Por Xenia Oliva

Previo a la intervención del Estado, representantes de la Fundación para el Debido Proceso, la Apes, GatoEncerrado, el periódico digital El Faro y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expusieron sus preocupaciones y denuncias sobre la situación de la libertad de expresión frente al uso de software espía en El Salvador.

“Enterarnos y confirmar que fuimos espiados con Pegasus, representó un golpe a nuestra privacidad, sobre todo porque no tenemos ninguna duda de que este acoso tiene relación con nuestro trabajo periodístico”, dijo Barrera.

El representante de la Fiscalía inició su ponencia señalando que, en el comunicado emitido por la CIDH, en el que expresaban su preocupación ante los hallazgos del uso del software Pegasus, no se mencionó que funcionarios públicos también habrían recibido alertas de intervención en sus teléfonos.

El fiscal sostuvo que el uso de Pegasus para espiar a miembros de la sociedad civil es un problema de alcance mundial y que ha afectado “no solo a periodistas y activistas, sino también a funcionarios y jefes de Estado”. Aseguró que con esto no pretendía “restar importancia, sino poner en contexto”. Y que eso hablaba de la necesidad de crear controles sobre la producción y comercialización de este tipo de herramientas.

“Señores comisionados, se observa que la intervención de los peticionarios de esta audiencia persigue generar una percepción de vinculación o de participación de agentes del Estado en vigilancia que pudo haber ocurrido en contra de distintas personas, que pudo haber ocurrido en el país con el uso de Pegasus”. Tras decir esto, el fiscal añadió que hay 35 personas “presuntamente espiadas”.  

El representante de Fiscalía se apresuró a lavarle las manos al gobierno salvadoreño de cualquier tipo de responsabilidad sobre el uso de Pegasus en El Salvador.

“Al respecto, el Estado es firme en declarar que bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento a personas críticas al gobierno, así sean o no periodistas”, aunque añadió que esto no excluía de responsabilidad del “ejercicio correcto” de la libertad de expresión y prensa.

Reveló que ya habían comunicado con antelación a la Comisión que el origen de tales intervenciones es desconocido, y que la Fiscalía está investigando para determinar la responsabilidad y la autoría.

“Esta situación ha vulnerado dispositivos y comunicaciones de empleados y funcionarios estatales, aunque en esta audiencia se ha dado relevancia a periodistas a la afectación que pudo ocurrir a periodistas de un medio crítico al gobierno”.

Respecto a este punto, cuando fue el momento de declarar de John Scott-Railton, investigador senior de Citizen Lab, entidad que tiene años de experiencia en el análisis del uso de Pegasus en teléfonos y que incluso la empresa Apple retoma sus hallazgos, hizo un comentario a las declaraciones del fiscal.

“Con mucho respeto, no es poco común que el gobierno use el software para vigilar a sus propios funcionarios”, señaló Scott-Railton.

Posteriormente, la representación fiscal ya no hizo mención de este punto. Pero sí mantuvo la postura de distanciar al gobierno del espionaje y las intervenciones telefónicas.

El fiscal sostuvo que no se podía hacer una generalización que “la línea editorial de un medio”, en este caso que sea crítico del gobierno, sea la causa de las vulneraciones a los dispositivos, ya que, según él, el resto de medios independientes debería haber tenido una cantidad de ataques similares a los de El Faro.

En este caso ya se había señalado que para confirmar la presencia de Pegasus en un dispositivo es necesario hacer un análisis, y actualmente solo los teléfonos con sistema IOS guardan la información de tal forma que permitan hacer este tipo de análisis. En cambio, en Android aún no se ha podido ejecutar un análisis de la misma forma. Y la mayoría de periodistas del resto de medios usan teléfonos con sistema operativo Android.

“Se reitera que actualmente está en curso una investigación exhaustiva sin que a la fecha las diligencias realizadas permitan determinar la existencia y el origen de las actividades señaladas. De confirmarse estas serán perseguidas y penalizadas conforme a las normas internas y las normas aplicables en el ámbito internacional”, señaló el fiscal.

Aseguró que, a partir del aviso emitido por la APES, se abrió un expediente para la investigación del delito de acceso indebido a sistemas informáticos y espionaje informático.

Además, dijo que ya se han girado direcciones a la Unidad de Delitos Informáticos de la División Central de Investigaciones de la PNC, para que entrevisten a las personas mencionadas con el propósito de obtener mayor información sobre cómo se obtuvo conocimiento de los hechos, y sobre la identificación de 31 personas en su calidad de víctimas en el presente caso.

Al respecto, hasta el momento nadie se ha puesto en contacto con las víctimas de la revista GatoEncerrado.

El fiscal aseguró que no se les ha querido proporcionar los detalles de las víctimas y que eso ha sido un obstáculo en su investigación.

Pese a que en los informes emitidos por Citizen Lab se presentó una lista de nombres de las víctimas y los medios en los que laboran. Además, la APES también proporcionó una copia del informe.

Ante sus declaraciones, Macaulay señaló que lo ocurrido se trataba de un ataque muy serio contra la democracia y que iba contra todos los estándares de un Estado democrático.

“El Estado dice que los funcionarios públicos también han sido víctimas, pero eso no responde lo que ha ocurrido específicamente a los periodistas, que estaban trabajando en temas relacionados al gobierno”, dijo la segunda vicepresidenta de la CIDH.

Macaulay cuestionó que si están concluyendo que el operador de Pegasus en El Salvador no ha sido el Estado, entonces qué se está haciendo en la investigación y cuánto tiempo les llevará para responder ante estos ataques tan serios.

“Todos los periodistas, sus familias, sus fuentes, tienen derecho a la privacidad”, dijo.

De la misma forma, el comisionado de la CIDH Roberto Clarke preguntó en qué fecha se comenzó la investigación y cuál será el nivel de independencia y parcialidad de esta.

En este punto, el fiscal se escudó diciendo que todas las pruebas presentadas por la Fiscalía son supervisadas y evaluadas por los jueces. Sin embargo, como se ha visto en los últimos meses, el Órgano Judicial tampoco cuenta con independencia del Ejecutivo y algunos de los jueces han sido removidos cuando sus fallos afectan al Gobierno central.

El comisionado de la CIDH Carlos Bernal preguntó a qué se refería el representante del Estado cuando dijo que los periodistas deben ejercer su labor de manera correcta, pero no obtuvo respuesta.

Carlos Dada, director de El Faro, preguntó a las funcionarias de Cancillería si ya se habían puesto en contacto con el gobierno de Israel y si se les había hecho algún reclamo, ya que decían que funcionarios de gobierno también han sido víctimas, pero tampoco recibió respuesta.