La repatriación de migrantes centroamericanos desde las fronteras norte y sur de Estados Unidos y las detenciones dentro de territorio estadounidense han registrado cifras históricas en el último año. 

De acuerdo a cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solo en enero de 2022, las repatriaciones desde Estados Unidos alcanzaron 5,852 personas frente a los 1,886 reportadas en 2021; mientras que los retornos de migrantes desde México, se duplicaron de 3,451 en 2021 a 7,452. Si bien el notable aumento de deportaciones obedece al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y México, tanto el aumento de la migración irregular de centroamericanos hacia Estados Unidos, como de los retornos forzados son dos caras de una misma moneda: la incapacidad de los Estados de ofrecer una vida digna, seguridad y protección a buena parte de sus ciudadanos.  

El retorno forzado de miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos conlleva severos desafíos a los países de origen, pero sobre todo representa, para quienes los enfrentan y para sus familias, un verdadero drama humano. En muchos casos, los repatriados estaban plenamente establecidos en Estados Unidos, habían forjado un proyecto de vida, tenían una familia, un trabajo estable, vínculos comunitarios e integración social al país de destino. 

Su retorno violento e inesperado les desarraigó abruptamente de su hogar, y les envío en condiciones humillantes a un entorno inhóspito, precario e inseguro en sus países de origen. En otros casos, se trata de retornados que luego de endeudarse, enfrentar y sobrevivir a los graves riesgos de la ruta migratoria, fueron detenidos antes de su ingreso a Estados Unidos. En cualquiera de los casos, tal y como lo señala la evidencia empírica, “la mayoría de los que retornan de manera forzada llegan en peores condiciones que las que tenían antes de partir”.       

Un estudio publicado en 2020 por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) en el marco del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia, que incluyó entre otras técnicas, una encuesta con retornados a los países del triángulo norte, encontró que 6 de cada 10 retornados entrevistados trabajaban en Estados Unidos antes de ser enviados a su país de origen, por lo que habían desarrollado competencias y capacidades laborales en distintos rubros. 

El estudio también mostró que, aunque prevalece entre estas personas una baja expectativa de reintegración a sus países de origen, y una tercera parte expresó su intención de ingresar nuevamente a Estados Unidos, su disposición a quedarse en sus países de origen podría aumentar si les ofrecieran un empleo y mejorar la seguridad en sus entornos. Estos hallazgos, si bien no son novedosos, confirman nuevamente el importante papel que juegan como factores de retención la existencia de programas de reinserción laboral para los retornados en las localidades y garantizar la seguridad en los entornos donde regresan, variables que, a su vez, constituyen disuasivos estructurales de la migración irregular en estos países.

La investigación también encontró que en ninguno de los países del triángulo norte existen políticas públicas nacionales de reintegración socioeconómica que aborden las causas estructurales de la migración y acompañen el proceso de reinserción de las personas que retornan. Las iniciativas estatales o de sociedad civil existentes son limitadas y de corto alcance y suelen no considerar el perfil laboral, muchas veces bastante cualificado que tienen las personas migrantes repatriadas. 

Tampoco hay esfuerzos articulados de los gobiernos nacionales con los locales para facilitar la reintegración cultural de los retornados a sus comunidades. Contrario a ello, el estigma y la criminalización opera como una potente barrera de exclusión que limita su inserción social y el aprovechamiento productivo de sus habilidades y potencialidades laborales.

Las personas retornadas constituyen una fuerza productiva importante con habilidades y talentos que deben ser reconocidos y capitalizados por los países de origen. Este potencial apropiadamente reorientado pudiese ser una vía para impulsar el desarrollo productivo y social de estas pequeñas naciones, que por hoy no hacen más que descartar su mayor activo: el capital humano. 

El estudio de PADF concluye reiterando la relevancia de abordar este fenómeno desde una visión estatal integral y estratégica, la cual incluya por parte de los Estados una preparación para el retorno, una respuesta a las necesidades de atención y reinserción, la generación de oportunidades para el desarrollo económico con enfoque territorial y la mejora de la seguridad ciudadana en los entornos locales.