Foto/Emerson Flores/Leonel Pacas
El Estado salvadoreño sigue sin garantizar una reinserción integral a los migrantes retornados
Los salvadoreños siguen migrando y consecuentemente los retornos forzados continuan. El problema se agrava cuando a su regreso lo único que encuentran de parte del Estado es una botella de agua, una llamada telefónica y un par de dólares para pagar el transporte colectivo y llegar hasta sus casas. Algunos migrantes encuentran apoyo en organizaciones de sociedad civil que no tienen capacidad para atender a todos los retornados. Aunque estas organizaciones han presentado propuestas concretadas al gobierno central y a los gobiernos locales, nada se ha hecho.
Por Melissa Paises
A Roxana le dijeron que el viaje hacia Estados Unidos, como mucho, iba a durar tres días. No tenía que preocuparse. Así que, convencida de que en su pueblo Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango, nunca encontraría oportunidades, tomó sus cosas personales en una pequeña maleta y se marchó el 12 de febrero de 2012.
Como no tenía visa ni los permisos para trabajar en Estados Unidos, decidió que la mejor opción era viajar con un “coyote”; es decir, una persona a la que le podía pagar para que la guiara en el camino, con contactos para evitar ser víctima de grupos criminales y que le dijera qué hacer ante las autoridades y retenes de la ruta migrante.
“Cuando decidí irme, me lo plantearon bonito, bonito. Me dijeron que no iba a sufrir, que no me iba a pasar nada, me dijeron que iba a estar aproximadamente tres días en México”, recordó Roxana.
Esos tres días, sin embargo, se convirtieron en un mes. Al inicio del viaje, en su paso por Guatemala, el coyote le ordenó que se cambiara de ropa. Le entregó un short, una blusa de tirantes y unos tacones, algo totalmente nuevo e incómodo para Roxana. El coyote le instruyó que al pasar frente a las cámaras de migración dijera que “iba a buscar a su marido” que se encontraba en México. El plan que Roxana aún no terminaba de comprender resultó. Logró pasar de Guatemala a México con una visa falsa.
Al llegar a Pijijiapan, Chiapas, agentes de migración detuvieron el autobús en el que se transportaban Roxana y el coyote. Cuando pasaron por su asiento, el coyote le dijo a los agentes que Roxana era su esposa y agregó que ya tenía tres meses de embarazo. Obviamente, aunque todo era falso, Roxana no negó la información.
Los agentes de migración, sin embargo, no les creyeron. Los bajaron del autobús y los detuvieron por una semana, en la que Roxana no pudo comer ni dormir bien. Después de ese tiempo, que recuerda como “días de angustia”, los agentes de migración la trasladaron hacia otro centro de detención.
“Cuando me sacaron de ese lugar, me llevaron en un carro bien blindado, con rejas, como si yo era un animalito que se les iba a escapar. Me llevaron con esposas en las manos y los pies. Yo me sentía frustrada, como si había cometido algún delito. Cuando me tuvieron allí en Chiapas, me tuvieron casi un mes. Me apartaron de todos, porque para ellos yo había cometido un gran delito, porque llevaba mi pasaporte con visa ilegal, y me llevaron a máxima seguridad”, relató Roxana.
Estar aislada en una especie de prisión de máxima seguridad ni siquiera fue lo más difícil. Lo peor, según recuerda, ocurrió cuando la examinaron físicamente, porque sintió que eso fue más un abuso sexual que un chequeo.
“Me llevaron a que me revisara supuestamente un ginecólogo, y yo les decía que no había tenido ninguna relación con nadie, yo no tenía nada. Pero ellos me decían e insistían en que yo estaba embarazada. Comenzaron a examinarme, me metieron las manos, me sangraron toda. Yo sentí que mi mundo se me quebrantó, se me perdió, sentí que fue algo que me marcó mi vida”.
Vulnerada y sin respuestas, Roxana permaneció otras tres semanas en el centro de detención, ya que era acusada de llevar una visa falsa.
Cuando finalmente fue enviada hacia El Salvador, se sintió frustrada. Regresaba al mismo lugar de donde pretendía huir, pero ahora estaba peor que antes. Con las secuelas de un abuso sexual y con una nueva deuda con el coyote. Eso la hizo jurar que nunca más volvería a intentar irse.
Pero, como suele ocurrir, la realidad es tan grave que ese tipo de juramentos no pesan nada cuando se colocan en la balanza junto a la situación económica. Así que a los 15 de haber regresado a El Salvador, volvió a emprender el viaje con un coyote diferente.
En este nuevo intento logró avanzar un poco más y llegó hasta la Ciudad de México, pero fue allí donde el grupo con el que se movilizaba fue confundido y secuestrado. Según recuerda, cuando los secuestrados se dieron cuenta que se habían confundido, los liberaron de inmediato en un parque. Fue en ese lugar donde agentes de migración capturaron nuevamente a Roxana y por segunda vez la regresaron a su país.
Deficientes atenciones al retornado
Al entrar en territorio salvadoreño fue enviada al Centro de Atención al Migrante, dependencia de la ahora Gerencia de Atención al Migrante (GAMI), en el que como apoyo recibió agua y una llamada para comunicarse con su familia.
Este protocolo ha experimentado algunos cambios, pero el agua y la llamada siguen manteniéndose como las atenciones principales que el Centro de Atención brinda al momento inmediato del retorno de los salvadoreños.
Cuando Roxana regresó en 2012 de su segundo intento de migración, la Ley de Extranjería de ese entonces no reconocía a las personas retornadas en ninguno de sus artículos. Ahora, con la Ley Especial de Migración y Extranjería aprobada en 2019, pareciera que esta situación no ha cambiado, ya que de los 346 artículos de esa ley, solo dos están dirigidos a la población retornada.
Los artículos 322 y 323 de esa ley especifican que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGMI) es la que estará a cargo de la recepción y atención de las personas retornadas y que deberá facilitarles ciertos servicios. En el reglamento de esta ley se propone la creación de la Dirección de Atención al Migrante, ahora Gerencia, que brindará servicios en el Centro de Atención al Migrante.
El protocolo de atención del Centro se limita a la entrega de alimentación, implementos de higiene básicos, vestimenta, traslado a terminales de transporte, pago del pasaje, llamadas nacionales e internacionales y acceso a internet; además de atención primaria en salud y atención psicológica de emergencia.
Sin embargo, este último tipo de atenciones se limita únicamente al momento inmediato del retorno. Es decir, cuando la persona abandona el Centro no recibe un seguimiento de su estado de salud físico y psicológico, a menos que se avoque a una de las doce Ventanillas de Atención al Migrante, ubicadas en algunas cabeceras departamentales, para que esa persona pueda ser remitida a establecimientos de salud.
Estas ventanillas son parte de las iniciativas que impulsa el programa “El Salvador es tu Casa”, que data de 2017 y que cuenta con una base impulsada en 1998 con el programa “Bienvenido a Casa”. Estos dos programas son bajo los que se rigen las instituciones que atienden el retorno de salvadoreños.
El programa “Bienvenido a Casa” comprende el accionar de las instituciones frente a la repatriación y bienvenida de las personas retornadas, mientras que el programa “El Salvador es tu Casa” es un sistema de servicios después del retorno.
En este último se ofrece un listado de oportunidades de trabajo y de capacitación para la reinserción laboral de la persona retornada y aunque esta iniciativa representa un gran apoyo a las personas retornadas, su alcance es muy limitado.
En 2020, la DGMI registró 10,716 salvadoreños retornados vía aérea y terrestre, y según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo 575 personas fueron beneficiarias de los programas que ofrece “El Salvador es tu Casa”, renombrado en 2021 como “Programa Nacional de Atención y Reinserción a Personas Retornadas”; es decir, que solo el 5.37 % de la población retornada de ese año tuvo acceso.
Uno de los nombres que más destaca entre los programas ofertados es el del “Proyecto de Reintegración Productiva con Atención Psicosocial a Personas Migrantes Retornadas”, que “consiste en entregar capital semilla a emprendimientos de personas retornadas, además de ofrecer un proceso de formación integral”.
Este es el único proyecto vigente en el que en su nombre considera la atención psicosocial; sin embargo, en la práctica esto no se ve reflejado, ya que los beneficiarios participan únicamente de procesos formativos para el fortalecimiento de sus ideas de negocio, dejando el ámbito psicosocial de lado.
La reinserción laboral es el aspecto al que más le apuestan las instancias gubernamentales para la dinámica de reintegración de las personas salvadoreñas retornadas, y aunque sí es muy importante, no es la totalidad.
Para Carolina Quinteros, coordinadora de investigación de la Fundación Panamericana del Desarrollo, se necesita un seguimiento integral de la persona retornada, ya que vuelven a los mismos ambientes hostiles de los que partieron y a eso se les suma las afectaciones físicas y, sobre todo, emocionales que les dejó el proceso de migración.
Fue el 14 de abril de 2011 cuando entró en vigencia la Ley Especial de Protección a la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, que surge para “que en el país se garantice la asistencia y protección de los derechos de las personas migrantes”. En esa ley se establece la creación del Consejo Nacional de Protección a la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia (CONMIGRANTES). El cual será, según el artículo 6, “un organismo interinstitucional con la participación de la sociedad civil y los migrantes; institución de derecho público, sin fines de lucro, de carácter autónomo, descentralizado, con el fin de elaborar, proponer, canalizar, verificar el cumplimiento de la política integral de protección”.
Un año después, en 2012, se instaló oficialmente el Consejo, que tiene entre sus atribuciones está la creación de un plan estratégico con “el objeto de aplicar las políticas públicas que garanticen, promuevan y restituyan los derechos de los Migrantes y su familia, por medio de la ejecución de los Programas de Asistencia y Protección Humanitaria; y de Migración y Desarrollo”.
El Programa de Asistencia y Protección Humanitaria contempla la atención a personas retornadas con afectaciones a la salud o víctimas de violaciones a sus derechos humanos; propone la búsqueda de personas desaparecidas; asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y de rehabilitación; la creación del Fondo Especial de Repatriación de Fallecidos y Heridos; la implementación de una campaña de concientización sobre los Riesgos de Migrar de Manera Indocumentada y la creación de un banco genético de familiares de personas desaparecidas.
Mientras que el Programa de Migración y Desarrollo contempla la creación de proyectos como el Proyecto de Cooperación Productiva y Cooperación Técnica; el Proyecto de Transferencia de Tecnología y de Conocimientos Científicos, Técnicos y Culturales y el Proyecto de Atracción de Inversiones para los Salvadoreños en el Exterior. Además, contempla la reducción de los costos de envío de remesas desde el exterior, la creación de una bolsa de empleo considerando las habilidades y destrezas del retornado, el menaje de casa, vehículo y la introducción al territorio nacional de herramientas de trabajo y bienes para el ejercicio de su profesión u oficio.
A pesar de los cambios significativos en materia de prevención, atención y reintegración que representaría el Plan y sus proyectos, nada de eso existe desde 2011, cuando se implementó la ley.
La representante de la Universidad Tecnológica (UTEC) ante el CONMIGRANTES, Elsa Rosales, dijo a GatoEncerrado que el Plan todavía se encuentra en la primera etapa de su desarrollo y se desconoce aún una fecha estipulada para su publicación. Es decir, ya pasaron diez años y esto todavía no ha avanzado.
Otra de las competencias del CONMIGRANTES es “elaborar, proponer, canalizar y verificar el cumplimiento de las políticas integrales de protección y desarrollo”, por lo que se publicó en 2017 la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia. Esa política asume como sus ejes estratégicos la “atención integral de la persona salvadoreña retornada” y la “inserción de la persona salvadoreña retornada”. Y aunque esta política presenta diversas iniciativas en las áreas de educación, empleo y emprendimientos para la reintegración de la persona retornada, los esfuerzos no son suficientes en la atención psicológica.
Según los hallazgos de la investigación “Política de protección y desarrollo a la persona migrante aplicada por CONMIGRANTES desde la perspectiva de sus integrantes y de jóvenes retornadas”, de la especialista en derecho, Jeimmy Barahona, “una de las debilidades para la reinserción de la población radica en el aspecto psicológico, debido a que el sentido de pertenencia o arraigo es laxo en los retornados y más convencidos de que las oportunidades están fuera del país”. En esa investigación también se enfatiza que la atención psicológica es poco abordada por las instituciones gubernamentales y que esta labor se le delega a organizaciones sociales.
Reinserción integral
Una de las organizaciones involucradas en la asistencia psicológica de las personas retornadas es la Alianza de Salvadoreños Retornados (ALSARE), organización de base que busca la reinserción integral mediante ejes específicos, entre los que se encuentra el apoyo psicosocial. Según Juan Ramón Toledo, director de ALSARE, es necesario el apoyo psicosocial porque “si no hay reintegración psicológica, no hay una reintegración social, porque su mente siempre está allá”.
Así como ALSARE, existen diversas organizaciones de la sociedad civil que ofrecen programas de asistencia psicológica; sin embargo, su actuar es limitado debido a aspectos financieros y por la poca apertura por parte del actual gobierno a trabajar en conjunto. Por esa razón, en un intento por expandir la atención de las necesidades diversificadas de las personas retornadas, ALSARE diseñó en 2021 una propuesta de Política Pública Local para el Desarrollo Socioeconómico de la Persona Migrante Retornada en los municipios de La Reina y Concepción Quezaltepeque, departamento de Chalatenango.
Con esta propuesta se buscaba que los servicios que se encuentran concentrados en la capital y las cabeceras departamentales también estuvieran más cercanas a las personas retornadas, mediante la articulación de la GAMI y la municipalidad. Para Toledo, la descentralización de los servicios garantizaría el acceso a mecanismos para que las personas decidan no migrar de manera irregular.
La política fue presentada a las alcaldías en octubre de 2021, en un acto protocolario que contó con la presencia de organismos como OIM, USAID, ACNUR y la Fundación Panamericana del Desarrollo.
Fue en ese acto que el alcalde de Concepción Quezaltepeque, Aníbal Serrano, se comprometió a dar seguimiento a la propuesta. A pesar de expresar este compromiso, Serrano y su concejo municipal no han mostrado mayor interés en implementarla.
GatoEncerrado se acercó dos veces al alcalde Serrano para conocer si el municipio cuenta con avances para la implementación de la política; sin embargo, en ambas ocasiones evadió los intentos de entrevista por falta de tiempo.
Toledo mencionó que “se ha ofrecido asistencia a través de talleres para que pueda comprender la dimensión de la política, pero hasta ahora no ha habido algo concreto de ellos (alcaldía) para querer saber cómo implementarla”.
Si la alcaldía de Concepción Quezaltepeque no muestra avances, esta política sería otro de los intentos por parte de la sociedad civil que queda en el olvido, así como sucedió con el documento de “Propuesta de Política Pública: Migración y Retorno”, lanzado en marzo de 2019 por el Asocio Académico conformado por Fundaungo, la Universidad Centroamericana, la Universidad Don Bosco y FLACSO El Salvador.
Este documento fue presentado dentro de la iniciativa del Asocio “Componente Agenda Presidencial”, con el objetivo de crear espacios de diálogo en torno a la formulación de políticas públicas entre organizaciones civiles y la presidencia de Nayib Bukele.
Según Jaime Rivas, investigador del Asocio, esta iniciativa tuvo una difusión tan amplia hasta el punto de tener una reunión con el viceministro para los salvadoreños en el exterior de la administración Bukele; sin embargo, este acercamiento no llegó a la toma de decisiones.
A pesar de que en el apartado de derechos humanos del plan de gobierno de Bukele, “Plan Cuscatlán”, se contempla “la revisión e incorporación de Políticas Públicas Integrales para que los salvadoreños no migren en situación irregular y de riesgo”, tres años después no ha habido ni una sola política referente a migración.
DATO
La necesidad de una reinserción integral
El Salvador tiene el fenómeno migratorio más antiguo de Centroamérica, por lo que se puede dividir en etapas.
PRIMERA ETAPA: 1920-1969
Miles de personas, especialmente de áreas rurales, abandonan el país debido a la falta de acceso a tierras y oportunidades de empleo. Gran parte se dirige hacia las plantaciones de banano en Honduras.
SEGUNDA ETAPA: 1970-1979
La carencia de tierras, la falta de empleo y la violencia del conflicto armado propician el aumento de la migración hacia Estados Unidos.
TERCERA ETAPA: 1980-1991
El cambio en las leyes migratorias estadounidenses que favorecen la legalización de la situación irregular de los migrantes y el ingreso legal al territorio de sus familiares abre la puerta al flujo migratorio salvadoreño. Paralelamente, se facilitan programas de migración hacia Canadá y Australia.
CUARTA ETAPA: 1992-2001
La crisis económica consecuencia del conflicto armado y los estragos del huracán Mitch y los terremotos del 2001, motivan los flujos migratorios mayormente hacia Estados Unidos.
Adicionalmente, se podría concebir una quinta etapa en la que la violencia generada por las pandillas (fenómeno que data también de la tercera etapa del fenómeno migratorio), el cambio climático, la confianza en el gobierno, la falta de acceso a servicios, y la normalización del “sueño americano”, se suman a las razones ya existentes para producir un nuevo flujo migratorio.
Fuente: elaboración propia a partir de informe de la Política Nacional de Protección para la Persona Migrante
Según el estudio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, “Generación de Conocimiento y Evidencia para la Reintegración Económica-Laboral de Migrantes Retornados en los Países del norte de Centroamérica”, la antigüedad de la migración salvadoreña se ve reflejada también en las principales razones para migrar debido a la necesidad de reunificación familiar.
Este aspecto también se retoma en cuanto al género, ya que siendo el género una de las variables que marca diferencias en las razones para migrar, el estudio logró identificar que entre las mujeres la reunificación familiar es una razón que predomina. Adicionalmente, otra de las razones que prevalece entre las mujeres son las amenazas directas, lo que sugiere que las mujeres no migran en su totalidad de forma voluntaria, sino que huyen de un riesgo y amenaza específica.
Bajo estas consideraciones, para Alicia Álvarez, educadora en género y derechos humanos, es imprescindible considerar las particularidades de las necesidades de las mujeres en el tema de la migración y el retorno.
Álvarez, consideró que “debe haber un enfoque diferencial, no sólo basado en derechos humanos, sino también en género, ya que no se pueden homogeneizar a las poblaciones que son diferentes, que tienen distintas necesidades, distintas demandas y realidades particulares”.
Esto se puede lograr a través de la mejora en la articulación de instituciones enfocadas en la mujer, porque aunque en las distintas normativas referentes a migración se hace un énfasis en la atención particular de las mujeres como grupo vulnerable, los esfuerzos para la atención especial integral aún tienen un alcance limitado y presenta áreas de mejora.
De la misma manera, otra de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que necesita un abordaje diferencial es la comunidad LGBTI+. En el mismo estudio se identificó que un poco más de la mitad de las personas encuestadas que se identificaron como parte de la diversidad sexual, sufrieron eventos que los obligaron a salir de su país.
Para Álvarez, la pertenencia a la comunidad LGBTI+ debería ser tomada en cuenta en las iniciativas referentes a migración y retorno, debido a que incluso dentro de la comunidad existen diferencias particulares.
Álvarez también hizo énfasis en que la no existencia de un marco jurídico que ampare los derechos de la comunidad LGBTI+, con el agravante de que el gobierno Nayib Bukele eliminó la Secretaría de Inclusión Social, deja la puerta abierta a la migración.
Respecto al retorno de los migrantes salvadoreños, de las consideraciones anteriores, se debe tener en cuenta el tiempo de permanencia de la persona en el país de destino, ya que este se convierte en un factor determinante para que la reintegración sea efectiva. Según Toledo, es necesario tomar en cuenta el tiempo de permanencia, “porque las personas que han sido retornadas forzosamente rompieron su arraigo. Eso crea una problemática emocional, más si dejó a la familia y el sueño tirado o roto”.
De acuerdo con Toledo, para una persona que ha pasado la mayor parte de su vida en otro país, será más difícil establecer un arraigo cuando retorna por las diferencias culturales, sociales, económicas y hasta de idioma que pueda enfrentar. Asimismo, al momento del retorno, se debe tomar en cuenta las habilidades en campos laborales específicos que estas personas pueden traer por su permanencia prolongada en el país de destino.
Según Carolina Quinteros, “es muy difícil para las personas que lograron certificaciones en el otro país acceder a un empleo acorde a sus conocimientos”. Un ejemplo de eso es una persona acreditada como chef, que al no encontrar un empleo en comunidad se ve orillada a poner un comedor en el que los clientes no pueden pagar el costo de sus certificaciones.
Glorificación de la migración
No es desconocido que en El Salvador la migración es una dinámica muy común, tanto que se estima que la tercera parte de la población total salvadoreña reside en el exterior.
La idea de que en otros países se encuentran mejores oportunidades está tan normalizada que se convierte en uno de los principales objetivos de los salvadoreños para su futuro, tanto por las oportunidades en sí, como por la movilidad social que esto conlleva.
Llegar al país de destino representa una subida en el estatus social de la persona que migra, ya que esta pasa de ser una persona más en su comunidad, a ser alguien valioso por el envío de remesas o por el simple hecho de lograr el “sueño americano”.
Quinteros afirmó que “hay todo un imaginario de lo que significa el éxito y es eso lo que se cree por las diferencias en el nivel de vida de quienes mandan remesas, quienes reciben remesas y quiénes no. Por muy precario que haya sido el viaje o el proceso de deportación, la idea de que el éxito está en Estados Unidos está muy presente en las comunidades. Es muy difícil cambiar esa idea”.
El problema es que por creer en ese “sueño americano”, la persona puede bajar aún más en su nivel de pobreza. Esta movilidad social puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo, ya que si la persona retorna forzosamente, puede bajar aún más en el estatus social con el que contaba antes de migrar.
Toledo aseguró que “el migrante es un miembro valioso cuando se va y manda remesas, pero deja de ser miembro valioso cuando regresa, sobre todo si regresa endeudado, sobre todo si endeudó a la familia”.
El retorno y la disminución de su estatus social ponen a la persona retornada en una peor situación de vulnerabilidad, ya que estos aspectos le generan estigmas. Las personas tienden a asociar a los retornados con la delincuencia: “si lo regresaron es porque algo hizo”.
Incluso, según Rivas, “muchas personas retornadas se asumen como no sujetos de derecho, porque sienten que rompieron la ley y por eso los pueden agredir”. Actualmente también hay un estigma de que todos los retornados traen consigo COVID-19.
Con la llegada de la pandemia, la situación de las migraciones se complejizó, tanto en el tránsito como en el retorno, ya que a donde sea que vayan los migrantes encuentran personas a su alrededor que los excluyen por miedo a que porten el coronavirus. Estos estigmas siempre marcan a la persona retornada y le dificultan el acceso a espacios de educación, empleo y convivencia.
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En las dos ocasiones cuando Roxana retornó a El Salvador, trató de pasar desapercibida para evitar señalamientos de las personas de su comunidad.
“A mí me daba pena salir, me daba pena encontrarme a otras personas. La mayor parte de mi tiempo me la pasé trabajando en San Salvador para no encontrarme a otras personas”.
Estas inseguridades, que la acompañaron durante mucho tiempo, tuvieron que ser trabajadas en largas sesiones de apoyo psicológico. A partir de este acompañamiento, Roxana aprendió a convivir con los traumas que el proceso de migración le dejó, a reconectar sus redes de apoyo que se rompieron cuando se fue y a darle vida a un emprendimiento de venta de zapatos artesanales, que se convirtió en el principal sustento de su familia. Para lograrlo, tuvo obtuvo ayuda económica con un capital semilla de programas de reinserción integral.
El de Roxana es uno de los pocos casos de éxito en que las personas retornadas logran generar un arraigo nuevamente en El Salvador y deciden no volver a migrar. Sin embargo, el éxito se debe al apoyo de organizaciones civiles que, como en muchos aspectos de la sociedad, son las únicas que muestran una preocupación real y tratan de comprender los fenómenos de manera integral, pero que por cuestiones financieras y por el poco —o nulo— apoyo del Estado, solo pueden atender a un pequeño porcentaje de la población afectada.
Estas organizaciones, como la Fundación Panamericana del Desarrollo, señalan que para evitar que los salvadoreños continúen considerando a la migración como la única forma de sobrevivir a su situación económica, el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para generar un ambiente de oportunidades. Eso, además de hacer énfasis en la prevención y en la reinserción integral, dejando de relegarle esta función a las organizaciones civiles y procurar que la reintegración no sea solo desde lo económico, sino también de la mano de lo psicológico y lo social.
Solo de esa manera se logra que personas, como Roxana, sientan que pueden encontrar lo necesario en El Salvador, sin tener que siquiera pensar en irse de este país.
