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Asamblea de Bukele suspende derechos constitucionales para detener repunte de homicidios

Ante el aumento repentino e histórico de los homicidios en El Salvador este fin de semana, el presidente Nayib Bukele recurrió a su Asamblea Legislativa para que le aprobara la suspensión de garantías constitucionales por 30 días, que pueden ser prorrogables. El régimen de excepción permite la libre circulación y la libertad de expresión; sin embargo, el mandatario adelantó que en “algunas zonas” habrá cierres focalizados y temporales. Además, explicó que queda a discreción de las autoridades la detención no solo de pandilleros, sino de personas que los policías “consideren sospechosos”. Esta es la segunda vez que el gobierno de Bukele solicita un régimen de excepción; la primera fue en 2020, como estrategia para enfrentar la pandemia por COVID-19.

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Por David Penado*

A las 3:41 de la madrugada de este domingo 27 de marzo, 67 diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor de decretar un régimen de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele. El régimen, amparado en el artículo 29 de la Constitución de la República, suspende por 30 días para toda la población el derecho a la asociación y reunión, el derecho a tener un abogado en caso de una detención administrativa —es decir, ser detenido sin necesidad de una orden de captura y sin que se explique por qué fue detenido—, amplía el plazo de 72 horas que una persona puede permanecer detenida y le otorga a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de hasta 15 días para que recabe pruebas contra los detenidos. El régimen también permite la intervención de la correspondencia y de las telecomunicaciones, para que las autoridades intervengan teléfonos celulares con el fin de investigar por qué los homicidios aumentaron este fin de semana, cuando el sábado hubo 62 homicidios y se convirtió en el día con más asesinatos en lo que va del siglo, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). 

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convocó a sesión plenaria extraordinaria a las 11:00 de la noche de este sábado 26 de marzo, minutos después de que Bukele solicitara, a través de su cuenta en Twitter, la inmediata aprobación del régimen de excepción.

La sesión plenaria extraordinaria, aunque fue convocada para las 11:00 de la noche, inició hasta la 1:25 de la madrugada, con 54 —de 84— diputados propietarios presentes. Se aprobaron 15 llamamientos de diputados suplentes, para un total de 69 diputados. Algunos diputados de Nuevas Ideas estaban fuera del país, según habían publicado en sus redes sociales. La razón del retraso de dos horas y media para iniciar la plenaria extraordinaria fue porque la Presidencia de la República se tardó en llevar la propuesta para aprobar el régimen de excepción.

La iniciativa se presentó a las 00:41 de la madrugada de este domingo. El diputado de Nuevas Ideas Caleb Navarro fue quien solicitó modificación de agenda para incorporar la iniciativa y que fuera aprobada con dispensa de trámite; es decir, que fuera aprobada de forma inmediata sin pasar por una comisión legislativa que la estudiara con técnicos y expertos.

Antes de leer la iniciativa, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de las 62 víctimas de homicidio del sábado y de las otras 14 del viernes. Una situación atípica que rompió con la tendencia a la baja de homicidios que venía ocurriendo desde la llegada de Bukele al poder. De hecho, la situación fue tan crítica este sábado, que los casos sobrepasaron los 52 que ocurrieron el 23 de agosto de 2015, que era considerado el día más violento de este siglo en El Salvador, según los datos de la Policía.

Luego del minuto de silencio, la diputada Elisa Rosales leyó el proyecto de decreto que había sido presentado por el Ejecutivo, a través del Secretario Jurídico Conan Castro, a solicitud del Consejo de Ministros, donde el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro explicó la situación de seguridad pública del país. En seguida, inició la “discusión” en el pleno, que como suele pasar con las iniciativas que son enviadas desde Casa Presidencial no hay objeciones, ni reconsideraciones ni modificaciones. El primero en tomar la palabra fue el diputado Navarro, quien habló sobre la situación delincuencial y de seguridad en gobiernos anteriores e hizo énfasis en el sustento legal del decreto que sería aprobado en esa madrugada, amparado en el artículo 29 de la Constitución. También advirtió a los jueces que “el pueblo los estará observando para que hagan justicia” y agregó: “hoy tenemos un Estado que funciona”.

Guillermo Gallegos, diputado de Gana, hizo eco de los diputados oficialistas y dijo que no duda que tras la ola de violencia haya un interés político de sectores opositores al gobierno actual, principalmente en un momento en el que han venido al país inversionistas extranjeros y bitcoiners. Aprovechó su intervención para volver a mencionar su intención de legalizar la pena de muerte, tema que no volvió a mencionarse en el resto de la sesión. De hecho, Gallegos siempre menciona el mismo tema en momentos de violencia como el de este fin de semana, pero en la Asamblea nunca se ha discutido una propuesta formal.

Walter Coto, diputado de Nuevas Ideas, afirmó que el régimen de excepción no afectaría la libertad de expresión ni de circulación, y que las limitaciones a la libertad de reunión, tendrían excepciones en actividades culturales y religiosas. Esto también fue destacado en un tweet del presidente de la República, aunque agregó que sí habrá “cierres focalizados y temporales en algunas zonas”. Esto último, sin embargo, no estaba planteado en la propuesta de decreto ni quedó plasmado en lo que se aprobó. El mandatario también ordenó al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, que decretara una nueva emergencia máxima en todas los penales para que estén: “todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio. Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ no podrán ver ni un rayo de sol”.

Tras la intervención de Coto, la diputada Alexia Rivas tomó la palabra para insistir en la cantidad de personas asesinadas en gobiernos anteriores. También participaron Eduardo Amaya y Raúl Castillo, de Nuevas Ideas; Manuel Rodríguez, del Partido de Conciliación Nacional (PCN), y Romeo Auerbach y Marta Pineda, de Gana. Todos con elogios a la gestión de Bukele y sus medidas.

El diputado Jaime Guevara, del FMLN, reclamó que la mayoría de las intervenciones de los diputados que le antecedieron giraron alrededor de señalar gobiernos anteriores y atacar a la oposición. Insistió, en nombre de su grupo parlamentario, en que la crisis actual requiere sensatez y sabiduría, y no matonería política, e invitó al respeto irrestricto de los derechos individuales de la población.

William Soriano, de Nuevas Ideas, intervino para afirmar que el Plan Control Territorial es el más exitoso que un gobierno haya llevado a cabo en materia de seguridad. Sustentó esto con una invitación a revisar cuántos días con cero homicidios se han registrado en los últimos años. El diputado oficialista Carlos Hermann Bruch cerró el momento de la “discusión” con más elogios a la gestión del presidente Bukele.

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, también se unió a las felicitaciones para los ministros y alcaldes oficialistas. Señaló que la Asamblea seguirá acompañando las decisiones que el presidente Bukele tome. Añadió que darán las facultades a las instituciones de gobierno para que tomen las decisiones que estimen convenientes.

Al terminar su intervención, Castro dirigió la votación nominal y abierta, que aprobó el decreto número 333, con 67 votos a favor, de todos los diputados presentes de las fracciones de Nuevas Ideas, Gana, Arena, PCN y PDC. 4 abstenciones de la fracción del FMLN, y 13 ausencias, entre las que destacan las de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien está de baja por COVID-19; y de Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo.

¿Qué se aprobó?

El decreto aprobado por la Asamblea Legislativa suspende las garantías constitucionales establecidas en los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República.

Estas garantías han sido suspendidas por un plazo de 30 días, que pueden ser prorrogables, para todas las personas en la República, quedando su aplicación a discreción de las autoridades.

El decreto fue sancionado por el presidente de la República durante la mañana de este domingo, y publicado en el Diario Oficial para su entrada en vigencia de forma inmediata. 

El estado de excepción ya había sido aplicado durante la pandemia por COVID-19 en 2020, y en ese momento GatoEncerrado documentó que su aplicación dejó antecedentes de violaciones a los derechos humanos, como la detención arbitraria de mujeres embarazadas y empleados del sector de servicios que fueron enviados a centros de contención, donde algunas quejas era que no tenían medicinas y en algunos casos hasta poca comida. Bajo ese régimen de excepción, instituciones como Cristosal documentaron y acompañaron casos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de mujeres y hombres que fueron torturados por policías y militares. En los centros de contención, incluso hubo personas que tenían enfermedades que no estaban relacionadas con el COVID-19 y que empeoraron sin la debida atención del Estado hasta que murieron. 

Este nuevo régimen de excepción se ha otorgado al Ejecutivo, por una Asamblea Legislativa que ahora es controlada por la Presidencia de la República junto al poder Judicial. Además, en un momento en que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) prefiere guardar silencio ante las arbitrariedades. 

*Con reportes de Melissa Paises.

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