Foto/GatoEncerrado

Medio Ambiente da luz verde a la construcción del megaproyecto Ciudad Valle El Ángel

Después de dos años de gestión del permiso ambiental para el proyecto Ciudad Valle El Ángel, la familia Dueñas obtuvo la nota para el pago de la fianza ambiental de su proyecto urbanístico en la zona norte de San Salvador. El ministro dijo que la información del permiso es pública, pero la Oficina de Información y Respuesta del MARN negó a esta revista la información, que ha clasificado como “reservada”. Los movimientos sociales que se mostraron parte en la consulta pública tampoco han sido notificados sobre de la decisión del ministerio.

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Por Carolina Amaya

Por Carolina Amaya

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) hizo público el cambio en el estado de la gestión del permiso ambiental que está tramitando la familia Dueñas, una de las más ricas del país, para construir su megaproyecto Ciudad Valle El Ángel, al norte de San Salvador. La página web del MARN hace constar que, desde el 3 de noviembre, el proceso se encuentra en la fase de “entrega de nota de requerimiento de fianza”. 

El pago de la fianza es la luz verde que tienen los Dueñas y su empresa de desarrollos inmobiliarios, Urbánica, para la construcción del megaproyecto que cubrirá 228.06 hectáreas ubicadas en una de las zonas de recarga hídrica más importante para San Salvador, según especialistas consultados por GatoEncerrado. En 2009, el megaproyecto Ciudad Valle El Ángel fue declarado no factible por el MARN, ya que afectaba de forma irreversible la subcuenca del río Tomayate.

Después de que la sociedad Dueñas Hermanos Limitada sea notificada sobre la aprobación del estudio de impacto ambiental y pague la fianza de cumplimiento, el MARN tendrá diez días hábiles para emitir el permiso ambiental de ubicación y construcción, de acuerdo con el artículo 24, literal b, de la Ley de Medio Ambiente. 

El estudio de impacto, presentado por los Dueñas en junio de 2019, detalla que solamente por la etapa denominada “A1” hay un monto de $1,057,721.14, que debe ser pagado en concepto de fianza ambiental. Pero el monto real es mucho mayor cuando se suman las seis etapas de todo el megaproyecto.

El cambio en el estado de la gestión del permiso alertó a las organizaciones sociales y a los activistas, quienes han señalado en distintas ocasiones que la construcción del megaproyecto tendrá consecuencias en la zona de recarga hídrica de Valle El Ángel, que al final y con el tiempo impactará en el acceso al agua de los capitalinos.

Para varios de los ambientalistas consultados por GatoEncerrado, el gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por la falta de transparencia en asuntos ambientales y “un desprecio por el medio ambiente”. Esta revista también preguntó al presidente Bukele por qué no había firmado el Acuerdo de Escazú y contestó que su gobierno tiene como prioridad generar las condiciones para la construcción de viviendas por encima de los requerimientos del Acuerdo.

GatoEncerrado también reveló, en noviembre de 2019, que el megaproyecto ha conseguido la complicidad de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en la gestión presidencial del FMLN y de Bukele. En 2016, el expresidente de ANDA, Marco Fortín, y el representante de Dueñas Hermanos Limitada, Alejandro Dueñas Solar, firmaron un convenio de cooperación en el que la autónoma cedió el recurso hídrico de la zona norte de San Salvador, bajo el argumento de procurar el “desarrollo económico”.

La gestión del ahora expresidente de ANDA y actual comisionado presidencial del agua, Frederick Benítez, amplió las facultades de los Dueñas para explotar el agua. La nueva factibilidad le dio 240 litros por segundo (l/s) de agua al megaproyecto y 160 l/s para las comunidades. Lo que podría interpretarse como un favorecimiento al megaproyecto, por encima de la necesidad de acceso al agua de las familias que viven en las comunidades aledañas.

A lo largo de dos años, el proceso administrativo dentro del MARN ha tenido varias inconsistencias, según han señalado representantes del Comité Estación Turística Noé Canjura y del Colectivo Salvemos Valle El Ángel. Durante la consulta pública, que se realizó como trámite legal dentro del proceso para el permiso ambiental, ambos movimientos presentaron notas de oposición al megaproyecto, pero ninguno obtuvo respuesta sobre la decisión del ministerio de otorgar el permiso.

“Van a dar un permiso con una fianza. No se han seguido los procesos de acuerdo con lo que establece la ley. A nosotros no nos respondieron”, informó Manuel Guardado, representante del Comité Estación Turística Noé Canjura.

Carlos Flores, del Colectivo Salvemos Valle El Ángel, confirmó que tampoco recibió respuesta del ministerio: “Ni una sola respuesta, ni siquiera han sido incluidas (las observaciones) en el análisis ambiental que han hecho”, lamentó.

GatoEncerrado buscó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, para preguntarle sobre el permiso ambiental y los criterios para cambiar el estado del trámite a “entrega de nota de requerimiento de fianza”, pero se limitó a decir que la información es “pública”. 

La información, en contradicción con la afirmación del ministro, ha sido declarada como “reservada”. La Oficina de Información y Respuesta (OIR) del MARN notificó a esta revista que la razón de la “reserva” es que aún no se ha emitido una resolución final.

El experto en hidrología del Colectivo Salvemos Valle El Ángel, Óscar Ruiz, aseguró que como organización han llevado varias apelaciones al Instituto de Acceso a la Información (IAIP), y que esa institución le ha ordenado al ministro de Medio Ambiente que entregue la información requerida, pero que hasta la fecha no lo ha hecho. 

Ruiz lamentó que en el último año hubo retrocesos en materia de transparencia ambiental y sostuvo que para el ministro de Medio Ambiente es más fácil pagar una sanción que dar la información. “Les da igual. Estaba haciendo el cálculo de los salarios mínimos y lo máximo que podría pagar son $6,000. ¿Qué son $6,000 para ellos?”, criticó.

El proceso administrativo no solo violenta el acceso a la información. Según las fuentes consultadas por esta revista, también transgrede derechos fundamentales como la participación ciudadana, el derecho al agua y saneamiento, así como al medio ambiente sano. 

El colectivo también informó que ha llevado ante la Fiscalía General de la República (FGR), al Juzgado Ambiental de San Salvador, a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero de ninguna han tenido respuesta. Entre los próximos pasos está pedir a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) que no otorgue el permiso de construcción; además presentarán un nuevo amparo ante la Sala de lo Constitucional y llevarán una denuncia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“El problema con OPAMSS es que es un elefante blanco, dormido, inoperante. La OPAMSS debería de hacer mucho trabajo de campo, pero sigue en teletrabajo”, dijo Ruiz. 

El plan maestro de Ciudad Valle El Ángel contempla la construcción de 3,500 lotes para vivienda, 3,000 apartamentos en edificios de 3 niveles, área de restaurantes, comercio, hoteles, hospitales, escuelas y terminal de autobuses. 

La construcción estará ubicada desde la prolongación del bulevar Constitución, en la frontera entre Nejapa y Apopa, hasta el cantón Joya Galana de Apopa, al norte de San Salvador. 

En una sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP), Astrid Puentes, abogada especializada en justicia climática y derechos humanos y coordinadora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que en las evaluaciones ambientales de las obras o proyectos en Estados Unidos y en Europa ya se hace una práctica que debe ser imitada por la región, “que es evaluar, ¿qué pasa si el proyecto no se hace y esto es esencial?”, explicó.

Puentes agregó que la crisis climática demuestra los efectos de la degradación ambiental que el ser humano ha ocasionado a la tierra, por lo que recomienda a las instituciones que ejecutan la gobernanza ambiental “agregar la variable de cambio climático en los estudios de impacto ambiental”, dijo.

Con toda la información sobre el cambio climático y la misma vulnerabilidad del volcán, es lamentable que se den estos permisos ambientales, dijo Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA). Para el especialista en cambio climático, en el país los estudios de impacto ambiental “nunca dicen que el proyecto es inconveniente. Hay un pecado original ahí: el empresario que quiere hacer una obra paga para que le hagan el estudio de impacto. Entonces, si usted está pagando $10,000, ¿cómo le van a decir cosas malas de su proyecto?”, criticó.

Para Navarro, el MARN debería de cobrar los montos del costo del estudio de impacto ambiental y mandar a hacerlo de forma independiente, de esa manera se puede asegurar una evaluación de impacto ambiental más objetiva. Mientras sean las empresas las encargadas de contratar al equipo multidisciplinario que elabora el estudio, difícilmente los proyectos serán no favorables, inviables o favorables para el medio ambiente.

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