Bitácora del
régimen de excepción

El día a día de la nueva mano dura

Los datos del régimen

  • 04 de mayo de 2022 | Día 39

Por Xenia Oliva

Organizaciones sociales, que por años han trabajado el tema de los derechos humanos en el país, reportaron que durante el primer mes del régimen de excepción han recibido 338 denuncias de violaciones a derechos. La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC).

Las entidades que han recibido las denuncias son Cristosal, FESPAD, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario. De total de denuncias, el 70 % fueron por casos de detenciones arbitrarias. El resto por allanamientos de viviendas, lesiones robo e incluso la muerta de una persona detenida, según el reporte de Cristosal.

Solo Cristosal atendió 133 casos, en el que hubo 157 personas afectadas. El 51 % de los afectados tienen entre 18 a 30 años de edad. Un 2.5 % de las víctimas fueron menores de edad de 12 a 17 años. Del total de víctimas, el 82.8 % son hombres y 12.7 % mujeres. En el caso de los victimarios, la mayoría de las denuncias que recibió Cristosal fue contra policías, seguido de miembros de la Fuerza Armada.

En el caso de FESPAD, han atendido a 161 personas afectadas. De igual forma, la mayor parte de los afectados son de 19 a 30 años y la mayoría son hombres.

El SSPAS ha atendido a 29 personas. El 44.9 % tienen 31 años o más, el 34.35 % son de 18 a 30 años y el 3.4 % son menores de 12 a 17 años. En cuanto a los victimarios, en las denuncias recibidas por el SSPAS el 51.7 % se señaló tanto a agentes de la PNC como de la FAES.

Azul Originario también atendió a 15 personas. De ellas el 33.3 % eran de 18 a 30 años. La mayoría de las víctimas son hombres y la mayoría de las denuncias fueron por detención arbitraria.

En los casos recibidos por el IDHUCA, hubo 11 personas afectadas. El 100 % de las víctimas son hombres. Además de las denuncias por detención arbitraria hubo denuncias por robo y malos tratos.

“Las organizaciones que trabajan en la protección a víctimas piden a las autoridades cesar graves violaciones a derechos humanos como las reportadas. De igual forma, llaman a impulsar políticas integrales de seguridad que no vulneren derechos de la ciudadanía”, expusieron.

Este día además cerró con 26,655 detenidos en total desde el pasado 26 de marzo, un día antes de que iniciara el régimen de excepción. 

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  • 03 de mayo de 2022 | Día 38

Por Xenia Oliva

Este día, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó diligencias en distintos juzgados a escala nacional para solicitar que a un total de 1,514 personas detenidas durante el régimen de prisión se les ordene seguir bajo prisión preventiva. De este total, hay 38 menores de edad.

En la zona paracentral, fiscales solicitaron que 537 personas sigan detenidas. “Estos sujetos delinquían en San Vicente, Cabañas, Cuscatlán y en La Paz; y fueron capturados en el marco del Régimen de Excepción. Del total de procesados, 200 son pandilleros del Barrio 18 y 337 de la MS13”, informó la Fiscalía.

Por la tarde, ante los juzgados de instrucción de San Salvador fiscales pidieron prisión preventiva para 370 detenidos. También hicieron la solicitud contra 20 menores de edad. “Los ahora procesados operaban en Mejicanos, Apopa y otros municipios de San Salvador. Entre los acusados se encuentra un ranflero, 7 palabreros, 11 homeboys, 31 soldados, 12 gatilleros, 11 postes, 3 chequeos, 1 corredor de clica y 293 colaboradores”, aseguró la Fiscalía.

En el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel presentaron la solicitud de detención provisional contra otros 125 detenidos durante el régimen. “Asimismo, en el Juzgado de Menores de San Francisco Gotera se solicitó el internamiento para 7 pandilleros menores de edad, por el delito de Agrupaciones Ilícitas, quienes también fueron capturados bajo el Régimen de Excepción”, dijo la FGR.

El resto de las solicitudes fueron en Usulután contra 98 detenidos y nuevamente en San Salvador contra otras 357 personas, de ellos 11 son menores de edad. “Entre ellos pandilleros y colaboradores del Barrio 18, quienes fueron capturados bajo el Régimen de Excepción”, publicó la FGR.

PNC asegura haber detenido a dos de los responsables del alza de homicidios

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, junto al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron a dos supuestos cabecillas de la MS a quienes acusaron de haber sido parte de los responsables del alza de homicidios a finales de marzo.

Los detenidos son Edras Josué Urquilla Morán, alias “Largo Shogui” y Manuel Bonilla Orellana, alias “Mercenario Stoner” o “Colocho”.

El arresto de Bonilla Orellana ya había sido informado por el presidente Nayib Bukele la noche del pasado 25 de abril. “Nuestra PNC capturó en Santa Ana a José Manuel Bonilla, alias “Mercenario de Stoner”, otro de los 15 cabecillas nacionales de la MS, quien ordenaba asesinatos a los terroristas. Tenía órdenes de captura por homicidio y extorsión. Le esperan más de 45 años en la cárcel”, escribió en ese entonces.

Villatoro también informó sobre los decomisos de bienes que han realizado durante el régimen de excepción. Hasta el domingo, habían incautado 277 armas de fuego, 586 vehículos de distintos tipos, desde carros, motos, hasta autobuses. Además habían decomisado 19,105 porciones de droga, la mayoría marihuana, crack y cocaína y 4,896 celulares.

Arriaza Chicas dijo que también han incautado $1 millón 23,738 durante el régimen.

Capturas superan las 24 mil

Al finalizar el día 3 de mayo, el total de personas detenidas llegó 24,071. La PNC informó que solo durante este día hubo 667 capturados.

 

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  • 02 de mayo de 2022 | Día 37

Por Ruth Zavala y Xenia Oliva

“Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes bajo custodia”, son parte de los graves abusos ocurridos durante el régimen de excepción que Humans Right Watch y Cristosal lograron documentar en un informe presentado este día.

Los hallazgos del informe “El Salvador: Evidencias de graves abusos durante el régimen de excepción”, se basaron en 43 entrevistas con víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil. Además del análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que afirman los testimonios.

Desde el 25 de marzo, la Policía y la Fuerza Armada han realizado decenas de redadas en zonas catalogadas como “zonas rojas” y comunidades de bajo recursos. Hasta el 23 de abril, el informe detalla que las organizaciones realizaban un análisis de más de 200 denuncias, incluyendo 160 detenciones arbitrarias.

Asimismo, se detalla que en 34 de los 40 casos de abusos documentados se evidencia que las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en sus domicilios o en la calle, y en otros 20 casos, las autoridades allanaron los domicilios de las víctimas sin presentar una orden judicial.

En el informe Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, expresó que “durante los primeros 30 días del régimen de excepción promovido por Bukele, hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia”.

Asimismo, Taraciuk señaló que las fuerzas de seguridad han abusado de las facultades que les otorgó la Asamblea Legislativa el pasado 27 de marzo con la aprobación del régimen de excepción, el cual fue prorrogado por 30 días más.

Más de 23 mil detenidos a escala nacional

Al finalizar el día, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que el total de personas detenidas a escala nacional es de 23,404. Durante el 2 de mayo, hubo 650 detenciones.

Pese a que en sus publicaciones oficiales aseguran que todos los detenidos son “terroristas”, las denuncias de detenciones injustificadas persisten.

Este día también, distintos juzgados en el país decretaron detención provisional a 592 personas arrestadas durante el régimen de excepción. La audiencia más grande se realizó en el Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador contra 398 imputados. La audiencia fue de forma virtual.

También el Juzgado Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana ordenó detención provisional contra 54 detenidos. Según lo reportado por la página de Centros Judiciales todos son parte de la “pandilla 18”. Además, el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Salvador resolvió detención provisional para otros 140 imputados.

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  • 01 de mayo de 2022 | Día 36

Por Xenia Oliva

La Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que en lo que va del régimen de excepción ya han arrestado a 22,574 personas a escala nacional, en conjunto con la Fuerza Armada. Estas detenciones se han venido sumando desde el pasado 26 de marzo, un día antes de que se aprobara el primer régimen de excepción tras una inusitada ola de homicidios en el país.

De acuerdo a la PNC, solo durante el domingo 1 de mayo hubo 639 personas detenidas a escala nacional. “El total de arrestos desde que inició la #GuerraContraPandillas es de 22,754”.

Continúan las audiencias masivas

Este día también se llevó a cabo una audiencia de imposición de medidas cautelares en el Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana contra 476 imputados. Además de ser acusados de agrupaciones ilícitas, también se les vinculó con los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, fraude de servicios de energía o fluidos, amenazas con agravación especial, tráfico ilícito, posesión y tenencia de droga, posesión y tenencia con fines de tráfico y casos especiales de lavado de dinero.

A 469 se les ordenó detención provisional. A los otros siete se les decretó la continuación del proceso penal con medidas sustitutivas a la detención. A todos se les vinculó con la MS.

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  • 30 de abril de 2022 | Día 35

Por Xenia Oliva

Al finalizar la semana, el fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que 10,885 personas deberán continuar bajo detención provisional mientras continúen los procesos judiciales en su contra. Ellos son más de los más de 20 mil detenidos durante el régimen de excepción.

Delgado expresó que el informe contra ellos es por “estar relacionados con estructuras criminales”.

Este sábado 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de prisión provisional contra 113 personas en San Miguel. Según la FGR todos ellos son “pandilleros de la MS”, que han sido detenidos durante el régimen de excepción.

Durante las últimas semanas se han realizado audiencias masivas en ocasiones con más de 100 imputados, la mayoría de forma virtual. Estas suelen finalizar en menos de un día. Por ejemplo, el viernes 29 de abril, Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Salvador ordenó detención provisional contra 311 imputados. De acuerdo a la información expuesta por la página de Centros Judiciales de El Salvador, todos ellos son acusados de agrupaciones ilícitas.

Ese mismo día, la FGR presentó un nuevo requerimiento contra 476 detenidos en Santa Ana, entre ellos hay 63 mujeres y 413 hombres.

Según se informó todos ellos son “miembros de diferentes clicas de la organización terrorista denominada MS13”. Como se ha dado en estos casos, la FGR pidió reserva total del proceso.

“Las capturas se dieron bajo el Régimen de Excepción, entre el 16 y el 20 de abril del año en curso. Los reos se encuentran recluidos en los penales de Ilopango, Izalco y La Esperanza, donde permanecerán mientras dure el proceso penal en su contra”.

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  • 29 de abril de 2022 | Día 34

Por Xenia Oliva

El documento “El Salvador: en breve” fue publicado el 29 de abril de 2022 por el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (CRS por sus siglas en inglés). El CRS funciona con personal no partidista para los comités y miembros del Congreso estadounidense. A lo largo de los años han realizado distintos informes sobre El Salvador. En el documento más reciente se detalló la situación actual del país, señalando el deterioro de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos a partir de la gestión del presidente Nayib Bukele.

En el informe se destacó la pérdida de la independencia de los tres poderes del Estado a partir de mayo 2021 y da cuenta de lo ocurrido desde marzo 2022. “Después de que los homicidios relacionados con pandillas aumentaran en marzo de 2022, Bukele buscó con éxito, y la legislatura lo aprobó, un “estado de excepción”, que suspendió muchos derechos civiles, permitió arrestos masivos y resultó en otros abusos contra los derechos humanos”, indicó el documento.

El documento elaborado para los congresistas estadounidenses, expuso que aparentemente el presidente Bukele cumplió su promesa de campaña de reducir los homicidios, pero señaló cómo distintas investigaciones han revelado que pudo haber un pacto entre el gobierno y las pandillas.

“La violencia y los abusos contra los derechos humanos han prevalecido durante gran parte de la historia moderna de El Salvador”, indicó el informe, señalando que la mayoría de los abusos más serios se relacionan con pandillas y grupos criminales, uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violencia de género y ataques del gobierno a las libertades civiles.

El informe añadió que entidades como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han advertido que las recientes medidas del gobierno de Bukele no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos.

“Los observadores también han denunciado la erosión de las libertades civiles bajo Bukele. Funcionarios salvadoreños han deportado a periodistas extranjeros, hostigado a activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”, se informó en el documento.

Relator de la ONU expresó su preocupación por amenazas de criminalizar a trabajadores que marchen el 1 de Mayo

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, respondió a las advertencias emitidas por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, contra quienes participen en las marchas del Día Internacional de los Trabajadores.

“Me preocupan las denuncias de estigmatización y criminalización de las protestas previstas en el Día del Trabajador #1M por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar la libertad de reunión pacífica durante estas protestas”, publicó en su cuenta de Twitter.

PNC reportó 518 arrestos en el día

De acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC), durante el viernes 29 de abril detuvieron a 518 personas. La cantidad total de detenidos es ya de 21,542 desde el pasado 26 de marzo de 2022.

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  • 28 de abril de 2022 | Día 33

Por Xenia Oliva

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, acusó a las marchas programadas para el próximo 1 de Mayo de haber sido organizadas para “defender a las pandillas” e incluso de ser financiadas por delincuentes.

“Estas marchas serán en apoyo grupos terroristas en El Salvador”, dijo Castro, quien dio una conferencia acompañado por Conan Castro, secretario jurídico de Casa Presidencial. Ambos fueron nombrados en la Lista Engel el año pasado.

Castro incluso llegó a dejar entrever la posibilidad de que quienes participen en la marcha puedan llegar a ser detenidos. “Estos delincuentes serán capturados en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia e incluso si se quieren esconder en otro tipo de acciones también serán descubiertos y capturados los delincuentes, los terroristas”, dijo Castro.  

Reiteró que el objetivo de las marchas convocadas para el Día Internacional de los Trabajadores es el de “defender a delincuentes y pandillas”.

“Todas esas marchas que van a salir de los distintos puntos del país serán afines a los grupos pandilleriles de este país y a los terroristas de este país”, añadió Castro.

Castro dijo que los “trabajadores honestos y el movimiento sindical” estarán reunidos en un solo punto, en un acto aprobado por el Gobierno donde se dará una “noticia” para los trabajadores.

Como es de costumbre, distintos sindicatos ya habían convocado a una marcha, como el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS), la Asociación de Empleados Públicos y Municipales (Agepym) y el Movimiento No +AFP. Estos dos últimos anunciaron que ya no habrá marcha, sino que estarán en el foro en el que participará Castro, que se realizará en un hotel de San Salvador.

Por otro lado, el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) cuestionó las declaraciones de Castro.

“Ningún miembro del Movimiento de Trabajadores de la PNC está a favor de los pandilleros, solo alguien que no esté bien de la cabeza puede pensar algo así. Eso lo hemos dejado claro hasta la saciedad, pero a los fanáticos que repiten como loros lo que oyen no les hace mella”, publicó en su cuenta de Twitter.

Más de 21 mil detenidos y más de 9 mil deberán seguir en prisión

Al finalizar el 28 de abril, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que ya habían detenido un total de 21,024 personas desde el pasado 26 de marzo, un día antes de que iniciar el régimen de excepción.

Además, el fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que a 9,672 de los detenidos ya se les decretó detención provisional en las distintas audiencias que se han realizado durante el régimen.

“Hemos presentado ya, 254 requerimientos fiscales, ante tribunales de todo el país, para asegurarnos que estos criminales no salgan de nuevo a las calles”, dijo Delgado.

Delgado también dio a conocer que el pasado 21 de abril se realizó la audiencia de intimación de la petición de extradición de Arístides Dionisio Umanzor, alias El Sirra. “Este pandillero, a quienes administraciones pasadas otorgaron beneficios durante la denominada “tregua”, es solicitado por cuatro cargos penales en Estados Unidos”, dijo Delgado.

“Es curioso que, durante la audiencia, este criminal solicita agilizar su salida hacia una cárcel norteamericana, pues ya no quiere enfrentar la justicia salvadoreña, ahora que ya no tiene NINGÚN BENEFICIO y su estadía en la cárcel se ha vuelto un verdadero castigo a sus crímenes”, añadió el fiscal.

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  • 27 de abril de 2022 | Día 32

Por Xenia Oliva

La embajada de los Estados Unidos publicó una alerta de seguridad para todos los ciudadanos estadounidenses que viajen o residan en El Salvador ante las medidas tomadas durante el régimen de excepción.

En el aviso se señala que las medidas de emergencias se han extendido hasta el 26 de mayo, suspendiendo derechos y garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho a la privacidad en las comunicaciones, la extensión de la detención administrativa de tres días a 15 días, entre otras.

“Aunque no existen indicios de que los ciudadanos estadounidenses sean el objetivo, las personas que viajen a, o residan en El Salvador deben estar conscientes que ciudadanos estadounidenses han sido arrestados bajo los términos de las medidas de emergencia”, comunicó.

La embajada recomendó evitar caminar de noche y no conducir a lugares lejanos durante la noche. “Permanezca alerta en cuanto a sus alrededores y mantenga un bajo perfil; Mantenga un alto nivel de vigilancia, dé los pasos adecuados para mejorar su seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales; No se resista físicamente a ningún intento de robo”, añadió.

Más de 20 mil personas detenidas en el país.

Al finalizar el día, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturaron a 701 personas durante el miércoles 27 de abril. Desde el 26 de marzo, han sido detenidas 20,421 personas a escala nacional.

 

Medios como El Diario de Hoy (EDH) han dado a conocer que algunos detenidos están siendo liberados del centro penal de Izalco, tras comprobar que no tienen cargos en su contra. Sin embargo, algunos son sacados sin brindar ningún aviso previo a sus familias, por lo que decenas de personas, en su mayoría mujeres se mantienen en los alrededores del penal.

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  • 26 de abril de 2022 | Día 31

Por Xenia Oliva

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el martes 26 de abril detuvieron a 1,405 personas junto a la Fuerza Armada a escala nacional. En total ya son 19,720 personas arrestadas desde el 26 de marzo.

A partir del domingo 24 de abril, la PNC y la Fuerza Armada han estado deteniendo a más de mil personas a escala nacional. Previamente, el promedio era de aproximadamente 573 al día.

De acuerdo al relato de distintos familiares de detenidos, muchos han sido llevados a centros penales como el de Ilopango e Izalco incluso antes de que tengan la audiencia inicial.

Amnistía Internacional advierte que régimen ha creado la “tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expuso se preocupación ante la situación generada por el régimen de excepción en El Salvador, señalando cómo los derechos de la población salvadoreña han sido pisoteados.

“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”.

Guevara Rosas también señaló cómo los niños y niñas de 12 a 16 años pueden ser condenados hasta 10 años de prisión. Hizo un llamado al gobierno a “cesar en su actitud hostil contra la sociedad civil y la comunidad internacional”.

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  • 25 de abril de 2022 | Día 30

Por Xenia Oliva

Al finalizar el día 30 del régimen de excepción, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que, junto a la Fuerza Armada, habían capturado a 1,172 personas durante el lunes 25 de abril. Es el segundo día consecutivo en que detienen a más de mil personas. El domingo 24 de abril la PNC informó que hubo 1,090 arrestos, todos estos realizados en el marco del régimen de excepción y la “Guerra contra las pandillas”, como han denominado a los operativos que mantienen a escala nacional.

De acuerdo a la PNC, el registro total de detenidos en el país es ya de 18,315 personas. Estos arrestos se han ido reportando desde el pasado 26 de marzo, un día antes de que se aprobara el régimen de excepción y mientras ocurría una de las olas de homicidios más altas en el país.

 

Como ha sido recurrente, tanto la PNC como el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió a todos los detenidos como “terroristas”. Hasta el momento, Bukele no ha respondido directamente a las denuncias por detenciones arbitrarias o llamados de ayuda de familiares que aseguran que sus parientes fueron detenidos injustamente. El único momento en el que se ha referido al tema fue el pasado 9 de abril, cuando Bukele dijo que siempre “habrá un 1 % de error”.

Embajada de Estados Unidos aconseja reconsiderar viajes a El Salvador

Este día la embajada de los Estados Unidos publicó una advertencia de viaje para los ciudadanos estadounidenses.

“Reconsidere viajar a El Salvador debido a la delincuencia”, expresó el aviso colgado en la página web de la embajada. Además del aviso incluyen un resumen del país donde exponen la situación de delitos violentos, incluyendo robos, homicidios y agresiones sexuales, que generan preocupación en el país.

“La policía local puede carecer de los recursos para responder con eficacia a incidentes delictivos graves, aunque la concentración de recursos en las zonas turísticas significa que tienden a estar mejor vigiladas que las zonas urbanas”, sostuvo.

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  • 24 de abril de 2022 | Día 29

Por Xenia Oliva

Con 67 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite la ampliación por 30 días más del régimen de excepción. Entre los votos a favor se sumaron los de los exmiembros de ARENA, Carlos Reyes, Donato Vaquerano y José Rosales.

La plenaria extraordinaria fue convocada a las para las 2:00 de la tarde del domingo 24 de abril, poco después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, llamara al Consejo de Ministros para que pidieran la ampliación del régimen. La plenaria inició hasta pasadas las 4:00 p.m. y le solicitud fue votada y aprobada hasta pasadas la 8:00 de la noche.

Antes del inicio de la plenaria, los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada llegaron a la Asamblea para solicitar la ampliación del régimen.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, lanzó un mensaje a las organizaciones internacionales que han señalado su preocupación ante las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción. “Todas estas organizaciones internacionales y ONGs se pueden ir donde quieran”, expuso Villatoro tras entregar la pieza de correspondencia con la prórroga del régimen de excepción.

Aseguró que estas organizaciones están promoviendo los derechos de los terroristas y los pandilleros. “¿Cómo es que tenemos más de 16,000 capturados y no son 16,000 homicidios? ¿Ustedes creen que la gente no quisiera que esos sean 16,000 homicidios? Por supuesto que sí, por todo el dolor que han provocado estos terroristas”, dijo Villatoro.

El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, argumentó que las más de 16,000 capturas realizadas durante el régimen de excepción justifican la necesidad de que se extienda su validez.

“Las actuaciones de la Policía y la Fuerza Armada son con estricto apego al respeto de los derechos humanos, pero estricto apego al respeto de los derechos humanos de la población honrada, que son los verdaderos salvadoreños que quieren una mejor sociedad”, aseguró Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señaló que es necesario que la Asamblea Legislativa solicite un informe detallado de las detenciones realizadas y los procesos judiciales iniciados.

Además de aprobar una ampliación del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa también aprobó un decreto para validar las compras directas durante el período del régimen. Es decir que el gobierno podrá hacer compras saltándose la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).

Al finalizar el día, la PNC informó que la cantidad de personas detenidas a escala nacional ya llegó a 17,143. El 24 de abril se convirtió en el día con más detenidos desde el inicio del régimen de excepción. Según la PNC este día detuvieron a 1,090 personas en todo el país.

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  • 23 de abril de 2022 | Día 28

Por Xenia Oliva

A las 10:25 de la noche del día 28 del régimen de excepción, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en su cuenta de Twitter que estaba convocando al Consejo de Ministros para que pida a la Asamblea Legislativa la ampliación del Régimen de Excepción por 30 días más. El régimen actual cumple 30 días el lunes 25 de abril.

En 29 días, de estos 28 del régimen, 16,053 personas han sido detenidas a escala nacional, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) al cierre de este sábado 23 de abril.

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  • 22 de abril de 2022 | Día 27

Por Xenia Oliva

El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que a 6,924 imputados se les ordenó que deberán seguir en prisión de forma provisional mientras continúan los procesos judiciales en su contra.

Este día la audiencia más grande se realizó en el Juzgado Especializado de Instrucción B2 de Santa, donde se mantuvo una audiencia especial de imposición de medidas contra 552 detenidos. La Fiscalía los acusó por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado tentado o imperfecto, privación de libertad, robo agravado, posesión y tenencia de droga, robo agravado, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y usurpación de inmuebles.

Los imputados se encuentran en el Centro Penitenciario La Esperanza, Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco y Cárcel de Ilopango.

“Todos fueron capturados en el marco del Régimen de Excepción, por ser miembros activos del grupo terrorista MS13 que operaba en los tres departamentos de la zona occidental del país”, informó la página de Centros Judiciales.

 

La audiencia, al igual que la mayoría que se han realizado contra los detenidos durante el régimen, fue realizada de forma virtual. El juzgado decretó prisión provisional contra los 552. Al mismo tiempo, el juzgado aceptó la petición de la Fiscalía de decretar reserva total al proceso.

Aunque juzgados comunicó que los 552 se mantendrán en prisión. La FGR informó en su cuenta de Twitter que serán 548 los que seguirán en la cárcel mientras sigue el proceso en su contra.

Después de varios días de denuncias y llamados de ayuda, durante la tarde de este día se confirmó la liberación de Cristian Alexander Machado, de 18 años, quien es una persona con discapacidad intelectual. El joven fue detenido el 18 de abril, pese a que su madre presentó un documento de Salud que certificaba su condición. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), una de las entidades que ha recibido señalamientos por su débil actuar durante el régimen de excepción y recibió presión para que actuara ante el caso del joven, informó que él había sido liberado.

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  • 21 de abril de 2022 | Día 26

Por Xenia Oliva

Al finalizar el día 26 del régimen, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la cantidad de personas detenidas llegó a 15,055 a escala nacional, estos arrestos se han realizado desde el 26 de marzo, día en que hubo 62 homicidios en el país.

Pese a las distintas denuncias de casos de detenciones injustas y arbitrarias, tanto la PNC como el presidente de la República, Nayib Bukele, sostienen que todos los detenidos son terroristas o pandilleros.

Este día también el presidente Bukele compartió los resultados de una encuesta realizada por CID Gallup. “91% de los salvadoreños apoyan la #GuerraContraPandillas que impulsa nuestro Gobierno, de acuerdo a la encuesta publicada hoy por CID Gallup”, escribió en su cuenta”.

 

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  • 20 de abril de 2022 | Día 25

Por Xenia Oliva

El Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, hizo un llamado a Estado salvadoreño a que implemente el Régimen de Excepción con la garantía del respeto a los derechos humanos.

“También urgimos al Estado salvadoreño a implementar el Estado de Emergencia de una manera que sea consistente con los derechos humanos. Podemos enfrentar la violencia y el crimen y al mismo tiempo proteger las libertades civiles y las libertades fundamentales. No están en oposición”, expuso durante una conferencia de prensa durante su participación en la Conferencia Ministerial sobre Migración y Protección realizada en Ciudad de Panamá.

Blinken dijo que Estados Unidos continuará trabajando con cada uno de los países del Triángulo Norte para atender los problemas que a diario generan el desplazamiento de muchas personas.

“Tenemos una relación muy fuerte con la gente de El Salvador. El Salvador ha tenido retrocesos en gobernabilidad democrática, la separación de poderes, estado de derecho, esperamos que el presidente Bukele avance en abordar esos retrocesos”, dijo Blinken al ser consultado sobre la situación en El Salvador.

 

CIDH también urgió a El Salvador a CIDH urge al país a respetar derechos humanos durante el régimen

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que urgió al Estado de El Salvador a “asegurar que las acciones de prevención y sanción a los crímenes y la delincuencia se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los derechos y la dignidad humana. El Estado debe observar las garantías judiciales y el debido proceso legal en todas las circunstancias, incluyendo en el marco del régimen de excepción”.

 

La CIDH manifestó su solidaridad con las familias afectadas por la violencia. “Las víctimas y sus familias deben estar en el centro de las medidas de verdad, justicia y reparación”, señaló la CIDH.

Siguen las denuncias de detenciones arbitrarias

Este día también se dio a conocer el caso de C. O. Hernández un joven estudiante de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) arrestado de forma arbitraria el martes por la noche. De acuerdo a la joven que realizó la denuncia, un grupo de policías hizo un operativo en la zona de Colón donde el joven vive y se lo llevaron, pese a que no había pruebas en su contra. Señaló que el joven estudia en la UCA gracias a una beca, además es tutor de refuerzos académicos y coordinador de una biblioteca comunitaria.

Hora después de la denuncia y de que su caso fuera compartido por distintas cuentas en Twitter, se informó que el joven ya había sido liberado.

Al finalizar el día, la PNC informó que 503 personas fueron capturadas el miércoles 20 de abril, llegando a un total de 14,571 detenidos a escala nacional.

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  • 19 de abril de 2022 | Día 24

Por Ruth Zavala y Xenia Oliva

Sin análisis técnico previo, este día se aprobó la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios en el país. La iniciativa se aprobó con dispensa de trámite, de la misma forma como se ha hecho con las reformas y leyes aprobadas durante el régimen de excepción.

La nueva ley permite que el gobierno haga contrataciones directas y que se salte la Ley de Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). Además, da facultades al MOP para expropiar propiedades, incluyendo privadas, al declararlas de utilidad pública.

Durante la mañana, decenas de padres y familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción hacían largas filas fuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Carlos Miranda fue uno de los padres que se mantenía a la espera de información. Comentó que costaba mucho obtener información y que, pese a que previamente les habían asignado un abogado, después cambiaron a la persona designada.

Al final del día, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que ya son 14,068 personas detenidas desde el 26 de marzo.

Apes y Cristosal presentan demanda de inconstitucionalidad por reformas que criminalizan a periodistas

 La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) y la fundación Cristosal presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las recientes reformas aprobadas al Código Penal y la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.

Las reformas fueron aprobadas el pasado 6 de abril de 2022 con dispensa de trámite y de forma exprés por la Asamblea oficialista y violentan el derecho a la libertad de información a periodistas y medios de comunicación.

Cristosal señaló que las reformas son inconstitucionales, debido a que fueron aprobadas sin seguir el debido proceso que establece el artículo 140 de la Constitución de la República. “Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria deberán transcurrir, por lo menos ocho días después de su publicación”.

Ruth Eleonora López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, señaló que las reformas aprobadas utilizan términos jurídicos indeterminados, y que con manipulación puede controlarse el discurso, perjudicando a periodistas y medios de comunicación.

Asimismo, dijo que se estaría vulnerando el artículo 6 de la Constitución de la República, ya que las reformas establecen una censura previa y no cumplen con los parámetros que establece dicho artículo.

Por su parte, el presidente de la APES, César Fagoaga dijo que es preocupante que se esté limitando el derecho a la información a los salvadoreños.

“Nuestra principal preocupación es lo que se le quiere esconder a la población salvadoreña. (…) A la vez estas reformas están acompañadas de una narrativa y de un discurso que pareciera que lo que está combatiendo el gobierno no son los pandilleros, sino a los periodistas”.

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  • 18 de abril de 2022 | Día 23

Por Xenia Oliva

La Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD) manifestó su preocupación ante los actos de hostigamiento e intimidación que ocurrieron contra el juez Jorge Guzmán durante el fin de semana.

“Manifiesta su enorme preocupación en contra del juez salvadoreño Jorge Guzmán en los cuales sujetos desconocidos llegaron a medianoche a gritar y amenazar en su domicilio particular”, comunicó la FECAJUD.

 

 

Guzmán llevó por años el caso de la masacre de El Mozote, exigió la entrega de los archivos militares para obtener más pruebas y fue obstaculizado en distintas ocasiones en su búsqueda de los archivos. El año pasado se separó del caso al ser afectado por una reforma legal que cesó a todos los jueces mayores de 60 años.

El juez Juan Durán fue el primero en denunciar el caso. “Denuncio públicamente el hostigamiento y amenazas sufridas este fin de semana, en su casa, el juez Jorge Guzmán, cesado por el DL 144-2021, a la que sujetos desconocidos llegaron a medianoche, a gritar, amenazar y golpear su vehículo. Mi solidaridad con el juez Jorge Guzmán”, escribió.

De acuerdo a un mensaje que Guzmán le envió a Durán, sujetos desconocidos llegaron afuera de la casa del juez a gritar: “Jorge Guzmán, juez maldito de Gotera”. Aunque el hijo de Guzmán llamó a la Policía, no llegó ningún agente.

Retiran invitación a vicepresidente Ulloa de evento en la Universidad de Berkeley, California

La Sociedad de Liderazgo Latinoamericano (LLS por sus siglas en inglés)  informó que fue cancelada la ponencia a la que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, fue invitado para hablar sobre la implementación del Bitcoin como moneda legal en El Salvador. El foro estaba planificado para el 21 de abril en la Universidad de Berkeley, California. Previamente la organización Centroamericanos para el Empoderamiento (CAFE por sus siglas en inglés) emitieron un comunicado en el que señalaban sus preocupaciones ante los señalamientos por violaciones a derechos humanos y corrupción realizados contra la administración de Bukele y Ulloa.

Señalaron que al haber invitado a Ulloa solo para hablar de Bitcoin, sin abordar estos señalamientos, fue una muestra de falta de empatía con los estudiantes Centroamericanos. Los estudiantes aglutinados en CAFE denunciaron que sus observaciones habían sido ignoradas por la Sociedad de Liderazgo Latinoamericano que había invitado a Ulloa.

“Que se sepa que CAFE no patrocina ni condona este evento y que estamos completamente en contra de la administración Bukele”.

“Entendemos que traer a este vocerlo a Berkeley ha causado (y podría seguir causando) daño a los miembros de la comunidad latina, específicamente Centroamericanos y Salvadoreños que se sienten silenciados o perseguidos por la administración de la que este individuo es parte” expuso la LLS en su comunicado.

Los estudiantes de CAFE señalaron que no buscaban que ya no se realizara el evento, sino que se tomaran en cuenta las denuncias contra la administración. “Sentimos más que nunca la necesidad de educar a las personas sobre el régimen de Bukele y su consolidación de poder en El Salvador”, aseguraron.

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  • 17 de abril de 2022 | Día 22

Por Xenia Oliva

Tras una campaña en redes sociales para exigir justicia por la detención arbitraria del joven Kevin Rivas, sus amigos informaron que fue liberado durante la tarde del domingo. Ya habían más pasado más de 48 horas desde su arresto, el viernes por la mañana en Soyapango. Durante la mañana del domingo sus amigos habían denunciado que seguían sin tener mucha información sobre su estado y que incluso les habían dicho que lo habían trasladado a Mariona.

Además del caso de Kevin, se mantienen más denuncias de detenciones arbitrarias que cada día se siguen publicando en redes sociales.

Durante la noche del sábado 16 de abril, es decir el día 21 del régimen de excepción, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que ese día hubo 1,169 imputados más a los que se les decretó detención provincial durante las distintas audiencias realizadas ese día. Delgado dijo que en total ya eran más de 5,008 personas, de las detenidas durante el régimen, quienes han sido vinculadas a pandillas y continuarán en prisión mientras siguen los procesos judiciales.

 

Este día el presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró su discurso de relacionar a las pandillas con las ONGs y las entidades internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos.

“Los temibles pandilleros… El brazo armado de la oposición, las ONGs y la “comunidad internacional”. Cayendo como moscas ante nuestra @PNCSV

 y nuestra @FUERZARMADASV”, publicó Bukele al compartir el video de un supuesto colaborador de pandillas que se había escondido en un árbol para evitar ser detenido.

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  • 16 de abril de 2022 | Día 21

Por Xenia Oliva

Este día trascendió en redes sociales la denuncia por el arresto arbitrario de Kevin Rivas, un joven productor audiovisual y exestudiante de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. De acuerdo a las denuncias de sus amigos y familiares, Kevin fue sacado de su casa y arrestado solo por vivir en la Urbanización Montes de San Bartolo, en Soyapango.

Durante los 21 días del Régimen de Excepción las denuncias por detenciones arbitrarias se han mantenido, de parte de las voces de familiares que busca información afuera de la delegación conocida como El Penalito, así como desde las distintas redes sociales. Pero son pocas las denuncias que lograr encontrar más eco y ser escuchadas, y aún menos las que consiguen una respuesta a favor. Justo una semana atrás, el sábado 9 de abril, se compartió cientos de veces la denuncia de una joven de Ciudad Credisa, Soyapango, que reveló cómo ella y sus vecinos estuvieron retenidos durante horas, pese a no haber pruebas contra ellos. Tras el operativo detuvieron a su novio, su padrastro y otros vecinos, incluyendo a cuatro trabajadores de 1,200 Café, quienes fueron expuestos en fotografías, arrodillados y sin camisa.

Kevin también salió sin camisa en una de las fotografías de un grupo de detenidos, compartida por la Policía Nacional Civil (PNC). Pese a que la familia logró contratar a una abogada, sus amigos comunicaron que la información que tenían sobre Kevin era escasa y que incluso existe el riesgo de que lo trasladen a un centro penal.

Mientras las denuncias por el caso de Kevin se compartían en Twitter bajo el la campaña #JusticiaparaKevin, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en su cuenta: “Las playas, turicentros, parques, sitios turísticos, pueblos, todo a reventar. Volvimos a demostrar que la oposición mentía cuando decía que el régimen de excepción era contra la gente honrada. Siempre lo dijimos: el régimen de excepción es contra las pandillas. Y así fue”.

 

Al cierre del día, la PNC informó que el total de detenidos llegó a 12,580.  

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  • 18 de abril de 2022 | Nota
  • 15 de abril de 2022 | Día 20

Por Xenia Oliva

A partir del 26 de marzo, día en el que hubo una ola de homicidios a escala nacional que dejó 62 víctimas, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada han montado operativos en todo el país que han dejado un total de 12,169 personas detenidas en 21 días, 20 desde el inicio del régimen de excepción.

A las 8:15 de la noche, la PNC reportó en su cuenta de Twitter que habían detenido a 466 personas en lo que iba del día, llegando a sumar 12,036 detenidos totales. Señalaron que “y todavía faltan 4 horas para cerrar el día”.

A las 12:40 de la madrugada del 16 de abril, la PNC informó que el día viernes 15 de abril cerró con 599 detenidos, para alcanzar un total de 12,169 arrestos desde el 26 de marzo. En decir, que entre las 8 de la noche a la medianoche se realizaron 133 arrestos más a escala nacional.

De los detenidos más de 3 mil seguirán en prisión

El fiscal general, Rodolfo Delgado, también informó que tras las audiencias realizadas este día suman ya 3,839 personas a las que se les ha decretado detención provisional, del total de arrestados durante el régimen de excepción.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, también informó que tras las audiencias realizadas este día suman ya 3,839 personas a las que se les ha decretado detención provisional, del total de arrestados durante el régimen de excepción.

Experto en pandillas huye de El Salvador tras señalamientos de Bukele

El periódico digital El Faro informó que Juan Martínez, antropólogo y periodista, tuvo que salir del país debido a las amenazas de muerte y ataques que comenzó a recibir después de haber sido blanco de Bukele.

El presidente Bukele compartió un video en el que Martínez hablaba sobre el rol de las pandillas, refiriéndose a Martínez como “basura”. A su tuit le siguió una ola de acoso en línea, incluyendo ataques y amenazas desde cuentas anónimas y cuentas de funcionarios del gobierno. Además de las amenazas de muerte recibidas, El Faro comunicó que Martínez también tuvo que salir ante el temor de que se inicie un proceso judicial injusto en su contra.

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  • 14 de abril de 2022 | Día 19

Por Xenia Oliva

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR) 954 personas, de los miles de arrestados durante las últimas semanas, deberán mantenerse en prisión mientras continúan los procesos penales en su contra. El Fiscal General, Rodolfo Delgado, informó que las órdenes se emitieron a escala nacional, en los distintos juzgados de instrucción.

Las audiencias se hicieron para 300 personas en la zona central. En la zona occidental fueron para 278 detenidos adultos más 22 menores de edad. En la zona oriental fueron 177 adultos y 10 menores. En la zona paracentral 5 adultos y 14 menores de edad. Mientras que de la zona metropolitana fueron 158 a quienes se les ordenó prisión provisional.

Esta última audiencia de imposición de medidas contra 158 imputados se realizó en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, se les acusó del delito de agrupaciones ilícitas.

En su caso fueron detenidos entre el 27 de marzo al 4 de abril, principalmente en municipios como Mejicanos, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque.

La audiencia fue de forma virtual, como se ha hecho en todos estos casos. Los imputados estaban ya en el Centro Penitenciario del Complejo Izalco (Fase I y III) y el Centro Penitenciario La Esperanza. La Fiscalía pidió, además de la detención provisional, la reserva total del proceso.

Se comunicó que, al decretar la detención provisional, la juzgadora argumentó que “existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los acusados en la posible participación de dicho delito”.

En el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana también se instaló una audiencia de imposición de medidas contra 278 detenidos. En este caso el proceso se daba por los delitos de agrupaciones ilícitas, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y posesión y tenencia de droga.

Esta audiencia también se dio de forma virtual. Del total de detenidos, 268 estaban en el Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco (Fase I) en Sonsonate. También comparecieron 10 mujeres que estaban en la cárcel de Ilopango, San Salvador. Los 278 fueron detenidos entre el 30 y el 31 de marzo. Según información de centros judiciales a todos se les relacionaba con la MS 13.

La Fiscalía también siguió presentando más acusaciones la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Solo en San Miguel presentó 304 acusaciones más ante el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.

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  • 13 de abril de 2022 | Día 18

Por Xenia Oliva

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado Salvadoreño para que ajuste las recientes reformas al Código Penal de acuerdo a los a los estándares interamericanos de derechos humanos en materia de libertad de expresión. Al mismo tiempo emitió una alerta sobre  los riesgos que conlleva el criminalizar ejercicios legítimos de la libertad de expresión, a través de las reformas al Código Penal y las prohibiciones  a los medios de comunicación añadidas en la Ley de Proscripción de pandillas.

 

La relatoría señaló como esas reformas fueron aprobadas sin mayor deliberación en el parlamento.

“La CIDH ha monitoreado por años de manera sostenida y cercana la compleja situación de seguridad ciudadana en El Salvador”, comunicó la entidad. Añadió que, para la Relatoría, ante el incremento de violencia las autoridades están en la obligación de tomar medidas, pero también precauciones “para que el despliegue institucional no restrinja el ejercicio de derechos de personas que ejercen actividades legitimas en la sociedad y de especial trascendencia para la democracia”.

La Relatoría destacó que las reformas aprobadas incluyen penas de prisión de 10 a 15 años para periodistas que reproduzcan mensajes o comunicados “originados o presuntamente originados” por grupos delincuenciales que pudieran “generar zozobra y pánico” en la población.

“Esta Oficina considera que la amplitud y la vaguedad de los términos que se emplean para describir las conductas prohibidas entran en conflicto con los estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté previsto de manera expresa, taxativa y clara en la ley. La mencionada ambigüedad de la redacción dificulta distinguir entre las expresiones sancionables y las que no”, expresó respecto a las reformas.

Reveló que el Estado les informó que las conductas que serán penalizadas distan de la labor de los medios de comunicación y les puso como prueba que los medios habían seguido informado desde que entraron en vigencia las reformas. “Asimismo, informan que ni en sede judicial ni en sede administrativa se han iniciado diligencias contra los medios de comunicación como institución, ni individualmente contra sus miembros”, expuso la Relatoría en el comunicado.

No obstante, sí ha habido amenazadas de asesores del Gobierno o abogados relacionados de interponer demandas contra medios de comunicación.

“Para la Relatoría, las presentes reformas, tal como fueron redactadas, activan riesgos de criminalización severa sobre actividades legitimas en la sociedad y de especial trascendencia para la vida democrática como lo son el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria, la investigación académica, entre otras”.

Reiteraron que todas estas actividades requieren de garantías a la libertad de expresión.

La Relatoría Especial informó que activará los canales para exponer al Estado salvadoreño su preocupación y escuchar cuál es su postura, así como compartir estándares interamericanos para abordar la situación.

“La Relatoría observa que las mencionadas preocupaciones en torno a las potenciales afectaciones a ejercicios legítimos de la libertad de expresión no deben ser entendidas como un respaldo a discursos que alienten o promuevan la violencia y discriminación”, reiteró

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  • 12 de abril de 2022 | Día 17

Por Xenia Oliva

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que para el final del día 17 del régimen de excepción la cantidad de personas detenidas a escala nacional ascendía a 10,527. Las capturas las han realizado agentes policiales y elementos de la Fuerza Armada. Aunque tanto la PNC como el presidente de la República, Nayib Bukele, reportan cada día que todos los detenidos son “terroristas”, esta semana han relucido las denuncias por detenciones arbitrarias a personas sin vínculos con pandillas.

Uno de los casos más conocidos fue el de los vecinos de la colonia Credisa, en Soyapango, en donde también detuvieron a cuatro empleados de 1,200 café. Tras las distintas denuncias en redes sociales, la Fuerza Armada borró el tuit en el que expuso a los vecinos en fotografías sin camisa y de rodillas. Además, fueron liberados varias horas después por la PNC. Ese día el presidente Bukele habló de un “margen de error” en las capturas, asegurando que no pasa del 1 %.

A la mayoría de denuncias de detenciones injustas las autoridades no han respondido públicamente, sin embargo, sí respondieron para el caso de J. S. Quintanilla, detenido en Atiquizaya, Ahuachapán, y compartieron pruebas de un operativo encubierto en el que le dieron seguimiento al detenido.

 

Departamento de Estado emitió informe de Derechos Humanos de El Salvador 2021

Cada año, el Departamento de Estado publica reportes sobre asuntos de importancia en cada país enfocado en temas relacionados a las prácticas sobre Derechos Humanos, Libertad de Expresión, lucha contra la impunidad, respeto a las libertades civiles, entre otros.

Para el informe 2021, el Departamento de Estado inició su informe señalando que tanto las elecciones presidenciales de 2019 como las municipales de 2021 fueron “en gran medida libres y justas”.

En el tema de la seguridad pública, el informe destacó que, aunque la Constitución separa las funciones de seguridad pública y militar, permite al presidente utilizar las fuerzas armadas bajo circunstancias específicas.

“En ocasiones, las autoridades civiles no mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes fidedignos de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”, destacó el informe.

Entre los problemas relacionados a derechos humanos, el Departamento de Estado señaló que hubo “informes fidedignos de homicidios ilegítimos de presuntos pandilleros y otras personas a manos de las fuerzas de seguridad; desapariciones forzadas por personal militar; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios”.

Además, en su reporte destacó los problemas con la independencia del poder judicial y el aumento de graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Incluso mencionó casos de violencia o amenazas de violencia contra periodistas. Como el caso de un agente de la PNC que golpeó a un periodista de El Diario de Hoy durante una cobertura.

También enumeró: “interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación; graves actos de corrupción gubernamental; falta de investigación consistente y rendición de cuentas por violencia de género; barreras significativas para acceder a la salud reproductiva; y delitos que involucran violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”.

El Departamento de Estado también reportó que las organizaciones criminales, incluyendo las pandillas locales y transnacionales, fueron los principales perpetradores de los crímenes violentos. “Cometieron asesinatos y actos de extorsión, secuestro, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia. Dirigieron estos actos contra policías, autoridades judiciales, la comunidad empresarial, periodistas, mujeres y miembros de poblaciones vulnerables”, señaló.

En 2021 no hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos por motivos políticos. Pero hubo informes de participación de las fuerzas de seguridad en ejecuciones extrajudiciales de presuntos pandilleros. “Al 25 de octubre, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) investigaba siete casos de ejecuciones extrajudiciales, seis atribuidas a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y uno a las fuerzas armadas”, expuso el reporte.

En la sección de respeto a las libertades civiles, el reporte señaló las denuncias realizadas por periodistas de distintos medios ante el patrón de hostigamiento liderado por el presidente Bukele y sus funcionarios.

En el tema de la Libertad de reunión pacífica, se retomaron los reportes periodísticos en los que señalaron cómo agentes de la PNC tomaron fotografías de personas que participaron en marchas para protestar acciones del Estado, como la marcha del 5 de septiembre de 2021.

Además, se señaló que tras la marcha del 15 de septiembre, empleados de la Asamblea Legislativa que participaron en esta fueron despedidos.

En el caso de la libertad de movimiento al interior del país, se destacó el control de las pandillas en los distintos territorios y cómo salvadoreños han sido agredidos o incluso asesinados por encontrarse en zonas controladas por estos grupos.

 

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  • 11 de abril de 2022 | Día 16

Por Xenia Oliva

El presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió como “basura” al antropólogo y periodista, Juan Martínez d’Aubuisson al compartir un video en el que el investigador hablaba del rol de las pandillas en la sociedad

 

Al tuit de Bukele le siguieron de funcionarios, diputados y cuentas afines al gobierno en las que expresaban señalamientos e incluso más ataques contra Martínez.

La diputada Norma Lobo, de Nuevas Ideas, publicó una fotografía de Martínez y dijo: “Este señor debería ser considerado pandillero. ¿Ustedes que opinan?”

Martínez respondió a la publicación de Bukele, expuso que le parecía lamentable la forma en cómo se refería a él y a su trabajo. “Le invito a ver la entrevista completa y a revisar los trabajos académicos y periodístico que he realizado durante más de una década”, escribió.

Martínez señaló que él fue uno de los periodistas que ayudó a revelar los acuerdos entre el FMLN y estructuras criminales. Y que se ha enfocado en explicar las consecuencias de la extorsión como de los acuerdos clandestinos entre gobernantes y criminales.

“Mi apuesta, aunque mejorable, ha sido aportar conocimiento útil para entender un fenómeno complejo y profundo. Su mensaje de odio me pone en inminente riesgo a mí y a mi familia. Ha sido muy irresponsable”, sostuvo Martínez.

Académicos y periodistas nacionales e internacionales expresaron su solidaridad a Martínez, además señalaron su preocupación por las acusaciones emitidas por Bukele y sus funcionarios.

Bukele también volvió a responder al llamado del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en el que señaló que el gobierno estadounidense ha seguido ayudando a El Salvador en la lucha contra las pandillas.

“El gobierno de Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de pandillas”. ¿En serio? Sí, recibimos apoyo del gobierno de los EE. UU. para combatir el crimen, pero estaba BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP. Ahora solo estás apoyando a las pandillas y sus “libertades civiles”, publicó Bukele en inglés.

Durante su administración, Donald Trump detuvo el apoyo económico a El Salvador, Guatemala y Honduras en abril de 2019. Este se reanudó en octubre de 2019 después de que El Salvador firmara un convenio con Estados Unidos en el que aceptaba convertirse en “Tercer País Seguro”, es decir que iba a recibir a solicitantes de asilo de Estados Unidos.  

La redirección de fondos de USAID que Bukele mencionó se dio a finales de mayo de 2021, como consecuencia de la destitución abrupta del Fiscal General y los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que realizaron los diputados oficialistas el día en que se inauguró su gestión en la Asamblea Legislativa.

Ministro de Seguridad abre posibilidad a expandir régimen de excepción y a investigar a quienes tenían a pandillas como “medio de información”

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró, durante una entrevista televisiva, que la estrategia policial y militar montada actualmente es “sin precedentes” y que se mantendrá en el tiempo. Además, afirmó que, en caso sea necesario, se podría ampliar el régimen de excepción a más de 30 días.

“Esto hay que hablarlo claro, estamos haciendo todo lo necesario para beneficio de nuestra población y si necesitamos ampliar estos 30 días, pues los vamos a ampliar”, dijo Villatoro.

El funcionario dijo que la ley de Recompensas aún no está operando, pero que en los próximos días se comenzará a montar un sistema de denuncias y recompensas. Sin embargo, dejó entrever que ya han estado usando denuncias emitidas en redes sociales.

“Tú has visto el comportamiento de la sociedad salvadoreña a través de las diferentes plataformas de redes sociales, estamos escuchando todas esas quejas, información, inmediatamente se somete al filtro de inteligencia, una vez analizado lo vuelca sobre ese comando conjunto, las operaciones de intervención rápida se están haciendo de una forma expedita, coordinada y enarbolando o reconociendo esa valentía de ciudadanos”, dijo Villatoro.

El funcionario también mencionó la posibilidad de investigar a periodistas o medios. “Si ellos viven de comunicarse y de llevar información de un lado a otro de los pandilleros, algunos pseudo periodistas o medios de comunicación, entonces sí que se preocupen”, dijo.

Aunque señaló que por el momento la prioridad es el actual despliegue policial y militar a escala nacional.

“Naturalmente vendrán estas investigaciones después contra todos aquellos que tenían como medio de información tener esas relaciones o vínculos con terroristas. Lo que estamos prohibiendo es esa publicidad de lo que dicen ellos”, expuso Villatoro.

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  • 10 de abril de 2022 | Día 15

Por Xenia Oliva

En un comunicado emitido por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el gobierno estadounidense señaló su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión de El Salvador y urgió al gobierno salvadoreño a extraditar a los líderes de pandillas.

“El gobierno de los Estados Unidos está preocupado por la violencia en El Salvador y la aprobación e implementación de la enmienda al Código Penal del 5 de abril por parte de la Asamblea Legislativa que criminaliza informar sobre ciertas actividades de pandillas. La ley se presta a los intentos de censurar a los medios, impedir que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y silenciar a los críticos del gobierno salvadoreño”, expuso en el comunicado.

Sostuvo que los periodistas deben tener la libertad de poder hacer su trabajo sin miedo a violencia, amenazadas o detenciones injustificadas.

Además, señaló que Estado Unidos continúa el apoyo a El Salvador en su lucha contra las pandillas y que, desde 2008, han invertido $411 millones en reforzar la seguridad ciudadana y ayudado al gobierno salvadoreño en su combate a la violencia de las pandillas. Señaló que el gobierno de Estados Unidos está preocupado por el aumento de violencia y homicidios.

“Las pandillas representan una amenaza para la seguridad nacional de El Salvador y los Estados Unidos. Instamos a El Salvador a abordar esta amenaza y al mismo tiempo proteger las libertades civiles vitales, incluida la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión”.

Por ello, el secretario de Estado instó al gobierno de El Salvador a acceder a las peticiones de extradición de pandilleros que ha hecho Estados Unidos. “Ahora más que nunca es imprescindible extraditar a los líderes de las pandillas para que enfrenten la justicia en Estados Unidos.

Al llamado de Blinken al gobierno de El Salvador para que se respete el debido proceso y proteja las libertades civiles, el presidente Nayib Bukele respondió irónicamente sobre cómo él tiene un amigo periodista que quisiera acceso al Centro de Detención de Guantánamo.

“Ustedes tienen terroristas que los amenazan y nosotros tenemos terroristas que nos amenazan”, escribió Bukele.

Sin embargo, el presidente Bukele no hizo mención a la solicitud de extradición de los líderes de pandillas.

Más denuncias de capturas arbitrarias

Durante la noche del sábado 9 de abril, una joven denunció en Twitter que su padre fue llevado por agentes. Según su denuncia, él no tiene celular ni sabe escribir. Pese a que su padre tiene múltiples enfermedades, como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos su llamado de ayuda seguía sin respuesta durante la tarde del domingo.

La misma tarde del domingo, otra joven hizo un llamado al Fiscal General, Rodolfo Delgado, para que ayudaran a liberar a sus primos, pese a que uno de ellos es residente de Estados Unidos y el otro cuenta con el Estatus de Protección Temporal (TPS). Expuso que ya habían sido trasladados al penal de Ilobasco e Izalco y pedía ayuda con urgencia. 

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  • 09 de abril de 2022 | Día 14

Por Xenia Oliva

A la 1:48 de la mañana del 9 de abril, una joven acudió a las redes sociales para denunciar cómo su familia y vecinos acababan de ser víctimas de detenciones arbitrarias en Ciudad Credisa, Soyapango.

 Ella relató que salió con su novio durante la noche del 8 de abril a recibir a un repartidor de comida cuando fueron detenidos por seis militares en su camino a la casa. Los obligaron a ponerse contra la pared, así como a su familia que salió cuando ella le pidió a su mamá que saliera a recoger la comida. Expuso que les quitaron los teléfonos y los estuvieron revisando por horas y que sacaron a todos los vecinos del pasaje a la calle principal y los tuvieron por dos horas contra la pared. Durante ese tiempo llegaron fotógrafos y camarógrafos que les tomaron votos y videos sin su consentimiento.

Cuando concluyeron el operativo se llevaron a su novio, a su padrastro y varios de sus vecinos, sin ninguna prueba en su contra y pese a los reclamos del resto de sus conocidos.

“Otros detenidos expresaron de su boca “los militares nos han sacado de la casa por pobres, esas fueron las palabras de los militares”. Son las casi 2:00 am del día 09 de abril 2022. Estoy en la delegación de Sierra morena Soyapango”, escribió ella.

Ella también denunció que en ese operativo detuvieron a cuatro jóvenes empleados del Café 1200, ubicado en el Boquerón, aunque los jóvenes iban con su uniforme de trabajo. La cuenta de Twitter de la Fuerza Armada los exhibió en una fotografía de rodillas, sin camisa y con el dinero que llevaban de su trabajo del día en el suelo frente a ellos, como prueba de que eran delincuentes. La joven retomó el tuit en el que también se estaban fotografiados sus vecinos para decir: “Esto es mentira, una gran mentira, ellos son los empleados del café 1’200, y mis vecinos QUE NO SON PANDILLEROS”.

En el tuit la Fuerza Armada había dicho: “Esta madrugada hemos ubicado a pandilleros y colaboradores que atentan contra la tranquilidad de los habitantes. Han sido entregados a la PNC”. Horas después de que la denuncia de la joven se compartió cientos de veces, la Fuerza Armada borró ese tuit, solo quedó el que habían publicado con anterioridad donde informaban sobre un operativo en Ciudad Credisa, Soyapango.

A eso de las 9:00 de la mañana, la página de 1,200 Café publicó un comunicado en el que expresaba que los colaboradores acababan de salir de su jornada de trabajo cuando “injustamente los bajaron del vehículo y sin aplicar el debido protocolo los llevaron detenidos sin justificación alguna”.

La empresa aclaró que las publicaciones en las que se les vinculaba con pandillas eran “totalmente falsas” y nuestro apoyo está con nuestros muchachos.

Casi a la 1:00 de la tarde, la joven volvió a compartir en sus redes que sus vecinos y su familia ya habían sido liberados después de casi 15 horas en las que estuvieron “colaborando” con las autoridades. “Todo esto es gracias a ustedes, por no callar y por estar acompañándome en difundir lo que este país está viviendo, es real y le puede pasar a cualquiera, incluso estando en su propia casa”, escribió.

Durante el día 14 del régimen de excepción, se realizaron distintas audiencias iniciales contra 163 de los miles de detenidos en estos días. El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que 162 de ellos seguirán en prisión y uno será liberado. “A solicitud nuestra. Las investigaciones demostraron que no es miembro de pandilla”, dijo.

El presidente de la República, Nayib Bukele, retomó el hilo publicado por el fiscal y por primera vez se refirió a las detenciones injustificadas, sin llamarlas así o emitir una disculpa pública. Bukele dijo que siempre habrá un 1 % de error.

“De los más de 8,500 arrestos (realizados hasta ayer), podemos esperar que también haya un 1% de error, es decir, 85 personas aproximadamente. Pero el otro 99% (+8,400) quedarán en prisión. Y eso sin contar todos los que sigamos capturando. Seguimos…”, escribió.

Bukele aseguró que el porcentaje de errores en capturas ha sido mayor al 1 % en el país. Sin embargo, no presentó estadísticas que demostraran su afirmación.  

“De hecho, siempre se capturó al inocente y nunca se tocó a los culpables. Ahora eso cambió. Pero en una operación tan grande, siempre habrá errores que corregir”, aseguró Bukele.

La PNC también informó que “un terrorista murió en el cantón El Salitre, Nejapa, tras atacar a nuestros agentes que patrullaban la zona”.

Pero al presentar las estadísticas de homicidios del día, no fue incluido y reportaron que el día cerró con cero homicidios.

Además, la Policía registró un total de 9,120 detenciones desde el inicio del repunte de homicidios el pasado 26 de marzo.

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  • 08 de abril de 2022 | Podcast

Las historias de las mujeres afuera de El Penalito | GatoPodcast

  • 08 de abril de 2022 | Día 13

Por Xenia Oliva

Durante la tarde del 8 de abril, el juez Juan Antonio Durán denunció que nuevamente ha sido víctima de acoso militar. En este caso expuso que elementos militares se mantuvieron fuera de la casa de la familia de su esposa y estuvieron preguntando por él a los vecinos de la zona.

Durán ha sido uno de los jueces más críticos a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial promovidas por los diputados oficialistas, así como por la pérdida de independencia del órgano judicial. No es la primera vez que denuncia acoso militar y policial. En septiembre de 2021 avisó que agentes se mantuvieron afuera de su casa.

El viernes también la Fiscalía General de la República (FGR) presentó solicitudes ante distintos juzgados del país para que 1,751 personas capturadas en lo que va del régimen de excepción se mantengan bajo detención provisional. Entre estos hay 18 menores de edad.

La mayor cantidad de solicitudes fue en oriente, donde la FGR presentó la solicitud para que 480 detenidos se mantengan bajo arresto provisional. La Fiscalía informó que todos son “pandilleros de la MS-13”.

En el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, la Fiscalía presentó la misma solicitud para 417 detenidos en la zona paracentral del país.

También ante los Juzgados Especializados de Instrucción de San Salvador pidió que se decrete la prisión provisional para 279 detenidos. Según la FGR eran pandilleros que operaban en Mejicanos y Soyapango.

La solicitud es para que todos sigan bajo arresto mientras continúa el proceso judicial.

Al cierre del viernes 8 de abril, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó un total de 8,590 detenidos desde el día en que se dio el repunte de homicidios.

En el día también se registraron dos muertes. Una, ocurrida en Jiquilisco, Usulután, fue reportada como homicidio por la PNC. Mientras que en el otro caso solo fue registrado por la Policía como: “Pandilleros muertos: 1 en Nejapa, tras atacar a nuestros agentes”.

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  • 07 de abril de 2022 | Día 12

Xenia Oliva

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 8 de abril, por la tarde, que presentó siete solicitudes en los juzgados especializados para que 340 supuestos pandilleros capturados durante el régimen de excepción se mantengan en prisión provisional. Este es el primer grupo de acusados, de un total de casi 8,000 personas capturadas en el Régimen de Excepción.

Uno de los fiscales del caso, explicó que dentro de los detenidos están 10 menores de edad, tres ranfleros y seis corredores de la Mara Salvatrucha MS-13,  que operaban en la Zona Metropolitana de San Salvador. Según la Fiscalía, se les imputan los delitos de Organizaciones Terroristas, intentos de homicidio, tenencia de droga, fraude de energía y fluídos y otros.

“Estas personas, según las diligencias iniciales de investigación que se han realizado por parte de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía General, podemos establecer que son personas que tienen participación dentro la Mara Salvatrucha MS-13, relacionadas al delito de organizaciones terroristas”, sostuvo el fiscal.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) publicó un tuit en el que hizo un llamado a los jefes de la PNC para que “NO estén imponiendo cuota de detenidos a los Agentes. La lucha contra las pandillas no es competencia. Por cubrir esa cuota se pueden llevar gente que no tiene nada que ver con pandillas”, denunció.

Para el cierre del día 11 del régimen de excepción, la PNC reportaba la detención de 7,467 personas en todo el país.

Durante el día 12, la PNC continuó compartiendo imágenes de más detenidos, sobre todo destacan a quienes tienen la mayor parte de su cuerpo cubierto con tatuajes alusivos a pandillas.

El presidente de la República, Nayib Bukele, retomó una de las imágenes de los detenidos para comentar: “El arresto de este angelito es claramente un abuso de la fuerza pública contra los derechos humanos.” -Homeboys Rights Watch (@hrw)”. No es la primera vez en lo que va del régimen que Bukele se burla de la entidad Human Rights Watch por sus observaciones a las violaciones de derechos humanos en el país.

Bukele también anunció que están usando a privados de libertad, que no son miembros de pandillas, para que borren grafitis alusivos a estos grupos.

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un llamado al gobierno de El Salvador para que revise los nuevos cambios en la Ley Penal Juvenil. UNICEF ha sido una de las entidades internacionales que ha trabajado de la mano con distintas instituciones públicas, como el Ministerio de Educación y la Secretaría de Innovación.

En sus declaraciones, atribuidas a Najat Maalla M’jid, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Mikiko Otani, presidenta del Comité de los Derechos del Niño, Jean Gough, directora regional de UNICEF para y Harold Robinson, director regional de UNFPA, la entidad expresó su solidaridad con todas las personas afectadas por la violencia en El Salvador.

“La violencia de pandillas (maras) es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen. Sin embargo, encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución”.

Las reformas a la Ley Penal Juvenil incluyen que se pueda condenar a prisión a los menores de edad. Además, los niños y niñas de 10 a 15 años puedan ser encarcelados hasta por 10 años si están relacionados a las pandillas. Mientras que los mayores de 16 años pueden ser condenados hasta 20 años en prisión.

“Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte”, sostuvo UNICEF.

La entidad también señaló que se ha demostrado que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que los niños comentan delitos más adelante en su vida, “perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza”.

“Las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas. Pueden ser reclutados y pueden ser utilizados”, sostuvo UNICEF.

Además, destacaron los avances que el país había tenido para garantizar los derechos de los niños. UNICEF señaló que se puede trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y crear una cultura de paz.  

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  • 06 de abril de 2022 | Día 11

Por Xenia Oliva

Entre el 26 de marzo y el 6 de abril de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) ha reportado 7,467 personas arrestadas en todo el país. Es decir, durante los últimos 12 días, 11 de estos desde que el régimen de excepción, ha habido un promedio diario de 678 detenciones.

Durante los primeros dos días del régimen, quien reportaba el dato de los arrestos diarios era la cuenta de la PNC, pero a partir del 29 de marzo ha sido principalmente el presidente de la República, Nayib Bukele, quien desde su cuenta de Twitter da a conocer cuántos han sido los detenidos por día.

Sin excepción, el presidente Bukele y las cuentas institucionales se refieren a todos los 7,467 detenidos como pandilleros o terroristas. Sin embargo, ya hay denuncias de familiares de personas detenidas que aseguran que sus parientes no eran ni miembros de pandillas ni delincuentes, que han sido víctimas de detenciones arbitrarias.

En algunos casos, como el 28 de marzo, no se ha informado del dato exacto de detenciones, ya que el presidente Bukele y la cuenta de la PNC solo informaron que ya había más de 1,400 detenidos. Entre el 26 de marzo y el 27 de marzo, informaron que detuvieron a 576 personas.

El día en que más arrestos se han reportado fue el 31 de marzo con 873 capturas a escala nacional. El 30 de marzo el dato total era de 3,000 arrestos y al día siguiente el dato total fue de 3,873.

En cambio, el 1 de abril hubo 484 capturas, llegando a un total de 4,357 para ese entonces. Ese ha sido el día en que menos arrestos se han reportado desde que inició el régimen de excepción. 

Este día, Estados Unidos pidió al país que levante el régimen de excepción. La Agencia de Noticias EFE informó que, a través de un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Estados Unidos pidió a El Salvador rescindir el actual régimen de excepción.

EFE dio a conocer que consultó al portavoz sobre la situación en El Salvador quien, de forma anónima, expresó que a Estados Unidos le “preocupa”, el alza de homicidios registrada en el país entre el 25 y el 27 de marzo y envió un mensaje de solidaridad a las víctimas de la violencia.

 

Al mismo tiempo el portavoz hizo un llamado al Gobierno de El Salvador para que considere la forma en cómo está implementando las medidas de seguridad y que levante el estado de excepción en cuando lo permita la situación. Además, señaló que se deben respetar los derechos humanos de todos los salvadoreños.

Por otra parte, la PDDH y Amnistía Internacional se pronuncian por reformas que ponen en riesgo la libertad de prensa.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, compartió un comunicado en el que reaccionaba a la reforma a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal que contempla como delito que los medios de comunicación den a conocer sobre los mensajes o comunicados relacionados a pandillas.

Aunque la PDDH consideró necesarias “las reformas legales que brinden más herramientas a las autoridades para la investigación”, también señaló que establecer sanciones penales para los medios de comunicación “podría constituir una afectación a la libertad de expresión, al trabajo de la prensa y el derecho que tiene la población de recibir la información”.

Tobar pidió a la Asamblea Legislativa reconsiderar las reformas aprobadas sobre tipificar como delito la reproducción o transmisión de mensajes de parte de los medios de comunicación. “Ya que en una sociedad democrática se debe fomentar los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información por parte de la población”, dijo.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, también reaccionó ante la reforma.

“La reforma legal aprobada ayer preocupa no solo por su vaguedad, sino porque estaría buscando amedrentar con penas de prisión a quienes con valentía y rigor informan a la población sobre el lamentable fenómeno de las pandillas en el país. Lejos de luchar contra la apología criminal, esta reforma pareciera querer controlar la narrativa pública y censurar la prensa”, dijo Guevara Rosas.

Presidente Bukele canceló su participación en la Conferencia Bitcoin

La cuenta de Twitter de los organizadores de la Conferencia Bitcoin 2022 compartió una carta enviada por el presidente de la República, Nayib Bukele, en la que informó que no podrá asistir debido a “circunstancias imprevistas”.  

La Conferencia Bitcoin 2022 se lleva a cabo desde el 6 al 9 de abril en Miami, Florida. La presentación de Bukele sería una de las actividades principales de la conferencia. De hecho, en el listado de ponentes compartido por la cuenta de los organizadores, el nombre de Bukele era el primero en aparecer.

 

“Acabo de tomar la dura decisión de cancelar mi participación en la conferencia debido a circunstancias imprevistas en mi país natal que requieren mi presencia a tiempo completo como presidente de la nación”, explicó Bukele en su carta, con fecha 6 de abril.

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  • 05 de abril de 2022 | Día 10

Por Xenia Oliva

Los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa aprobaron, de nuevo de forma exprés y sin análisis, dos iniciativas de reformas y una ley para utilizar los bienes de pandillas enviadas por el presidente de la República, Nayib Bukele.

La reforma más controversial ha sido la de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal que prohíbe a los medios de comunicación reproducir y transmitir mensajes o comunicados presuntamente generados por grupos delincuenciales.

“De igual manera queda prohibido a los medios de comunicación, radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”, se plasmó en la ley, la cual entró en vigencia este 6 de abril. 

La reforma también contempla que serán ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual plasmada en propiedad pública o privada, que transmitan mensajes relacionados a asociaciones criminales. Sobre todo si su fin es el de señalar el control de un territorio o emitir amenazas.

La Asamblea también incorporó un artículo 345-C al Código Penal para castigar con 10 a 15 años de prisión a quien elabore, reproduzca y transmita mensajes que hagan alusión a las pandillas, incluido medios de comunicación.

En su comunicado a la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad,  Gustavo Villatoro, expuso que el objetivo es el de: “ampliar el catálogo de delitos cometidos por todos los miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las maras o pandillas, con la finalidad de reprimir y disuadir al individuo de que utilice ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión, ya que actualmente las estructuras terroristas denominadas maras o pandillas, con el objetivo de ejercer un control territorial usan técnicas de lenguaje por medio del grafiti, textos, pinturas, diseños, dibujos”.

El alcance de a quiénes el ministro se refiere como “apologistas” no queda claro. Sin embargo, durante los días en los que ha estado activo el régimen de excepción, tanto Bukele como otros funcionarios han relacionado a defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales y medios independientes como “socios de pandillas”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador calificó las enmiendas como “reformas mordaza” ya que amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre casos relacionados a pandillas.

“Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer”, publicó la APES.

José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch, consideró que las reformas buscan una autocensura. “Si las pandillas revelan pactos o negociaciones clandestinas con el gobierno de turno y los medios lo publican, ¿arriesgan años en prisión simplemente por informar? Lo que se quiere es la autocensura. Vivimos en el reino de populistas autoritarios y populares. Una desgracia”, publicó”.

La Asamblea Legislativa también aprobó la Ley especial para la disposición y utilización de los bienes, dineros, valores y activos incautados a las estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico que dará permiso a la Policía, Fiscalía y Defensa Nacional de usar bienes, equipo, armamento o dinero incautado.

 ONU emite su preocupación por situación en El Salvador

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expuso su preocupación por el uso “innecesario y excesivo” de la fuerza por parte de los cuerpos policiales.

“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó la portavoz de la Oficina de Michelle Bachelet, Liz Throssell.

Señaló cómo muchas detenciones se han hecho sin orden de arresto y sometiendo a las personas detenidas a tratos degradantes.

Durante la madrugada, Bukele publicó que en 11 días, 10 días del régimen, llevan 6,894 personas detenidas.

“Además del estado de excepción, nos preocupan profundamente ciertas modificaciones del derecho y del proceso penal. Éstas plantean serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, por su imposición de elevadas condenas, incluidas las relativas a los niños, unidas a un deterioro de las garantías del debido proceso”, comunicó Throssell.

Expuso que la ONU reconoce los desafíos que provoca la violencia de las pandillas en El Salvador, pero los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos.

Organizaciones civiles denuncian abuso de autoridad

Las organizaciones civiles Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Asociación Azul Originario (AZO) presentaron un reporte de 26 denuncias por abuso de autoridad, durante el régimen de excepción.

Según sus reportes, los abusos han sido cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (Faes). Entre ellos hay tres víctimas de lesiones y hubo seis denuncias por intimidaciones. 

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  • 04 de abril de 2022 | Día 9

Por Xenia Oliva

El presidente de la República, Nayib Bukele, dio su primer discurso público en el noveno día de implementación del régimen de excepción. El funcionario participó en la juramentación de 205 nuevos agentes que formaron parte de la promoción 126 de la Policía Nacional Civil (PNC).

Además de felicitar a la Policía por los más de 6,000 arrestos que han realizado desde que se implementó el régimen de excepción, Bukele dijo que todavía faltan por detener 64,000,  de  70,000 pandilleros.

Aseguró que continuarán llenando y teniendo que vaciar las bartolinas; por ello ha pedido al director de Centros Penales que “haga espacio” y se construya una nueva cárcel; lo cual contrasta con el anuncio que ha dado meses atrás de cerrar centros penales y construir universidades, como el caso de Chalatenango.

 “Va a llegar un punto en donde no van a caber y por eso he ordenado que empecemos a construir otra cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20 mil pandilleros. Metemos 40, pues, pero tenemos que tener más espacio”, dijo.

Bukele reiteró que “estamos en medio de una guerra contra las pandillas” y que aunque sigue vigente la fase 2 del Plan Control Territorial, que implica invertir en las comunidades, han tenido que acelerar las fases 3 y 4 para dar más armas a las fuerzas de seguridad pública e incrementar los miembros de estas. Comentó que aún no van revelar cuáles son las fases 5 y 6.

El presidente también dedicó parte de su discurso a criticar y acusar a las organizaciones internacionales y a los medios de comunicación de “defender a los pandilleros”, por señalar y reportar posibles violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias. Les dijo a los agentes que “los periódicos están contra ustedes”. 

El presidente Bukele equiparó la actual “guerra contra las pandillas” a poner quimioterapia a la sociedad salvadoreña. E hizo un llamado a la población a estar blindada. “Blindados de los ataques de los enemigos del pueblo, de las condenas, de las noticias falsas”.

Bukele dijo que, en caso de un nuevo incremento de los hechos de violencia, dará la orden de ya no brindar alimentación a los privados de libertad. “A ver cuánto tiempo duran sus homeboy allá adentro. No me importa lo que digan los organismos internacionales”. Aseguró que no darán cuartel y que literalmente se hará una limpieza.

El evento anunció que envió una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para que se aprobara un subsidio al precio de los combustibles, la cual fue aprobada con 78 votos, la misma noche, en una sesión plenaria extraordinaria número 5.

A las 11:31 de la noche del lunes, la PNC informó en sus redes que se había registrado un homicidio a escala nacional, ocurrido en Apastepeque, San Vicente. Sin embargo, la entidad también informó de “pandilleros muertos: 1 en Tecapán, Usulután, tras atacar a policías y soldados”, es decir que ya no están contando en su reporte de homicidios cuando los fallecidos son supuestos pandilleros. 

*Foto principal/Twitter de Casa Presidencial

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  • 03 de abril de 2022 | Día 8

Por Xenia Oliva

Durante los ocho días del régimen de excepción, los mensajes del presidente de la República, Nayib Bukele, no solo han estado dirigidos contra miembros de pandillas, sino que también ha reforzado un discurso en el que equipara a los defensores de derechos humanos con aliados de las pandillas.

El discurso de Bukele contra quienes han señalado preocupación por las posibles violaciones a derechos humanos, debido a la forma en cómo se ha implementado el régimen y el trato contra los privados de libertad, ha ido en aumento, al punto en el que el domingo publicó en su Twitter: “Ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlos: Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONGs de “derechos humanos”, la “comunidad internacional”, la CIDH, periodistas y medios de Open Society, etc. Se quitaron la máscara”.

Además, Bukele dijo que “arreciarán sus ataques a medida sientan que pierden su brazo armado”. Relacionando las futuras condenas internacionales por violaciones a derechos humanos en El Salvador como ataques contra el gobierno para defender a las pandillas.

“Pero si Dios y el pueblo están con nosotros, ganaremos”, aseguró Bukele.

Su mensaje se publicó un día después de que la directora para América de Human Rights Watch, Tamra Taraciuk, le enviara una carta para solicitarle una reunión y poder hablar sobre la preocupante situación de derechos humanos en el país y los desafíos en materia de seguridad.

Durante la semana, distintas organizaciones internacionales han hecho pública su preocupación por la situación en El Salvador, tanto por el súbito aumento de homicidios durante el fin de semana pasado, así como por la forma en cómo se ha implementado el régimen de excepción que ha incluido supuestas detenciones arbitrarias, según denuncias de familiares de algunas personas detenidas, como el compartir videos en el que un uso atropellado de la fuerza sobre privados de libertad. Cuentas relacionadas a fuerzas de seguridad han compartido videos en los que se burlan de detenidos que han sido heridos.

A las 11:43 p.m. la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre los homicidios registrados en el país; sin embargo, a diferencia de la forma en cómo lo había hecho el resto de los días en esta ocasión reportó que hubo dos homicidios, uno en Guaymango, Ahuachapán y otro en San Antonio Pajonal, Santa Ana. Pero en la misma imagen, añadieron: “Pandilleros muertos: 1, ocurrió en Santa Clara, San Vicente”. Este caso la PNC no lo contó en su registro de homicidios.

La entidad tampoco compartió explicaciones como en otros casos. Por ejemplo, el sábado 2 de abril la PNC puso que hubo dos homicidios e indicó que uno de estos se trató de un supuesto pandillero que “habría atacado” a policías en Ahuachapán.

Bukele informó que, al cierre del domingo, ya se reportaban 5,747 arrestos a escala nacional, realizados tanto por la PNC como por la Fuerza Armada. Aunque el presidente, así como la PNC y otras entidades de gobierno, han continuado informando que todos los detenidos son pandilleros o terroristas, hay familiares de detenidos que han asegurado que sus parientes no eran miembros de pandillas. 

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  • 2 de abril de 2022 | Día 7

Por Beatriz Benítez

Durante casi una hora,  en la cuenta de la Dirección de Centros Penales estuvo colgado un video en el que se observa que custodios patean a dos reos. 

El video fue borrado, pero muchos usuarios lo compartieron en otras páginas.  En la publicación se leía: “Todos los que matan y realizan crímenes van a sufrir las consecuencias. #GuerraContraPandillas”.  

En tanto, el director de Centros Penales, Osiris Luna, publicó que han trasladado 2,816 supuestos pandilleros capturados al Complejo de Seguridad de Izalco, quienes estarán bajo el régimen más severo. 

“Solo recibirán 2 tiempos de comida en el día. Dormirán en el suelo, sin sábanas o colchonetas. No tendrán insumos de limpieza personal”, escribió en Twitter. 

En otro tuit, el presidente de la república Nayib Bukele dijo que si incrementan los homicidios eliminarán totalmente la alimentación en los centros penales “de pandilleros”.

Bukele también le ordenó al director de penales que traslade más detenidos a las cárceles para tener suficiente espacio en las bartolinas para todas las capturas que se vienen.

Human Rights Watch solicitó una reunión al presidente Bukele después de que él les acusó de defender a pandilleros.

Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, le envió esta carta al presidente Bukele solicitando una reunión para conversar sobre la situación de derechos humanos en El Salvador y los desafíos del país en materia de seguridad. 

Le dijo que lamentablemente las políticas adoptadas por el gobierno, en lugar de proteger a la población salvadoreña ponen en riesgo sus derechos, incluso de quienes nada tienen que ver con el reciente aumento de homicidios. 

“Su gobierno ha debilitado la independencia judicial, lo cual limita las posibilidades de justicia para todos los salvadoreños, entre ellos las víctimas de graves abusos”, sostuvo.

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  • 01 de abril de 2022 | Podcast

El régimen de arbitrariedades | GatoPodcast

  • 01 de abril de 2022 | Día 6

Por Xenia Oliva y David Penado

En el sexto día del régimen de excepción, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trasladó al juez propietario del Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, Godofredo Salazar Torres, luego de que el presidente de la República Nayib Bukele le ordenó a través de Twitter que removiera a jueces “cómplices del crimen organizado”. El mandatario acusó al juez de intentar liberar a 42 pandilleros de un caso del 2019.

Horas después, medios de comunicación informaron que el juez fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, del departamento de Cabañas, a partir de este 4 de abril.

En el mismo tuit, Bukele pidió a la Fiscalía General que investigara los posibles nexos de este juez con “el crimen organizado y las estructuras terroristas”.

“En El Salvador, @nayibbukele intimida abiertamente a los jueces que no deciden cómo a él se le antoja.  Una demostración más de su desprecio absoluto por el Estado de derecho”, escribió Juan Pappier,  investigador de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW). “Homeboys (pandilleros) Rights Watch”, le contestó el jefe de Estado.

La publicación del presidente surgió en respuesta a una publicación  de La Prensa Gráfica que reveló que cuatro de los 14 jefes pandilleros de la Mara Salvatrucha solicitados por la justicia de Estados Unidos para ser extraditados salieron de la cárcel. Bukele aseguró que “no se ha liberado a NINGÚN pandillero” y acusó 

Con las masivas capturas de personas señaladas de ser pandilleros y de ordenar los homicidios, el presidente advirtió que su gobierno estará pendiente de jueces que favorezcan delincuentes.

Escena diaria

Como ha sido toda la semana, decenas de familiares de detenidos en las redadas masivas continuaron llegando a la delegación de la PNC, conocida como El Penalito, en busca de información. 

“No sabemos cómo están allá adentro, si están bien o están mal”, comentó una mujer que quería saber si su familiar estaba en el lugar.  Esa información, además de tranquilizarla, le serviría para comprarle comida.

Las autoridades habían organizado a las personas en tres filas. Una era para información general, otra para preguntar por mujeres detenidas y la tercera para saber a cuál centro penal estaban siendo trasladados. 

Según el director de Centros Penales, Osiris Luna, los capturados son trasladados al Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco, donde sin estar condenados enfrentarán el régimen más severo. 

Hasta las 2:36 de la tarde,  dijo que suman un total de 1,615. “Todos los pandilleros ya capturados y los que aún faltan serán llevados a los penales de seguridad y máxima seguridad, donde enfrentarán el régimen más severo del Sistema Penitenciario”, escribió.

Las capturas de personas siguen aumentando. El gobierno aseguró que en 6 días, de los cuales 5 son del régimen de excepción, la PNC y la Fuerza Armada habían capturado a 3,873 supuestos pandilleros.  

El presidente Bukele retomó un tuit de la PNC donde indicaron que dos “terroristas” atacaron a agentes y a soldados de la que patrullaban el cantón Nancistepeque, de San Pablo Tacachico, y uno de ellos resultó lesionado. En la foto se observaba que uno de los hombres tenía sangre en el rostro.  Bukele se burló diciendo que “claramente se ve que uno de ellos estaba comiendo papitas con ketchup”.

 

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  • 31 de marzo de 2022 | Día 5

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Por Xenia Oliva

En el quinto día, 70 organizaciones internacionales emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que el régimen de excepción y los ataques contra organizaciones y defensores de derechos humanos facilita los abusos estatales. 

Las organizaciones firmantes, entre las que están Justicia Transicional México, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) , Robert F. Kennedy Human Rights y Seattle International Foundation, iniciaron su postura enviando su solidaridad a las familias de las víctimas de la ola de violencia del fin de semana, así como a las comunidades que sufren este tipo de criminalidad a diario. “Reafirmamos su derecho a vivir en paz y libres de violencia”, sostuvieron. 

Además enumeraron las garantías constitucionales que se han suspendido a raíz de la aprobación de un amplio régimen de excepción. “En el contexto actual que se vive en el país, caracterizado por el abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, esta medida supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales”, expusieron. 

Señalaron que el gobierno no ha logrado cumplir con su deber de proteger la vida, pese a los sostenidos aumentos al presupuesto de seguridad pública. 

Además, cuestionaron que ante la necesidad de un debate público, el gobierno de El Salvador ha generado una campaña mediática contra las organizaciones de la sociedad civil, en la que ha participado incluso el presidente de la República, Nayib Bukele. 

“Históricamente, las organizaciones internacionales que han trabajado sobre El Salvador han acompañado a víctimas de violaciones de derechos humanos y han colaborado de manera constante con propuestas para mejorar políticas públicas en favor de las y los salvadoreños”, sostuvieron.  

Por ello, hicieron un llamado a la comunidad internacional a continuar alertas sobre la situación que se vive en El Salvador. E hicieron una solicitud al gobierno de El Salvador para que “cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. 

Al igual que los días anteriores, decenas de personas se mantuvieron fuera de la sede policial de la calle Concepción de San Salvador, conocida como El Penalito. El presidente Bukele dijo que, desde el domingo, se han arrestado a 3,000 personas. 

“En solo 5 días y con menos de 96 horas de RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN. Ninguno saldrá libre”, publicó durante la noche del miércoles 30 de marzo. 

Fuera de “El Penalito”, entre las personas que hacían fila para obtener información, varios denunciaban ante los distintos medios de comunicación que sus familiares habían sido detenidos de forma arbitraria, sin pruebas de que pertenezcan a pandillas, mientras se dirigían al trabajo o estaban trabajando. También denunciaban que no solo los detenidos han recibido golpes y maltrato, sino también a ellos se les humillaba por buscar información.  

La Policía Nacional Civil (PNC) continuó informando de más capturas a escala nacional. Entre estas destacaron el arresto de Edwin Jiménez, a quien la Policía acusó de ser un “peligroso líder de estructura terrorista a nivel nacional”. Desde su cuenta institucional, la Policía señaló que Jiménez ha sido responsable del incremento de homicidios durante los últimos días en el país. “Nuestra investigación determinó que este pandillero dio la orden de matar a múltiples personas. El sujeto enfrentará a la justicia y pagará con más de 45 años de cárcel, por ser un cabecilla”, aseguró la institución, pese a que aún falta todo el proceso judicial.

Tras la aprobación de reformas al Código Penal y a la Ley Penal Juvenil, el presidente Bukele compartió en sus redes una advertencia a las familias salvadoreñas: “A LOS PADRES DE FAMILIA: Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte. #GuerraContraPandillas”.

  • 30 de marzo de 2022 | Láminas explicativas
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  • 30 de marzo de 2022 | Día 4

Por Xenia Oliva

En el cuarto día del régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele echó mano de su Asamblea Legislativa para aprobar un paquete de reformas con la intención de aumentar penas a pandilleros; que a consideración preliminar de abogados, algunas de esas reformas podrían ser aplicadas con arbitrariedad en contra de cualquier ciudadano. Entre las reformas hay aumento de penas a menores de edad, que viola la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina). La Asamblea también aprobó una reforma presupuestaria para que  los ministerios de Seguridad y de Defensa tengan $80 millones para comprar más armas y equipo para policías y militares. Este dinero es adicional a los préstamos que ya tenían para financiar el Plan Control Territorial.

En las reformas específicas al Código Penal se contempla el aumento de las penas a pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas, que pasaron de 6 a 9 años hasta 40 a 45 años de prisión. En el Código Procesal Penal se aprobaron reformas para que en diferentes delitos, que incluye el de desórdenes públicos,  no se otorgue medidas sustitutivas a prisión. A la vez, se aprobó blindar la información relacionada a jueces, magistrados y personal judicial en casos relacionados a pandillas. 

También se aprobaron reformas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, para aumentar las penas a 20 y 30 años en prisión. Asimismo, se aprobó reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y a la Ley Especial contra el delito de Extorsión. 

Casi a las 10:00 de la noche, la Asamblea aprobó la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo, con la que se entregará retribuciones económicas a quienes “den información sobre pandilleros”, bajo el argumento de que ayudará en las investigaciones. 

Durante la mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) siguió compartiendo imágenes de detenidos en distintos puntos del país. La institución informó que solo en Chalatenango detuvo a 31 “terroristas”, como se han referido a los capturados.

La PNC también informó que “dos pandilleros murieron luego de atacar a nuestros policías”. Este caso ocurrió en el cantón Lajitas, de Chilanga, Morazán. “Esto les pasa por atacar a la policía”, publicó el presidente Bukele. 



 

Bukele también compartió un video de dos privados de libertad que enumeraban todo lo que les han decomisado, incluyendo su ropa y colchones, y que no se está teniendo el cuidado para quienes padecen enfermedades crónicas. “Este reconocido pandillero se queja de que ya no le dan pollo en el almuerzo y que ahora solo le dan frijoles con tortilla. Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos, se le compre pollo a sus asesinos”, cuestionó Bukele. 

Pese a los análisis jurídicos realizados por organizaciones como Cristosal, que señalan las fallas en la aprobación del régimen de excepción, Ulloa dijo que se hizo conforme a la Constitución de la República y para permitir que la Policía actúe de forma inmediata. Además dijo que se ha suspendido el derecho a la asociación y el derecho a la libertad de movilización. 

Respecto a lo ocurrido el sábado, Ulloa dijo que no fue una coincidencia. “Esto es un ataque orquestado en un momento en que nuestro país estaba posicionándose como un verdadero mercado de valores a nivel financiero”, aseguró. Mencionó que El Salvador está en camino de ser un hub financiero de la región y dio como prueba la llegada de inversionistas. 

Ulloa agregó que no se puede excluir la posibilidad de que la ola de homicidios fue activada por “fuerzas oscuras que pretenden detener el avance del país”. 

Añadió que: “La acción de las fuerzas del orden, el liderazgo del Presidente, del gabinete de seguridad y los resultados que venía dando el Plan de Control Territorial han permitido que la situación quede bajo control en menos de 72 horas”. 

Ulloa también hizo un llamado a la diáspora para convencerlos de que la situación está controlada y que ha sido un mito el señalamiento del riesgo de violaciones a derechos humanos por el régimen de excepción. 

El vicepresidente llegó a culpar a la OEA por haber avalado la tregua en el período de gestión del FMLN y haber permitido el “fortalecimiento de las pandillas”. 

“Las fuerzas del pasado, las fuerzas oscuras, la fuerzas del statu quo, las fuerzas del antiguo régimen se resisten al cambio y no van a cesar de seguir atacando a este proyecto, a este gobierno y en algunas ocasiones de forma violenta como lo hicieron en esta oleada de homicidios, en otra forma difundiendo mentiras y rumores”.

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  • 29 de marzo de 2022 | Día 3

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Por Xenia Oliva

Entidades internacionales exponen preocupación por posibles violaciones a derechos humanos y militares obstaculizan labor de fotoperiodista

Los operativos policiales y militares continuaron en distintas comunidades del país. La comunidad San José El Pino, de Santa Tecla, continúo cercada por los militares, al menos 10 se mantenían en la entrada principal. Para poder ingresar, los agentes exigían documentos de identidad. Además no permitían el ingreso a vendedores. A una periodista, que tenía una entrevista con una persona de la zona, no le permitieron el paso. 

En la colonia Montelimar, de Olocuilta, también se mantenía un cerco, que fue instalado desde el domingo. Los agentes prohibieron el acceso a personas que no fueran de la colonia. Además, registraban bolsones, carteras y bolsas a todos, incluyendo niños y personas de la tercera edad. 

Soldados hacen registro de personas que entran o salen de la colonia Montelimar, en Olocuilta, La Paz. Foto/Emerson Flores

La Policía Nacional Civil (PNC) también reportó operativos en la comunidad Iberia, de San Salvador; así como en la colonia 22 de Abril, en Soyapango.

El Diario de Hoy denunció que uno de sus fotoperiodistas fue agredido por militares en la colonia Santa Lucía, de Ilopango, lo obligaron a arrodillarse y a borrar las fotografías que había tomado. El día anterior, una fotografía del periódico en la que se veía a un niño con uniforme ser registrado por un soldado se compartió muchas veces en las redes sociales. 

Distintos medios reportaron que la atmósfera en las cercanías de la sede de la Fuerza Naval, en San Salvador, era la misma del lunes. Familiares, en su mayoría mujeres, llegaron al lugar en busca de información de sus parientes detenidos durante las redadas masivas. 

La PNC informó que, solo en el departamento de Usulután, había detenido a 60 pandilleros de la pandilla MS y del Barrio 18. A las 6:18 de la tarde, el ministro de Seguridad informó que la cifra de capturas de “pandilleros” ascendía a más de 1,800, entre ellos cabecillas de la MS y 18. Por la mañana, el fiscal general Rodolfo Delgado dijo que la cifra, hasta el día anterior, era de 1,476, quienes serán presentados ante los juzgados entre el 8 y 9 de abril. Delgado sostuvo que la Corte Suprema de Justicia nombró más jueces especializados para recibir a esta cantidad de detenidos.

La entidad Human Rights Watch emitió un comunicado en el que señaló su preocupación por la suspensión de derechos básicos en El Salvador, en nombre de la seguridad pública. “En lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio régimen de excepción es una receta para el desastre que pone en riesgo sus derechos”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también compartió su preocupación por las medidas ordenadas en los centros penales.

“Las medidas implementadas en las cárceles constituyen políticas de carácter represivo que pueden resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Y pidió que se reviertan las medidas que pueden poner en riesgo la vida de las personas que están bajo custodia del Estado. 

La organización Cristosal realizó un análisis jurídico en el que señaló que el régimen de excepción aprobado no es acorde con el marco constitucional. Manifestó su repudio a la escalada de homicidios, pero señaló que el régimen aprobado pretende dejar sin efecto las garantías judiciales. 

“No es cierto, como se ha querido hacer ver, que se debe violar derechos humanos para combatir la criminalidad”, sostuvo Cristosal. 

El presidente de la República, Nayib Bukele, expresó: “Vean quiénes apoyan a las pandillas y están en contra de las medidas que el Gobierno está tomando para salvaguardar la vida de la población. Son exactamente los mismos de la oposición, no hay uno más y no hay uno menos. Revelador”.

Además, Bukele aseguró que la CIDH “salió a defender a los pandilleros”. Y dijo que los países deberían evaluar retirarse de estas organizaciones internacionales. 

Mientras tanto, cuentas en Twitter que aparentemente son manejadas por agentes policiales, siguieron compartiendo videos en los que se burlaban de un privado de libertad que se quejaba y de un supuesto pandillero que sangraba después de haberse caído del techo de una casa. 

A las 6:36 PM, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convocó a sesión plenaria extraordinaria “urgente”, para este 30 de marzo a las 2:00 PM. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que solicitó la sesión “para pedir la aprobación de más herramientas legales para combatir más eficazmente a las pandillas”.

  • 28 de marzo de 2022 | Relato
  • 28 de marzo de 2022 | Día 2

Por Xenia Oliva y Marvin Díaz

En el segundo día del régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele exhibió malos tratos en cárceles y dijo que lo hacía para enviar un mensaje a las pandillas en medio del repunte histórico de homicidios en el país. En sus redes sociales publicó un video del interior de un centro penitenciario en el que se veía a algunos privados de libertad caerse mientras los agentes policiales los hacían correr y decomisaban sus pertenencias, incluyendo las colchonetas y hamacas. 

Bukele dijo: “Tenemos 16,000 “homeboys” en nuestro poder. Aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. PAREN DE MATAR YA o ellos la van a pagar también”.

Paulo Abrão, exsecretario de la CIDH, observó que el populismo penal lleva a un ciclo de violencia para todos.

A lo que Bukele contestó que: “Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la “Tregua” que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país”. 

En el segundo día, también ocurrió que decenas de personas llegaron a la sede de la Fuerza Naval de San Salvador en busca de sus familiares detenidos durante las redadas realizadas el domingo. Muchos no sabían hacia dónde fueron llevados sus familiares ni cuáles eran sus condiciones. 

Los policías y militares solo les decían que no tenían información y que regresen el día siguiente. Hubo madres evidentemente angustiadas que contaron a GatoEncerrado que sus hijos no son pandilleros y que fueron detenidos mientras se encontraban trabajando en sus casas o cerca de sus casas. A pesar de que las madres explicaron a los policías y militares que no eran miembros de grupos delincuenciales, igual los esposaron y se los llevaron detenidos.

Familias llegaron a la sede de la Fuerza Naval en busca de información de sus familiares detenidos durante las redadas. Foto Emerson Flores.

La Fiscalía publicó un comunicado en el que decía que ante la vigencia del régimen de excepción, las autoridades pueden prohibir asociaciones o reuniones que busquen “pactar acciones criminales contra la población”. También pueden ampliar la detención administrativa a 15 días, intervenir comunicaciones de “grupos terroristas”, restringir el derecho a la defensa durante las detenciones y realizar cierres focalizados y temporales en algunas zonas del país. Aseguró que el decreto no afecta la libre circulación ni la libertad de expresión. 

A pesar de lo que planteaba el comunicado, hubo personas de San José del Pino, en Santa Tecla, que vieron restringido su derecho a la libre circulación. 

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  • 28 de marzo de 2022 | Día 2 | Video
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Familiares de detenidos buscan información

  • 27 de marzo de 2022
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  • 27 de marzo de 2022 | Día 1

Por Xenia Oliva

La madrugada del domingo 27 de marzo despuntó con la aprobación de un régimen de excepción que estará vigente durante 30 días. Mientras los diputados llegaban a la Asamblea Legislativa, la cuenta institucional en Twitter de la Policía Nacional Civil (PNC) compartía imágenes, desde la medianoche, de  supuestos pandilleros detenidos en distintos puntos del país. Todos, según la PNC, eran miembros de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13). 

Pocas horas después de la aprobación del decreto de régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele compartió el documento sancionado y publicado en el Diario Oficial. Llamó la atención que la fecha del diario era el 24 de marzo; es decir, dos antes del repunte histórico de homicidios y tres antes que la aprobación del decreto.

Los operativos de la Policía y la Fiscalía General de la República (FGR) fueron más intensos en unas zonas que en otras, como en el Distrito Italia, de Tonacatepeque, y en la colonia San José del Pino, en Santa Tecla, donde la Policía impuso un cierre perimetral que afectó a los habitantes de la zona.

Bukele, además, ordenó emergencia máxima en todos los centros penales, repitiendo la frase: “no verán ni un rayo de sol”. 

A las 8:10 de la noche, la Policía informó que había hecho 576 capturas en todo el país. 

Bukele reiteró que el régimen podría ser prorrogable y se burló de la comunidad internacional que ha señalado las posibles violaciones a los derechos humanos. Cuentas relacionadas a grupos policiales y militares compartieron videos en los que se veía a soldados golpeando a detenidos. 

La Policía informó que el primer día del régimen de excepción cerró con 11 homicidios a escala nacional.

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  • 27 de marzo de 2022 | Nota

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