Bitácora ambiental

Sala contradice la Constitución y la Ley de Agua para abrir paso a la privatización

Aunque el agua es de dominio público y el subsuelo es propiedad del Estado, la Sala de lo Constitucional decidió ignorar eso y sentó un precedente para que los empresarios se salten la Asamblea Legislativa y consigan una concesión para explotar el agua subterránea bajo una simple concesión administrativa. En palabras sencillas: la Sala abrió la puerta para que el agua subterránea sea privatizada y se quitó del camino para no estorbar. 

 Foto/Emerson Flores/Archivo

Por Marvin Díaz

Por Marvin Díaz

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aliados al presidente Nayib Bukele, tuvieron que contradecir la Constitución de la República y la Ley General de Recursos Hídricos aprobada —que entrará en vigencia en julio de este año— para llegar a la conclusión de que las aguas subterráneas que se encuentren en terrenos privados pueden ser concesionadas sin necesidad de conseguir el aval de la Asamblea Legislativa. 

Ese fue el argumento principal para desestimar una demanda de inconstitucionalidad que miembros del Foro del Agua interpusieron en contra del convenio suscrito entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Sociedad Hermanos Dueñas Limitada. Los miembros del Foro dicen que el problema, tras la resolución de la Sala, no solo se limita al proyecto urbanístico de los Dueñas en la zona conocida como Valle El Ángel, sino que esto sienta un precedente para que se abra paso a la privatización de aguas subterráneas de forma generalizada en El Salvador. Eso a pesar de que la recién aprobada Ley de Agua en su artículo 5 dice claramente que las aguas subterráneas son de dominio público y que la Constitución, en su artículo 103, señala que el subsuelo es del Estado y que puede ser concesionado, pero nunca convertirse en propiedad privada.

El convenio entre ANDA y los Dueñas fue firmado en febrero de 2019 en el segundo gobierno del FMLN, con una vigencia de 15 años. Cuatro meses después y sin pasar por la Asamblea Legislativa, la ANDA en manos del gobierno de Nayib Bukele entregó un certificado de factibilidad para que la familia Dueñas tuviera un abastecimiento de 400 litros por segundos. De esa cantidad, 160 litros por segundo serían destinados para las comunidades y 240 litros por segundo serían para el proyecto urbanístico “Ciudad Valle El Ángel”, ubicado desde la prolongación del bulevar Constitución, en la frontera entre Nejapa y Apopa, hasta el cantón Joya Galana, al norte de San Salvador. En pocas palabras: la empresa tendría más agua que las poblaciones cercanas al proyecto.

Ante esa desigualdad y por saltarse el proceso de conseguir la concesión a través de la Asamblea, el Foro del Agua de El Salvador presentó en octubre de 2020 la demanda de inconstitucionalidad. En ese momento, el Foro argumentó que el convenio era una “concesión del agua encubierta o implícita”.

Después de dos años de haber recibido la demanda y de no decir nada al respecto, la nueva Sala de lo Constitucional declaró inadmisible el proceso de inconstitucionalidad, argumentando que la explotación del agua en terrenos privados no restringe el disfrute colectivo, según se lee en su resolución del 29 de abril de este año, con número de referencia 78-2019.

“Para la explotación de fuentes freáticas alojadas en inmuebles de propiedad privada no se requiere de una concesión legislativa, sino que basta con una concesión administrativa (…) Lo anterior demuestra que la pretensión (de la demanda de inconstitucionalidad) tiene un fundamento material deficiente, por lo que la demanda deberá declararse improcedente”, dice Sala en su resolución.

A juicio de Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua y quien participó en la redacción de la demanda de inconstitucionalidad, la decisión de la Sala también legaliza el despojo de las aguas de los municipios de San Juan Opico, Quezaltepeque y Apopa, pertenecientes al sistema de agua de la zona norte de San Salvador de ANDA y deja paso libre para que Dueñas puedan ejecutar y operar su proyecto urbanístico “Ciudad Valle El Ángel” con una concesión administrativa.

“Lo que hace la Sala en este caso, en un contexto incongruente y descontextualizado, es que los Dueñas ahora tengan un uso privativo del agua en estos municipios (porque no solo se trata de la extracción del agua en Valle El Ángel, sino la explotación del sistema de ANDA)”, dijo Henríquez a GatoEncerrado.

El abogado mencionó que en ningún momento el Foro argumentó en su inconstitucionalidad que los Dueñas extraerán agua de terrenos privados en Valle El Ángel, sino que en la demanda fue señalado que la explotación del recurso sería en las estaciones de San Lorenzo, en San Juan Opico; La Toma, en Quezaltepeque; y zona norte de San Salvador, en Apopa. También sostuvo que el convenio firmado entre ANDA y los Dueñas es una concesión que contraría el derecho humano al agua de los salvadoreños y a la protección de los bienes naturales.

“Estos despojan del acceso y uso de los bienes comunes como el agua y la tierra a la colectividad y quienes lo usan para satisfacer necesidades básicas”, agregó.

El Foro del Agua anunció, en una conferencia de prensa, que ante la resolución de la Sala acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que con esto se abre el camino para la privatización y compromete el agua de los habitantes de la zona norte de San Salvador, San Juan Opico y Quezaltepeque.

Sistema de agua de la zona norte en amenaza

El proyecto urbanístico Valle El Ángel utilizará agua de la Estación Central del Sistema de la Zona Norte, ubicado en el municipio de Apopa, San Salvador, según el certificado de factibilidad que entregó la administración Bukele a la familia Dueñas.

En noviembre de 2020, el  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, dio luz verde a Hermanos Dueñas Limitada para construir el proyecto urbanístico Valle El Ángel; a pesar de que en 2009, el MARN ya había negado el permiso ambiental, según la resolución con número de referencia 7586 -0769- 2009.

La obra aprobada por el MARN consiste en la construcción de  3,500 casas, 3,000 apartamentos, restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas privadas y una terminal de autobuses, según el estudio de impacto ambiental del proyecto.

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