El gobierno salvadoreño declaró “régimen de excepción” el pasado 27 de marzo del 2022 por un período de 30 días (con prorroga por la Asamblea el 24 de abril), como respuesta al aumento en la tasa de homicidios presuntamente provocados por pandillas. En total, fueron 172 homicidios (según datos de la Policía Nacional Civil, PNC), los que convirtieron a marzo en el mes más violento desde hace una década aún con la ejecución del Plan Control Territorial.

A raíz de esa situación, la Asamblea Legislativa aprobó dicho régimen a petición del presidente Bukele. Les diputades y el mismo presidente se basaron en el artículo 29 de la Constitución de la República de El Salvador, que establece la suspensión de garantías constitucionales establecidas en los artículos siguientes:

-Art. 6. Inciso primero – Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás.

-Art. 7. Inciso primero – Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito.

-Art. 24. Inciso primero – La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.

Si bien la constitución ofrece estas medidas en casos extremos en los que el orden público corra peligro, el presidente Bukele junto al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, realizaron una interpretación arbitraria de la Constitución para imponer un régimen de excepción y agregaron otras medidas fuera de la legalidad a ejecutarse dentro de este mismo. Medidas que le brindan más poder a agentes de PNC y Fuerzas Armadas (FAES) a detener civiles, bajo la bandera del Plan Control Territorial y su “guerra antipandillas”. Estas medidas corresponden a la cesación de: 

-Derecho a ser informado sobre el motivo de la detención. 

-Derecho a guardar silencio y a representación legal. 

-Requisito de presentar a una persona detenida ante un juez en las primeras 72 horas y amplió ese proceso a un período de 15 días. 

Bajo estas circunstancias, el martes 5 de abril, el presidente Bukele, también aprovechó para solicitarles a lxs legisladores de la Asamblea Legislativa realizar una reforma al Código Penal que contempla la penalización de 10 a 15 años de cárcel la elaboración y reproducción de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas. En paralelo, mientras se les prohíbe a lxs periodistas difundir contenido con relación a pandillas, el gobierno aprovecha para saturar las redes sociales de la PNC y FAES con fotografías de pandillerxs detenidxs, con el objetivo de mostrar una cara de “eficacia” del Plan Control Territorial y ufanarse de la misma.

Desde que el régimen de excepción comenzó a ejecutarse, la estrategia de comunicaciones gubernamental, ha centrado su mensaje en promover el Plan Control Territorial, bajo el hashtag “Guerra contra pandillas”. Así mismo, tan sólo 4 días después de decretado este régimen, el 31 de marzo lxs legisladores de la fracción de Nuevas Ideas dentro de la Asamblea Legislativa, aprobaron reformas a la Ley General del Presupuesto 2022, con el principal objetivo de asignar fondos al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la FAES.

Conviene subrayar que en el 2019, cuando el Presidente Bukele, presentó su plan de gobierno: “Plan Cuscatlán”, en el capítulo de seguridad, estableció que: “La problemática de los grupos criminales que atentan contra la Seguridad Pública no puede ser tratada exclusivamente desde una óptica de combate a la delincuencia, ya que es un problema social donde la falta de oportunidades y opciones de vida comienzan a producir el círculo vicioso de la pobreza, el crimen y la violencia”.

No obstante, el pasado 4 de abril empezaron a posicionar el lema “Fortalecer la seguridad pública para mantener una lucha permanente contra la criminalidad del país” con el que trataron de justificar la entrega del nuevo armamento que le brindaron a la FAES, militares del comando de fuerzas especiales, personal de la 1ra Brigada de Infantería de Marina y a los agentes de la PNC. Entre el armamento que se les entregó a estos cuerpos, destacan: pistolas, vehículos Yagu, cascos balísticos, entre otros.

Entonces, lo que pretenden vender con una cara de “Guerra contra las pandillas”, al parecer no es más que otro mecanismo de consolidación del poder coercitivo con el fin de seguir militarizando el país. La PNC publica vía Twitter alrededor de 69 tweets al día sobre las detenciones a pandilleros y celebran las más de las 12 mil capturas desde el inicio del régimen. Entonces, es de suponer que la verdadera cara de este gobierno bajo este régimen de excepción responde únicamente a una estrategia de comunicaciones.

En definitiva, no cabe duda que el gobierno de El Salvador está violando los Derechos Humanos de sus ciudadanos, y con esta medida de régimen de excepción, el presidente Bukele deja claro que toma decisiones despóticas que se centran únicamente en presentar de forma mediática una buena imagen pública como presidente aunque esto perjudique el bienestar de la población.