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Asamblea aprueba Ley Crecer Juntos con cambios ante la presión de sectores conservadores

La Comisión de la Familia, mayoritaria de Nuevas Ideas, modificó a última hora algunos artículos de la Ley Crecer Juntos ante la presión de sectores conservadores que decían que se atentaba contra el derecho de los padres de familia a decidir sobre la educación sexual de sus hijos, además se promovía la “ideología de género” y daba paso a la legalización del aborto. 

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Por Melissa Paises

Con 76 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este 22 de junio la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, presentada el pasado 7 de junio por el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, en sustitución de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina). La nueva normativa disuelve el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), y crea el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

En menos de 15 días, el 20 de junio por la noche, la Comisión de la Familia, presidida por la diputada de Nuevas Ideas Suecy Callejas, emitió dictamen favorable y se convocó una sesión plenaria extraordinaria el miércoles 22 a las 9:30 de la mañana. Sin embargo, la comisión se reunió a las 10:00 de la mañana para hacer cambios de última hora a los artículos 2, 19, 20, 24, 26, 36, 81, 104 127 y 237. 

Esto ante la oposición de sectores conservadores que aseguraran que se atentaba contra el derecho de los padres de familia a decidir el tipo de educación sexual de sus hijos, “promovía la ideología de género” y abría la puerta a la legalización del aborto.

En el caso de los artículos 19 y el 237 eliminaron la atención por “emergencias obstétricas”.  Según el movimiento “Salvemos la Familia”, en el que está Regina de Cardenal de la fundación “Sí a la Vida”, es un “eufemismo” para permitir la legalización del aborto. 

Los diputados también modificaron los artículos 20 y 24 para quitar los términos de “identidad de género y orientación sexual”.  El artículo 20 prohibía los tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos a niñas, niños y adolescentes en razón de la orientación sexual o identidad de género; mientras que el artículo 24 indicaba que uno de los derechos de la niñez era recibir un trato “en condiciones de igualdad y no discriminación, en razón de su identidad de género, enfermedad o condición de discapacidad”. 

Educación sexual

En la antepenúltima reunión de la Comisión de la Familia también se hicieron otros cambios. El artículo 33 del anteproyecto enviado por el despacho de la primera dama contemplaba que las niñas, niños y adolescentes tenían el derecho a recibir educación integral de la sexualidad y atención de la salud sexual y reproductiva, y que familia, la sociedad y el Estado eran responsables de garantizarlo.  

Asimismo, se indicaba que el Ministerio de Educación debía incluir la educación integral de la sexualidad como parte de la currícula nacional en todos los niveles educativos.

Sin embargo, tras el cambio, dejaron establecido que los padres, madres y la familia tiene el rol fundamental y primario del ejercer el derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes a recibir educación integral de la sexualidad y atención de la salud sexual y reproductiva. Mientras que el Ejecutivo, a través de los ramos de Educación y Salud, definirán las estrategias a implementar según sus competencias.

Una de las personas que estuvo presionando en Twitter para que se modificara el artículo fue la ex diputada de Arena y seguidora de Bukele, Felissa Cristales

La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, aceptó que hicieron las modificaciones por las quejas recibidas en redes sociales y propuso una nueva redacción para que se comprendiera que “es un derecho de las familias dar educación a sus hijos de manera primordial y fundamental”.

“Esta ley, tal y como está planteada, cambia a un enfoque preventivo. Nosotros no queremos arreglar el problema, queremos que el problema no suceda. El derecho a la educación implica una obligación de los padres a brindar la educación, pero el derecho es del niño y la educación para la sexualidad forma parte de su educación; por tanto, es un derecho de un niño, niña o adolescente, no es solamente un derecho del adulto a cargo del niño”, dijo Callejas.

El ministro de Educación, Mauricio Pineda, acusó a las anteriores administraciones de tratar este de forma irresponsable.

“Nosotros no queremos seguir siendo irresponsables; por eso, de una manera decidida vamos a asumir la responsabilidad de dar lineamientos para garantizar el adecuado enfoque de dicha asignatura”, dijo.

El jefe de fracción del partido de derecha Arena, René Portillo Cuadra, agradeció a los movimientos por la presión que hicieron para que las reformas estuvieran “encaminadas a respetar el derecho a la vida, respetar la decisión de los padres de cómo educar a sus hijos, y que el Estado no tuviera un rol subsidiario, sino un rol protagónico de la defensa de la familia”.

Para Wendy Barrera, integrante de la Red Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, es necesario implementar la educación integral de la sexualidad en la currícula educativa para que los niños y adolescentes puedan conocer sus cuerpos, aprender a establecer límites y prevenir embarazos tempranos, así como para que sea una persona formada en el tema quien imparta este tipo de educación, porque familia no siempre cuenta con los conocimientos adecuados.

“En la actualidad el sistema funciona en que la familia es la responsable de la educación sexual, y eso nos ha llevado a un mapa de embarazos muy fuerte. La familia no está ni ha estado cumpliendo con su rol de educadores en la sexualidad; entonces es absurdo el delegarle a la familia el rol primario de la educación sexual cuando la familia misma no tiene educación sexual”, aseguró Barrera.

Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, dijo a GatoEncerrado que el cambio en la redacción original del artículo 33 significó un retroceso a los derechos de la niñez porque saldaba una responsabilidad pendiente del Ministerio de Educación. Asimismo, lamentó que en el proceso de creación de la ley no se tomara en cuenta a otros sectores de la sociedad. 

“Aquí se elaboran leyes que corresponden a sectores específicos de la población, y no se consultan a las personas que han estado trabajando y que tienen experiencia en estos temas. Nosotras (como Colectiva Feminista) hemos trabajado el tema de la educación integral de la sexualidad con el Ministerio de Educación en diferentes periodos de gobierno, incluyendo el actual gobierno”, dijo.

Keyla Cáceres, de la Colectiva Amorales, rechazó el papel del sector conservador y  consideró que posee un poder muy grande sobre las legislaciones que se aprueban en el país.

“Una vez más queda demostrado que este país hace leyes con base a opiniones de grupos sumamente conservadores y sumamente retrógradas. Queda claro que los grupos antiderechos sí tienen un poder en este país, y que su poder es respaldado por una iglesia conservadora, que no le importa que la pandemia de embarazos de niñas y adolescentes siga siendo una preocupación”, aseguró Cáceres.

Actualmente, el Ministerio de Educación cuenta con guías y estrategias para implementar la educación integral de la sexualidad dentro de la currícula educativa, así como un curso básico optativo para docentes; sin embargo, el alcance de estas estrategias es limitado.

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