Los países centroamericanos tienen como ideal que todos sus ciudadanos tengan acceso a lo necesario para vivir una vida digna. Sin embargo, lamentablemente ese ideal ha quedado como una promesa incumplida; además acompañada de un debate ideológico que es estéril, que no pasa de palabras vacías y disputas sin contenido. Lo ideal es que dichas sociedades puedan llegar a un consenso para conseguir que cada ciudadano tenga las herramientas para su realización individual y colectiva. Parte de ello es el llamado a la reflexión que invita la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, cada 20 de febrero desde el año 2007.

Según UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés), la justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, así como en la equidad, siendo prescindible para que cada individuo logre alcanzar su máximo potencial. Con el funcionamiento y existencia de la justicia social, los miembros de la sociedad pueden participar en la creación, multiplicación y conservación de la riqueza, así como del subsecuente bienestar (Resico, 2010). Y como resultado de la paz social, debe existir una cohesión social que evite grandes contrastes sociales.

Gossmann y Menkos, (2017) indican que la justicia social es “la columna vertebral que articula la democracia y el desarrollo”. Por ello, incluye un amplio espectro de temas que abarcan el aspecto económico, social e incluso ambiental. Por lo anterior, la justicia social podría observarse desde distintas aristas, tales como la calidad del trabajo, así como en un sistema tributario justo y eficiente dentro de una sociedad.

En los países de la región, entre los indicadores de calidad de trabajo, se tiene la informalidad. Según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), esta se encuentra por arriba del 50 %, (a excepción de Costa Rica, cuyo registro está 36.6). Y según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a excepción de Costa Rica y Panamá, el resto de la región tenía menos del 30 % de su población total bajo la cobertura de programas de seguridad social bajo el régimen de enfermedad y maternidad. 

En cuanto a composición tributaria, el 10 % de la población centroamericana más rica paga menos impuestos en proporción a sus ingresos, que el restante 90 %. Y si se analiza el tipo de gasto, se observa una diferencia entre el gasto por funcionamiento a nivel regional (el cual va del 10 % y el 15 % del PIB), frente al gasto de inversión, al cual solo se destina entre el 1.2 % y el 4.8 % del PIB. Y en cuanto a gasto público social (que incluye gastos de protección social, salud, educación, protección al medio ambiente, vivienda, actividades recreativas) los datos de la región centroamericana oscilan entre el 8 % y el 12 % del PIB, comparado a otros países de Latinoamérica (como Chile y Uruguay), cuyos niveles están cercanos al 17 %.

Ante esta situación se puede percibir cierto desbalance en cuanto a igualdad de oportunidades se refiere. Para poder solventar este asunto, es menester potenciar el crecimiento económico en las sociedades centroamericanas, así como avanzar en tener un sistema tributario que permita una recaudación óptima y, además, incentive al contribuyente a cumplir con sus obligaciones. 

Esto se puede lograr mediante una transformación en el entramado institucional que permita alcanzar un bienestar social y económico. Por ello, tal y como se mencionaba en una columna anterior, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) propone los pilares de su visión filosófica, (identificados como “niveles” para la construcción de la democracia y desarrollo, cuyo contenido se puede ver con mayor detalle en el documento de  la Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030, en su volumen II (disponible aquí), como el eje central para la transformación de los Estados hacia una condición que permita alcanzar metas y compromisos de desarrollo y democracia.

Y haciendo un repaso de dichos niveles, tenemos: a) el nivel para la construcción del crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo; b) el nivel para la construcción de la igualdad; y c) el nivel para la construcción de un Estado efectivo. El primer inciso no explica que la meta debe ser el alcance de tasas de crecimiento económico sólidas, y conforme pase el tiempo sean sostenibles. Dichas tasas deben verse acompañadas de bienestar, equidad e igualdad social; con un enfoque de productividad sostenible, preconizando la protección ambiental. 

En cuanto al nivel de protección de igualdad, nos indica a la existencia de la facilidad para acceder a los bienes públicos, una mayor cobertura de la protección social en la población, que sea autosuficiente y sostenible. Y finalmente, el nivel para la construcción de un Estado efectivo, nos indica que los Estados deben poseer planes a largo plazo para el desarrollo, con un control mediante presupuesto por resultados y multianuales (de modo que faciliten la fiscalización ciudadana). 

Lograr el consenso necesario para poner en práctica lo anteriormente detallado ayudaría a la región a obtener los mecanismos necesarios para lograr que la justicia social se ponga en marcha, y así existan oportunidades de una vida digna para la ciudadanía.