Por Marvin Díaz

El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) presentó ante los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa un proyecto y aumento presupuestario para agilizar la transferencia a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de 64 terrenos de áreas naturales protegidas, en un periodo de 7 años, ubicados en distintos departamentos del país, a excepción de Morazán, Cabañas y Cuscatlán. 

Según el presidente del ISTA, Óscar Guardado, de 172 inmuebles que tenía el instituto, a la fecha han transferido 102 al MARN y al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),  incluidos 27 de una lista de 37 inmuebles expropiados durante la reforma agraria de 1980, como parte del decreto 761 emitido por la Junta Revolucionaria  de Gobierno. 

Guardado sostuvo que algunas de las propiedades transferidas, en gobiernos anteriores, no fueron cuidadas por guardabosques y terminaron invadidas y dañadas. 

Con las áreas naturales protegidas que se encuentran depredadas, sobre todo las que están cerca de las playas del Litoral, Guardado planteó que hay una “necesidad urgente” de recuperarlas para darles un sentido productivo y turístico.

“Hemos platicado con otros ministerios, sobre todo con el Ministerio de Cultura (y) de Turismo, que estas áreas naturales protegidas —que se encuentran depredadas— pueden recuperarse, pero ya con un sentido productivo, donde puedan ser parte de todo un ecosistema que puedan servir hasta para el turismo y sobre todo aquellas áreas naturales protegidas que están cerca de las playas del Litoral salvadoreño”, dijo a los diputados, sin detallar la ubicación de las tierras. 

Las playas son un destino turístico impulsado por el actual gobierno en su proyecto llamado “Surf City”, el cual ha tenido mayor fuerza después de la aprobación de la Ley Bitcoin. Incluso, se ha reportado por medios de comunicación que empresarios buscan comprar inmuebles cerca de las playas para construir hoteles. 

En una reunión anterior, del 17 de febrero, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, dijo que junto al ISTA están buscando terrenos ociosos para declararlo protegidos.  “Lo que estamos tratando de hacer con ISTA es ver si hay inmuebles o hay tierra ociosa que se pueda declarar protegida y darle el tratamiento. Quiere decir, crear sistema forestal y declararlo protegido”, dijo.

El presidente del ISTA y la jefa de la Unidad Ambiental del ISTA, Karen Orellana, dijeron que el artículo 30 de La Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones, Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria los obliga a transferir todas aquellas propiedades o haciendas expropiadas en 1980 y que tuvieran áreas naturales protegidas. Sin embargo, expusieron que el proceso es complicado porque enfrentan problemas de presupuesto, falta del reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y usurpación de tierras por la venta que han hecho particulares o cooperativas.

Sobre el último punto, pidieron a la comisión que apruebe una reforma para encontrar una solución pacífica a los conflictos que se generen al momento de acelerar el traspasado de las tierras y para saber qué hacer con las personas que usurpan las  áreas naturales protegidas, porque al ser transferidas al MARN ya no se les podría entregar escrituras.

“Es bien dramática la situación que se nos presenta a nosotros por el hecho de ser los propietarios, y es ahí donde nosotros pedimos alguna reforma legal que establezca qué vamos a hacer con las personas que la usurpan; porque el ministerio muchas veces, como les digo, de forma discrecional, nos dicen “bueno, dejen estas 10 casas adentro”, pero esa gente luego llega al ISTA y nos dice “demos la escritura”; pero la escritura ya no se las podemos transferir, porque ya está a favor del ministerio (de medio ambiente), y el ministerio no les va a dar escritura”, dijo Orellana. 

El ISTA no presentó un proyecto de decreto con las reforma ni expuso en qué sentido se deberían de normar. 

El diputado de Nuevas Ideas Carlos Bruch replicó que la salida debe de ser pacífica. “Aquí hay un revoltijo. Hay alguien que llegó, engañó, vendió tierras, les prometieron. Otros que dicen “yo ya llevo tiempo de estar aquí, cómo me va a sacar”. Todo se puede solucionar de una manera pacífica, concertando, sentándose a hablar con la gente”, agregó.

La presidenta de la comisión ambiental y diputada de Nuevas Ideas, Sandra Martínez, dijo que la distribución de tierras durante la reforma agraria fue una “farsa”,  porque se asignaron propiedades de áreas naturales protegidas de forma desordenada e ilegal. Sostuvo que la nueva ley de conservación y aprovechamiento de uso de suelos que pretenden aprobar vendría a ordenar toda esta situación. 

“El estudio del suelo, con esta sugerencia de una nueva ley, viene a normar toda la construcción de nuestro país. En el pasado, había un círculo de corrupción, porque vendieron tierras en áreas naturales protegidas”, dijo la parlamentaria. 

Martínez también dijo que “toda aquella persona que se ha adueñado ilegalmente de las zonas verdes, en todo el territorio, las van a tener que devolver porque son del Estado”. Mencionó que uno de esos casos es el de su colonia.

El ISTA no detalló cuántas familias se encuentran viviendo en tierras estatales o están en proceso de legalización. La jefa de la unidad ambiental mencionó que algunos inmuebles usurpados, donde incluso hay lotificaciones y viviendas, son la Hacienda Las Marias, Hacienda Sirama en La Unión, Hacienda la Reforma en San Miguel, Hacienda Rancho Grande o Junquillo y Hacienda Las Lajas en Sonsonate.

La disputa por las tierras también se ha visto en otros lugares, como es el caso de la isla Tasajera, en San Luis Talpa, donde los privados reclaman la propiedad para desarrollar proyectos turísticos. 

Dos funcionarios del presidente Nayib Bukele también están vinculados a conflictos de expropiación de tierras. La cooperativa Hacienda Normandía, ubicada en Usulután, enfrenta un proceso legal contra tres personas que afirman ser los propietarios de la hacienda, entre ellas, Jorge Bukele Simán. Según una publicación de YSUCA, uno de los representantes legales que inició el proceso fue el actual secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

El Faro también publicó que la canciller Alexandra Hill Tinoco y su familia exigen al Estado salvadoreño una indemnización de $254.9 millones por tierras expropiadas durante la reforma agraria de marzo de 1980.

La petición del ISTA llega tres meses después de que la Asamblea aprobara una polémica ley de expropiación de inmuebles para obras municipales. La ley establece los procedimientos que seguirá la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la expropiación de terrenos cuando no existan acuerdos con los propietarios de los terrenos. 

Presupuesto de $3.1 millones

Para ejecutar el proceso de traspaso de las propiedades al MARN, el ISTA dijo requiere un refuerzo presupuestario de $3,115,092.48 para un plazo de 7 años. Según Guardado, esa solicitud se llevará a la Comisión de Hacienda. De acuerdo al detalle presentado, para el primer año del proyecto, requieren $686,404.64; para los siguientes seis años el monto baja a $403,114.64 anuales.  

Entre los aspectos que detallaron está la contratarán de personal,  la compra de equipo topográfico y mantenimiento de vehículos. Según explicaron, el proceso de traspaso de los terrenos implica el levantamiento topográfico, la aprobación de planos y otra serie de actividades.