Por Marvin Díaz

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aliados al presidente Nayib Bukele, tuvieron que contradecir la Constitución de la República y la Ley General de Recursos Hídricos aprobada —que entrará en vigencia en julio de este año— para llegar a la conclusión de que las aguas subterráneas que se encuentren en terrenos privados pueden ser concesionadas sin necesidad de conseguir el aval de la Asamblea Legislativa. 

Ese fue el argumento principal para desestimar una demanda de inconstitucionalidad que miembros del Foro del Agua interpusieron en contra del convenio suscrito entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Sociedad Hermanos Dueñas Limitada. Los miembros del Foro dicen que el problema, tras la resolución de la Sala, no solo se limita al proyecto urbanístico de los Dueñas en la zona conocida como Valle El Ángel, sino que esto sienta un precedente para que se abra paso a la privatización de aguas subterráneas de forma generalizada en El Salvador. Eso a pesar de que la recién aprobada Ley de Agua en su artículo 5 dice claramente que las aguas subterráneas son de dominio público y que la Constitución, en su artículo 103, señala que el subsuelo es del Estado y que puede ser concesionado, pero nunca convertirse en propiedad privada.

El convenio entre ANDA y los Dueñas fue firmado en febrero de 2019 en el segundo gobierno del FMLN, con una vigencia de 15 años. Cuatro meses después y sin pasar por la Asamblea Legislativa, la ANDA en manos del gobierno de Nayib Bukele entregó un certificado de factibilidad para que la familia Dueñas tuviera un abastecimiento de 400 litros por segundos. De esa cantidad, 160 litros por segundo serían destinados para las comunidades y 240 litros por segundo serían para el proyecto urbanístico "Ciudad Valle El Ángel", ubicado desde la prolongación del bulevar Constitución, en la frontera entre Nejapa y Apopa, hasta el cantón Joya Galana, al norte de San Salvador. En pocas palabras: la empresa tendría más agua que las poblaciones cercanas al proyecto.

Ante esa desigualdad y por saltarse el proceso de conseguir la concesión a través de la Asamblea, el Foro del Agua de El Salvador presentó en octubre de 2020 la demanda de inconstitucionalidad. En ese momento, el Foro argumentó que el convenio era una "concesión del agua encubierta o implícita".

Después de dos años de haber recibido la demanda y de no decir nada al respecto, la nueva Sala de lo Constitucional declaró inadmisible el proceso de inconstitucionalidad, argumentando que la explotación del agua en terrenos privados no restringe el disfrute colectivo, según se lee en su resolución del 29 de abril de este año, con número de referencia 78-2019.

"Para la explotación de fuentes freáticas alojadas en inmuebles de propiedad privada no se requiere de una concesión legislativa, sino que basta con una concesión administrativa (...) Lo anterior demuestra que la pretensión (de la demanda de inconstitucionalidad) tiene un fundamento material deficiente, por lo que la demanda deberá declararse improcedente", dice Sala en su resolución.