Las reformas penales también son desproporcionadas

Cuatro días después de la implementación del régimen de excepción, el presidente de la República también envió un paquete de reformas penales a su Asamblea Legislativa para endurecer las penas de los pandilleros que sean condenados. Ante estas reformas exprés del 30 de marzo, el abogado Ábrego también señaló en el GatoPodcast que lo delicado de estas modificaciones a la legislación es que son permanentes y no acaban cuando finalice el régimen de excepción. 

Ese miércoles 30 de marzo, los diputados se reunieron en una nueva sesión plenaria extraordinaria para recibir el paquete de reformas de parte del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, a las 4:18 p. m. En menos de seis horas, los diputados reformaron, con dispensa de trámite —es decir, sin pasar por el debido proceso de discusión legislativa— el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Reguladora de Actividades Relativas a Drogas, la Ley de Presupuesto 2022, la Ley Juvenil y, además, se creó la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo. A la  mañana siguiente, las reformas ya estaban publicadas en el Diario Oficial del 31 de marzo. 

Johanna Ramírez, coordinadora de Atención a Víctimas del Servicio Social Pasionista (SSP), explicó a GatoEncerrado que estas reformas son inconstitucionales, tanto por haber sido aprobadas rápidamente y sin discusión con dispensa de trámite, como ya es costumbre en la “Nueva Asamblea”, como por su contenido, porque violan los derechos humanos.

La pena de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, contemplado en el artículo 345 del Código Penal, era de seis a nueve años en prisión, pero con la reforma ahora es de 20 a 30. La abogada consideró que este aumento es desproporcionado, porque la Constitución de la República prohíbe en el artículo 27 las penas perpetuas.

La reforma también impuso la misma pena para “los que promuevan, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en agrupaciones (…) reciban provecho directa o indirectamente de las relaciones”, así como los “intermediarios, negociadores, mediadores”. Ramírez consideró que esto es grave porque “se atribuye a la ligera un aumento desproporcionado de la pena, que puede ser establecida hacia cualquier persona que sea señalada o catalogada por pertenecer a estructuras de pandillas”. Es decir, abre la puerta a arbitrariedades.

Entre las reformas al Código Procesal Penal está la del artículo 331, para evitar medidas sustitutivas a la detención provisional por delitos “cometidos por miembros de grupos terroristas”. Ramírez recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en múltiples ocasiones que el Estado salvadoreño hace un uso excesivo de penas privativas de libertad, y que eso recae en mayor hacinamiento de los centros penitenciarios. También podrían aumentar las suspensiones de las audiencias por el colapso de instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) en representación pública y la carga de casos en el sistema judicial, en el cual hay una mora. Pero nada de esto fue discutido en la Asamblea Legislativa antes de aprobarse.

Otra reforma al Código Procesal Penal contempla incorporar un capítulo para que “no consten los nombres ni los datos generales de los jueces, magistrados o secretarios de actuación, ni cualquier otro dato que pueda servir para su identificación”, supuestamente como medidas de protección para salvaguardar la vida. Sin embargo, Ramírez indicó que este cambio podría limitar aún más el acceso a demandas de apelación ante vulneración de derechos humanos.

Fue especialmente relevante la reforma a la Ley Penal Juvenil, que ahora impone sanción de prisión a miembros de pandillas por hasta 20 años de prisión por delitos cometidos por menores de 16 años y hasta 10 años cuando se trate de un menor de 12 años. “En los territorios hay niños y adolescentes que son instrumentalizados por las pandillas, no porque quieran cometer delitos, sino porque son obligados o desconocen que los cometen”, indicó la coordinadora de Atención a Víctimas del SSP. Agregó que esta reforma evidencia desconocimiento sobre la realidad que viven los grupos vulnerables y refuerza estereotipos, pero también demuestra la falta de capacidad del sistema de protección de niñez y adolescencia para garantizar derechos humanos.

De la noche a la mañana también fue aprobada la nueva Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo, que comprende la creación de un fondo, “el cual tendrá como fin otorgar recompensa a todas aquellas personas que brinden información que culmine en la captura de los miembros de grupos terroristas o que los aprehendan materialmente”, esto a partir de una lista con nombre de personas que tengan una difusión u orden de captura. Esto, a criterio de la abogada, podría generar más arbitrariedades, “por la misma utilización del sistema de justicia en cuanto a testimonios de declaraciones que pueden ser falsas”. 

La olvidada prevención

En medio del régimen de excepción y las medidas únicamente punitivas, organizaciones internacionales han señalado que no ven ninguna acción encaminada a la prevención y que, al contrario, ven con preocupación la violación de tratados internacionales sobre derechos humanos.

“Hay derechos que no pueden ser limitados, ni siquiera en un estado de excepción. Eso lo dicen los estándares interamericanos, y dentro de esos derechos que no pueden ser limitados están las garantías judiciales”, dijo a GatoEncerrado la presidenta de Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez.

La presidenta de Wola agregó que la violencia de pandillas no se combate a través de la violencia del Estado, sino a través de leyes para prevenir e investigar los hechos delictivos, y que se respeten los derechos de los ciudadanos. También recomendó al Estado salvadoreño derogar disposiciones que atenten contra los derechos humanos. 

Para conocer la opinión y el trabajo que la Procuraduría para los Derechos Humanos está realizando durante el régimen de excepción, GatoEncerrado trató de contactar al procurador adjunto Saúl Baños;, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta alguna por parte de Bolaños. El procurador titular Apolonio Tobar, por su lado, justificó en una entrevista de canal 21 que el estado de excepción era necesario tras los 62 homicidios del último fin de semana de marzo. Tobar también dijo, sin ofrecer detalles, que hasta este lunes 4 de abril había recibido 33 denuncias de arbitrariedades.

Una historia recurrente

Esta no es la primera vez que el gobierno de Bukele recurre al régimen de excepción. En 2020, pidió a la Asamblea Legislativa decretar un régimen como estrategia para evitar la propagación de la pandemia por COVID-19. En ese momento, organismos internacionales y nacionales también señalaron que las autoridades salvadoreñas cometieron arbitrariedades al detener ilegalmente a personas y enviarlas a centros de contención improvisados que no contaban con los cuidados mínimos y básicos para pacientes con enfermedades crónicas que no tenían nada que ver con la pandemia.

Una de las principales diferencias que se puede mencionar con el régimen de excepción de 2020 es que actualmente el Órgano Legislativo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya responden a los intereses de Bukele, mientras que antes tenía oposición política.

Ahora, con la nueva legislatura que obedece al presidente  y que reformó la Ley de la Carrera Judicial, no hay garantías constitucionales de que las investigaciones y los fallos que determinen los jueces sea con total transparencia e imparcialidad. Así lo han señalado organizaciones de sociedad civil.