares para restituir al anterior juez del caso El Mozote Jorge Guzmán, y al magistrado Carlos Solorzano Trejo como magistrado propietario de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro.

El nombramiento de los dos funcionarios se realizó después de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que aprobaron los diputados de Nuevas Ideas de la Asamblea Legislativa, por medio del Decreto n°144, invadiendo facultades de la Corte, para expulsar a jueces y fiscales con más de 60 años de edad o con 30 años de carrera. Entre los jueces destituidos se encontraba Guzmán, quien llevaba el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Pero ese no ha sido el único obstáculo que ha tenido que enfrentar en el proceso judicial.

Guzmán intentó seis veces ingresar a unidades militares para inspeccionar el contenido de archivos militares, con el fin de obtener luces sobre una de las matanzas más crueles de la historia reciente de América Latina, pero el presidente Nayib Bukele no lo permitió, a pesar de haber prometido abrir los documentos “de la A a la Z”.

Los artículos artículo 186 y 187 de la Constitución de la República establecen que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) es la entidad encargada de proponer jueces, a través de ternas, que son el resultado de realización de entrevistas, deliberación y selección de los candidatos. Hasta el momento, se desconoce cómo fueron escogidos los jueces y fiscales sustitutos, lo cual violenta el procedimiento descrito en la Ley del CNJ, en el artículo 62.

David Morales, representante de Cristosal, aseguró que el caso de El Mozote es un juicio extenso que contiene más de 170 piezas, por tanto, para que una nueva jueza o juez conozca el caso se requieren meses, además, porque las pruebas son complejas. Mencionó que su expectativa es que se reinstale al juez Guzmán en el caso.

Morales agregó que el caso se encuentra con una etapa avanzada, específicamente, en la fase de recopilación de pruebas, que casi se estaba finalizando. Aseguró que, como parte acusadora, creen tener pruebas suficientes para obtener condenas de varios de los oficiales que han sido acusados y, principalmente, del ex ministro Guillermo García. 

De acuerdo a Alejandro Díaz, abogado representante de la asociación Tutela Legal, la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz anteriormente estaba designada como jueza de paz del municipio de Sesori, en el departamento de San Miguel.