Foto/Emerson Flores
Asamblea autoriza compras sin controles y con exención de impuestos en régimen de excepción
La Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, convocó a sesión plenaria extraordinaria este domingo 24 de abril para prolongar el régimen de excepción por 30 días. Junto a ese decreto, también avaló un régimen especial transitorio que permite al Ejecutivo omitir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), durante el régimen excepción. Este mecanismo de saltarse los controles en las compras públicas fue usado en la emergencia por la pandemia COVID-19 y, posteriormente, ha sido incluido en otras leyes aprobadas por el oficialismo.
Por Melissa Paises
La Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que termina este 27 de abril, acompañado de otro régimen que le permite al Gobierno realizar compras de bienes y servicios sin cumplir con los procedimientos y controles que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
La maniobra de saltarse la Lacap fue usada durante la emergencia por la pandemia COVID-19 en 2020 y ha sido aplicada en otras leyes aprobadas por la nueva Asamblea como la ley alabí, ley de la Lotería Nacional, ley simplificada de adquisiciones para obras municipales y ley para la construcción de cárceles. El mecanismo para omitir los procesos de la Lacap también se pretende aprobar en la ley de construcción del aeropuerto del Pacífico y del Tren del Pacífico.
El decreto del “Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado en el marco de la Declaratoria del Régimen de Excepción”, autoriza al Órgano Ejecutivo, a través de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública del Ministerio de Hacienda (UNAC), a emitir los instrumentos normativos que permitan realizar contrataciones y adquisiciones para dar cumplimiento a las disposiciones del régimen de excepción. “En consecuencia, no serán aplicables las disposiciones que establece la Lacap”, sostiene el artículo 1.
Además establece que durante la prolongación del régimen de excepción, las compras estarán exentas de todo tipo de impuesto fiscal, aduanal y municipal, incluyendo todo tipo de aranceles, así como del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.
Durante las intervenciones en el pleno legislativo, los diputados oficialistas aseguraron que la ley permitirá que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada adquiera equipo, armamento, uniformes y alimentación. El 30 de marzo, la Asamblea reformó el presupuesto general para destinar $80 millones a los ministerios de la Defensa Nacional, y de Justicia y Seguridad Pública para compra de armas, equipamiento, uniformes, vehículos y uniformes.
Jorge Castro, diputado de Nuevas Ideas, dijo que las contrataciones de la Lacap contemplan plazos y términos “complejos”. “Por lógica, si estamos ante una situación de emergencia para poder combatir y controlar esta ola de violencia, necesitamos que esos plazos y esa contratación de esos bienes y servicios sea acelerada. Eso nada tiene que ver con la transparencia”, argumento.
Su colega Marcela Pineda tomó la palabra para describir los pasos y tiempo que conlleva realizar las compras bajo la Lacap. “No podemos darnos o el ministerio no se puede darle el lujo de no dar los implementos necesarios a la PNC”, justificó. Añadió que la ley contempla las contrataciones directas, pero estas no garantizan que estén libres de impuestos o gravámenes, como sí lo hace el régimen especial transitorio.
José Marinero, abogado especialista en derecho administrativo y políticas públicas, dijo a GatoEncerrado que los procedimientos de la Lacap parecen engorrosos, y se pueden mejorar, pero fueron hechos para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
El especialista indicó que el uso de esta ley tiene tres finalidades: primero, regula la competencia, porque permite que las instituciones reciban las oferta más convenientes para los intereses públicos; se crea un mecanismo de transparencia, para que no existan dudas de cómo se desarrolló el proceso y la gente se entere quiénes tomaron las decisiones para seleccionar al proveedor, quién fue el ganador y por qué razones; tercero, se garantiza la integridad, porque asegura que el dinero no se pueda ni en manos de los funcionarios públicos o en privados.
GatoEncerrado reveló que el 17 de abril de 2020, durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, el ministro de Salud, Francisco Alabí le compró 26 mil pares de botas de hule a la empresa de su tía política y de sus primos. Un año y medio después, uno de los argumentos del Tribunal de Ética para liberar al funcionario de una sanción ética fue que existía una normativa que habilitaba saltarse la Lacap y habilitaba las compras directas.
El sábado 23 de abril, por la noche, el presidente Bukele anunció la convocatoria al Consejo de Ministros para pedir la ampliación del régimen. 18 minutos después, el presidente de la Asamblea Ernesto Castro convocó a la sesión plenaria extraordinaria para el domingo a las 2 de la tarde.
El régimen para saltarse la Lacap no fue mencionado por el presidente Bukele ni por los funcionarios del gabinete de seguridad en el acto de entrega del documento para prorrogar el régimen de excepción. El jefe de fracción de Nuevas Ideas Christian Guevara incorporó la pieza de correspondencia en la modificación de agenda y fue subida al sitio minutos después de su lectura en el pleno.
Amplían el régimen por 30 días
El primer decreto legislativo 333 del régimen de excepción fue aprobado el pasado 27 de marzo ante el incremento de homicidios y con finalidad de restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial.
El régimen, amparado en el artículo 29 de la Constitución de la República, suspende por 30 días el derecho a la asociación y reunión, el derecho a tener un abogado en caso de una detención administrativa, permite la intervención de la correspondencia y de las telecomunicaciones, para que las autoridades intervengan teléfonos celulares con el fin de investigar.
El artículo 30 de la Constitución establece que la suspensión de las garantías constitucionales podrá prolongarse si continuan las circunstancias que lo motivaron. El Consejo de Ministros justificó que a pesar de la reducción de homicidios y la captura de más de 15 mil personas, se mantiene la inseguridad debido a que la mayoría de los miembros de maras y pandillas aún continúan en libertad.
“¿Qué motivó el Estado de Excepción? Ustedes dijeron: debemos parar la criminalidad que en un solo fin de semana ha dejado más de 70 muertos en nuestro país. Ustedes mismos han dicho que tienen más de 9 días con 0 homicidios, significa que esa motivación ya no es válida”, cuestionó la diputada del FMLN, Marleni Funes.
Contradictoriamente, el presidente de la Asamblea Ernesto Castro dijo que los 76 homicidios no fue lo que motivó el régimen sino “la gota que derramó el vaso”. Sostuvo que la motivación real fue la incapacidad de los gobiernos anteriores de combatir a las pandillas durante 25 años.
Durante el régimen de excepción, muchas familias han denunciado capturas arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
Entre el 27 de marzo y el 4 de abril, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) atendió a 89 personas por presuntas vulneraciones a sus derechos, de las cuales 78 fueron hombres y 11 mujeres, entre las que destacan 7 menores de edad, 1 mujer adulta mayor, 1 hombre con discapacidad y 1 hombre con enfermedad crónica terminal.
En tanto, Cristosal, la asociación Azul Originario y el Servicio Social Pasionista registraron durante el mismo periodo 26 casos de víctimas de abuso de autoridad.
“Nosotros respaldamos que el gobierno debe continuar capturando a las estructuras de pandillas y maras, pero no respaldamos que se estén encarcelando a personas inocentes. En ese sentido nuestro voto de abstención”, manifestó el diputado de Arena, René Portillo Cuadra.
La diputada del partido Vamos, Claudia Ortíz, dijo que sería hipócrita de su parte pensar que dando su voto aportaría de manera seria al problema de inseguridad del país. La diputada votó en contra de la prórroga.
Ortíz también señaló las denuncias de familiares de personas fallecidas dentro de los penales por presuntas golpizas y por no brindarles los tratamientos médicos para sus enfermedades crónicas. Preguntó al pleno si habrá alguna forma de reparación a las familias de las víctimas.
El diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, aseguró que estas disposiciones no deben afectar las marchas convocadas para el 1 de mayo en el marco del Día Internacional del Trabajo; sin embargo, el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, dijo que se ha convocado a familiares de pandilleros a protestar y que deberían ser capturados.
El decreto de prórroga se aprobó con 67 votos a favor. Los diputados que no votaron fueron acusados por el oficialismo de apoyar a las pandillas.
Partido que no apoye ampliar el Régimen de Excepción es porque defiende a los mareros y pandilleros.
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) April 24, 2022
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