Emerson Flores

Todos los días, incluso en domingo, decenas de personas se concentran afuera del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango, mejor conocido como Cárcel de Mujeres, para pedir un poco de información sobre sus familiares que han sido detenidas en medio del régimen de excepción, que entró en vigencia desde el 27 de marzo. Desde ese día, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador han capturado a más de 32,000 personas, a las que acusa de ser parte de pandillas. Entre esas capturas, la Fundación Cristosal ha registrado 555 casos de violaciones a los derechos humanos hasta el pasado 19 de mayo. El 87.7 % de esas denuncias son por detenciones arbitrarias. 

Después de esas capturas, los familiares de las detenidas acuden al penal para encontrar algo de información y también para esperar la oportunidad de ingresar paquetes con víveres, ropa y colchonetas. Hay días cuando las filas son tan largas que es necesario regresar al día siguiente para repetir la jornada bajo las constantes amenazas e insultos de los policías y del personal del penal.

Algunas de las personas que llegan todos los días afuera del penal se quejan de que los policías las amenazan con dejar de dar información y dejar de recibir los paquetes por el simple hecho de llegar y pedir información, por no hacer fila, por tomar fotos, por aglomerarse, por no apartarse rápido de las láminas que cubren la fachada del penal, por insistir en obtener información sobre la situación de sus familiares…

Algunas madres de familia, hermanas o hijas, que viajan en la madrugada desde el interior del país para estar temprano en el penal, a veces lloran en la calle porque los policías las insultan diciendo que ellas también son colaboradoras de pandillas: “Agarran a la gente equivocada”, responde una madre ante los comentarios despectivos. “Mi hija no es delincuente, no está tatuada, no tiene antecedentes”, dice otra. 

Pero por más argumentos que dan, los policías y miembros del personal del penal parecen enojarse más. O al menos eso es lo que dicen las mujeres afuera del penal. 

Muchas de estas mujeres se acercan a los periodistas cuando los ven llegar, cuentan sus historias, muestran documentos para comprobar que sus hijas eran estudiantes o trabajadoras de la tierra y piden que los casos de sus familiares sean conocidos con la esperanza de ser escuchadas y encontrar justicia.